Santa Rita, el escaño no se quita

Desde julio de 2015, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá cobraba un buen sueldo del Senado. Más de 4.600 euros al mes entre salario e indemnización por vivir fuera de Madrid. Para llegar hasta allí, fue suficiente una simple votación en las Cortes Valencianas de la candidatura que presentó el PP para convertirla en senadora por designación autonómica. Hacía apenas un mes que había abandonado el cargo de alcaldesa y, aunque ya hacía más de un año que algunos de sus colaboradores y concejales habían sido detenidos por una investigación sobre corrupción en el PP de Valencia –que terminaría disuelto y sustituido por una gestora–, la votación para mandarla al Senado salió adelante sin problemas. El rechazo frontal a su gestión y sus modos políticos que cultivaban contra ella los partidos que entonces estaban en la oposición –PSOE y Compromís– tampoco impidieron que Barberá fuera enviada a la Cámara Alta. Una vez allí, la exalcaldesa ha asistido a pocas sesiones, sobre todo a medida que se intensificaban sus problemas con la justicia por la operación Taula, sobre el presunto blanqueo de dinero proveniente de comisiones ilegales en el grupo municipal del PP valenciano. Sus ausencias nunca fueron sancionadas por el PP del Senado, porque “avisaba” cuando no iba a ir, con lo que se consideraban justificadas. De la misma forma, nunca compareció ante las Cortes valencianas para explicar su trabajo en el Senado. Tampoco nadie se lo ha pedido hasta esta semana, cuando Compromís ha registrado una petición de comparecencia para que Barberá explique ante el Pleno a qué se debe su paso del grupo del PP al Grupo Mixto en la Cámara. Este cambio se hará plenamente efectivo en el Pleno del 27 y 28 de septiembre, cuando Barberá dejará de sentarse entre sus excompañeros del PP y se trasladará previsiblemente a la última fila del hemiciclo, donde quieren ubicarla sus compañeros del Grupo Mixto, que ahora compartirá con senadores de Compromís, Coalición Canaria, EHBildu, Convergència Democràtica de Catalunya, Ciudadanos, Nueva Canarias, Foro de Ciudadanos, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. Esta mudanza es lo máximo que ha podido conseguir el PP de Barberá, que consintió darse de baja en el partido pero se ha aferrado a su escaño, una de las prerrogativas que tienen todos los parlamentarios, sean elegidos en las urnas o, como ella, designados por los Parlamentos regionales. Están aforados, son propietarios de su escaño y hasta el final de la legislatura no pueden ser expulsados del Senado salvo dimisión o inhabilitación. Pero a diferencia de quienes se convierten en senadores porque los ciudadanos marcan su casilla en una papeleta electoral, los autonómicos no tienen que hacer campaña y disfrutan de algo que no tienen otros parlamentarios: como la duración de su cargo es la misma que la de la legislatura autonómica, cuando el Senado se disuelve –en condiciones normales, a la mitad de la legislatura autonómica–, ellos no pierden su condición de senadores. Los que no forman parte de la Comisión Permanente dejan de estar aforados pero siguen cobrando un sueldo del Senado, a diferencia de los senadores electos, que cesan. Si forman parte de la Comisión Permanente, el salario íntegro; si no, la mitad.

La realidad de los senadores designados o autonómicos es que son un dedazo cocinado entre los dos partidos hasta ahora casi hegemónicos en las Cámaras territoriales, PP y PSOE, para ofrecer un retiro dorado a sus expresidentes autonómicos o dar talla política a sus cargos orgánicos. “Hay que aprovechar la experiencia política y [los partidos] también los utilizan para fortalecerse internamente. Imagínate que en el PSOE mañana deja de ser secretario general Pedro Sánchez, imagínate que cambian todas las estructuras regionales. El PSOE decidiría cambiar a su senador autonómico para fortalecer al nuevo líder regional”, explican en un Parlamento autonómico.

Ex y pesos pesados

Este planteamiento explica por qué, de 58 senadores designados –de un total de 266–, encontramos a nueve expresidentes autonómicos, a los que habría que sumar un décimo, el andaluz José Antonio Griñán, que dimitió en 2015 ante su previsible imputación por el caso ERE. Asimismo, pueblan la Cámara Alta pesos pesados de los dos grandes partidos tradicionales, como lo fue Barberá. El líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno; el portavoz popular en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol, o el vicesecretario de Política Autonómica Javier Arenas, apartan sus tareas durante unos días al mes para sentarse en sus escaños. En el PSOE, uno de los más cercanos colaboradores de Sánchez, Óscar López, comparte bancada con uno de los políticos más próximos a Susana Díaz, Juan Cornejo.

En realidad hoy solo hay 57 senadores designados, no 58. La plaza de uno de los dos senadores que le “corresponden” al PP en las Cortes de Castilla y León permanece vacante desde mayo de 2015, cuando se celebraron las elecciones autonómicas, por un motivo que “oficialmente nunca se va a reconocer” pero que deja clara la función que cumplen en los partidos políticos los senadores designados: “Es una plaza que depende de que se forme Gobierno o no, para alguien que pudiera quedar descolgado”, explican en Valladolid fuentes del PP. Según estas fuentes, en estos momentos hay un “alto cargo del Gobierno” esperando a ver si continúa en el Ejecutivo porque, de lo contrario, estrenará su escaño de senador designado por Castilla y León. No se trata de un ministro o de un secretario de Estado. “Menos, menos, director general”, añaden las fuentes.

Los senadores por designación autonómica están consagrados en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en los reglamento de los distintos Parlamentos regionales. A cada comunidad autónoma le corresponde uno de partida, a los que se añade otro más por cada millón de habitantes. Una vez hecho el cálculo de cuántos tiene que elegir cada Parlamento regional, se distribuyen entre los partidos de manera proporcional a sus escaños regionales, es decir, a sus resultados en las elecciones autonómicas. Esto explica por qué partidos que no tuvieron votos suficientes en las generales para tener senador tienen un representante en el Senado: porque ciudadanos que les votaron en las autonómicas se decantaron por otros partidos o por la abstención en las generales. Es el caso de dos de los compañeros de Barberá en el Grupo Mixto: el senador de EHBildu Iñaki Goioaga, que será juzgado por pertenencia a ETA, y la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, María del Mar del Pino Julios, que en la pasada legislatura autonómica sustituyó al exalcalde de Tenerife Miguel Zerolo, que dimitió tras ser imputado en un caso de corrupción inmobiliaria que los investigadores definieron como “pelotazo de libro”.

A diferencia de la mayoría de los senadores, elegidos en las elecciones generales, los autonómicos son designados tras las elecciones autonómicas. El procedimiento es prácticamente el mismo en todas las comunidades: los partidos presentan a sus candidatos, que han de cumplir requisitos tan generales como ser españoles, mayores de edad o no estar inhabilitados. Como particularidad, se les suele exigir tener una “naturaleza política” determinada, es decir, ser extremeño, catalán, gallego o de la comunidad de que se trate. Solo la Comunidad de Madrid, Canarias, Cantabria, Extremadura y La Rioja exigen que sean diputados, es decir, que se hayan presentado a las elecciones autonómicas. En estos casos es menor la presencia de viejas glorias y pesos pesados de los partidos entre los senadores que envían a Madrid, aunque también los hay. En Madrid son senadores Juan Soler, miembro de la dirección del PP de Madrid, y José Cepeda, miembro del Comité Federal del PSOE. En La Rioja, el expresidente Pedro Sanz. Algunos Parlamentos, como el de Castilla y León o el de Andalucía, eliminaron recientemente este límite y ahora “cualquiera” puede ser senador designado.

Una vez aceptadas las candidaturas, los nombres pasan a una comisión de nombramientos o de incompatibilidades donde incluso se estudian sus currículos y que no puede ser comparable a un tribunal de méritos. No se conoce de momento que ningún Parlamento haya echado para atrás ningún nombre. Como mucho, figuran protestas como la del año pasado de Podemos contra la candidatura del expresidente balear José Ramón Bauzá. “Al principio, pusieron problemas y amenazaron con bloquear la votación, pero con el acuerdo PP y PSOE poco podían hacer”, recuerda una diputada de Baleares. Gorka Maneiro, exdiputado vasco por UPD, era miembro de la comisión de incompatibilidades cuando en 2013 se iniciaron los trámites para elegir senadores autonómicos. “En teoría se revisa el currículum, pero no tiene ningún valor cuando hay acuerdo cerrado entre los partidos”, recuerda. En este caso, el pacto fue entre los tres partidos a quienes les correspondía un senador, PNV, que designó al exalcalde de Tolosa Jorkin Bildarratz; PSE, al exrregidor de Barakaldo; y EH Bildu, que presentó a Goioaga, origen de una de las pocas polémicas que se recuerdan en la votación de senadores autonómicos, cuando Maneiro y la portavoz del PP, entonces Arantza Quiroga, abandonaron la votación del Pleno que dio por concluido el proceso de designación. Pero, por lo general, se trata de un reparto de escaños a discreción en el que participan sin rechistar el resto de partidos. “Yo no sé si en Parlamentos donde hay más grupos políticos puede haber habido algún problema, pero aquí no suele haber, suele estar muy claro”, dice un diputado regional de uno de los dos grandes partidos. En cuanto a los nuevos, Ciudadanos y Podemos se han comportado de distinta forma. Ambos tienen un senador por Madrid, donde es obligatorio que sean diputados. Ciudadanos designó uno por la Comunidad Valenciana, el empresario y gerente de Freixenet Luis Crisol, y otro por Cataluña, su concejal en Sant Feliu del Llobregat, Francesc Xavier Alegre. En ambos casos se consideró simplemente que eran los “más adecuados” para el puesto, explican en la formación naranja. Podemos optó por hacer primarias para elegir a su senador autonómico en Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra y Cataluña.

Una vez en el Senado hay otra diferencia, más sobre el papel que real. Todos los reglamentos reconocen la posibilidad de que los senadores designados comparezcan ante su Parlamento autonómico para explicar sus trabajos. En todos los casos es voluntario, nunca obligatorio, y no solo no ha ocurrido nunca hasta la fecha, sino que la única senadora que lo ha pedido no pudo porque otros partidos se pusieron de acuerdo para evitarlo. La senadora de Podemos Maribel Mora pidió comparecer ante el Parlamento andaluz para explicar su trabajo y PSOE y Ciudadanos lo rechazaron en la Mesa. “Es un mecanismo que recoge el reglamento que jamás se había hecho, no sabemos si es porque [otros senadores] no tienen carga de trabajo para comparecer”, dicen en la formación morada.

Lo que sí tienen en común unos senadores y otros es el blindaje de su escaño, del que nadie puede despojarles a no ser que ellos dimitan. A pesar de ello, el caso Barberá ha revelado lo libres que tienen las manos los senadores para hacer prácticamente lo que quieran en el ejercicio –o no ejercicio– de sus funciones. Partidos como Podemos o dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han pedido una revisión de la imposibilidad de revocar el acta a un senador que ha sido elegido por un Parlamento regional.

Límites 

Estos deseos chocan sin embargo con la realidad de que la Constitución no lo permite, hasta el punto de que las Cortes valencianas tuvieron que buscar un atajo semántico para que la Mesa no incurriera en prevaricación. La histórica unión de todos los grupos, incluido el PP, para pedir a Barberá que dejara el escaño “para salvaguardar la dignidad de los cargos electos valencianos” se quedó en “una declaración con valor moral sin valor legal”, explican en Compromís. La iniciativa tenía unos límites claros porque un Parlamento no puede exigir a un senador algo que no permite la ley, que entregue su acta sin su consentimiento. La única forma de desprenderla de su escaño sería que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, convocara elecciones y se disolvieran las Cortes.

Como el resto de los senadores, Barberá está obligada, en principio, a asistir al Senado. Su reglamento estipula que deben participar en comisiones y plenos pero en la Cámara Alta dicen que allí “no se pasa lista”. Cada grupo fija su régimen interno y las eventuales sanciones. El PP nunca le puso una multa y a partir de ahora nadie podría hacerlo porque en el Grupo Mixto Barberá no estará sujeta más que a su propia disciplina. Hasta ver cómo resuelve la obligación de asumir la portavocía rotatoria, de momento, su destierro del PP, que no del Senado, le ha valido un aumento de sueldo, 2.300 euros más al mes.