¿Qué cambiar de la Constitución?
02 / 02 / 2016 Antonio Rodríguez
Cualquier modificación de la Carta Magna exigirá un referéndum a partir de ahora ya que lo pueden pedir 35 diputados, aunque se podría avanzar primero con una nueva ley electoral o reformas en los reglamentos parlamentarios.
Recepción en el Congreso de los Diputados con motivo del 37º aniversario de la Constitución.
En abril de 1992, al calor de la primera reforma que hubo en la Constitución como consecuencia del tratado europeo de Maastricht, un grupo de constitucionalistas organizó en Logroño el primer congreso en España sobre qué otros puntos de la Carta Magna se podían modificar. “Nos llamaron aventureros, de todo. Más de uno quiso lanzarnos a la hoguera o a las tinieblas”, recuerda Antonio Torres del Moral, uno de los organizadores de aquel simposio y hoy catedrático de Derecho Constitucional por la UNED.
En aquel momento, la Constitución era sacrosanta. Ahora que se acercan los 40 años de su aprobación, los partidos ven necesario introducir cambios, incluso el PP, aunque es poco dado a exteriorizarlo. Mariano Rajoy desea que la ley electoral prime al partido más votado y limitar la reforma a las cuatro cuestiones que patrocinó José Luis Rodríguez Zapatero en 2006: supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, adaptación al proceso de construcción europea, inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y reforma del Senado.
Delimitar competencias. Y a lo sumo, se podría añadir el compromiso electoral de Ciudadanos de delimitar las competencias entre regiones y el Gobierno central, aunque Rajoy nunca se ha pronunciado sobre el meollo de la cuestión: si el reparto de competencias en el Título VIII tiene que ser para las 17 comunidades autónomas por igual –un café para todos para este siglo XXI– o si debe haber una asimetría que, por lógica, beneficiaría a comunidades históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia.
Los padres de la Constitución encontraron serias dificultades para ponerse de acuerdo en el asunto territorial, por lo que dejaron abierta la delimitación de competencias entre las comunidades y la Administración central. El resultado ha sido que algunas reformas estatutarias, no solo la última catalana, han cruzado líneas rojas que han acabado en conflicto en el Tribunal Constitucional.
El PSOE ha sido el partido que más ha insistido en la reforma de la Carta Magna porque le ha servido para apaciguar los ánimos del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) ante el proceso soberanista en esa comunidad. La propuesta consensuada en Granada en 2013 para ir a una España federal es lo suficientemente ambigua para contentar a todos sin que se sepa, en realidad, qué cambios conllevaría en el funcionamiento del país. Algunos socialistas defienden que Cataluña sea una “comunidad nacional”.
