Puigdemont delirante y cada vez más aislado

03 / 08 / 2017 Antonio Fernández
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Obcecado con la ruptura exprés con España, las purgas en su equipo y las dimisiones, le dejan aislado.

Damnificados: Jordi Baiget (izquierda) y Jordi Jané (derecha) conversan con el conseller Santi Vila antes de la salida de ambos del Govern. Foto: Julio Carbo

El órdago catalán crece. Las advertencias del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no aceptará una inhabilitación del Tribunal Constitucional y de que ya ha comprado las urnas para el referéndum del 1 de octubre a pesar de los avisos en contra desde Madrid son un peldaño más en la escalada verbal que mantienen la Administración catalana y española. el Estado, por su parte, contrataca exigiendo la justificación de todos los gastos para evitar que ni un solo euro sirva para preparar el referéndum y amenazando con retirar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del que la Generalitat echa mano para pagar sueldos y facturas. Ya dicen los independentistas que, de facto, “Cataluña es una autonomía intervenida por el Gobierno central”.

Debido a la confrontación política y al ruido de sables, puede dar la sensación de que el independentismo se encuentra en un punto álgido de fortaleza, pero la realidad es muy diferente: Puigdemont acaba de cesar a cuatro consejeros y a un puñado de altos cargos de su Ejecutivo por mostrar dudas sobre la realización del referéndum. Por si fuera poco, las movilizaciones en la calle han perdido fuelle y las encuestas dan a los partidarios de la independencia un exiguo 41,1% mientras que el no alcanza el 49,4%, cuando en diciembre pasado los partidarios del llegaban al 46,8% y los del no se quedaban en el 45,3. 

Signos de cansancio

En resumen: Puigdemont está cada vez más solo. Y eso se vislumbró en el último pleno parlamentario de este verano, el 26 de julio, cuando toda la oposición coincidió en echar en cara a Puigdemont su aislamiento galopante. “¿Cree que es bueno avanzar cada vez con menos gente pero más enfervorecida?”, le recriminó Lluís Rabell (Catalunya Sí Que Es Pot). Inés Arrimadas (Ciudadanos) le recordó que “están cada vez más solos: lo dice el CEO [el CIS catalán] y hay cada vez más independentistas que sueñan con una Cataluña independiente pero que saben que ustedes cometen locura tras locura”. Y el popular Xavier García Albiol puso la guinda: “Hace pocos días, Le Monde decía que los nacionalistas moderados están abandonando su nave. Y hablaba de purgas y de un Gobierno formado por catalibanes (…) Usted elige a sus colaboradores por su grado de fanatismo. No nos extraña que esté tan nervioso: las personas sensatas huyen de su Gobierno”. En resumen: una pesimista radiografía de un Ejecutivo que intenta blindarse ante el desánimo de ciertos círculos políticos. Además, por primera vez, la gran maquinaria de movilización que representan la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), los organizadores de las macromanifestaciones, comienza a dar signos de cansancio, aunque desde sus filas se subraye que “es un hito mundial que se mantenga durante más de cinco años una movilización tan masiva, pacífica y democrática”. Razón no les falta, pero el desgaste es inevitable.

A Puigdemont, los suyos le echan en cara que “va por libre”. Hay muchos sectores descontentos con él en su formación, el Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT), la antigua Convergència. “Hasta ahora ha ido por libre y no ha consultado al partido sus decisiones”, se queja un dirigente del partido. La CUP, en cambio, considera que es el candidato perfecto para la independencia porque “no tiene ambiciones políticas, ya que dijo que después de dejar Cataluña a las puertas de la independencia se irá a su pueblo. No tiene nada que perder y cumplirá su palabra”. Pero esa carrera que tantas expectativas levanta en la formación rival es precisamente la que levanta suspicacias entre los suyos. Y la última remodelación de su Gobierno es la prueba palpable de que hay sectores convergentes que no lo ven claro y no quieren tirar más del carro. Al menos, no quieren estar en primera fila. 

El listado de víctimas

De ahí que a primeros de mes fulminase al consejero de Empresa, Jordi Baiget, por poner en duda que la celebración del referéndum y una semana después, relevaba a tres consejeros más: Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz, y al secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana, además de a varios altos cargos. Entre el cese del primero y los de los demás, sin embargo, hay una importantísima diferencia: el primero levantó ampollas en el partido porque el president no lo consultó con los suyos. La gran remodelación, sin embargo, ya fue pactada con el PDeCAT. Pero hay una verdad incontrovertible: el listado de víctimas del referéndum se ha multiplicado en julio para encarar con más garantías la fase final del proceso. Los cambios urgían ante la evidencia de que comenzaban a alzarse voces discordantes dentro del Gobierno. De ahí que, desde los sectores duros del soberanismo se haya dado una consigna: ahora más que nunca es preciso mantenerse en la hoja de ruta separatista y culminar los planes de realizar un referéndum y proclamar la independencia.

Hace unos meses, la CUP ya advertía en sus escritos internos que debía acelerarse la convocatoria del referéndum porque “cuanto más avanzan los meses, más avanza la desmovilización y las opciones de ruptura disminuyen”. Así, apretó el acelerador y a partir del verano pasado presionó a fondo a Puigdemont para que se comprometiese a celebrar cuanto antes el referéndum, a pesar de que no consiguió que concretase el día hasta hace poco más de un mes y medio. “Si llega la independencia, será gracias a la CUP, porque ha sido la CUP quien puso el referéndum encima de la mesa. La llegada de Puigdemont se pactó en Gerona [de la que el presidente era alcalde] entre Poble Lliure y Convergència. Más bien, lo que hubo fue una revuelta de los alcaldes de Convergència. Son los que marcaron la línea a seguir”, dice a TIEMPO un alto cargo de la CUP que prefiere mantener el anonimato. 

Por qué fue apartado Mas

“Para hacer el referéndum, era necesario que Artur Mas no estuviese. Necesitábamos apartarlo o todo se iría a pique”, añade la misma fuente. Había, en aquellos momentos, una operación en marcha, pilotada por Mas: “Su intención era tensar la cuerda hasta el límite y tanto él como la cúpula de su partido esperaban que entonces el Estado pusiese encima de la mesa un gran acuerdo. Mas cogería ese acuerdo y lo sometería a votación. Claro que él decía que Cataluña iba a votar. Pero no era un referéndum de independencia. Era el ofrecimiento del Estado. Por eso tuvimos que quitárnoslo de encima”, subraya el dirigente radical.

La caída de Mas, no obstante, no fue en vano: provocó una escabechina en el grupo parlamentario de la propia CUP, condición que el convergente puso encima de la mesa para dejar paso libre a su sucesor, Puigdemont. La diputada Anna Gabriel desveló después en sede parlamentaria que cuando la CUP pidió la cabeza de Mas, desde Convergència les respondieron que la cabeza de un israelí valía por la de diez palestinos. Pero no fue necesaria tanta masacre: Mas cayó y dos diputados radicales tuvieron que abandonar su escaño: Julià de Jódar y el cerebro económico de la organización, Josep Manel Busqueta. A ellos habría que añadir el cabeza de lista, Antonio Baños (curiosamente, era de los partidarios de mantener a Mas como presidente). Artur Mas se convirtió así en el primer caído por el referéndum. Los prolegómenos de este viacrucis hay que buscarlos en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. En febrero pasado, Mas y sus consejeros Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau fueron condenados a penas de inhabilitación y multas (que pagó religiosamente el PDeCAT). Ahora, el Tribunal de Cuentas quiere que paguen de su bolsillo los más de 5 millones de euros que costó aquella consulta, por lo que la ANC ya ha abierto una caja de resistencia para recaudar fondos y hacer frente a ese pago. Jordi Sánchez, presidente de la entidad, envió una carta a sus afiliados para comunicarles la iniciativa y pedirles apoyo económico. Luego le seguirían otros muchos, cuyas vicisitudes personales permitieron realizar una criba política tanto en el Gobierno catalán como en las cúpulas de los partidos alineados con la independencia. Si las condenas por el 9-N permiten presuponer que el referéndum está gafado y que es el ejemplo más claro de que el camino hacia el referéndum no es fácil y puede acarrear disgustos personales, los posteriores cambios en el Govern certifican que en el avance hacia la ruptura se van desprendiendo segmentos de población y se va conformando un núcleo más reducido y duro del independentismo como único motor del procés.

“Es una situación muy difícil. Ahora, hemos de seguir adelante. Sabemos muy bien en qué punto estamos y las dificultades que nos esperan”, dice Sergi Sabrià, portavoz de ERC. Y Montserrat Candini, coordinadora de la campaña por el que ha puesto en marcha el PDeCAT subraya que “los últimos cambios en el Gobierno nos dan una seguridad extrema y una compenetración final para votar”. Candini enfatiza: “llegaremos hasta el final”, y rechaza que el proceso esté gafado porque “si lo estuviese, no estaría tan nervioso el Gobierno español”. 

El control de los Mossos

De lo que no hay duda es de que numerosos dirigentes se van quedando en la cuneta: a los consejeros cesados se deben sumar el director general de la Policía, Albert Batlle; el director del servicio catalán de emergencias, Frederic Adan; la secretaria de Enseñanza, Maria Jesús Mier; y el secretario general de Cultura, Xavier Gibert. Los cambios no son al azar, aunque cuando llega un nuevo consejero no son extraños los ceses en cascada para hacer su propio equipo. “En esta remodelación solo ha habido una víctima: Jordi Jané, consejero de Interior, porque da la sensación de que los cambios se realizaron solo con la intención de controlar políticamente a los Mossos d’Esquadra. Jané no era partidario de saltarse la ley y lo han sacado. Los restantes consejeros tenían miedo a lo que podía pasar”, critica Miquel Iceta, líder del PSC. Para el dirigente socialista, “el secretario del Gobierno, Joan Vidal, era un hombre de Mas y había expresado dudas sobre cómo se estaban haciendo las cosas. Y las declaraciones de Baiget poniendo en duda la celebración del referéndum sacaron a la luz las discrepancias en el Govern. Pero la estrategia de Puigdemont es endeble. Prometen a los funcionarios que estarán cubiertos ante cualquier eventualidad y del Gobierno salen consejeros por miedo a lo que pueda pasar. Si no puede proteger a un consejero, ¿cómo pretende proteger a los funcionarios? Ellos mismos han salido del Gobierno cuando han visto que puede haber responsabilidades personales”.

Para Sabrià, en cambio, los cambios son lógicos. “Puigdemont encontró un equipo que es con el que ha estado gobernando hasta ahora. Se hizo una buena labor y en este momento hay que dar un salto. Pero no se puede hablar de víctimas del referéndum. Venían de un Gobierno anterior y ya han cumplido. Candini subraya que los consejeros cesados pidieron dar un paso al lado y reconoce, eso sí, que su partido luchó hasta el final para evitar apartar a Mas de la primera línea.

“A los políticos se nos pide generosidad. Y lo que se hizo fue una muestra de generosidad para que se pudiese votar en un referéndum y que ese referéndum fuese vinculante con el objetivo de acatar la voluntad del pueblo”. Rechaza Candini, no obstante, “utilizar la palabra ‘víctima’, porque eso es ir a favor de los tics franquistas del PP, que día sí y día también pone trabas a escuchar la voz del pueblo”. Tanto Sabrià como Candini coinciden en que los que se han quedado en la cuneta “siguen en el camino, aunque no sea en la primera fila”, porque “son gente comprometida y corresponsable”. La dirigente del PDeCAT enfatiza que “sin el trabajo de los que se han apartado no estaríamos donde estamos”, aunque reconoce que puede haber “dinámicas diferentes”. 

Gobierno de concentración

Desde la CUP, hablar de víctimas es lo de menos. Incluso admiten que los cambios en el Gobierno autonómico son lógicos para poner al Ejecutivo de Puigdemont “en línea directa hacia la independencia”. Y advierten que ahora comienza la etapa crucial. “El que no aguante o tenga miedo, a la calle”, claman los radicales. Un comunicado de Poble Lliure del 5 de julio señalaba: “Es necesario garantizar que todos los miembros del Gobierno tengan la capacidad y la determinación de cumplir con el mandato democrático y los compromisos adquiridos en el marco del proceso de independencia, sea cual sea la respuesta del Estado”. Desde este punto de vista, “será preciso valorar la conveniencia, cuando sea necesario asumir responsabilidades sobre la convocatoria y celebración del referéndum o la proclamación de la República, de formar un Gobierno de concentración que pueda incluir a la CUP”. Es decir, un auténtico delirio.

Los Mossos, bajo la lupa

La obediencia debida

Los importantes cambios en la Consejería de Interior, donde fueron cesados el consejero Jordi Jané y el director general de la Policía, Albert Batlle, comienzan a tener sentido: la anterior cúpula era contraria a quebrantar la ley. Con el nombramiento de Joaquim Forn como consejero y Albert Solà como director general, la cosa cambia: más radicales en sus planteamientos, quieren que los Mossos obedezcan sin rechistar cualquier orden que provenga de la superioridad, obviando que la propia Ley de Mossos arguye que no tienen obediencia debida si les llega una orden que puede ser ilegal. Forn ya puso la primera piedra del nuevo talante: el cuerpo estará al servicio de la Generalitat el 1 de octubre. Pero habrá que ver qué hacen los responsables de los Mossos si reciben una orden judicial contraria al referéndum y que están obligados a obedecer.

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 El secretario general de la Presidencia, Joaquim Nin, imputado por los preparativos del 1-O

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Joan Vidal de Ciurana y Neus Munté (centro), que han salido del Govern, con Meritxell Borràs, consejera de Gobernación. Foto: ALBERT BERTRAN

El análisis de ERC

Comprometidos con el sí

Sergi Sabrià, portavoz de ERC, admite que el Estado hará de todo para que no se pueda celebrar el referéndum. “Amenaza a los funcionarios y a los ciudadanos. Esas amenazas se materializan en los avisos de que las farmacias no cobrarán e incluso de que pone en duda que los funcionarios catalanes puedan cobrar a fin de mes”. No obstante, asegura que el nuevo Gobierno de Puigdemont “está más comprometido con el sí. Y los nuevos llegan convencidos de dónde estamos y a dónde tenemos que ir”.

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