Por qué pasa lo que pasa en Cataluña

Diputados y concejales en la calle apoyando manifestaciones, cargos públicos alentando a la desobediencia de las leyes y las sentencias, un Gobierno autonómico que llama a una manifestación contra decisiones del Tribunal Constitucional y alianzas políticas aparentemente contra natura. Esta es la realidad política de Cataluña. ¿Qué pasa en esta comunidad? ¿Es esquizofrénica la sociedad catalana o solo lo es la clase política?

Para el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, no hay duda: “Es una clara política de locos que ya se ha filtrado en parte a la sociedad”. De Carreras sostiene que “cuando son los conservadores los primeros que se saltan la ley, ¿qué harán los revolucionarios? El domingo 29 de mayo hemos visto al líder de los socialistas, Miquel Iceta, encabezando una manifestación contra el Tribunal Constitucional en el mismo momento en que se conmemoraban los 25 años del salvaje atentado de ETA en Vic. Pero prefirió estar en la manifestación a estar en Vic”.

En los últimos días, durante las algaradas de los antisistema en el barrio de Gràcia, se han dejado ver tanto diputados como concejales de la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Los disturbios, posteriores al desalojo de una oficina bancaria okupada, produjeron decenas de heridos en el bando policial (los antisistema aseguraron después de tres días que su bando había tenido 100 heridos, aunque no hay constancia de ello) y daños en el mobiliario urbano y comercios por valor de unos 80.000 euros. Entre los manifestantes, fue un asiduo el concejal barcelonés Josep Garganté, que hace unas semanas intentó que un médico cambiase un parte para inculpar a la Guardia Urbana de la caída de un mantero (que rodó por unas escaleras sin que hubiese ningún policía cerca). Pero también estuvieron presentes al menos en una ocasión las diputadas Meria Vehí y Eulàlia Reguant, ambas también de la CUP.

Esta formación es la que garantiza a Junts pel Sí (JxS), la coalición integrada por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana (ERC), la estabilidad parlamentaria. Pero, a pesar de ese apoyo, fue la primera que pidió el cese del director general de los Mossos d’Esquadra por las cargas policiales contra los alborotadores. Es más: los anticapitalistas culparon a los Mossos de ser los causantes de la situación. Desde el Gobierno catalán se respondió con tibias matizaciones e incluso con disculpas.

“Los de la CUP son los únicos coherentes. Quieren cargarse todo: el Estado de Derecho, el capitalismo, el Estado democrático represivo... Culpan a los Mossos d’Esquadra del conflicto de Gràcia y aquí nadie dice nada. Y la propia alcaldesa, Ada Colau, sale diciendo que eso es un problema de los vecinos y que lo solucionen ellos”, critica De Carreras.

Pacto oculto

Juan Arza, uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana, entidad de referencia antiindependentista, consultor y profesor en varias escuelas de negocios, achaca el desbarajuste catalán a que incluso los partidos que deberían tener una “obediencia estatal” van por libre, como en el caso de los socialistas o Podemos. “No hay solidaridad ni compromiso, mientras hay tolerancia de los políticos catalanes con el discurso antisistema, que deslegitima la ley, el orden y a la Policía, que lo único que hace es defender la ley”.

Arza subraya que “no se actúa con contundencia para no irritar a la CUP, porque se da la circunstancia de que es la que apoya al Gobierno y JxS necesita sus votos. En estos momentos, los policías son la moneda de cambio entre JxS y la CUP. ¿A qué viene, si no, el que no se haya producido una sola detención después de varios días de disturbios?”. No hay que olvidar que el Gobierno catalán negocia con los antisistema su apoyo a los presupuestos de 2016, que todavía no han sido aprobados por el Parlament.

Pau Marí-Klose, catalán, doctor en Sociología y profesor en la Universidad de Zaragoza, explica que “la situación anómala en Cataluña es producto de la fragmentación política. Hay dos ejes que fracturan la sociedad política en múltiples espacios sociopolíticos y en diferentes modelos organizativos. Esos dos ejes son el social y el nacional, que dividen a la política en dos bandos aparentemente irreconciliables y que se acaban filtrando en la sociedad”.

Marí-Klose asegura que “se dan situaciones aberrantes, como que CDC intenta mantenerse cautelosa ante las denuncias de la CUP, que en otras ocasiones o en una situación normal hubiesen sido tachadas de inadmisibles y subversivas. Pero en este momento, están desorientados. Por una parte, protegen al Gobierno y eso significa no ir en contra de la CUP, lo cual quiere decir que quiere contentar a quienes no son sus votantes. Se trata de una huida hacia delante”.

Desde el interior del Gobierno también se constata la perversa lógica de una parte de la élite política. “Hay representantes políticos de la izquierda alternativa que solo intentan implosionar el sistema desde dentro”, explica una fuente gubernamental a Tiempo, en clara alusión a la CUP. Esta fuente enfatiza que “la violencia no es un medio para nada y no se puede aceptar que pongan en cuestión el Estado de Derecho y a la Policía. Lo de Gràcia es inaceptable. Nadie puede homologar actos violentos, incendios y destrozo del mobiliario urbano. Los cargos públicos debemos cumplir con nuestra tarea, que es legislar y que las instituciones salgan adelante. Los parlamentarios no somos activistas. Se puede dar apoyo a una postura, pero no convertirnos en activistas sociales. Y mucho menos amparar determinadas formas de violencia. Ni tan siquiera decir que los Mossos d’Esquadra son culpables de la tensión en las calles”.

Los antisistema mandan

Para la Generalitat, “los antisistema dicen que van a rescatar las instituciones, que tenemos secuestradas. Es verdad que puede haber políticos corruptos, pero el modelo se debe basar en la buena política que garantice el Estado de Derecho y la libertad de los ciudadanos. La práctica de la violencia está fuera de la legalidad. Ya dijo el conseller [de Interior] Jordi Janer que debe haber mediación y una solución pacífica, pero no violencia urbana”.

En el Ejecutivo catalán se destaca también que “las elecciones del 27-S han dejado una aritmética que hace que la CUP tenga la sartén por el mango. Venimos de culturas muy diferentes y nos es muy difícil llegar a acuerdos”.

Pero esa perversa lógica de la política catalana tiene también otras lecturas. “Al nacionalismo le ha interesado defender a los antisistema de la CUP porque ello suponía agrupar el voto antisistema y marginal y que les apoyase en el proceso separatista. Y se le ha dado visibilidad a eso, como el mediático abrazo entre Artur Mas y David Fernández [captado por las cámaras el 9 de noviembre de 2014, en la pseudoconsulta convocada por el presidente de la Generalitat]. Al nacionalismo, sin embargo, solo les interesaban sus votos y el apoyo al proceso”, afirma Juan Arza. Y Marí-Klose destaca que “el cuarteamiento del escenario político ha creado un mosaico que no tiene parangón a escala mundial, con alianzas frágiles y extrañas concesiones de gran magnitud para mantener algo muy difícil de mantener. En el Gobierno autonómico, tenemos una coalición cogida por los pelos, apoyada por un grupo, la CUP, de tradición radicalmente diferente a la del Gobierno. Y lo mismo podemos decir del Gobierno municipal de Barcelona, que resulta que es de una ideología muy diferente al Ejecutivo autonómico. Y ya no digamos el Gobierno central. Es un encaje de bolillos”.

El profesor de Zaragoza subraya también la desobediencia como una de las características de este marasmo. “La situación de desobediencia responde a la necesidad de contentar a determinadas formaciones, porque hay necesidad de coaliciones muchas veces contra natura. Es muy difícil encontrar Gobiernos tan diversos como aquí y, a la vez, tan frágiles. Una alianza entre partidos tan antagónicos no existe en Europa. Que una CUP revolucionaria apoye a los representantes de la derecha no tiene parangón en ningún otro sitio. Y eso que solo comparten algunos principios en el tema identitario”. Ello le lleva a dos curiosas consecuencias: la primera es que el partido que gobierna en Cataluña, CDC, ha ido perdiendo apoyo en los últimos años y ahora las encuestas le auguran un quinto o sexto puesto el 26-J. Y la segunda consecuencia es que ese partido “en el actual escenario, hace política y realiza gestos hacia electorados que no son el suyo propio”.

Para De Carreras, “cuando la autoridad en un país decide desobedecer las leyes y lo proclama, acaba pasando esto. Cuando José Montilla, siendo presidente en 2010, hizo una alocución institucional convocando una manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), ya se mostró un desafío al Estado de Derecho. Luego, en 2012, tras la Diada el 11 de septiembre, Artur Mas dijo que la mayoría del pueblo quería la independencia y que la democracia es la voluntad de la mayoría, saltándose la ley. Paralelamente, los ayuntamientos comenzaron a proclamar la independencia y a poner esteladas [banderas independentistas]... En Cataluña se incumplen las leyes desde hace años. Y ahora llega la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y nos dice que solo hay que cumplir las leyes justas. Las injustas, no”.

Paradoja

Y ahí, en la subversión institucional, es donde se encuentra quizás una de las grandes paradojas de la esquizofrénica sociedad política catalana. ¿Por qué? Pues porque desde algunas instituciones se hace un llamamiento a cometer delitos. En concreto, se exige que se desobedezcan las leyes y que se ignoren las sentencias del Constitucional. Y eso no solo lo hacen diputados radicales de la CUP, sino también alcaldes y concejales de otros colores políticos.

Juan Arza lamenta que tanto el nacionalismo “como la marca Podem ponen a la calle, al pueblo, a la gente, por encima de la ley. Se relativiza el cumplimiento de las normas y se presenta la Constitución como algo carca y conservador que impide a la gente ejercer sus derechos. Este discurso legitima todo y tiene implicaciones a escala policial y de las instituciones”.

Pero esa deriva de las instituciones catalanas no es otra cosa que una de las herramientas para llevar adelante la hoja de ruta rupturista, que debe acabar en la desconexión con España. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha reiterado en varias ocasiones que no piensa incumplir la ley, pero está dispuesto a aplicar la hoja de ruta de JxS hasta el final. Eso supondría la proclamación de la independencia en 2017, aunque esta fecha ya ha sido relativizada. Lo importante es ir construyendo “estructuras de Estado”. Las más importantes son la Agencia Tributaria Catalana, que quiere tomar el relevo del fisco español, la Ley de Transitoriedad Jurídica, que quiere sustituir toda la legislación española, y la creación de la Seguridad Social catalana. La ley de esta última ya está redactada en un mano a mano entre JxS y la CUP.

Lo malo es que los anticapitalistas creen que el proceso va muy lento y exigen al Gobierno catalán más implicación. En la última ponencia política aprobada este mes de mayo, la CUP advierte a Puigdemont que esta formación “ha acordado tensar la cuerda con el Estado, con el objetivo de llevar la autonomía al límite, sin hacer ninguna concesión al autonomismo”.

Los anticapitalistas consideran que el Govern no está cumpliendo los pactos a que llegaron JxS y la CUP el pasado 9 de noviembre: creación de las herramientas de Estado, proclamación de la independencia en un plazo de 18 meses, redacción de una Constitución catalana y desobediencia a las leyes españolas y a las sentencias del TC. El propio Constitucional anuló esa resolución parlamentaria a primeros de diciembre. De ahí que ahora la CUP establezca en su ponencia política que es preciso seguir “situando la desobediencia y la unilateralidad en el centro de la acción política para conseguir la ruptura nacional y social, es decir, la independencia plena”.

Por ello reclaman también que a pesar de la anulación del TC, se plasmen en la práctica los acuerdos del 9 de noviembre, que se convoquen elecciones constituyentes al final de esta legislatura y que se celebre “un referéndum unilateral de independencia”. Paralelamente, la CUP pide “generar acciones de desobediencia civil masiva no violenta que aceleren el proceso de ruptura con el Estado español y que pongan en contradicción las vías de concertación y pacto con el Estado”.

Desde el Govern, en cambio, se asegura que no se están incumpliendo los acuerdos firmados. La propia portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha reconocido esta semana que en los presupuestos de este año se han incluido 870 millones de euros que irán a partidas “de políticas sociales para dar respuesta a los compromisos de las estructuras de Estado y en materia de cooperación internacional, ayuda a refugiados, participación, transparencia y acción exterior”.

Defender a los catalanes

Una fuente del Ejecutivo catalán subraya a Tiempo, además, que jamás se ha pedido desde esta institución desobedecer una ley. “La última manifestación, a la que se sumaron 50 entidades, sindicatos y todos los partidos excepto PP y Ciudadanos, no fue para pedir la insubordinación a las sentencias del TC, sino que fue para dejar constancia de nuestro malestar por las sucesivas decisiones de anular todas las leyes y decretos que salen del Gobierno o del Parlamento de Cataluña”.

Una fuente de la Generalitat manifiesta a Tiempo que el TC ha suspendido una treintena de leyes catalanas. “No entendemos que el Constitucional siga parando cualquier iniciativa de tipo legislativo de Cataluña, como las leyes de pobreza energética, de igualdad, de depósitos bancarios, etcétera. El TC debe ser un árbitro, no parte, pero es un tribunal absolutamente politizado”.

“Ante ello –añade– nosotros salimos a la calle a defender lo que es razonable, porque hay un intento de bloquear cualquier capacidad política de nuestro Gobierno que afecta al bienestar de la gente. Y de ahí, por ejemplo, que previendo que iban a anular la ley de pobreza energética, pactamos con la CUP otra ley para suplirla, que entrará ahora en el Parlamento. Lo malo es que desde el Gobierno central hay una obstinación, una estrategia de obstaculizar la acción política de la Generalitat, pero hemos de tener la capacidad de defender los intereses de la gente”.

En esa dinámica, tanto JxS como entidades cívicas como la CUP tienen la firme intención de aplicar su hoja de ruta, pero desde el Ejecutivo quiere hacerse sin que se pisen las líneas rojas de la ilegalidad. Y la inercia es infernal. “Si te adaptas a la lógica del procés, cada vez es más imposible frenar. En estos momentos, apartarse del camino resulta francamente muy difícil”, zanja Pau Marí-Klose. A la mayoría de los políticos catalanes solo les queda, pues, pedalear hacia la independenci