PCE: 40 años y un futuro incierto

El 9 de abril de 1977, mientras media España estaba pendiente de las procesiones de Semana Santa, el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, se encerró en su despacho para llamar a todos los gobernadores civiles del país. Tenía que comunicarles una noticia que cambiaría la historia de España: tras casi 40 años en la clandestinidad, el Partido Comunista de España (PCE), acaba de ser legalizado. La noticia no sorprendió a nadie, pero sí la fecha. Muchos militantes ni siquiera se enteraron hasta que volvieron a casa esa noche. El día no tardó en ocupar un lugar destacado en el imaginario comunista como el Sábado Santo Rojo. Pero aún había mucho trabajo por hacer.

Después de décadas liderando la lucha contra el franquismo, el PCE se enfrentaba por primera vez a las urnas apenas dos meses después de su legalización. No le salió bien. Santiago Carrillo, líder histórico desde la Guerra Civil, no pudo competir con la juventud de Felipe González ni con la nueva izquierda que abanderaba el PSOE tras el congreso de Suresnes. El PCE no llegó ni siquiera al 10% de los votos. Ese día, los comunistas entregaron al PSOE un testigo que 40 años después no han conseguido recuperar.

Desde entonces, la lucha del PCE por recuperar un papel hegemónico en la izquierda se ha plasmado en distintas alianzas. El fantasma del desastre de 1982, con la pérdida de más de la mitad de los votos a favor del PSOE y 19 de sus 23 diputados, alumbró cuatro años más tarde el nacimiento de Izquierda Unida. El acuerdo unió a casi una decena de partidos (entre otros el PSUC, el PASOC, el PCPE o Izquierda Republicana) bajo el liderazgo del PCE.

La firma de aquel pacto ilustra uno de los males que ha aquejado a la coalición desde su fundación y a la izquierda desde tiempos inmemoriales. El acuerdo tuvo lugar en abril de 1986 en el despacho de Cristina Almeida, poco antes expulsada del propio PCE por la dirección de Santiago Carrillo, y que apenas diez años más tarde abandonaría la propia coalición para acabar en las filas del PSOE junto al resto de miembros de su corriente, Nueva Izquierda. Se confirmaba el viejo chiste de que si dos militantes de izquierda fundan un partido, seguro que uno de ellos ya está pensando en organizar una corriente disidente. Y posiblemente los dos. 

Hoy la situación no es mucho mejor. La pérdida de relevancia constante de Izquierda Unida en los últimos años (nunca por encima de ocho escaños después de 1996), le hizo plantearse la confluencia con un recién nacido Podemos, que muy pronto había superado en expectativas electorales a la coalición. Después del experimento de Cataluña con ICV en septiembre de 2015, “decepcionante” en palabras de Pablo Iglesias, la dirección morada decidió romper las negociaciones para las generales de diciembre. Por separado, Podemos e IU (este último bajo la coalición Unidad Popular) lograron con 5,2 y 0,9 millones de votos, 69 y 2 escaños, respectivamente. El PSOE, con 5,5 millones, 90. Más del 80% de los votos de IU no se tradujeron en escaños, algo que reforzó el discurso de los favorables a la unión política. En mayo la confluencia era ya una realidad. Los militantes de IU la ratificaron con el 84% de los votos y Alberto Garzón, principal valedor del pacto, fue elegido en junio coordinador de la coalición con un apoyo del 75% de los militantes.

Desde entonces, el ruido no ha abandonado a IU ni a su principal pilar, el PCE. Un sector minoritario pero amplio de la coalición acusa a la actual dirección de haber “vendido” el partido a Pablo Iglesias por unos escaños (tres más que en 2015, ver gráfico en la página siguiente) que ni siquiera garantizan relevancia pública a sus ocupantes. Para ilustrar esa pérdida de influencia, los críticos ponen como ejemplo a las matrioskas, esas muñecas rusas que esconden en su interior otras muñecas. Aunque no existe fusión orgánica, ni a tenor de las declaraciones de sus líderes hay intención de que exista en un futuro cercano, un sector del partido argumenta que el PCE ya es solo un partido escondido dentro de IU, que a su vez permanece oculta dentro de Podemos.

Para muestra, un botón. En junio por primera vez en su historia IU no presentó un candidato a la presidencia del Gobierno. Su renovado líder, Alberto Garzón, fue de número cinco por Madrid, una posición que, según confesó él mismo, hizo al anterior coordinador general de la coalición votar a Unidos Podemos con la nariz tapada.

Su posición en las listas también tiene correspondencia en cuanto a presencia parlamentaria. En los debates de investidura posteriores a las elecciones de diciembre de 2015, pese a no tener grupo parlamentario, Alberto Garzón habló diez minutos. En el último debate de investidura Unidos Podemos solo le concedió tres y medio. Y sin derecho a replicar al presidente. Esa pérdida de protagonismo se extiende al resto de la vida parlamentaria. Cuando PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se unieron para forzar la comisión de investigación sobre la financiación del PP, sus tres portavoces acudieron juntos al registro. La imagen de Garzón junto a ellos, como “invitado de piedra”, dolió mucho en algunos sectores del partido.

Esa sensación de “rendición” a la formación morada ha hecho movilizarse a los sectores críticos, especialmente a la corriente Izquierda Abierta, liderada por el excoordinador general de la coalición hasta 2008, Gaspar Llamazares. Aunque no quiere hablar de disolución en este momento, el ahora diputado autonómico en Asturias sí critica la “dilución” de IU en un proyecto ajeno, el de Podemos. En su opinión, muchos votantes de la coalición no se identifican ni con la cultura programática ni con la cultura de gestos de la formación morada. Por eso, sostiene, entre diciembre de 2015 y junio de 2016, la suma de ambos se dejó más de un millón de votos por el camino. A su juicio, la deriva emprendida por las  direcciones del PCE e IU ha hecho que se alejen de los ideales y valores que tradicionalmente han defendido. “Parecen extraterrestres, no reconocen ni su propia memoria”, se queja.

El descontento, aunque profundo en algunos sectores, no es aún definitivo. Llamazares no quiere hablar aún de una escisión o ruptura dentro de la coalición, como sí aseguran otros dirigentes en privado. “No lo sé, no me gustaría”, se limita a responder, pero reconoce que los planteamientos de su corriente están cada vez más lejos de la línea política de la dirección. En su opinión, el empeño de dos sectores mayoritarios de Podemos e IU por confluir ha acabado marginando en ambos partido a quienes se resistieron. “Para incluir a los de fuera, se ha excluido a los de dentro”, argumenta. Llamazares no niega que la decisión fuera democrática, pero critica que tras el fracaso de la confluencia no haya habido autocrítica. “La militancia hizo una concesión de legitimidad y credibilidad en un momento en que se le presentó el paraíso como futuro. A nadie le amarga el dulce de ganar por una vez. Pero cuando no hubo sorpasso, no hubo victoria electoral, ni hubo un Gobierno alternativo, muchos militantes se decepcionaron. Habrá que volver a decidir una vez que las circunstancias han cambiado”, reclama. Otros críticos van más allá y no descartan que de repetirse la confluencia en unas nuevas elecciones, el partido podría terminar de romperse. 

No es el único histórico que se permite criticar abiertamente a la dirección. El anterior secretario general  del PCE, Francisco Frutos, carga habitualmente desde las redes contra su sucesor, José Luis Centella, al que acusa llevar al partido a un “proceso de destrucción programada y/o por ineptitud” hasta servir solo para “bailarles el agua a Iglesias y su subalterno Garzón”.

Para la actual dirección del PCE e IU, todas estas críticas, aunque legítimas, son minoritarias.  “Hay críticas que, bien fundamentadas, son estimulantes. Algunas de las que está habiendo dentro de IU no lo están”, subraya Alberto Garzón. El coordinador general sostiene que la dirección no está más que desarrollando el proyecto que mayoritariamente aprobaron sus bases el año pasado para “superar” IU lo antes posible: “Construir un espacio político que trabaje con la gente y no esté basado exclusivamente en lo electoral. No solo presentarse a elecciones sino construir tejido social, una base para cualquier proceso de transformación social y política”. Y se niega a hablar de dilución dentro de Unidos Podemos. A su juicio, el debate de siglas en sí “es corporativista, basado en valores burgueses”. “En realidad el movimiento obrero y el PCE no tienen fetichismo de las siglas. Lo importante son los objetivos, no los instrumentos. IU es un instrumento. Quienes hablan del logo o la marca tienen un pensamiento muy estrecho en el que el instrumento se convierte en un fin”, zanja. El mismo argumento utiliza Centella, secretario general del PCE: “La política tradicional del PCE ha sido unir a las izquierdas. Ya lo hicimos en la Segunda República, después durante el franquismo o en el último periodo democrático con IU. En este momento entendemos que es necesario avanzar hacia un movimiento más amplio que IU y en eso estamos trabajando con Unidos Podemos”. Y niega que eso reste presencia al partido: “Nadie cree que el PCE se diluyó en el Frente Popular. Nosotros siempre hemos antepuesto objetivos a la presencia formal de nuestras siglas. Nuestro objetivo es una mayoría de izquierdas en el país. En todo caso, unidad no significa uniformidad”.

Ambos defienden la vigencia de las ideas comunistas y su peso en Unidos Podemos. “Más que válido, es necesario que haya una fuerza que se plantee un modelo alternativo al capitalismo, un sistema injusto en sí mismo que tiene que ser derrotado”, se reafirman. Ni siquiera los disidentes del partido niegan este punto. Que sea posible defenderlo dentro de Unidos Podemos, está por ver.