Pasaporte español contra el Brexit

En la semana en la que la primera ministra británica, Theresa May, invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que se da inicio a las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, desde el otro lado del Canal de la Mancha había que mostrar los dientes afilados y al francés Michel Barnier le tocó representar dicho papel. El negociador en jefe de la UE para el brexit buscó un ejemplo sencillo de asimilar para el común de los europeos con el que explicar cómo será la negociación con los británicos: “Tienen que saber –dijo refiriéndose a estos últimos– que al dejar la UE se les acabó llevar el perro a España de vacaciones”.

Los 27 países de la UE han depositado en Barnier todas sus esperanzas para que el brexit que se decida de aquí a dos años deje satisfechos a todos los socios europeos, sin excepción, bajo una premisa muy clara: solo habrá un negociador europeo al que los británicos podrán dirigirse, pues la tentación de Londres es negociar de forma bilateral con cada uno de los hasta ahora socios de la UE bajo el concepto maquiavélico del “divide y vencerás”. Pero cuesta creer que las capitales europeas vayan a permanecer inmóviles mientras Barnier y los miembros de su equipo negociador lleven el trabajo más arduo de las conversaciones.

España, al menos, no se va a quedar quieta y en el fondo desea que el divorcio sea lo más amistoso posible. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró antes de la escalada diplomática en torno al futuro de Gibraltar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy preferiría un brexit blando en cuanto a las consecuencias. Y desde Londres, el nuevo embajador español, Carlos Bastarreche, ha enviado un informe reservado a La Moncloa y al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que ha tenido acceso TIEMPO, en el que propone que nuestro país valore la posibilidad de conceder la doble nacionalidad a los residentes británicos de larga duración en España y que dicho ofrecimiento se haga a las autoridades británicas durante la visita de Estado que los Reyes, don Felipe y doña Letizia, realizarán al Reino Unido a principios de junio. A juicio de Bastarreche, este gesto sería bien acogido por los británicos en estos primeros compases de las negociaciones sobre el brexit.

Actualmente, un británico puede solicitar el pasaporte español tras diez años de residencia en nuestro país, como cualquier otro ciudadano europeo... pero a costa de renunciar previamente a su ciudadanía de origen, lo que disuade a la inmensa mayoría de los ingleses afincados en España a la hora de dar este paso. Lo paradójico es que esta condición no sucede a la inversa, pues un residente español en el Reino Unido puede acceder al pasaporte británico si cumple una serie de requisitos sin que por ello deba abjurar de su condición de español. Desde el famoso referéndum de junio en el que venció el “no” a la UE, muchos españoles residentes en el Reino Unido se han lanzado a rellenar las solicitudes de nacionalidad británica para que el brexit no les perjudique.

Una carrera alocada en busca del pasaporte de la Union Jack, en la que poco importa que se esté trabajando de financiero en la City o de fregaplatos en un restaurante. Los trámites son iguales para todos. Un hijo de José Manuel García-Margallo no esperó, por ejemplo, a que su padre dejase de ser ministro de Exteriores para dar el paso y garantizar así su futuro laboral.

Ventanilla única

Con todo, el futuro para los españoles es incierto, ya que aún no queda claro si tendrán que pedir visados para continuar residiendo allí o si mantendrán su acceso a la Sanidad británica. Por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto una ventanilla única para canalizar cualquier duda al respecto a través de dos correos electrónicos ([email protected] y [email protected]).

La oferta de la doble nacionalidad que baraja ahora el Gobierno de Rajoy para los residentes británicos supondría, en la práctica, conceder a este colectivo las mismas ventajas de las que disfrutan en España los ciudadanos iberoamericanos, los que provienen de Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y aquellas personas que acrediten un origen sefardí. A los nacionales de estos países hermanos no se les exige renunciar a su nacionalidad de origen y pueden optar al pasaporte español con solo dos años de estancia legal en nuestro país. En el caso de los británicos, ese plazo podría ser mayor, quizás de diez años, tal y como reclama una iniciativa popular lanzada tras el referéndum de junio en el Reino Unido por los periodistas afincados en España Giles Tremlett y William Chislett a través de la plataforma Change.org y que ha concitado casi 20.000 adhesiones desde entonces.

Cambio legal

Permitir la doble nacionalidad a los residentes británicos de larga duración requeriría un cambio en la legislación española, pero no sería la primera vez, tal y como recuerdan los impulsores de esta iniciativa, ya que el Ejecutivo de Rajoy ofreció en 2015 la doble nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados en 1492. Además, Alemania también estudia esta medida propuesta por el embajador Bastarreche, lo que garantizaría seguramente el éxito de la reciprocidad a nivel europeo, ya que Barnier negocia, en última instancia, en nombre de los 27 Estados de la Unión.

En otros países de la UE (sobre todo Irlanda, Suecia, Dinamarca o Bélgica) también se ha registrado un repunte de los británicos que solicitan la ciudadanía de los países en los que viven, una vez que el Reino Unido votó a favor de la salida de la Unión, si bien estos países ya cuentan con convenios bilaterales con Londres en los que a los británicos no se les exige abandonar su nacionalidad de nacimiento. Tener la doble nacionalidad supone que un ciudadano goce de plena condición jurídica de nacional en los dos Estados implicados, aunque solo tiene que responder a sus obligaciones en uno de ellos, normalmente en el que tenga fijado su domicilio fiscal. El Ministerio de Justicia, que dirige Rafael Catalá, señala lo siguiente a los que tienen dicha condición: “Esto será aplicable para cuestiones tales como el otorgamiento de pasaporte, la protección diplomática, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, los derechos de trabajo y de seguridad social y las obligaciones militares”.

Para aquellos españoles que residan en el Reino Unido, hayan obtenido la nacionalidad británica y solo hagan uso de esta última, existe la posibilidad de que puedan perder el pasaporte español, salvo que de forma periódica se comunique a la embajada en Londres o el consulado más cercano que tiene intención de conservarlo. Los promotores del manifiesto en Change.org apoyan que los españoles afincados en el Reino Unido puedan solucionar los problemas ocasionados por el brexit gracias a la doble nacionalidad y admiten que a la inversa, los británicos deberían superar los “filtros normales” que se exige a todo extranjero que quiere obtener el pasaporte español. Es decir, superar la doble prueba, una oral sobre conocimientos del español y otra escrita con 25 cuestiones de tipo test en la que se pregunta sobre política, cultura y sociedad. Los aspirantes tienen que lograr al menos 15 aciertos de la denominada Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) para obtener el pasaporte.

En 2016 se presentaron a esta prueba de cultura general un total de 104.979 extranjeros, de los que 86.516 lo aprobaron. Para el oral de castellano se examinaron 27.236 foráneos y 18.707 superaron la prueba.

¿A cuántos británicos beneficiaría este primer gesto de España? Según las cifras de Eurocitizens, una plataforma que reúne a británicos residentes aquí y que reclama medidas de este tipo para que los derechos europeos adquiridos en las últimas décadas “no se extingan de golpe” en 2019, España es el destino preferido para los británicos que viven fuera de su país. Actualmente hay 308.821 británicos con residencia permanente en España –en 1998 solo había 76.000–, de los cuales unos 20.000 llevan más de diez años de residencia legal en España. Además, 110.373 cuentan con viviendas en propiedad, la gran mayoría en zonas de la costa mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana (83.493) y Andalucía (80.055).

Casi 108.000 jubilados británicos reciben la pensión de su país en España, donde disfrutan de un clima más cálido y unos precios mucho más competitivos que en su país natal. Aunque dejar la UE no afecta a su identidad británica, muchos de ellos temen quedar excluidos de la Sanidad española y que sus pensiones queden congeladas en el futuro –la libra tuvo una depreciación del 20% tras el “no” a la UE–, de ahí que a más de uno se le pase por la cabeza el regresar al Reino Unido.

En provincias como Málaga ya se está notando una fuga de británicos residentes. A lo largo de 2015, antes del brexit, hubo 5.240 ciudadanos del Reino Unido que se dieron de baja en el padrón malagueño, aunque sigue siendo el colectivo extranjero más numeroso, con más de 500.000 inscritos. Esta tendencia a la baja se viene produciendo desde el año 2013 por varios factores: el envejecimiento, la pérdida de poder adquisitivo y una mayor presión fiscal. Sobre esto último, el Ministerio de Hacienda exige desde ese año una declaración de bienes a los residentes extranjeros. Entre los británicos en edad laboral, un total de 59.529 cuentan con un empleo en España: el 65%, por cuenta ajena, y el 35%, por cuenta propia. Y a lo largo de los últimos meses se ha disparado el número de británicos que han intentado superar el citado examen CCSE. Si en el primer semestre de 2016, antes de la celebración del referéndum del brexit, apenas 70 británicos se sometieron a la prueba escrita, en los siguientes nueve meses la cifra ha rozado el umbral de los 500.

Derechos europeos

Eurocitizens considera que el futuro de los británicos residentes es “incierto” porque no saben qué pasará con sus “trabajos, estudios, pensiones, cobertura sanitaria y, en algunos casos dramáticos, sus familias”. En un comunicado tras la firma de la carta con la que Londres inició su desconexión de la UE, los miembros de esta plataforma dibujaron un panorama sombrío: “Nos hemos convertido en rehenes, en capital para utilizar como palanca en las negociaciones según un ministro del brexit. Y si el Gobierno británico sale de la UE sin acuerdo, como amenaza Theresa May, todos nuestros derechos europeos se extinguirán de golpe”. El Gobierno español ha insistido en que su prioridad es garantizar los derechos de los ciudadanos españoles que residen y trabajan en el Reino Unido (unos 150.000) y admite que debería haber reciprocidad. En juego está que los británicos sigan viniendo de vacaciones a España con sus mascotas.