Panamá: de los Franco a los traficantes de armas

La familia Franco utilizó una empresa en un paraíso fiscal para oscuras operaciones empresariales en España. A través de la sociedad Vamfield, como publicó TIEMPO en 2013 (ver “Los Franco, paraísos fiscales y grandes negocios” en el número 1.627), los Franco ocultaron su identidad para hacerse con los activos de Tabacmesa, filial de Altadis, la antigua Tabacalera. Aunque durante décadas se especuló con la posibilidad de que la familia del dictador tuviera parte de su desconocida fortuna fuera de España, era la primera vez que se destapaban fondos fuera y, además, en un paraíso fiscal. Ahora, en los llamados papeles de Panamá, la filtración que ha sacado a la luz millones de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, aparece también la misma empresa de los Franco, aunque en estos papeles no se puede conocer el dinero que manejaba. Pero hay más sorpresas. Una novelesca historia que combina a traficantes de armas, grandes mansiones y escándalos financieros en España, Francia y Portugal, e incluso un atentado en el que murieron 14 personas en Pakistán.

La empresa de la familia Franco, Vamfield Alliance, radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes (y que nació en el despacho panameño de Mossack Fonseca), fue la encargada de realizar una operación, mediante su filial londinense Tring Properties, en la que se hicieron con un negocio de varios millones de euros. La empresa Comerzia de Francisco Franco Martínez-Bordiú, nieto del dictador, y Tring Properties compraron Tabacmesa, la filial de Altadis, en 2007 por 9,5 millones de euros. Sin embargo, solo un año después Tring Properties (realmente en poder de los Franco) vendió su parte a Comerzia. En ese lapso, cuatro millones de euros hacen viaje de ida y vuelta a Londres. Los Franco sacaron el dinero de su escondite para financiar en parte la operación. El interés de esta se encontraba en la venta de los activos inmobiliarios de Tabacmesa en el este de Europa. Los Franco desembarcaron en la compañía en julio de 2007. A final de año, la venta de activos permitió unos beneficios de 5,5 millones de euros, de los que a los Franco les tocarían unos dos millones, aunque la familia del dictador no se los cobraría hasta más tarde. En 2008 también se vendieron activos por 2,9 millones, que prácticamente en su totalidad fueron a beneficios. La empresa se encuentra hoy administrada por Francisco Franco Suelves, bisnieto del dictador. Durante estos años ha dado beneficios a la vez que declinaban sus activos. Estos eran de 6,4 millones de euros en 2008 frente a los 2,1 millones en 2014. En el último ejercicio ganó 369.000 euros y destacaba que tenía unos ingresos financieros de 449.00 euros. Comerzia, por su parte, tiene unos activos de 13 millones de euros, aunque llegaron a ser de 20 millones.

El socio de la familia Franco

  La operación de desembarco de la familia Franco en Tabacmesa se vio envuelta, además, en una trifulca con uno de sus socios, cuyas discrepancias salieron a la luz en la convocatoria de la junta de accionistas. El socio consideraba que las ventas de activos de Tabacmesa se realizaron sin la autorización de su consejo de administración, y que además no se informó del destino del dinero. Tampoco se encontraba conforme con el traslado del domicilio de la sociedad a la dirección de la casa de la familia Franco en Madrid, en la calle Hermanos Bécquer.

Los numerosos nombres de grandes fortunas, empresarios, políticos y famosos que salen en los papeles del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca sacan a relucir la relación de estas sociedades, algunas conocidas y otras no, con algunas de las investigaciones judiciales más importantes que se llevan adelante en España. Uno de los nombres que aparece en la documentación filtrada a La Sexta y El Confidencial es el de la familia Carceller, una de las mayores fortunas de España, dueña de la cervecera Damm o la petrolera Disa, entre otras, y descendiente de un ministro de Franco. Las sociedades, radicadas en diferentes paraísos fiscales, fueron creadas en el despacho de Mossack Fonseca. Este trabajaba por encargo del bufete catalán Pretus, que protagonizó una de las mayores operaciones judiciales contra la evasión fiscal, que se bautizó con el nombre del despacho, el caso Pretus. Los casos y la relación entre sus protagonistas se entrecruzan. TIEMPO ha descubierto la hasta ahora desconocida historia sobre un importante traficante de armas con una relación muy estrecha con España.

En la avenida de Miraflores de la exclusiva zona de Puerta de Hierro, en Madrid, se alza una imponente mansión. Tiene un total de 2.179 metros cuadrados divididos en cuatro plantas y se alza en una parcela de 4.777 metros cuadrados. Tiene once dormitorios, once baños, cuatro vestidores, gimnasio, dos ascensores, comedor, estudio, biblioteca, invernadero... y piscina, junto a la que se encuentra otra edificación. Sobre esta impresionante finca pesa una orden que prohíbe disponer de la misma, dictada por el juez Baltasar Garzón en el contexto del caso Pretus que llevaba este magistrado. La mansión está valorada para subasta en una cantidad excepcional, 19 millones de euros.

La dueña de este inmueble es la sociedad Miraflores Dieciocho. Se trata de una empresa radicada en Panamá que pertenece al libanés Abdul Rahman El Assir, un traficante de armas con una larga trayectoria en España.

El Assir ha acompañado en cacerías a Francis Franco, el nieto del dictador, de quien se considera amigo. Es curioso, pero el administrador concursal (la antigua suspensión de pagos) de la empresa Miraflores Dieciocho es un abogado radicado en la casa de la familia Franco. El Assir, además, fue uno de los invitados a la boda de la hija del presidente José María Aznar con Alejandro Agag, de quien es amigo. El traficante también ha frecuentado las cacerías a las que asistía el rey Juan Carlos, quien le invitó a la ceremonia de enlace de los hoy reyes Felipe y Letizia. Su boda con María Fernández Longoria fue un acontecimiento. Se sabe que en los años 90 del pasado siglo reclamó una deuda de 10.000 millones de pesetas (unos 60 millones de euros si no se actualizara la cantidad) al Gobierno español por su intermediación en una venta de armas a Marruecos.

El caso BPN

 Miraflores Dieciocho no es la única empresa de El Assir radicada en Panamá y con inmuebles en España. También son suyas La Granjilla y Gransoto. Esta última, por ejemplo, tiene otra buena mansión de 700 metros cuadrados en una parcela de 4.000 con siete dormitorios en la urbanización gaditana de Sotogrande, donde veranean las mayores fortunas nacionales e internacionales. Sobre la finca pesa una hipoteca del Banco Portugués de Negocios (BPN) por 13 millones de euros y la de Madrid salió a subasta, instada por el mismo banco, por un valor de 19 millones de euros. La razón de estas altas hipotecas se encuentra en uno de los casos de corrupción más importantes que han estallado en Portugal, el caso BPN; la entidad quebró con una deuda de 700 millones de euros y tuvo que ser intervenida por el Gobierno. Una de las claves de su nefasta situación fueron las operaciones como las que mantuvo con El Assir y los préstamos a sus sociedades, que nunca pagó. Además, las sociedades panameñas de nombre español y con mansiones en Madrid o Sotogrande, participaron en negocios empresariales ruinosos para BPN, como la compra de la empresa Biometrics, donde participaba El Assir a través de La Granjilla, entre otras.

Y esto, a su vez, lleva a Alejandro Agag, el yerno de Aznar, que fue llamado a declarar en la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento portugués. Agag, además, había sido contratado por BPN para labores de asesoramiento sobre oportunidades de negocio en Latinoamérica, una contratación que no obtuvo resultados y que fue considerada un negocio caro, según dijo uno de los directivos en la comisión parlamentaria.

Pesquisas de Hacienda

 En esta comisión salió a la luz que la Agencia Tributaria española había pedido información a la portuguesa sobre las cuentas de las sociedades de El Assir en el BPN en el marco de una investigación sobre las operaciones de sus sociedades. Portugal no facilitó esta documentación con el argumento de que estaban protegidos por el secreto fiscal. España le persigue por presuntos delitos fiscales. Por otra parte, la investigación parlamentaria portuguesa sobre los 26 millones de euros concedidos a las empresas offshore de Panamá de El Assir no llegó a descubrir la finalidad de los mismos. Alejandro Agag, marido de Ana Aznar, la hija del expresidente del Gobierno, fue llamado a declarar en esta comisión para interrogarle sobre su presunta participación en la venta de armas a Marruecos en 1994 (en ese año, como se ha dicho, El Assir pretendía una comisión de 10.000 millones de pesetas) y sobre otra, esta vez frustrada, de la empresa de armamento española Santa Bárbara. También sobre si conocía los préstamos realizados al libanés y sus mansiones en España. Agag respondió que nunca había tenido “la más pequeña relación” con la venta de armas, pero tampoco reveló ningún detalle sobre cuándo y cómo conoció al traficante libanés.

Por último, los medios franceses han sacado a la luz una investigación que relaciona a El Assir con el atentado que sufrieron en 2002 en Pakistán empleados de la Dirección de Construcciones Navales (DCN) en el que murieron 14 personas, entre ellas, once franceses. Una investigación judicial en Francia siguió la pista sobre el desvío de parte de las comisiones ilegales que llevaba cobrando El Assir durante años para la financiación de la campaña presidencial de Edouard Balladur en 1995. Según las últimas investigaciones, los jueces creen que el suceso de 2002 no sería un atentado terrorista de Al-Qaeda, sino que podría estar ligado a la falta de pago de las comisiones por Francia. No es este el único caso en que está involucrada la venta de armamento. Los papeles de Panamá sacaron a la luz la empresa del expresidente de Bankia Miguel Blesa, a través de la que compró Construcciones Aeronavales, relacionada a su vez con la empresa Einsa. En los correos de Blesa intervenidos en la investigación que realizó el juez Elpidio Silva se mencionaba que intermedió para que José María Aznar consiguiera un contrato como comisionista de Einsa, según publicó Infolibre, para la venta de armamento a Libia. Aznar ha negado haberse beneficiado. En los correos también se citaban operaciones de tráfico de armas en las que se mencionaba a los hermanos Agag. Alejandro Agag negó rotundamente tener cualquier relación.