Los últimos etarras sueltos

Este 20 de octubre se cumplen cinco años del anuncio por parte de ETA del cese de su actividad terrorista. En este tiempo han sido detenidos la práctica totalidad de los miembros relevantes de la cúpula de la banda terrorista, hasta el punto de que el nuevo líder de la banda, Mikel Irastorza Artola, asumió el puesto el año pasado sin tener experiencia alguna en acciones de violencia callejera o en el funcionamiento de los comandos.

Antiguo portavoz del Foro de Debate Nacional, una plataforma impulsada por Batasuna y Eusko Alkartasuna (EA) en 2009, Irastorza se integró en el aparato político de ETA al pasar a la clandestinidad y le tocó asumir la dirección de la misma tras la detención de David Pla e Iratxe Sorzábal en septiembre de 2015, en lo que fue el golpe policial más duro contra la dirección etarra, aunque no el único, pues hubo un total de 47 detenciones de presuntos etarras en 2015, la mayoría en territorio español gracias a las actuaciones policiales contra la estructura de control de los presos de ETA. Las operaciones Jaque, Mate y Pastor implicaron la detención de casi treinta personas.

Aquellas detenciones en Francia y España llevaron al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a afirmar que ETA estaba “fundamentalmente en las cárceles” y que los que seguían huidos cabían “en un microbús”. Tal situación no ha cambiado un año después. La banda terrorista dejó de captar militantes tras su decisión de octubre de 2011 y apenas cuenta en la actualidad con una quincena de miembros en activo. La mayoría de ellos viven en territorio europeo con escasos recursos económicos. Perciben un sueldo mensual de unos 1.500 euros, 600 para cubrir sus necesidades más perentorias y 900 en concepto de “seguridad” si pierden contacto con la organización, y provienen de organizaciones como Ekin, Segi o Gestoras pro Amnistía. Es decir, del entorno de la antigua Batasuna.

A la quincena de dirigentes etarras habría que sumar alrededor de 150 miembros, todos ellos identificados por la Guardia Civil y la Policía, que se encuentran diseminados en Europa y América Latina, donde la mayoría vive por sus propios medios y con una implicación mucho menor que ese núcleo dirigente.

A esta cifra habría que añadir otros 200 jóvenes que han pasado por la kale borroka o violencia callejera y que serían susceptibles de formar parte de ETA en un hipotético futuro. Es la “reserva” o cantera de la que se nutriría la organización terrorista si decidiese volver a las armas.

En el último organigrama de la banda antes del anuncio del cese de la acciones armadas en 2011 destacaban tres veteranos: José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eusebio Arzallus Tapia, Paticorto; y Juan Cruz Maiztegui Bengoa, Pastor.

Los veteranos

El regreso de los veteranos a Francia data de 2006 cuando José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, llamó a seis históricos refugiados en América Latina para que le ayudasen en sus negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras la tregua y evitasen disensiones internas en una organización en la que los galones y el ascendente contaban mucho.

Entre ellos estaba Francisco Javier López Peña, Thierry, quien se encontraba en Cuba en “cuarentena” y que luego desbancó a Josu Ternera en los contactos con los enviados de Madrid, así como los citados Dienteputo, Paticorto, Eneko Gogeaskoetxea, Luis Ignacio Ireretagoyena, Suny, y Juan Cruz Maiza, Lohi. Este último tomó el mando del aparato logístico, pero fue detenido en julio de 2007, mientras que Suny fue arrestado en la localidad gala de Cahors dos meses después junto a otros tres etarras. Luego vendrían las caídas de Thierry en Burdeos y de Gogeaskoetxea en Cambridge (Reino Unido) en julio de 2011, el último golpe duro que encajó la banda antes de anunciar el fin de su actividad terrorista.

Así pues, de ese grupo de seis veteranos solo quedan en libertad Dienteputo y Paticorto. El primero es uno de los pistoleros más sanguinarios de ETA. Cometió seis asesinatos en la década de los ochenta antes de huir a México. Los retratos robot de él son vagos e imprecisos desde entonces, aunque varias personas creyeron verle en 2007 en Valencia, cuando ETA intentó atentar contra las instalaciones de la Copa América. Con anterioridad a esa fecha, las fuerzas antiterroristas le situaron durante un tiempo en Venezuela.

Paticorto tiene una trayectoria delictiva similar a la de Dienteputo. Primero ayudó a los sandinistas en Nicaragua en la década de los ochenta y luego ha estado en otros países latinoamericanos. Fue jefe del aparato logístico y, por tanto, encargado de la compra de material para la fabricación de explosivos. Era él quien decidía qué armas, componentes electrónicos y documentos eran susceptibles de ser comprados o falsificados, pero su rastro es un enigma. Su adjunto, Tomás Elgorriaga Kunze, alias Teo, fue detenido en Alemania en octubre de 2014 y en la actualidad cumple condena en Francia.

El tercer miembro del triunvirato de veteranos sería Juan Cruz Maiztegui, alias Pastor, hombre de confianza de Josu Ternera, ya que le acompañó a las reuniones de Oslo y Ginebra auspiciadas por el Centro Henri Dunant y en las que participó el socialista Jesús Eguiguren en representación del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Pastor tomó el mando del aparato logístico de ETA en 2007 tras la ruptura de la tregua y la detención de Lohi y luego pasó a dirigir la rama política tras la caída de Thierry en Burdeos. Los investigadores reconocieron su estilo de escritura en los comunicados de la banda escritos en euskera: “Duros en el fondo y precisos en las formas”. Pastor tenía como lugartenientes a Iratxe Sorzábal y David Pla, antes de que estos últimos escalasen hasta la cúspide de la dirección etarra.

Disolución

Cinco años después de que la banda anunciara el final de la violencia, ETA sigue resistiéndose a disolverse y a abandonar las armas que todavía conserva en su poder. La banda sigue reclamando una negociación política con Madrid y París para materializar este paso en vez de hacerlo por iniciativa propia. Su único gesto en este apartado fue el sellado de armamento que escenificó en febrero de 2014 con varios miembros de la Comisión Internacional de Verificación, no reconocida por el Gobierno español, en la que los etarras mostraron a los verificadores una cantidad exigua de armas y explosivos, hicieron un inventario de lo que habían puesto sobre la mesa y se lo volvieron a llevar, quedando las armas en su poder.

En junio de 2015 se produjo la incautación de 30 armas de fuego, 46 kilos de explosivo y varios detonadores en poder de ETA escondidos en un zulo de Biarritz (Francia). Un total de 19 revólveres de la marca Smith & Wesson y 11 pistolas de la misma marca fueron recuperados en esa actuación policial. Todas estas armas procedían del robo cometido por la banda en octubre de 2006, en plena tregua con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en los almacenes de una armería situada en la localidad francesa de Vauvert, donde los terroristas se apoderaron de un total de 404 armas. De este lote de armas robadas se han recuperado 179 en la última década, así que quedan aún 225 por descubrir dónde están.

La incautación de Biarritz tuvo, al margen de la vertiente policial, una dimensión política por un doble motivo. En primer lugar, porque ETA pretendía utilizar las armas reunidas en Biarritz para hacer un acto propagandístico de sellado, similar al realizado un año antes con miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Esa escenificación estaba prevista que coincidiera con la celebración en París de la que se denominó Conferencia Humanitaria para la Paz en el País Vasco, que tuvo lugar el 11 de junio en oficinas de la Asamblea Nacional francesa. En segundo lugar, la operación Brique desveló el intento de ETA por convertir el control de los zulos como un instrumento de presión de cara a los Gobiernos de Madrid y París, así como un arma propagandística para intentar movilizar a figuras y organismos internacionales en un desarme con luz y taquígrafos.

ETA ha llevado a cabo en los últimos años una reubicación de sus zulos, que en la práctica ha supuesto un cambio de escondites. Su objetivo ha sido aumentar la seguridad de los lugares de ocultación de su armamento, ya que había comprobado en los años anteriores que muchos de esos zulos estaban localizados y vigilados por las Fuerzas de Seguridad. Dicha reubicación de los escondites se ha mostrado eficaz, pues hasta 2015 no se encontró ninguno de ellos.

Arsenales

Las últimas estimaciones sobre los arsenales de ETA provienen de Francia. En junio de 2015, Laurent Hury, comandante de la Policía gala, testificó en un juicio contra etarras en París y señaló que la banda conservaba más de 200 armas cortas, así como más de 50.000 proyectiles de diferentes calibres, 500 kilos de polvo de aluminio, 28.000 placas de matrícula en blanco, ocho troqueladoras y cantidades indeterminadas de clorato de sodio, nitrometano, hexamina y componentes electrónicos. Algunas de estas cifras procedían de estimaciones lógicas. Por ejemplo, las armas cortas procedían del citado robo de Vauvert en 2006. El resto de los datos se calcularon a partir de documentos incautados a la propia banda terrorista en los que, en ocasiones, aparecían inventarios de material, aunque la cifra más difícil de conocer es la cantidad de armas que proceden del mercado negro y que aún están en manos de ETA.

 

Metralletas israelíes

La Guardia Civil indicó en un informe interno en noviembre de 2011 que ETA podía contar con 500 armas cortas y 300 armas largas. De las primeras hay que tener en cuenta un centenar de pistolas Star 28 PK que fueron robadas a la Ertzaintza a finales de los noventa, así como un centenar de pistolas Sig Sauer P228 y P226 semiautomáticas, de calibre 9mm parabellum, que son utilizadas por cuerpos de élite como los GEO españoles. ETA contaría también con un centenar de pistolas FH-Herstal compradas en Bélgica y repartidas por diferentes zulos desde la frontera española hasta los Alpes, así como los 225 revólveres Smith & Wesson robados en Vauvert. En cuanto a las armas largas, la Benemérita habló de doscientos fusiles de caza anticuados, varios fusiles semiautomáticos Franchi, modelo 12.71 y comprados en 2005 en el mercado italiano a 300 euros la pieza, aunque el mayor peligro vendría de varias metralletas automáticas Uzi, de fabricación israelí, de las MAT 49 adquiridas a la mafia marsellesa y de “decenas” de fusiles de gran calibre utilizados por francotiradores. La banda terrorista dispondría igualmente de granadas de mano tipo Jotake, elaboradas y montadas por los propios etarras: son poco precisas, aunque producen una fuerte explosión y gran cantidad de humo. Asimismo, ETA tendría en su poder cohetes anticarro de la marca Mekar, con un alcance de 600 metros, y una cantidad no precisa de material destinado a la fabricación de bombas: amonal, cordón detonante, polvo de aluminio, ácidos y nitrato de amonio ya aludidos por el comandante francés Hury.

En el frente de las cárceles, un total de 83 presos vinculados a ETA quedaron en libertad en España y Francia en 2015, la mayoría de ellos por cumplimiento de las condenas. El goteo de excarcelaciones ha seguido su curso a lo largo de este 2016. Hace cinco años había más de 700 etarras en prisión, de los cuales 560 estaban en cárceles españolas. A día de hoy se han reducido las cifras a la mitad: 353 presos en total, de los cuales 274 están en España y 79 en territorio francés, según el colectivo vasco Etxerat.

La reclamación de la amnistía se ha convertido en la bandera que ha agrupado a los sectores de la izquierda aberzale críticos con la estrategia oficial de ETA y Sortu. Este grupo de disidentes, aunque “minoritario” a ojos del Ministerio del Interior, protagonizó en 2015 algunos episodios con los que trataron de mostrar su fuerza en público. Los sectores críticos comenzaron a manifestarse en torno a un grupo bautizado como IBIL (acrónimo de Iraultzen Bilguneak, Comités Revolucionarios, en euskera) y más tarde en torno a otras siglas, las de Amnistia ta Askatasuna (ATA) y las del Movimiento Pro Amnistía. Han sido estas últimas las que han conseguido agrupar al mayor número de personas procedentes de la izquierda aberzale a favor de la amnistía para los presos, frente a las veleidades ideológicas de extrema izquierda que representa IBIL.

Disidencia

La disidencia dentro de ETA se ha extendido a casi un centenar de los antiguos presos de la banda terrorista, mientras que la mayoría de los etarras que están ahora en prisión tienen posturas más pragmáticas. La cuestión de la amnistía se ha convertido, por tanto, en el caballo de batalla que han elegido los críticos para marcar distancias con la estrategia adoptada por la banda y el resto de la izquierda aberzale, a los que acusan de haber abandonado esta reivindicación. Desde Madrid se insiste en que no habrá atajos jurídicos en forma de amnistías, indultos generales o leyes de punto final. Las leyes señalan el camino de la reinserción individual de los criminales, inclusive los etarras, por muy duro que sea de entender para la sociedad en general y, sobre todo, para las familias de las víctimas. Todo depende de cómo vayan dando los pasos cada uno de los condenados. Para ello, los causantes del dolor deben renunciar a la violencia, expresar arrepentimiento y compensar económicamente a los afectados si así lo determina un juez.

Lo único que puede hacer el Ejecutivo es indultar o conceder un derecho de gracia, previo informe de los tribunales y oídas las víctimas, cuya opinión puede tomar o no en cuenta. Eso sí, nadie puede ser indultado si no ha sido condenado antes, de modo que un huido o deportado con causas pendientes que quisiera una gracia del Estado, debería entregarse primero, afrontar un juicio y recibir su correspondiente condena. El Gobierno de turno también podría impulsar la derogación o reformulación de leyes antiterroristas pero necesita del apoyo del Parlamento, de modo que el margen de maniobra del Ejecutivo es reducido.

¿Es posible dar pasos en la reinserción antes de la disolución y entrega de las armas por parte de ETA? Difícilmente, por lo que la banda debería pensar en abordar ambos pasos de forma expeditiva si verdaderamente quiere resolver el problema de sus presos. Además, el Estado aprendió de sus errores: en 1982, cuando se produjo la disolución de la ETA político-militar, sus miembros (los llamados poli-milis) se entregaron en la Audiencia Nacional y mostraron en un vídeo cómo destruían sus armas.

Ello bastó al Gobierno de UCD para dejar a un lado la investigación de las causas que afectaban a los poli-milis, en la idea de que se produciría un efecto dominó con los defensores más recalcitrantes de la ETA dura y el terrorismo pasase a los libros de historia. La consecuencia de aquel cierre en falso de una parte de la banda fue que varios atentados quedaron sin esclarecerse, no hubo juicios y, por tanto, los familiares de las víctimas de la ETA-pm nunca supieron quiénes cometieron aquellas masacres.