Los magistrados que juzgarán el procés

14 / 12 / 2017 Javier Otero
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La instrucción del caso de Junqueras, los exconsellers y los Jordis podría durar un año.

Investigación. El magistrado Pablo Llarena es el encargado de la instrucción del caso por el que se juzgará a los miembros del Govern y la Mesa del Parlament. Foto: Joan Puig

El futuro de los responsables políticos del proceso independentista catalán está en manos de los magistrados del Tribunal Supremo. La mayoría de ellos son de talante conservador y van a determinar la sentencia que merece uno de los hechos más importantes en la historia política de la democracia. Sentados en la presidencia de la Sala de Vistas, tapizada de color rojo, color asociado con el crimen, y con un cuadro de un cristo crucificado al fondo, tendrán ante sí a los que fueron miembros del Gobierno de la Generalitat, a la casi totalidad de la Mesa del Parlamento autonómico y a los líderes de las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Eso, si caben todos junto con sus defensas.

La Justicia no está politizada, es lo que piensa Luciano Varela, “lo que ocurre es que los temas que afronta la Justicia le interesan a la política”, dice este magistrado, uno de los que ha admitido a trámite la querella contra los responsables del procés. “Existe una cierta incomprensión con la labor que realizamos” añade el magistrado Andrés Martínez Arrieta, otro de ellos.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, firmaba el pasado 31 de octubre el auto por el que admitía a trámite la querella contra Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña y otros exmiembros de la Mesa de esta Cámara. A partir de ahí, comenzaba el procedimiento por el que la instrucción y el juicio de los principales protagonistas del procés se acumula en el Tribunal Supremo.

La admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía en el Tribunal Supremo la realizaron los magistrados que llevan las causas especiales, las que corresponden a los aforados, dentro de la Sala Segunda o de lo Penal. Según el turno establecido, les tocó en ese momento a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, además del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Por lo pronto, uno de ellos ya no juzgará el caso. La inesperada muerte del Fiscal General del Estado José Manuel Maza en Argentina cambió el destino de Julián Sánchez Melgar, ya que fue elegido por el Gobierno como su sustituto.

Condena de Homs

Algunos de ellos ya han hablado sobre el conflicto catalán a través de una reciente sentencia. Se trata de la condena al exconsejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, a un año y un mes de inhabilitación por la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014, conocido como el 9-N, precedente del referéndum del pasado 1 de octubre. Además de Manuel Marchena como presidente y ponente, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta formaron parte del tribunal que condenó al ex conseller y ahora lo harán del que estudiará los hechos alrededor de la declaración de independencia.

El juez al que le ha correspondido la instrucción del caso es el magistrado Pablo Llarena. Todos coinciden en su altura técnica. Fue presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) hasta hace dos años. También hasta ese momento trabajó como juez en Cataluña, adonde sigue yendo varios días a la semana. Fue más flexible que la jueza de la Audiencia Nacional, que llevó en principio la instrucción sobre los investigados que no son aforados, ya que a diferencia de esta dio más tiempo a las defensas para prepararse antes de tomar declaraciones. De hecho, les dijo a los miembros de la Mesa del Parlament: “Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional”. También destaca que en su día dijo que no le gusta que el encaje de Cataluña en España se tenga que resolver judicialmente.

La instrucción del caso prácticamente acaba de comenzar y, por lo tanto, resulta difícil calcular lo que durará, pero puede extenderse debido a que la imputación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Òmnium Cultural se realiza como presuntos responsables de dirigir acciones contra las fuerzas de seguridad cuando realizaban registros y detenciones. Esto implica la práctica de más pruebas y declaraciones que los necesarios para las acusaciones contra los miembros del Govern catalán y la Mesa del Parlament. En el Tribunal Supremo consideran que si la causa fuera sólo contra estos últimos, la instrucción finalizaría en muy pocos meses. Sin embargo, con la implicación de los jordis, la investigación podría alargarse al menos un año. Por lo tanto, puede que haya magistrados diferentes llegado ese momento. Circunstancias como la muerte del fiscal general han hecho variar la composición del tribunal. Podrían darse otras, como la posibilidad de que alguno llegara a la edad de jubilación. Luciano Varela es el magistrado más cercano a esa fecha. Por lo demás, cuando llegue la fecha en que se celebre el juicio oral, lo más probable, como en otros casos, es que haya dos magistrados más de refuerzo a los cinco que se habían hecho cargo, en principio, de este caso.

Manuel Marchena es el protagonista principal, como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Apoyado por la mayoría conservadora, ha sido protagonista de asuntos de gran relevancia. En el momento en el que varios asuntos pendientes amenazaban el destino del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Manuel Marchena adquirió protagonismo como juez instructor de otra causa contra él: la investigación sobre los patrocinios de los cursos que impartió durante su estancia en Nueva York en una excedencia. El papel realizado por Marchena fue polémico, ya que admitió a trámite la querella al considerar que había nuevos datos para volver a investigar, a pesar de que una querella por los mismos hechos fue archivada un año antes. En aquel momento, el exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, tildó por ello a Marchena de “perfecto ignorante” y le acusó de tener “una absoluta mala fe” por seguir adelante, cuando el fiscal del caso sostenía desde el principio que, en cualquier caso, la causa había prescrito. Marchena archivó finalmente la causa por prescripción.

Marchena también formó parte del tribunal que condenó finalmente a Garzón por prevaricación por las escuchas a los abogados que autorizó en el caso Gürtel. La condena a once años de inhabilitación supuso el fin de la carrera judicial del magistrado de la Audiencia Nacional. También formaron parte de aquel tribunal los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, que ahora tienen en sus manos el futuro judicial de los protagonistas del procés.

Marchena se impuso como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hace tres años frente al progresista Cándido Conde-Pumpido. Venía de la carrera fiscal. Había llegado a Madrid de la mano del fiscal general en la época del PSOE, el también canario Eligio Hernández, aunque igualmente le fue bien con Jesús Cardenal, fiscal general con el PP. 

Doctrina Atutxa

Sin embargo, desde el punto de vista doctrinal, lo más relevante fue su papel como ponente de la conocida como doctrina Atutxa. Se trataba de la matización de criterio que se estableció en la doctrina Botín. En esta última, donde se estudiaba el posible enjuiciamiento del banquero Emilio Botín por las posibles irregularidades en la comercialización de un producto financiero conocido como cesiones de crédito, no permitía que prosperara la acción de la acusación popular si no lo hacía también una acusación particular o la fiscalía. Sin embargo, en la doctrina Atutxa, introdujo un matiz: sí podría salir adelante solo con la acusación popular si estaban en juego intereses generales difusos. En este caso eran los referidos a la actuación del que fuera presidente del Parlamento vasco al no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tal como había ordenado el Tribunal Supremo.

Marchena fue en su momento el fiscal de sala más joven y es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007, lo que le convirtió, con 48 años, también en el más joven. Se impuso en las votaciones al más veterano Conde-Pumpido, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Al año siguiente le tocó formar parte de la sala especial de 16 magistrados del Tribunal Supremo que ilegalizó el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) por considerarlo un sucesor de Batasuna, que había sido ilegalizada anteriormente.

A Marchena, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se le adjudica una muy buena relación con miembros del PP, entre ellos los exministros José María Michavila y Ángel Acebes. Su libro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está prologado por el ministro Rafael Catalá.

El exmagistrado Baltasar Garzón destaca en su libro En el punto de mira las estrechas relaciones de Marchena con Luis Rodríguez Ramos, abogado de uno de los implicados en el caso Gürtel. Ambos participaron en una reforma legal sobre las escuchas telefónicas. Precisamente Garzón fue condenado por las escuchas a los abogados de este caso. El exjuez de la Audiencia Nacional señala que Marchena, Rodríguez Ramos y Julián Sánchez Melgar (uno de los que debía juzgar el procés, pero que va a ser acusador al sustituir al fallecido José Manuel Maza como fiscal general) coincidieron en unas jornadas organizadas por el exministro Michavila en el que se trató sobre la regulación de las escuchas telefónicas. El encuentro se celebró solo quince días antes de que se abriera la causa contra Garzón por las escuchas del caso Gürtel.

El saludo a Felipe González

Un día de verano de 1998, Andrés Martínez Arrieta (hoy uno de los jueces del procés) recibió con un apretón de manos a Felipe González cuando el ya expresidente del Gobierno tuvo que declarar en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio del secuestro de Segundo Marey, una de las acciones de los GAL. El protocolo lo ordenaba y le tocaba a Arrieta, pero el gesto fue polémico. Sin embargo, fue el instructor del caso Nani, en el que se juzgaba la desaparición y muerte de un delincuente por parte de la Policía, bajo Gobierno socialista. Su investigación y las condenas posteriores provocaron nuevos protocolos de actuación con los detenidos para evitar que se repitieran hechos como este.

Arrieta fue fundador de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, que se encuentra entre la conservadora APM y la progresista Jueces para la Democracia. En su día también fue el magistrado más joven del Tribunal Supremo, donde se mantiene desde 1998. Fue el artífice de organizar el trámite de inadmisión para que no se acumularan en este tribunal los recursos en última instancia. Estudió con los jesuitas y señalan que tiene sensibilidad social. Su primera mujer fue la fiscal María Dolores Márquez de Prado, que luego se casó con el magistrado Javier Gómez de Liaño, inhabilitado por el caso Sogecable. También fue miembro del tribunal que condenó a Baltasar Garzón.

Julián Sánchez Melgar, que dice de sí mismo que va de frente y sin rodeos, tenía que ser también uno de los magistrados del procés, pero ha sido escogido por el Gobierno para ser nuevo fiscal general del Estado. Así, pasará de juzgar a acusar sobre los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Nació en Palencia, adonde casi siempre acude en vacaciones, y se emociona con la famosa canción I Will Always Love You, de Whitney Houston, de la película El guardaespaldas. Entre sus sentencias más relevantes destaca que fue ponente de la doctrina Parot, por la que los autores de varios asesinatos acumulan las penas de todos ellos en lugar de obtener beneficios penitenciarios como si solo hubieran cometido uno. También es partidario de la reforma que limita en el tiempo la instrucción judicial, que afecta especialmente a los macroprocesos que investigan grandes tramas de corrupción. Dijo una vez que le fastidia que el Derecho no sea una ciencia exacta.

A Juan Ramón Berdugo se le considera claramente conservador. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, sus sentencias suelen ser más extensas de lo habitual. Entre las más conocidas en las que ha participado se encuentra la reciente condena a un año de prisión para el cantante César Strawberry, líder del grupo Def con Dos, por la publicación de tuits considerados como enaltecimiento del terrorismo, en un tribunal en el que, por cierto, también estuvo el instructor de la causa sobre el procés, Pablo Llarena. Melgar también formó parte del tribunal que confirmó la validez de la conocida como Lista Falciani (que toma nombre del empleado de banca suizo que entregó a las autoridades datos sobre presuntos evasores) a la hora de condenar por delitos fiscales. Igualmente fue parte del tribunal que juzgó a Garzón por los cursos de Nueva York.

Luciano Varela es un hombre con un carácter fuerte, quienes le conocen dicen que visceral. Quizá tenga que ver con el hecho de que, como él mismo dice, a veces su problema “es que la lengua la dejo muy descontrolada”. Fue uno de los magistrados que firmaron la inhabilitación de Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel y también fue el encargado de la instrucción del caso de la investigación sobre los crímenes del franquismo realizada asimismo por Garzón. Su postura fue llamativa. Había sido apoyado por los progresistas para su entrada en el Tribunal Supremo, y fue fundador de la igualmente progresista asociación Jueces para la Democracia, pero se alineó con los conservadores en sus actuaciones contra Garzón. 

Amigos y enemigos

Algunos sostienen que su enemistad nació el 12 de junio de 1990. Ese día, Garzón dirigió una espectacular redada contra los clanes de traficantes de droga en las rías gallegas conocida como operación Nécora. El caso había pasado por las manos de Luciano Varela y fue a parar luego a las de Garzón. En aquella gran operación se fraguó el término de juez estrella, que ha perseguido a los magistrados que se han destacado por protagonizar los casos más sonados. Entre Varela y el exministro socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, hay una gran amistad. Precisamente Garzón mantuvo fuertes roces con este durante la etapa en que el magistrado fue elegido por Felipe González como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas. Belloch, por su parte, le encargó a Varela el borrador de la Ley del Jurado, la que hizo posible que esta figura se estrenara en la democracia.

Varela tardó en entrar en el Supremo. Lo hizo en 2007 tras un acuerdo en el que debía hacer de contrapeso del perfil fuertemente conservador de Marchena. Ahora que protagoniza un juicio con tintes tan políticos es pertinente señalar que, según dice, no es que la Justicia esté politizada, sino que lo que ocurre es que los temas que afronta la Justicia le interesan a la política.

Por último, los recursos sobre las decisiones de Llarena serán estudiados por los magistrados Francisco Monterde, Alberto Jorge Barreiro y quien sustituya a Cándido Conde-Pumpido. Este, que fuera fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fundador y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, dejó de formar parte del Supremo al ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. La ausencia de Conde-Pumpido supone que por ahora en las decisiones sobre el destino de los responsables del proceso independentista hay un magistrado menos de los considerados progresistas. Monterde, conservador de la Asociación Profesional de la Magistratura, fue por un tiempo instructor del caso Gürtel y también atendió los recursos del caso Faisán, conocido por el del chivatazo a ETA. Alberto Jorge Barreiro, progresista, fue instructor de la causa que inhabilitó al juez Garzón y también del caso ERE, que precisamente se va a juzgar ahora. Barreiro, miembro de Jueces para la Democracia, se mostró en su día muy crítico con el comportamiento del Gobierno en el caso GAL y fue uno de los autores de una sentencia que desactivó en parte la llamada Ley Corcuera, conocida como la de la patada en la puerta.

EFE.-Manuel-Marchena-F

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda Segunda del Tribunal Supremo. Foto: S. Barrenechea

Aforados y delitos

El viaje del procés por los tribunales

Los miembros de la Mesa del Parlament y también los del Gobierno catalán comenzaron compareciendo en la Audiencia Nacional ante la jueza Carmen Lamela. El Tribunal Supremo considera que no se pueden escindir los hechos en dos causas diferentes, aunque unos miembros estén aforados y otros no. Antes de que se precipitaran los hechos, parecía más sencillo que todos los protagonistas pasaran por el Supremo. Los principales protagonistas del proceso independentista, tanto los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, como del Gobierno de la Generalitat, eran aforados. En el caso de los aforados que formen parte de Parlamentos o Gobiernos de comunidades autónomas, estos deben ser juzgados en los tribunales superiores de justicia de estas autonomías.

El problema surgió una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución y destituyó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su Gobierno. Al dejar de ser aforados, la competencia para llevar el caso ya no recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que fue la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la que tomó las riendas del mismo. 

Sin embargo, el Supremo ha decidido hacerse con el caso ya que estima que los hechos no se pueden escindir en dos instancias judiciales diferentes. Esto es así porque algunos hechos no se entienden si no es en su conjunto. Además, podría darse el caso de que se tomaran decisiones contradictorias, como ocurrió cuando el Supremo accedió a retrasar la declaración de los miembros de la Mesa del Parlament para que sus abogados pudieran prepararla adecuadamente, mientras que la jueza de la Audiencia Nacional, Lamela, no accedió a esa pretensión para los defensores de los miembros del Govern. 

Otro componente que pesó a la hora de que el Supremo se haga con la causa en su totalidad ha sido la de considerar que los delitos investigados pueden abarcar a todo el territorio nacional e incluso tener un componente internacional, como sostuvo la fiscalía. Este tribunal ha aceptado esta posición, aunque solo en cuanto a señalar que es la instancia a la que le compete el caso.

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