Los informes secretos de la embajada española sobre Trump

Los dos primeros meses de la Administración Trump han sido un continuo torrente de noticias, dimisiones inesperadas y situaciones tan poco conocidas en Estados Unidos como ver a un presidente fustigar en su cuenta personal de Twitter a sus rivales políticos y a todo aquel que osara manifestarse en su contra, bien fuesen ciudadanos de a pie, una fiscal general en funciones –Sally Yates– o jueces federales como los que tumbaron su primera orden migratoria, en la que se vetaba la entrada en Estados Unidos a los nacionales de una serie de países de mayoría musulmana. Han sido dos meses en los que el nuevo presidente ha ido suavizando sus formas y en los que el Gobierno español se ha guardado mucho de criticarle en sus primeros compases.

A principios de febrero, cuando el PSOE afeó a Alfonso Dastis su “política de apaciguamiento” frente al “ataque directo” del presidente de EEUU contra México, la democracia y los derechos humanos, el ministro de Asuntos Exteriores tiró de su repertorio de diplomático para negar que España estuviese guardando silencio. Es más, defendió una posición que se basa en actuar “con serenidad y sin precipitaciones” de cara a Washington, al tiempo que insistió en que el Ejecutivo español ha mostrado un “apoyo incondicional” a México “desde el primer momento” en el que Trump puso sobre la mesa la construcción de un muro en la frontera con su vecino del Sur, una obra que dijo que los propios mexicanos pagarían de su bolsillo y que precedió a la decisión de la Casa Blanca de agilizar los trámites para la repatriación de inmigrantes ilegales que viven en territorio estadounidense.

Mariano Rajoy, por su parte, ha dejado claro en las últimas semanas que su objetivo es tener unas buenas relaciones con EEUU. “Compartimos valores, tenemos intereses comunes: seguridad, [política] exterior, defensa, también relaciones comerciales”, aseveró el presidente del Gobierno en una reciente entrevista. Y por si no hubiera quedado claro, subrayó que EEUU es el primer inversor del mundo en España. Sin embargo, los informes que han llegado al Gobierno en estos dos meses desde la Embajada de España en Washington tienen otro cariz bien distinto.

Los cables diplomáticos a los que ha tenido acceso TIEMPO describen una Administración Trump sumida en una “percepción general de caos” en sus primeros meses de funcionamiento, con filtraciones que vienen de los propios servicios de inteligencia “para destrozar reputaciones” y guerras soterradas que en el caso de la política exterior, enfrentan “al establishment” político de la capital con “los insurgentes de la Casa Blanca” que quieren “destruir el orden internacional liberal”. Dicha batalla aún no ha concluido.

De la “retórica encendida” de los primeros días por parte de Trump se pasó a una serie de decisiones relevantes en política exterior por parte del mandatario “sin haber dejado que su equipo, ni siquiera el nuevo secretario de Estado [Rex Tillerson], se asienten definitivamente” en sus respectivos puestos, se subraya en un mensaje reservado del 2 de febrero. Por ejemplo, el nuevo presidente “no quiere enredarse en el regime change en Oriente Medio” que su predecesor, Barack Obama, impulsó a través de las primaveras árabes, pero sí está dispuesto a demostraciones de fuerza usando el “músculo militar” de EEUU en la convulsa región. Un ejemplo “muy sencillo” de ello fue la operación de comandos en Yemen: aplazada primero por Obama, luego fue “mal preparada” con Trump ya en la Casa Blanca, registró numerosas víctimas civiles, hubo bajas estadounidenses y el presidente tuvo una “asistencia precipitada” a las honras fúnebres del primer soldado muerto bajo su mandato. “Si a eso se añade que países como Irán, Corea del Norte, China o Rusia pueden estar muy tentados de tomar el pulso a EEUU en estas primeras semanas de mandato, la situación resulta muy delicada y volátil”, vaticina la embajada española.

Los diplomáticos españoles no solo emiten sus juicios de valor sobre el alcance de los anuncios y decisiones de Trump, sino que en ocasiones previenen a Madrid de futuras acciones. Ese mismo día 2 de febrero, la embajada que dirige Ramón Gil-Casares alertó de que la Casa Blanca estaba preparando una orden ejecutiva que afectaría a la inmigración legal y que podría tener “serias consecuencias” para las empresas de tecnología, sobre todo las de Silicon Valley, al reducir el número de admitidos al año en el país, eliminar el sorteo anual de visados de diversidad, incrementar las inspecciones en los lugares de trabajo, reformar la formación post-universitaria y, por último, reforzar el programa de verificación electrónica de credenciales de los trabajadores. En este gran saco podrían caer muchos españoles.

También se hablaba de los visados tipo H-1B, que permiten la entrada laboral en EEUU para personas con cualificaciones muy elevadas y se tramitaban en apenas dos semanas, y que un mes más tarde la Administración Trump ha decidido suspender por seis meses a partir del próximo 3 de abril. “El sector tecnológico desea un aumento del cupo anual de este tipo de visados, establecido actualmente en 85.000, por considerar que hay medio millón de vacantes sin cubrir”, se indicaba entonces. Unas semanas más tarde llegó una decisión del Servicio de Inmigración en este sentido, advirtiendo de que los trámites serán a partir de ahora mucho más lentos y farragosos en campos como la informática, la medicina o la ingeniería, y que el ansiado visado podrá tardar en llegar hasta ocho meses.

Tras el tema migratorio llegó el choque frontal con México, en un momento en el que el Gobierno de Peña Nieto no había recibido aún el beneplácito de la Administración Trump para el nuevo embajador mexicano. La encargada de negocios de México en Washington, Ana Luisa Fajer, relató a su contraparte española el 6 de febrero los “momentos de alta tensión” entre ambos países y la situación “de desconcierto y cierto desamparo” en la que se encontraba la diplomacia mexicana “frente al nuevo rumbo y las nuevas maneras” que emanaban de la Casa Blanca.

La representante diplomática de México señaló la “gran incomodidad y situación sin precedentes” en la que estaba su Gobierno y consideró que “un papel determinante en el tono y los mensajes” que lanzaba Trump contra México partían de dos de sus más directos asesores: el gurú estratégico Steve Bannon y una persona menos conocida de origen hispano, Peter Navarro, consejero presidencial para asuntos comerciales, y que hasta hace pocos meses estaba en la órbita demócrata. Sin embargo, fue reclutado por el nuevo presidente a raíz de una serie de libros sobre economía que ponen en entredicho los acuerdos de libre cambio que lanzó Bill Clinton en los noventa y la admisión de China en instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

México, además, se prepara ya para la expulsión de ciudadanos en situación irregular en Estados Unidos, “un hecho que se pondrá en marcha sin demora”, a tenor de lo dicho por Fajer. De los 35 millones de personas de origen mexicano que viven en el vecino del Norte, un total de 11,6 son nacidos en México y otros cinco no tienen los papeles en regla. Los 50 consulados mexicanos en EEUU han sido reforzados con un crédito extraordinario de 50 millones de dólares (46,3 millones de euros) y se están convirtiendo, en palabras de la número dos de la embajada mexicana, “en verdaderos centros especializados en la atención jurídica y la defensa de las personas en situación irregular”. Si bien con Obama hubo más de dos millones de deportados mexicanos, “ahora la diferencia es el carácter masivo” que quiere imponer Trump y “la narrativa que lo acompaña”. En todo caso, México quiere que las expulsiones se lleven a cabo “de manera ordenada, por los puntos pactados y con respeto de los derechos de los deportados, con exclusión de cualquier otra nacionalidad que no sea la mexicana”, algo que ya ha recalcado el Ejecutivo de Peña Nieto.

Una de las revelaciones que hace la embajada española al Gobierno de Rajoy afecta de lleno a la política alemana. El vicecanciller y ministro germano de Exteriores, Sigmar Gabriel, se reunió a principios de febrero en Washington con el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, el jefe de la diplomacia, Rex Tillerson, y los líderes republicano y demócrata de la Comisión de Exteriores del Senado. A los pocos días, el número dos de la embajada alemana en Washington, Boris Rugge, se reunió con sus homólogos europeos y les contó que su país “no oculta la preocupación que le suscita tanto la posibilidad de que se produzcan ciberinterferencias de origen ruso” en los comicios del 24 de septiembre para renovar el Bundestag, “al igual que ocurrió en EEUU” en noviembre, así como de la sospecha de que “uno de los más próximos consejeros del presidente, Steve Bannon, tenga vínculos con AfD”, el partido de extrema derecha populista que en las encuestas está poniendo en peligro la mayoría conservadora de Angela Merkel.

La cuarta semana de la Administración Trump arrancó “con indicios de crisis interna en el círculo de poder más inmediato” al presidente a raíz de la polémica por la supuesta conversación en diciembre del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con el embajador ruso, Sergey Kislyak, en la que el primero habría comprometido un posible levantamiento de las sanciones anunciadas por Obama cuando aún estaba en la Casa Blanca y que motivaron que Vladimir Putin no replicase con una acción sancionadora en la misma proporción. Lo llamativo es que algunas fuentes consultadas por la embajada española “no dudan en adivinar que una conversación de Flynn, tan temprana en el tiempo, con el embajador ruso, no habría podido tener lugar sin el visto bueno del entonces presidente electo Trump”.

En cualquier caso, los diplomáticos españoles relacionaron este episodio “con la percepción de caos y ansiedad” que se vive en la Casa Blanca, al tiempo que se percibían “otras posibles desavenencias” del mandatario con dos de sus más estrechos colaboradores: el portavoz, Sean Spicer, y el jefe de Gabinete, Rence Preibus. En el primero veían “inseguridad comunicativa” y del segundo se hicieron eco de los comentarios de Christopher Ruddy, presidente de Newmax Media y uno de los principales donantes de Trump durante la campaña, quien culpó a Preibus “de su pobre asesoramiento y nulo conocimiento administrativo” con la orden ejecutiva sobre inmigración que luego fue suspendida por varias instancias judiciales.

La dimisión de Flynn en la noche del 13 de febrero llevó a la embajada española a analizar las filtraciones de inteligencia que acabaron con la efímera carrera política de este general retirado y la llamada “conexión rusa”. Sobre lo primero, el informe advierte al Gobierno español de que la filtración de transcripciones de conversaciones que implican a oficiales norteamericanos por parte de la inteligencia de EEUU son “muy excepcionales y, por definición, van dirigidas a destrozar reputaciones”, caso del dimitido Flynn. ¿Quién puede estar en el origen de tal acción? El denominado “Estado permanente”, un concepto que engloba al “sustrato funcionarial” de la Administración federal norteamericana y de las agencias de inteligencia. El consejero de Seguridad Nacional sentía “animadversión” hacia la comunidad de inteligencia y tuvo una actitud “agresiva” hacia la candidata demócrata, Hillary Clinton, así que “muchos móviles podrían darse cita” en este caso para provocar la citada dimisión. En cuanto a la conexión rusa, esta “podría ser la larga sombra que cubre todo” y el cese de Flynn “el primer efecto” de ello, según el autor del informe. Dicha intromisión se remonta a la “interferencia electoral” de noviembre en EEUU que la inteligencia norteamericana “ha dado por sentada y que, por ahora, no ha tenido todo el alcance que podría esperarse para un hecho de tal gravedad”. Esta misma semana se ha sabido que el FBI investiga la presunta ayuda que Rusia proporcionó a la candidatura de Donald Trump, tal y como anunció el director de esta agencia, James Comey.

El presidente convocó a los medios el día 16 de febrero para anunciar su nuevo candidato para el Departamento del Trabajo, Alexander Acosta. Más allá del lacónico anuncio, Trump dedicó sus casi 80 minutos de exposición mediática para reafirmar los éxitos de su recién estrenada Administración y denunciar especialmente, con salvadas excepciones, el trabajo “deshonesto” y “antiamericano” de los medios de comunicación.

“Es inevitable pensar que el presidente no renuncia, por tanto, a la demagogia que tantos beneficios electorales le reportó”, se indica en un informe. El resultado de todo ello es una “persistente percepción de caos”, así como una “incipiente fatiga tanto de observadores como del propio presidente”. En la citada aparición pública, hubo analistas que “le vieron disfrutar en su peculiar salsa comunicativa” pero otros notaron un Trump “abrumado por el peso de una responsabilidad compleja e inédita para él”.

A ello se une un secretario de Estado “débil” y con “poca visibilidad” en el escenario internacional al ser visto en “posición reactiva de improvisado apagafuegos”. La “animadversión recíproca” entre Trump y el Departamento de Estado “no hacía presagiar un fácil encuadre” de Tillerson en la nueva Administración republicana, subrayan los diplomáticos españoles. Además, el mandatario favorece por el momento “una gestión cerrada a su círculo más inmediato que incluye ámbitos de política exterior que ejercita directamente, sin filtros ni asesoramientos”. Asimismo, se observa el interés de asesores como Bannon o el yerno del presidente, Jared Kushner, por los temas internacionales.

El marido de Yvanka se atribuye, por ejemplo, un posible papel en la resolución del conflicto de Oriente Próximo entre israelíes y palestinos, un “coto por excelencia” del Departamento de Estado en los últimos años. En cuanto a Bannon, “percibido como la auténtica eminencia gris de la Administración Trump”, cargó con “extrema dureza” contra los medios de comunicación en su primera aparición pública tras su toma de posesión y desgranó las tres ideas fuerza en las que EEUU se ha embarcado: seguridad nacional y soberanía, nacionalismo económico y “deconstrucción” del Estado administrativo. Estos conceptos entran en confrontación con el orden liberal que ha expandido la primera potencia por todo el mundo en las últimas décadas y que ha creado dos bandos en Washington. Por un lado, el citado establishment político que controla aún muchos resortes del poder. Y por el otro, los llamados “insurgentes” de la Casa Blanca con el mismísimo Trump a la cabeza. Para que la campaña de los insurgentes triunfe es necesario que el mensaje llegue al mayor número de republicanos que hay en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Un objetivo difícil a tenor de la oposición de parlamentarios del partido como John McCain o Lindsey Graham. Incluso, los think tanks más próximos a los republicanos, como el American Enterprise Institute o el Heritage Foundation, son reacios a sumarse a esta cruzada de “nacionalismo económico” que pretende “destruir” el orden internacional liberal.

Todo ello sin descartar que se desencadene un conflicto internacional. “Hay que retener la clara preocupación que existe en Washington ante la posibilidad de que la frágil y dividida Administración Trump tenga que enfrentarse en los próximos meses a una crisis internacional seria”, hace hincapié la embajada española. ¿De dónde puede llegar ese peligro? De Corea del Norte, “la crisis más probable, más compleja y peligrosa” que se le puede presentar al Gobierno estadounidense en estos momentos. Varios expertos ya han advertido que Washington no está preparado para una crisis en toda regla con Pyongyang. “No están cubiertos los puestos en los departamentos, el Consejo de Seguridad Nacional no está funcionando y no hay ningún proceso de consulta entre departamentos ni de discusión, análisis y formulación de políticas y eventuales reacciones”.

Un sombrío panorama en medio del “torbellino mediático” del que solo se salva el nombramiento el 21 de febrero del sucesor de Flynn, el general McMaster, una persona a la que no conocía previamente Trump, y el discurso del presidente ante el Congreso el 1 de marzo por su “impacto positivo” en la capital.