Los agujeros negros del plan de Mas

El 27 de septiembre y las “elecciones plebiscitarias”, están a la vuelta de la esquina. En caso de ganar por mayoría absoluta la famosa “lista única” promovida por Artur Mas, “el nuevo Estado catalán –dicen sus partícipes– se encontrará en una situación similar a la del Estado español en el momento de la Transición del franquismo al ordenamiento derivado de la Constitución democrática de 1978”. ¿En cuánto tiempo se produciría la “desconexión” con España? Francesc Sánchez, responsable de régimen interno de Convergència y de sus servicios jurídicos, es rotundo: “Está pactado que tras las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre se convoquen otras elecciones constituyentes en un plazo no superior a los 8 meses”, señaló a TIEMPO. Pero hay dos problemas: el Gobierno central no está por la labor de facilitar la secesión y el plan de la lista de Mas tiene agujeros negros.

Ante las previsibles dificultades que pondrá el Gobierno central, los independentistas vaticinan que la única solución para la “desconexión” es la proclamación unilateral de independencia, que implicaría que “las instituciones del nuevo Estado catalán asuman directamente las funciones que las leyes vigentes atribuyen a determinadas instituciones del Estado”. A este respecto, Artur Mas dispone de estudios que detallan los pasos a seguir. El informe La sucesión de Ordenamientos y Administraciones, del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) especifica, por ejemplo, que dejarán de tener sentido “la Administración periférica del Estado o las subdelegaciones del Gobierno en Cataluña”.

En otros ámbitos, los órganos jurisdiccionales españoles deberían ser cambiados por otros. Por ejemplo, “claro está que no existen en Cataluña el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo, tampoco el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Banco de España o las Comisiones Nacionales del Mercado de Valores, de los Mercados y de la Competencia, pero sí que existen el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), la Sindicatura de Cuentas, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, la Comisión Jurídica Asesora, la Agencia Tributaria de Cataluña, la Autoridad Catalana de Protección de Datos o la Autoridad Catalana de la Competencia, entre otros”.

Las estructuras de Estado necesarias para poner en marcha la nueva Cataluña son la Agencia Tributaria de Cataluña, la Agencia de la Seguridad Social, el Banco Central, la Constitución y las embajadas. Paralelamente, toda una serie de organismos para controlar la energía, las telecomunicaciones, las infraestructuras aeroportuarias o los mercados. Todo ello, claro, manteniendo el euro como moneda y con dudas serias sobre cómo formar un Ejército propio. En este punto algunos hablan de unas fuerzas armadas catalanas al estilo de las belgas, con reservistas y encomendando a la OTAN la defensa del territorio ante ataques externos.

“Evidentemente, la principal infraestructura, la que llevamos trabajando desde hace tiempo, es la Hacienda catalana. Es la base de todo, porque permite recaudar los impuestos y luego acometer el gasto público”, explica a TIEMPO Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Convergència. “Una Hacienda catalana que no debe ser una copia de la española, que se ha demostrado que es un modelo caduco y fracasado, habida cuenta del elevado fraude fiscal que permite. Nosotros hemos comparado muchos modelos y nos hemos fijado especialmente en el modelo australiano, que combina excelentemente eficacia y complicidad con los ciudadanos, hasta el punto de ser una de las instituciones más valoradas por la población”.

La otra estructura es la Agencia de la Seguridad Social. “Con los recursos de la Hacienda, podemos garantizar la protección social. Aquí hay un discurso del miedo del Gobierno central sobre la ruptura de la caja única. Pero lo que debemos hacer es buscar fórmulas para garantizar las pensiones, que son un derecho personal y no territorial. Se trata, en definitiva, de un mecanismo estructural, un tema más de logística que de otra cosa”, señala Turull. Pero no dicen cómo financiarían este gasto extra, porque ahora las pensiones las paga la Seguridad Social estatal.

Existe, no obstante, un problema grave: ¿qué hacer con los 35.000 empleados públicos que dependen de la Administración central? Los asesores de Artur Mas lo tienen claro: “Pueden llevar a cabo una opción personal de abandonar Cataluña”, aseguran. Dan por hecho que serán sustituidos por otros funcionarios mediante mecanismos de suplencia, pero hay que reconocer a ese personal “la posibilidad de quedar adscrito a la Administración catalana y los derechos adquiridos vinculados a su trayectoria profesional”.

En el caso de una separación no pactada de Cataluña, el problema sería mayúsculo y la Generalitat no tendría otra salida que reclutar nuevo personal que asumiese las funciones de los empleados del Estado central (pero, en ese caso, sería personal poco experto) o “por la formalización de una oferta lo bastante ventajosa” a los actuales funcionarios para facilitar “su abandono de la Administración española y estimular el ingreso en la Administración catalana”. Esa oferta incluiría “el derecho a obtener la nacionalidad catalana”. Y es lógico, puesto que “uno de los requisitos tradicionales para acceder a cualquier sistema de función pública es el de tener la condición de nacional del Estado en cuestión”. Con ello, el Gobierno catalán mata dos pájaros de un tiro: recluta al personal y solventa el problema de su nacionalidad.

Constitución provisional. La mayor incertidumbre del llamado proceso catalán, no obstante, es el periodo constituyente que se abre tras las elecciones “plebiscitarias” del próximo 27 de septiembre. En ese caso, los independentistas prevén un conjunto de leyes que deben regular la “adaptación del sistema institucional de Cataluña hasta la aprobación de la Constitución”, el “régimen provisional de los derechos y libertades de las personas”, el “régimen provisional de la nacionalidad”, el de “uso de las lenguas”, el “régimen transitorio provisional del ordenamiento jurídico”, la “relación provisional con el Estado español” y la relación de Cataluña con otros Estados. Sería necesaria una ley que actuara a modo de “constitucional provisional”.

En términos jurídicos, para aprobar esta ley no sería necesaria “ninguna mayoría especial, ya que el Estatuto actual no contiene, naturalmente, ninguna previsión sobre ninguna ley de esta naturaleza. Esto, sin embargo, es una aberración para los contrarios a la independencia. “¡Pero si para reformar el Estatuto se necesitan los dos tercios de la Cámara, es decir, al menos 90 diputados! –dice a TIEMPO Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán–. La ley de transitoriedad que tienen en mente no tiene ni pies ni cabeza. Jurídicamente no se aguanta por ningún lado. Lo que buscan es que en un momento determinado, el Gobierno español adopte medidas de fuerza. Por eso van provocando, a la espera de que el Gobierno caiga en alguna medida de fuerza. Y en ese momento, ellos, inmediatamente, recurren al exterior, acusando al Estado español de oprimirles. Eso es lo que esperan”.

Los independentistas insisten, en cambio, en que tras las elecciones del 27 de septiembre, y en caso de que ganen los secesionistas y se proclame la independencia, debería prepararse una Constitución catalana, muchas de cuyas normas “podrían remitirse a normas hoy existentes y vigentes en Cataluña, como el propio Estatuto de Autonomía, el Convenio Europeo de Derechos Humanos e incluso la Constitución española, introduciendo solo los cambios o las adaptaciones que fueran convenientes”.

Esta Constitución, dicen los expertos, no debería ser muy extensa y, “dadas las circunstancias, parece una buena alternativa la opción de incorporar provisionalmente al nuevo ordenamiento catalán los derechos reconocidos en los principales instrumentos jurídicos vigentes en Cataluña hasta el momento, especialmente el Título I de la Constitución española (particularmente, el artículo 10 y los capítulos II y III). El capítulo IV, relativo a las garantías, debería adaptarse, especialmente al desaparecer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y el capítulo V (suspensión de los derechos y libertades) debería ser objeto de una reflexión específica, con la opción de no prever durante este periodo regímenes excepcionales de suspensión de derechos o, en todo caso, de modularlos adecuadamente”. El papel del Tribunal Constitucional sería ejercido, en adelante, por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).

El informe El proceso constituyente del Consejo Asesor para la Transición Nacional augura que el Estado español dispone de instrumentos jurídicos para impugnar ante el TC las actuaciones de la Generalitat e incluso puede aplicar el artículo 155 de la Constitución “para requerir al presidente de la Generalitat y, en caso de no ser atendido su requerimiento, instar al Senado para que autorice por mayoría absoluta la adopción por parte del Gobierno estatal de ‘las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso’ de las obligaciones legales o constitucionales que considere vulneradas o para proteger el interés general que considere violado”. Algunos también prevén la “intervención de algunas instituciones y/o servicios de la Generalitat e, incluso, la suspensión de la autonomía”. En caso de una reacción extrema, podría incluso aplicar algunos de los estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución (estados de alarma, excepción y sitio).

“Que el Estado nos respete”. Pero, advierten los asesores, la oposición del Estado “tiene límites, tanto en relación con los medios utilizables como a su probable eficacia a medio plazo. El Estado, en efecto, no podría adoptar medidas que supusieran una limitación, y menos aún una suspensión o una supresión de los derechos y libertades de las personas. Si este fuera el caso, podría incluso intervenir la Unión Europea a través de los mecanismos previstos en el artículo 7 del Tratado de la Unión”.

Francesc Sánchez confía en que “el Estado español sea democrático. Si hay unas elecciones convocadas en plan plebiscitario, debería respetarse lo que se vota y el resultado de la votación. Ahí votaremos si queremos independencia. Luego, el Estado español habría de respetar lo que salga de las urnas y la decisión que tome posteriormente el Parlamento elegido por el pueblo”.

En el caso de un bloqueo institucional, los independentistas confían en que entren en escena “actores diversos, en especial de carácter internacional, pero también de la sociedad civil. El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir un factor decisivo para este objetivo”. Si las movilizaciones no tienen éxito, solo queda la “proclamación unilateral de la independencia”. Pero son conscientes de que “una proclamación de este tipo solo se puede producir, para ser eficaz, si se puede ejercer de manera efectiva el Gobierno en el territorio, que supone su control. Ello implica disponer de las estructuras de Estado básicas e indispensables para este fin”.

Hay un detalle: la declaración unilateral de independencia “conlleva la voluntad de desconectar de manera inmediata de las instituciones del Estado español y de su ordenamiento jurídico, de tal manera que ya no se reconoce la autoridad de las primeras ni la vinculación al segundo. La autoridad pública en Cataluña a partir de ese momento es solo la Generalitat y el ordenamiento jurídico aplicable es solo el que emana de la voluntad de sus instituciones”.

Último cartucho. Pero, ¿podrá la Administración catalana subsistir por ella sola? Para el portavoz del PP, Santi Rodríguez, no todo es tan fácil. “El incremento del coste de construir un Estado será brutal. España tiene un billón de euros en deuda pública. Pues bien, a Cataluña le correspondería una parte de esa deuda, que unida a los 70.000 millones que tiene ahora de endeudamiento, dispararía la deuda catalana hasta los 150.000 o 170.000 millones de euros, que se sitúa por encima del 100% de su PIB. Y los costes financieros para asumir esa deuda son estratosféricos”. El dirigente popular también critica que “para medir el déficit fiscal, los independentistas se acogen solo al método del flujo monetario. Es decir, que si España compra un avión y lo destina a la base aérea de Murcia, se contempla que ese bien es de Murcia. Sin embargo, el avión beneficia al conjunto y no se puede repercutir solo en aquella comunidad”.

Y hay algo más. Desde el PP catalán se deja correr el rumor de que queda un cartucho más en la recámara. Se puede promover una moción de censura en el Parlamento catalán cuyos trámites de aceptación harían imposible la fecha del 27-S y aguaría los planes de Mas, al menos en cuanto a las fechas, que podrían cruzarse con las de las elecciones generales. 

El pariente españolista de Pep Guardiola

Santpedor (Sampedor si se escribe en castellano) es un pueblo que en 2014 rozó los 7.500 habitantes. Antiguo feudo del somatén catalán, hoy en día está gobernado por los republicanos de ERC desde 2003. Es el principal municipio de la comarca manresana de Bages y dos hijos ilustres se disputan el cariño de sus habitantes. El primero es Isidre Llusa i Casanova, más conocido como el tamborilero del Bruch, el joven que con su tronar en el desfiladero de Montserrat hizo pensar a las tropas napoleónicas que se encontraban ante un ejército español superior en número. El segundo es Pep Guardiola (1971), gran figura del barcelonismo como jugador y entrenador, y que en la actualidad dirige al Bayern de Múnich.

Llusa i Casanova luchó por la independencia de España, Guardiola lo hace ahora por una Cataluña independiente tras anunciar esta semana que cerrará la lista unitaria con la que Convergència, ERC y varias entidades soberanistas se van a presentar a las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre. Esta dicotomía entre Casanova y Guardiola se extiende a muchas familias catalanas, empezando por la de este último: el propio Guardiola tiene un primo en tercer grado que nació como él en Santpedor y que, sin embargo, defiende la actual vertebración española. Se trata de Josep Ramón Bosch (1963), presidente de Societat Civil Catalana (SCC), una entidad ciudadana que defiende el actual statu quo con recetas que gustan más en Madrid que en Barcelona, aunque desde posiciones catalanistas.

Bosch compartió infancia con Guardiola pues su madre y el padre del futbolista eran primos segundos en un pueblo “en el que todos nos conocíamos”, relata el dirigente de SCC a esta revista. Con el paso del tiempo, ambos abandonaron Santpedor y no se han vuelto a ver desde hace algunos años. Guardiola se hizo famoso y él, con sus “16 apellidos catalanes” a cuestas, se convirtió en historiador, empresario farmacéutico y militante “de base” del PP catalán durante 22 años. En 2008 se dio de baja en este partido tras apoyar la candidatura fallida de Montserrat Nebrera y desde abril del año pasado, fecha de la fundación de SCC, es odiado en Cataluña por aquellos que defienden la secesión.

Bosch vive en la actualidad el drama o la incomodidad, según cómo se sienta, de ver cómo su propia familia se ha dividido o distanciado por culpa de la deriva independentista. Su mujer es la presidenta de Convergència en Santpedor, su suegro también milita en este partido, mientras que Xavier Codina, un primo carnal suyo, acaba de acceder al puesto de alcalde de su pueblo natal en representación de ERC.

La familia de su mujer decía sentirse catalanista como Josep Tarradellas o Jordi Pujol. Ahora ha abrazado el independentismo. “¿Por qué?”, se preguntó él mismo en octubre durante su primera visita a Madrid: “Porque ha oído estos últimos años un mensaje constante: ‘España nos roba”.

¿Qué tiene SCC para que Mas les recibiera en su despacho antes que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? Bosch subraya que la mayoría de los catalanes no son independentistas y que estos últimos se han subido a la ola secesionista aprovechando la “tormenta perfecta” que ha estallado en España con la crisis económica e institucional. Prueba de ello es que a los seguidores de SCC les están empezando a tildar de forma despectiva como “unionistas”, en referencia a uno de los bandos violentos del Ulster. Hay otro calificativo, si cabe aún peor, con el que se les quiere desacreditar y es el de “lerrouxistas”, algo que “suena fatal como posición anticatalana” por el papel que tuvo Alejandro Lerroux durante la II República al encerrar en prisión a Lluís Companys y el resto de miembros de la Generalitat, tras proclamar estos “el Estado catalán de la República Federal Española” en octubre de 1934.

Bosch recoge el guante y reconoce que son “unionistas, pero primero de Cataluña” ya que suscribe las palabras del expresidente José María Aznar de que antes se romperá su región que España. ¿Por dónde? Societat Civil pone el acento en el valle de Arán, cuyos 5.000 habitantes hablan el aranés, un dialecto del occitano, y que mayoritariamente se declaran españoles antes que catalanes.

Otro punto de interés para esta asociación es la llamada quinta provincia catalana, las tierras del Ebro en torno a la ciudad de Tortosa, que históricamente se han sentido “profundamente” españolas. Durante la Transición, la UCD ganaba siempre en Tortosa por delante de AP y el PSOE. “El nacionalismo ni existía”, recuerda Bosch de aquella época, hasta que el trasvase del Ebro cambió las tornas. En la actualidad, Tortosa es gobernada por CiU con ocho concejales, ERC tiene 4, el PP tiene un concejal y el PSC, únicamente tres.

El presidente de SCC admite que Cataluña necesita un nuevo modelo de financiación para rebatir el discurso “victimista” de Mas cuando habla de la situación económica en su región, así como “cierta estima” desde el resto de España. Bosch apunta varias vías para reforzar la catalanidad sin poner en cuestión a la nación española. Una de ellas es la lengua catalana, que en su opinión debería tener un mayor protagonismo en el Congreso de los Diputados y el Senado. “Sé que en Madrid es difícil de entender, pero para nosotros es muy importante. Como lengua española quiero su máximo reconocimiento”, reclama. Otro frente a mejorar es la “unidad lingüística” del catalán, algo que solivianta a muchos valencianos o mallorquines, pero que “no se puede negar”. Una tercera vía que se podría abanderar desde Madrid es la defensa de la senyera o bandera oficial catalana, frente a la estelada de ERC que se está imponiendo en la calle.

Todo ello sin ofrecer nuevas “componendas” a los nacionalistas, algo que desearía la burguesía catalana, pero que en SCC se ve como un aplazamiento del órdago de Mas sin resolver el problema de fondo. “¿Para qué? ¿Para ganar uno o dos años? Es el momento de decir basta, se acabó, y que España también cambie en Cataluña”, hace hincapié.

Bosch reconoce que quizás ha llegado la hora de cambiar la Carta Magna, profundizando en la vía del federalismo o del confederalismo, como se desea desde la izquierda no nacionalista. Entre tanto, Societat Civil se marca como objetivo atraer al 30% de simpatizantes de Convergència y al 80% de los de Unió que, sin ser independentistas, se resisten a votar al PP o al PSC. Otro punto de interés es movilizar al votante constitucionalista que en las generales se decanta por el PP, el PSC o Ciutadans, y que luego en las autonómicas “se queda en casa”. A juicio de Bosch, “si votase toda la población catalana” el próximo 27-S, “el nacionalismo sería francamente minoritario”.

“Soy de centroderecha liberal, pero la solución de Cataluña no va a venir de aquí, sino de la izquierda real e intelectual. De personas como Juan Marsé o Javier Cercas, que no son independentistas pero están callados”, concluye.