Los acuerdos de la gran coalición
27 / 01 / 2017 Luis Calvo
PP y PSOE han acordado casi una decena de medidas, fundamentalmente económicas. Aunque el Gobierno confía en que los socialistas acaben apoyando los Presupuestos Generales, estos lo niegan.
Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, con los líderes de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Pepe Álvarez (de izquierda a derecha)
Cuando en el pasado mes de octubre Mariano Rajoy fue investido presidente con la abstención de casi todos los diputados del PSOE, la mayoría de dirigentes socialistas salieron rápidamente a explicar al unísono que la decisión solo pretendía acabar con el bloqueo político. Por responsabilidad. El PSOE estará siempre, aseguraron, enfrente del PP, haciendo oposición. Algunos hablaban incluso de un “infierno” de legislatura para el Grupo Popular en el Congreso. Lo cierto es que desde que por fin arrancó la legislatura, los socialistas se han convertido, amén de Ciudadanos, en el socio prioritario del Gobierno para alcanzar acuerdos de gran calado, especialmente en materia económica.
Aunque los socialistas siguen manteniendo por activa y por pasiva que con una seguridad del “99,99%” no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado, sí lo hicieron en diciembre, poco más de un mes después de la investidura, con el techo de gasto, el paso previo imprescindible para elaborar las cuentas. El acuerdo incluía una ligera relajación del objetivo de déficit autonómico, del 0,6% al 0,7%. Con las comunidades autónomas asfixiadas por la falta de financiación, los barones socialistas presionaron para que el partido no bloqueara el que fue el primer pacto relevante de la legislatura.
Más polémica provocó el segundo acuerdo económico alcanzado entre las dos principales fuerzas políticas. También en diciembre, a consecuencia del pacto sobre el techo de gasto, PP y PSOE acordaron elevar el salario mínimo interprofesional un 8%, la mayor subida de los últimos 30 años. En la práctica suponía que los trabajadores menos afortunados pasan de percibir 655 euros a 707, es decir, 52 más. La medida, que fue vendida como un logro por los socialistas fue criticada, sin embargo, por los sindicatos. UGT y CCOO se quejaron de que nadie había contado con ellos para la negociación y de que el incremento estaba muy lejos de los 800 euros que días antes había aprobado por mayoría el Pleno del Congreso.
El clima de entendimiento posibilitó que el PSOE se apuntara ese mismo mes un tanto frente a sus rivales por la izquierda, Podemos. Los socialistas consiguieron cerrar con el Gobierno un compromiso para la renovación del bono social a cambio de la prohibición de cortar la luz a los hogares “extremadamente vulnerables” y sometidos a los rigores de la pobreza energética.
