Las urnas dejan 15.000 cesantes

El cambio en los gobiernos autonómicos y municipales como consecuencia de las elecciones del 22 de mayo trae consigo el fin de su trabajo para miles de cargos de confianza y asesores. La cifra de cesantes puede oscilar entre 9.000 y 15.000 según se trate de los cálculos realizados por partidos y sindicatos en ayuntamientos y comunidades o una estimación sobre las estadísticas oficiales de empleados públicos de los gobiernos que cambian de color político.

Entre las comunidades donde se va a producir un cambio de equipo de Gobierno destaca Castilla-La Mancha. Los principales sindicatos de funcionarios firmaron hace dos años un documento en el que denunciaron “la creciente ocupación de puestos de libre designación con criterios únicamente políticos, o el crecimiento ilimitado de asesores de la más variada condición” que “sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría”. El documento señala que “el número de designaciones a dedo crece sin medida” y calcula que estas suman unos 3.000 puestos de trabajo. En este documento se llama la atención además sobre las empresas que suelen ser habituales beneficiarias de decisiones administrativas. A propósito de empresas privadas que trabajan para las administraciones que pueden quedar perjudicadas, en Asturias una investigación policial conocida como operación Marea sacó a la luz que algunas de estas compañías, además, eran de algunos funcionarios o sus familiares. En concreto, 130 empresas contrataban directamente o recibían subvenciones del Gobierno del Principado y otras 193 facturaban a sociedades que eran proveedoras de la administración autonómica asturiana. El sindicato CSIF calcula que en Asturias alrededor de 3.000 personas se verán afectadas por el cambio de Gobierno. De esa cifra, entre 400 y 500 abandonarán la Administración autonómica ya que eran cargos de confianza y asesores dentro de las 10 consejerías en las que se dividía el Ejecutivo regional y deberán buscarse una nueva salida laboral a partir de ahora.

El resto de los afectados, unos 2.500, son funcionarios de carrera vinculados al Gobierno socialista que tendrán que reintegrarse al puesto para el que opositaron. No se quedarán en el paro, aunque en la mayoría de los casos volverán a trabajos con peores condiciones económicas.

Entes “pintorescos”.

Asturias cuenta con más de 60 empresas y entidades públicas. El citado sindicato advierte de la existencia de chiringuitos como el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), el Banco de Tierras, encargado del patrimonio inmobiliario de la región, el Centro de Bellas Artes o el Consejo de Juventud, y cuestiona otros entes “un tanto pintorescos” como la fundación Oso de Asturias, el Laboratorio Industrial de la Leche de Asturias (LILA) o el Establecimiento Residencial de Ancianos (ERA). Sin embargo, sus mayores críticas se dirigen hacia la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa), “una sociedad paralela a los servicios de empleo que el Gobierno regional utiliza como empresa de trabajo temporal”, asegura Luis Pérez, responsable de comunicación de CSIF-Asturias a Tiempo. “En vez de acudir a los servicios públicos de empleo y a las bolsas de trabajo, acuden al Serpa, donde te encuentran otro puesto”.

En Cantabria, el Gobierno de coalición entre el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla y el PSOE de María Dolores Gorostiaga publicó recientemente un listado de “altos cargos y personal de confianza” que incluía 74 personas. Sin embargo, en esa cifra faltan por incluir los directores de gabinete y asesores de comunicación, así como los directores y gerentes de la mayoría de las 75 empresas públicas que fueron nombrados a dedo al inicio de la legislatura.

En Baleares, el Gobierno que preside el socialista Francesc Antich cuenta con 591 cargos de confianza. El Partido Popular le ha arrebatado el Gobierno y, como en otros lugares donde hay cambio político, los cargos de confianza perderán su puesto. También, como en otros lugares, si los nuevos gobernantes cumplen con su promesa de recortar estos cargos, no serán totalmente sustituidos por afines a los nuevos equipos. El PP ha anunciado en muchas comunidades y ayuntamientos durante las elecciones que reduciría los cargos de confianza a la mitad. En Aragón, donde se da por hecho un Gobierno del PP que sustituya al socialista, una asociación de funcionarios cifra en 136 el número de cargos de confianza y ha señalado que a menudo estos cargos se dan a exalcaldes.

Ayuntamientos.

En los ayuntamientos, por su dispersión, es más difícil realizar una suma, pero destaca entre todos el cambio en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. En la Ciudad Condal existen unos 300 cargos de confianza. El cambio político, que suele conllevar ceses entre casi todos ellos, tiene en Barcelona una posible afectada llamativa, como es Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia. En Badalona, otra de las ciudades donde el cambio es más comentado, hay 49 asesores. Entre los ayuntamientos más importantes que han cambiado de signo político se encuentran algunos como el de Sevilla, donde hay 61 directivos que están obligados a presentar su declaración de bienes y actividades. El comité de empresa de este ayuntamiento eleva el número de cargos de confianza en 250. Entre los importantes con cambio de color político se encuentra el ayuntamiento de La Coruña, que cuenta con 39 asesores, o el de Santiago de Compostela, que tiene 20. En Logroño pueden ser 17 los cargos que se irán con el cambio de Gobierno. En Estepona aún quedaban unos 20 tras la debacle de personal que ha vivido el Ayuntamiento como efecto de la operación Astapa contra la corrupción. En Getafe, que está gobernada por el socialista Pedro Castro, presidente también de la Federación de Municipios y Provincias, y donde ahora ha ganado el PP, hay 49 asesores. En Benidorm, protagonista de una moción de censura que llevó al PSOE a gobernar el municipio antes de estas elecciones, el PP señaló que había 69 puestos de este tipo, entre cargos de confianza (26) y asesores externos (43). Ahora el PP podría volver a gobernar si consigue un pacto con un pequeño partido local. Otro importante ayuntamiento que podría cambiar de manos es el de Tarragona, donde el sindicato Comisiones Obreras dice que hay 169 cargos de confianza. El alcalde tuvo que echarse atrás en la contratación de un gerente de urbanismo con un sueldo anual de 123.000 euros. Tan grandes diferencias se producen según el criterio para considerarlos como cargos políticos. Para algunos, los cargos de libre designación, aunque se elijan entre funcionarios de carrera, también cuentan. De hecho, Castilla-La Mancha ha sido causa de una nueva polémica alrededor de este tipo de cargos. El sindicato CSIF ha denunciado que una vez que han abandonado su puesto de libre designación, estos cargos mantienen a su vuelta a su anterior puesto un complemento vitalicio de 10.427 euros.

Las diputaciones provinciales también suman cargos de confianza, que se suelen repartir en función de la representación que tengan los grupos políticos. Por ejemplo, de los 73 asesores con que cuenta la Diputación de Alicante, unos 20 son de los grupos PP y PSOE. La Diputación de Barcelona, a la que se conoce como la menjadora (el merendero) por los cargos a los que alimenta, tiene 46 cargos de confianza. Veintidós son del PSC y muchos de ellos tendrán que decir adiós al reducir su presencia este partido por el batacazo electoral. Algo parecido pasará en la Diputación de Sevilla, con 114 asesores. Aún hay más además de ayuntamientos y diputaciones. En la mancomunidad de municipios de la costa del Sol hay 29 cargos de confianza.

La suma de estos casos que comprenden una buena muestra de las comunidades con cambio de gobierno y también de ayuntamientos donde hay cambio de gobierno da lugar a un resultado de más de 8.000 cargos de confianza en el alero.

Estadísticas.

Por otro lado, si se toman los datos del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Política Territorial y se calcula los que pueden estar afectados por un cambio de Gobierno, la cifra puede ascender a unos 15.000. Las comunidades tienen unos 33.000 empleados eventuales, entre los que se encuentran los cargos de confianza o asesores si se excluye el personal docente y sanitario.

Como las autonomías con un cambio de Gobierno suman aproximadamente el 20% de funcionarios que tienen todas las comunidades, el número de cargos de confianza afectados sería de unos 6.100. Si se hace el mismo cálculo con los 35.000 eventuales de los ayuntamientos y los 9.000 de las diputaciones, los cargos de confianza afectados en estas dos instituciones podría alcanzar los 9.000, con lo que la suma rondaría la cifra de 15.000 posibles cesantes.

Hay lugares donde no habrá cambio de signo político, pero sus regidores han prometido reducir un 50% estos cargos, como Torrejón, en Madrid. Precisamente en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital el PSOE ha mencionado los 1.525 cargos del alcalde Gallardón o los 3.250 en la comunidad que preside Esperanza Aguirre, incluidos entes, organismos y empresas públicas.