Las mansiones embargadas de la corrupción

01 / 08 / 2016 Javier Otero
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Algunos condenados evitan los embargos de sus bienes, usan testaferros y venden antes de perder sus propiedades.

Cuando comenzó la investigación del caso Gürtel, al entonces juez instructor, Baltasar Garzón, le llamó la atención sobremanera el gran patrimonio inmobiliario que tenía en sus manos el presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa. Garzón se fija especialmente en lo que considera un valioso chalé en construcción en Punta Grossa, en la isla de Ibiza. La finca, construida en un acantilado con impresionantes vistas tiene 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas con una torre adosada. Sobre esta finca y otras muchas de las que Correa es propietario a través de empresas interpuestas, el juez ordena el embargo preventivo. Era febrero de 2009. Hoy las piezas principales del caso siguen investigándose, pero, además, desde el 24 de agosto de 2012 Francisco Correa (exactamente su empresa, Osiris Patrimonial) no puede “disponer, vender, gravar o enajenar” esta finca, ya que en esa fecha se dictó el embargo preventivo para cubrir los 85 millones de euros que le reclaman como fianza de responsabilidad civil. Un cálculo sobre los precios de fincas similares en los alrededores podría valorar este chalé, todavía en construcción, al menos en cuatro millones de euros.

La prohibición de disponer no significa que los dueños no puedan vivir en estas casas. Francisco Correa se retiró a la lujosa urbanización de Sotogrande, en Cádiz, tras salir en libertad provisional. Sotogrande es el lugar donde el presunto cabecilla de Gürtel tiene un número muy llamativo de bienes inmuebles. A través de sus empresas, Osiris Patrimonial, Caroki e Inversiones Kintamani, Correa tiene varias viviendas, entre ellas un dúplex de 622 metros cuadrados y otra casa de 252. Además, allí es dueño de siete parcelas, cuatro atraques, seis garajes y un trastero. Todos ellos quedaron embargados al estallar el caso Gürtel con los mandatos ordenados por el juez Baltasar Garzón. La última anotación en los registros, del pasado mes de junio, informa que el embargo se realiza para cubrir la responsabilidad civil de Correa por 49 millones de euros.

Correa también es dueño de una casa en Marbella de 211 metros cuadrados en la urbanización El embrujo a través de su empresa Inversiones Kintamani. Como con las de Sotogrande, se ha añadido un embargo por importe de 85 millones de euros por responsabilidad civil. Según el mandato recibido por los registros, este embargo afectaba a doce de sus bienes inmuebles en agosto de 2012. Sin embargo, otro mandamiento judicial al año siguiente señala que este embargo ya alcanza ni más ni menos que a 55 fincas de Correa. El pasado mes de mayo se produjo la última prórroga hasta el momento de esta vivienda. Estas prórrogas no se ven en todos los casos de corrupción, donde a veces las anotaciones de embargo fueron realizadas hace muchos años sin que conste ninguna prórroga.

Por otro lado, hace algo más de diez días que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha solicitado de nuevo al juzgado de la Audiencia Nacional permiso para descansar en Baqueira. Bárcenas es propietario allí de apartamentos que se encuentran embargados. Sin embargo, posiblemente tenga más valor la vivienda de la que es dueña su mujer, Rosalía Iglesias, en la muy lujosa urbanización Guadalmina, donde veranean poderosos empresarios y varios políticos del PP. La casa tiene 186 metros cuadrados y otros 42 más de terraza. Sobre ella pesa desde 2013 un embargo para cubrir la responsabilidad civil de la mujer de Bárcenas en el caso Gürtel.

El historial de estas mansiones y fincas es variado. La cantante Isabel Pantoja se desprendió recientemente de una de sus propiedades más conocidas, el chalé Mi gitana, en Marbella, de 650 metros cuadrados y que estaba a nombre de su sociedad Panriver para hacer frente a las multas a las que fue condenada. Estaba valorado en 3,3 millones de euros. La adquisición de esta finca en 2004 se vio envuelta en el conocido caso Malaya, en el que se juzgó la principal trama de corrupción en la Costa del Sol. El chalé fue vendido en marzo del año pasado a la empresa Grand Fashion Banús, cuyo verdadero propietario, a su vez, radica anónimamente en el paraíso fiscal de Jersey. Sobre ella no pesan embargos de los casos Malaya o el llamado caso Blanqueo, que llevó a la cárcel a la tonadillera. La fiscalía señaló que la hipoteca se pagó con fondos de procedencia ilícita de Julián Muñoz. A pesar de la venta, curiosamente sigue pesando otro por una deuda con la empresa Codabe por 114.108 euros. Esta sociedad fue la que realizó reformas en el restaurante Cantora de Isabel Pantoja.

El reciente caso de Mario Conde es uno de los más llamativos. El expresidente de Banesto, detenido el pasado mes de abril por repatriar presuntamente dinero obtenido de este banco, aún disfrutaba de varias de sus fincas. Embargos que no llegaron al registro y la rapidez del exbanquero en hipotecar o venderlas hicieron posible esta anomalía. Una de las rarezas que más destacan es que, a pesar de que algunas sociedades de Conde que eran dueñas de estas fincas estuvieron bajo administración judicial, el exbanquero y su familia las han seguido disfrutando. Una de las principales, el enorme latifundio de Las Salcedas, en Ciudad Real, que compró en su día al torero Marcial Lalanda, era propiedad de una de las empresas del exbanquero y valoraba sus activos en unos doce millones de euros. Una parte de las acciones estaban en manos de sus hijos Mario y Alejandra y el resto, en dos sociedades embargadas por la Audiencia Nacional.

Maniobras similares se produjeron con una finca de Conde en Pollensa. Antes de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia del caso Banesto, el exbanquero vendió la finca a la sociedad luxemburguesa Beitiligung. Esta empresa, según la última investigación, estaba controlada por Conde. La venta la realizó en 2002 y desde entonces ha disfrutado de ella sin problemas. Sobre ella pesa un embargo ordenado por la Audiencia Nacional para responder de 20 millones de euros. Sin embargo, la primera anotación que impide la venta o hipoteca de esta finca es del año 2012. La sociedad radicada en Luxemburgo mantuvo un pleito con el registro de la propiedad, que perdió, ya que sostenía que no tenía nada que ver con el embargo que pesaba sobre la finca.

Otro de sus latifundios es el de Los carrizos de Castilblanco, en Sevilla. Sobre él también pesa un embargo por 20 millones de euros, pero inscritos en el año 2012 por la responsabilidad civil del caso Banesto. Fue el Día de los inocentes de 1993 cuando se intervino el banco. Muy pocas semanas antes la finca fue hipotecada por su dueña entonces, Nort-activos. Esta sociedad aparece ahora en el auto que ordena la prisión de Conde como una de las controladas por el exbanquero. Por último, sobre otra de las fincas, Hacienda de la Plata, pesa otro embargo, fechado en agosto del año pasado, pero esta vez no relacionado con la investigación que le ha llevado a prisión, sino por una deuda de 335.000 euros con la Agencia Tributaria. Conde se encuentra en la lista de los mayores morosos con Hacienda.

A veces los embargos duran casi una década, a pesar de que la investigación judicial que los provocó han quedado en vía muerta o ha sido archivada. Uno de ellos es el de una de las mansiones más importantes de una de las zonas más caras de Madrid, como es Puerta de Hierro. Muy cerca de la famosa mansión de Isabel Preysler se encuentra otra mucho más importante. Esta es propiedad de la empresa Miraflores Dieciocho, del libanés Abdul Rahman el Assir, un traficante de armas que aparece en operaciones de varios países, entre ellos España y que se encuentra muy bien relacionado con la alta sociedad, incluido el rey Juan Carlos. La reciente boda de su hija Alia el Assir Fernández Longoria ha sido todo un acontecimiento, digno de portadas de revistas del corazón. Celebrada en su mansión de
 Gstaad, en Suiza, la boda ha contado con la presencia de numerosos invitados españoles, entre ellos Simoneta Gómez Acebo, los hijos del expresidente José María Aznar, Alfonso Cortina, Ana Boyer, Tamara Falcó...

La mansión de Madrid tiene 2.179 metros cuadrados en cuatro plantas y sobre una parcela de 4.777 metros. Cuenta con once dormitorios, once baños y otras estancias, entre las que se encuentra un gimnasio. Esta propiedad se encontraba embargada hasta el año pasado por el juez Baltasar Garzón como consecuencia de la investigación que abrió en el que se conoció como el caso Pretus. Fue en 2008. Una de sus ramificaciones es la del actual caso Pretoria, pero el principal aún no ha acabado. La mansión está valorada en 19 millones de euros. Sobre ella también pesaba una hipoteca por valor de 13 millones de euros el año pasado. concedida por el Banco Portugués de Negocios (BPN). Esta hipoteca trae cola, ya que forma parte de un escándalo sucedido en el país vecino en el que se investigó entre otras cosas la extraña concesión de esta hipoteca sobre esta mansión y dos más en la urbanización gaditana de Sotogrande. En teoría el palacio de Madrid salió a subasta en marzo de 2012, según el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, solicitada por el BPN. Además, la empresa Miraflores entró en concurso voluntario de acreedores. El BPN tuvo que ser intervenido por el Gobierno del país vecino. Si el pasado mes de julio pesaban estas cargas sobre la finca, hoy se ha librado de la que ordenó el juez Garzón y otras dos por otras deudas. El pasado mes de mayo la empresa Arowhead Advisors Limited se subrogó la polémica hipoteca del BPN sobre la mansión. La familia El Assir sigue disfrutando de ella.

Las propiedades de Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico de Marbella y uno de los principales acusados en el caso Malaya estrenan un procedimiento inédito hasta ahora. Sus numerosos bienes, entre ellos lujosas fincas con enormes mansiones, salen a subasta en Internet (http:ventadebienesmalaya-roca.com) desde marzo. La web ha tenido más de dos millones de visitas en su primer mes. Además de viviendas, atraques, armas, obras de arte, caballos y hasta látigos y monturas, las grandes fincas son los bienes más valiosos.

Roca no ha podido mantener, como otros, su propiedad. Ahora, una vez puestas a la venta, la finca agrícola la Loma, en Murcia, está valorada en 27,5 millones de euros; La caridad, en Marbella, vale ocho millones; y La morisca, en Jimena, seis millones. Son solo algunas de las más valiosas. La caridad estaba dedicada a la explotación de la yeguada de pura raza española Marqués de Velilla. La morisca cuenta hasta con helipuerto.

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, era también un gran aficionado a los caballos. Ahora, la investigación del caso Púnica, que le ha llevado a prisión preventiva, está descubriendo fincas y mansiones, algunas de ellas en su poder a través de testaferros. Curiosamente, el antiguo número dos de Aguirre pidió recientemente al juez del caso que le desbloqueara más de 100.000 euros para pagar la hipoteca sobre una vivienda de lujo en Valdemoro que podría peder. Esta mansión, valorada en más de un millón de euros, fue objeto de polémica cuando se conoció el interés del político en comprarla, antes de que estallara el caso Púnica. La investigación persigue probar que también es el dueño de otros bienes controlados presuntamente a través de testaferros, como una mansión de 1.000 metros cuadrados que le edificaba uno de los constructores imputados en el caso y que contaba con todo tipo de lujos.

A  pesar de los numerosos problemas que tuvieron con la Justicia, el fallecido empresario José María Ruiz-Mateos y su familia disfrutaron durante años de su mansión en la calle Alondra de Somosaguas (Madrid) de 1.700 metros en una parcela de 6.700 y que no estaba a su nombre, sino al de la empresa Begonia, de su hijo Zoilo. Pero Begonia ya no es la dueña. El último problema judicial está relacionado con los pagarés emitidos por Nueva Rumasa. El inmueble estuvo tasado en el año 2007 en 7,1 millones de euros.

El fenómeno de disfrutar de casas, chalés y mansiones a pesar de los problemas con la Justicia también se dio en el caso Gescartera. Antonio Camacho, su principal protagonista, pudo comprarse, muy poco antes de que comenzara su juicio, un chalé en Boadilla del Monte (Madrid) de 267 metros cuadrados en un terreno de 2.960 metros cuadrados. Solo tras la publicación en prensa de esta compra, el juzgado ordenó su embargo por los 50 millones de euros que se reclamaban a Camacho. La vivienda fue finalmente subastada en el año 2009. La gran mansión de Camacho en La Moraleja (Madrid) también salió a subasta y fue a parar a una empresa de su suegra.

La vivienda en el palacete que el expresidente balear Jaume Matas disfrutaba en el centro de Palma, que fue hipotecada en 1,8 millones de euros, fue vendida el pasado mes de junio para pagar parte de sus responsabilidades pecuniarias en el caso Nóos. Con ello puede conseguir una reducción de su condena. Su valor de tasación era de 2,4 millones y nunca estuvo embargado.

Digno de mención también es el caso de José Luis Pego, uno de los condenados por las indemnizaciones millonarias que consiguieron de Novacaixagalicia. La sentencia, de 2015, le condena a dos años de cárcel y a reintegrar 6,4 millones de euros. La que fue su casa unifamiliar de 509 metros cuadrados pasó a ser de su mujer en el año 2012 por liquidación de la sociedad de gananciales. No será con esta finca con lo que hará frente a la condena.

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