Las investigaciones que quedan en el caso Gürtel

El final del juicio de los trajes en el que ha sido absuelto el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es solo el comienzo de lo que se avecina sobre el caso Gürtel. La Audiencia Nacional, en Madrid, sigue la investigación de la red de evasión del dinero de la trama liderada por Francisco Correa. Mientras, el Tribunal Superior de Castilla y León ha comenzado a llamar a declarar a imputados en la parte del caso que fue remitida a esta instancia por afectar a cargos aforados de esta comunidad autónoma.

Todo ello sin contar con otra consecuencia del caso, como es el juicio por presunta prevaricación celebrado en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas de las conversaciones entre los presuntos cabecillas de la trama, enviados a prisión preventiva, y sus abogados.

Comisiones rogatorias.

Justo ahora se cumplen tres años. El 6 de febrero de 2009 la policía detenía, entre otros, a Francisco Correa y Pablo Crespo, que había sido secretario de Organización del PP en Galicia hasta 1999. Cuatro días después el juez Garzón había imputado ya a 37 personas.

Ahora, tres años después, la situación  es que la porción principal del caso ha sido remitida de nuevo a la Audiencia Nacional desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este tribunal decidió inhibirse, ya que los imputados que estaban aforados por ser diputados autonómicos, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, habían dejado de serlo tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

El juez Pablo Ruz, sustituto de Baltasar Garzón en el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, empieza ya a tomar las primeras decisiones en la instrucción de esta parte del caso Gürtel. Según indican personas cercanas a la investigación judicial, el juez Ruz ha impulsado las comisiones rogatorias que siguen la pista del dinero canalizado en el extranjero, especialmente en paraísos fiscales. Las solicitudes de estas comisiones rogatorias no habían sido correspondidas por algunos países como Reino Unido, Marruecos (donde se encontraron propiedades del exalcalde de Boadilla, imputado en el caso) y otros lugares donde, según la instrucción judicial, Correa podía tener intereses económicos, desde Singapur a las Antillas Holandesas. Esta iniciativa es interpretada como un signo de que el juez Pablo Ruz se ha decidido a entrar en los asuntos más importantes del caso. Por otro lado, en la Audiencia Nacional también se han decidido las rebajas de las fianzas de Correa y Crespo. La primera ha sido fijada en un millón de euros, frente a los 15 millones que tenía impuesta anteriormente. A Pablo Crespo el propio juez Ruz le ha rebajado la fianza de 200.000 a 100.000 euros.

Algunos temen una hipotética fuga de España de Francisco Correa, no solo porque saliera de la cárcel tras pagar la fianza, sino porque, como ha indicado la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, el año que viene se cumplirán cuatro años desde su ingreso en prisión preventiva, lo que conlleva su automática libertad provisional aunque no se haya celebrado el juicio. Esta decisión es criticada por alguna de las partes personadas en el caso, ya que consideran que Correa no ha colaborado en la investigación y, por lo tanto, no merece la rebaja de la fianza.

La coincidencia en el tiempo de la rebaja de la fianza de Correa y la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps ha causado indignación entre alguna de las partes personadas en el caso. A propósito de Camps, este ha sido abandonado por el PP valenciano, según se comenta en los círculos populares de esta comunidad autónoma, ya que no se le perdonan los cambios en sus versiones sobre el caso, como negar que conocía a Álvaro Pérez, el Bigotes, uno de los principales protagonistas del caso, al que según escuchas telefónicas luego llamó “amiguito del alma”. En cualquier caso, la derivación del caso Gürtel en lo que se ha conocido como el caso de los trajes, en referencia a los que según la acusación fueron regalados a Camps, va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo por la acusación ejercida por el Partido Socialista, por lo que esta parte del caso aún tiene recorrido por delante. Además, el requerimiento al PP por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia indica que esta nueva rama judicial del caso Gürtel, la última que se abrió, también está viva. Para que sea así ha pesado de forma decisiva la actitud de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, Pilar de la Oliva, de quien dicen que está decidida a acabar con la corrupción. Para ello, a pesar de su adscripción conservadora, no va a frenarse si los implicados pertenecen al Partido Popular, afirman quienes la conocen.

En Valencia, además, continúa la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular a través de la trama Gürtel. Las líneas de investigación abiertas van alcanzando sus objetivos, como la identificación de otros empresarios implicados, que eran citados con los sobrenombres de el Príncipe y el Cantante.

El extesorero Bárcenas.

Otra rama judicial del caso sigue su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde han comenzado a declarar los 17 imputados en relación con la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) y que, según la investigación judicial, fueron adjudicadas a la empresa Teconsa presuntamente a cambio de una comisión a la trama. En esta ramificación judicial están imputados el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exdiputado Jesús Merino y exeurodiputado Gerardo Galeote.

Pero el juicio principal del caso Gürtel, en la Audiencia Nacional, en Madrid, va para largo. Los magistrados que tomaron la decisión sobre la rebaja de la fianza a Correa ya consideran en su resolución que el juicio no se celebrará al menos hasta el año que viene. Esto es así principalmente por dos razones: el juez Ruz, que acaba de recibir la causa desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene ahora que ponerse al día de un sumario que ha alcanzado ya la friolera de 300.000 folios, reunidos en 700 tomos. Ruz se encuentra aún resolviendo recursos pendientes, mientras aún quedan grandes cantidades de documentación por analizar, como es el caso de cajas de papeles incautados en los registros de Pasadena Viajes. La importancia de esta documentación, que aún no ha sido analizada, se comprueba en una intervención del juez Garzón ante el Tribunal Supremo en el juicio sobre la intervención de las comunicaciones, cuando citó las cajas de documentación de Pasadena Viajes como ejemplo para llamar la atención sobre la entidad de la trama.

Entre las pesquisas iniciadas y que tienen aún que culminarse se encuentra al rastreo de la amplia red de sociedades que componen la trama. La instrucción que llevó a cabo el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, incluye una amplia descripción de las empresas en las que participa el contable de la trama, Luis de Miguel,  sobre las que ha realizado algún seguimiento el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). El informe incluido en el sumario estudia, entre otras, la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela. La sociedad está constituida por Luis de Miguel y Juan Creus Ramírez de Haro, entre otros. El informe del Sepblac subraya: “Juan Creus Ramírez de Haro, primo del marido de Esperanza Aguirre, es un abogado que, al parecer, trata asuntos de asesoramiento fiscal”. Se da la circunstancia de que Juan Creus aparece relacionado también con una sociedad que se dedica a la construcción de los llamados huertos solares. Se trata de Tequi Solar, que promovió la construcción de una instalación fotovoltaica de 5 megawatios en la provincia de León a la que los vecinos afectados acusan de varias irregularidades.

Recursos.

Estos han recurrido entre otros al Procurador del Común, el Defensor del Pueblo en la Comunidad de Castilla y León, quien ha señalado que ha existido en la tramitación “una mala práctica administrativa e indefensión” para los vecinos, además de señalar que se ha producido “una simplificación de trámites para la empresa propietaria de la instalación, la alteración y elusión de plazos en beneficio de la misma, y la eliminación de las garantías que van implícitas en los procedimientos de intervención administrativa y en los procedimientos de participación pública”. La Asociación de Vecinos de El Cueto ha presentado un recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido a trámite. La empresa DC Wafers, relacionada con Tequi Solar, ha presentado un concurso de acreedores y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para su plantilla después de recibir 10 millones de euros en ayudas de la Junta de Castilla y León.

La empresa Tequi, en la que aparece Juan Creus, tiene relación, a su vez, con el exministro del PP José María Michavila. Una de las empresas con ese nombre, de la serie de más de una decena que lo tienen, Tequi Solar 1, ha pasado a ser propiedad de Abraxa Proyecto Empresarial X, donde aparecen, a su vez, cargos directivos de la empresa MdF Achievers, uno de cuyos fundadores es José María Michavila. El que fuera ministro de Justicia con José María Aznar renunció a su acta de diputado tras conocerse que ayuntamientos salpicados por el caso Gürtel contrataron servicios de su despacho de abogados.