Las cifras de la corrupción

El día que estalló la operación Púnica, que afecta al antiguo número dos de la líder del Partido Popular Esperanza Aguirre, la sangre llegó al río. Los días anteriores se habían sucedido una ristra de noticias. Desde el contenido de las declaraciones de Rodrigo Rato y Miguel Blesa sobre las llamadas tarjetas black, a la imputación del exsecretario general del PP y exministro Ángel Acebes por los llamados papeles de Bárcenas y la imputación del exalcalde de Toledo por otra de las anotaciones de esos documentos. El último caso, la operación Púnica, es otro en los que el negocio era corromper las adjudicaciones públicas. La investigación estima que esta trama intervino en adjudicaciones que suman 250 millones de euros. En otros casos, como el mastodóntico caso Gürtel, resulta casi imposible cuantificar en millones los negocios en los que intervino (adjudicaciones de actos, contratas y obras públicas, recalificaciones urbanísticas...). Pero una estimación del dinero defraudado en los principales casos podría alcanzar la astronómica cifra de 30.000 millones de euros.

Un abogado presente en el sumario de Gürtel se confiesa, con delicadeza, un poco harto de la extensión de una investigación en la que siguen apareciendo nuevas bifurcaciones. No acaba nunca. El juez del caso también acusa ese cansancio. A pesar de todo, ha recibido con ganas el último escrito, que puede abrir el melón de una investigación, seguramente en una pieza separada, que puede destapar el que puede que sea el mayor negocio dentro de esta trama de corrupción: el urbanismo.

Han sido quince días de vértigo. La última quincena de este mes de octubre ha concentrado una cascada de noticias que se amontonaban para alimentar el escándalo monumental entre los ciudadanos. El 16 de octubre Rodrigo Rato declaraba ante el juez para explicar el uso que hizo de su tarjeta black (opaca a Hacienda). El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) cargó casi 100.000 euros a esta tarjeta y se declaró ignorante de que no se incluyera en su declaración a Hacienda. Lo mismo hizo Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid, cuyos gastos con esta tarjeta ascendieron a 436.000 euros. En total, los consejeros gastaron con este instrumento 15 millones de euros.

Las noticias se suceden y el día 17 se dictan fianzas de 16 millones de euros para Blesa y Rato. También se conoce la noticia de que el Tribunal Supremo rechaza el recurso de nulidad con el que Isabel Pantoja pretendía evitar su ingreso en prisión por la pena a la que fue condenada en el caso Blanqueo, una investigación derivada de la operación Malaya. El día 21 se ordena el ingreso en prisión del expresidente del Barça José Luis Núñez, pero la noticia que sacude fuerte ese día es la imputación del exsecretario general del Partido Popular Ángel Acebes, en el caso conocido como los papeles de Bárcenas, una pieza separada del caso Gürtel. El juez Ruz también imputa ese día al exalcalde de Toledo José Manuel Molina por el presunto pago de una comisión que habría sido destinada a financiar la campaña electoral de la actual secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Este 21 de octubre está plagado de sustos. Sale a la luz que un juez de Liechtenstein investiga al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por un presunto caso de blanqueo de capitales. Dos días después, el 23 de este mes de octubre tan escandaloso, la Policía realiza registros en la casa y las sedes de empresas de Oleguer Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán.

Al día siguiente, justo cuando se acaba el plazo para que Isabel Pantoja ingrese voluntariamente en prisión, paga 100.000 euros de los 1,4 millones a los que ha sido condenada y pide la suspensión de la condena de dos años de prisión. Ese mismo día 24 ingresa en prisión Pedro Pacheco, el famoso exalcalde de Jerez que dijo en su día que “la Justicia es un cachondeo” ha terminado en la cárcel por contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de esta ciudad.

Con el ambiente bien caliente, el día 27 es la traca final. El hastío culmina esa mañana con un nuevo caso de corrupción en el que es detenido Francisco Granados, el que fuera la mano derecha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La operación Púnica comienza con la noticia de 51 detenciones por presuntas irregularidades en contratos públicos que se calculan en 250 millones de euros. Dicen que Esperanza Aguirre recibió la noticia con un sonoro “¿cómooo?”. El ingreso en prisión de Mayte Zaldívar, la que fuera esposa del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, condenada en el mismo juicio que Isabel Pantoja, pasa desapercibido ese mismo día.

Casi lo mismo ocurre con la declaración de Ángel Acebes ante el juez, el día 28, porque la atención está puesta en las novedades de la operación Púnica, con el presidente Rajoy pidiendo disculpas por la corrupción en nombre del PP. No acaba el mes sin nuevas noticias. El día 29 es imputado el ex conseller Joaquím Nadal, del PSC, por un caso urbanístico.

Los casos vivos de corrupción alcanzan a casi todos los partidos y a numerosos exministros, consejeros de comunidades autónomas, alcaldes y concejales. También salpica a los habituales a la prensa del corazón. El terremoto se repetirá pronto, cuando se conozca la decisión final sobre la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos.

Los millones de la corrupción.

Cuantificar el dinero defraudado, estafado, el agujero producido, en los casos de corrupción es muy difícil. Para calcular su importancia se utilizan diferentes varas de medir. Por ejemplo, en el más reciente, la operación Púnica, la Policía ha informado que el caso afecta a concursos públicos que suman unos 250 millones de euros. Las comisiones, que se sospecha que eran del 3% aproximadamente, serían unos 7,5 millones de euros.

En cualquier caso, una estimación aproximada del dinero relacionado con operaciones irregulares de casos de corrupción que se están siendo investigados en los tribunales podría rondar los 30.000 millones de euros. En casos como Gürtel la estimación puede ser relativamente vaga, aunque apunta a grandes cifras, pero en otros está muy bien cuantificada: el ministro de Economía, Luis de Guindos, informó que el quebranto por operaciones irregulares detectadas por el FROB en las cajas rescatadas suman 2.600 millones de euros. El ministro ofreció estos datos, por cierto, el 28 de octubre, en plena vorágine. Hay otros casos con una cuantificación ajustada, debido a que ya hay sentencia o se abre juicio. Así ha ocurrido con dos de los casos más grandes: Forum Filatélico y Afinsa. Tenía que ser también en este mes de octubre, el día 6, cuando los administradores de Afinsa son condenados a reparar con 1.825 millones de euros el agujero que crearon. Dos días después llega el procesamiento de 32 responsables de Forum Filatélico, a los que se impone una fianza civil de 3.700 millones de euros. Son los casos que suman cantidades más importantes. Tras estos destacan, por ejemplo, los 6.000 millones aproximadamente en la venta de acciones preferentes. Sumaron 42.500 millones, aunque se considera que, de ellas, las irregulares alcanzan los 6.000 millones de euros. Tras estas cifras se colocan los 855 millones que la jueza Mercedes Alaya considera que se han podido defraudar en el caso ERE. No obstante, las fianzas impuestas en este caso alcanzan los 2.948 millones de euros. La suma de las cantidades relacionadas con todos estos casos abiertos o recién cerrados ronda los 30.000 millones de euros.

Los casos han salpicado a unas 900 personas imputadas durante las investigaciones. Otros grandes números son los de los perjudicados. Forum Filatélico y Afinsa sumaron la cantidad de 479.225.

Una investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estima que el coste anual de la corrupción en España alcanza los 40.000 millones de euros. El estudio mide no solo el impacto directo de los casos judiciales, sino que añade a sus cálculos factores como el impacto sobre la reducción de la inversión extranjera.

Novecientos imputados.

Las estadísticas oficiales miden con diferentes métodos el alcance de la corrupción en España. Un reciente estudio del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial determinó que existen 1.661 procedimientos que corresponden a tipos penales relacionados con la corrupción, como la prevaricación, el cohecho, el blanqueo
 de capitales y otros nueve delitos más. De estos casos, 302 son considerados como macroprocesos debido al volumen de implicados o la complejidad de la investigación.

Una buena medida de la evolución de la corrupción es que los casos judiciales donde está presente la Fiscalía Anticorrupción han pasado de 88 en el año 2000 a 320 procedimientos en 2013. En ese mismo año, esta fiscalía asumió 55 nuevas causas frente a las 41 del año anterior.

Hay que tener en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción está presente también en casos que no implican corrupción política. Así, por ejemplo, se pueden considerar los casos por fraude del IVA y otros similares. Algo similar pasa con las cifras del Consejo General del Poder Judicial. Por eso es importante la estimación realizada hace unos años por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El fiscal general investigaba a unas 800 personas relacionadas con casos de corrupción. Una recopilación de los principales casos abiertos descubre que unas 900 personas han sido imputadas.

Un estudio publicado por la Universidad Complutense ha recopilado 5.144 casos de corrupción aparecidos en la prensa de 1996 a 2009 en aproximadamente 600 municipios. Otra investigación solo sobre la corrupción urbanística indica que hay cerca de 700 municipios afectados en casos ocurridos del año 2000 al 2010.

Aunque la Fiscalía se muestra satisfecha por el porcentaje de condenas logradas en los casos de corrupción, reconoce también que esto “no alivia la zozobra del ciudadano”, abrumado por la cantidad de casos, según destaca en su memoria anual. La Fiscalía señala que los casos desbordan los recursos disponibles. También señala que uno de los grandes problemas que afronta es el retorno de los capitales defraudados porque las medidas cautelares y de ejecución patrimonial no siempre logran alcanzar su objetivo. Para mejorar la lucha contra la corrupción, la Fiscalía recomienda que se articulen mecanismos de alerta temprana en las instituciones públicas, partidos, sindicatos y empresas.