Las aventuras empresariales de los políticos

En el Congreso, el Senado, los Parlamentos regionales y los principales ayuntamientos los políticos tienen que presentar una declaración de bienes. Allí se descubre que muchos de ellos han decidido meter parte de su fortuna o de sus ahorros en una empresa o, sencillamente, que ser empresario era o es su trabajo habitual. En algunos casos, los políticos confiesan el valor de sus acciones en esas empresas. A veces porque están obligados por las normas. La mayoría, porque han decidido hacerlo así, ya que otros compañeros no lo confiesan, tanto porque a veces no haya obligación legal, como porque se la salten cuando sí la hay, según la institución en la que estén. El sentido de esta declaración es dar transparencia a la evolución del patrimonio de los cargos públicos. Otro objetivo es sacar a la luz la posibilidad de que existan incompatibilidades entre los intereses de sus empresas en asuntos en los que los políticos puedan intervenir. Por ejemplo, recientemente se ha dado el caso que salpicó al exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Este miembro del Gobierno intervino como diputado en iniciativas que tenían que ver con el sector en el que trabajaban las empresas en las que tenía intereses su mujer. A propósito de las empresas de los cónyuges hay que decir que casi ninguno de los registros de intereses obliga a informar sobre los bienes de las parejas de los políticos.

En todo caso, el peinado exhaustivo de cientos de declaraciones en Congreso, Senado y los Parlamentos regionales de Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Asturias, Murcia así como los ayuntamientos de Madrid y Valencia, ofrece como primera conclusión que la mitad de los políticos que también son empresarios son cargos electos del Partido Popular. De los 211 políticos socios de empresas, 108 son del PP. Muy de lejos le sigue el PSOE, con 36 entre sus filas. Aunque Ciudadanos tiene menos representantes elegidos que PSOE y Podemos, 28 de ellos son también empresarios. En las filas del partido liderado por Pablo Iglesias hay 22 miembros que también tienen acciones de sociedades no cotizadas. El resto de formaciones políticas reúne a 17 políticos que son dueños en todo o en parte de alguna empresa.

Congreso y Senado han conseguido atraer a la mayoría de los políticos que también son empresarios. La mitad de los que suma el PP entre todos los cargos electos de este partido que se han analizado son miembros de las Cámaras legislativas nacionales. Algo parecido le ocurre a Ciudadanos, donde 14 de los 28 políticos con estos intereses se encuentran en el Congreso. En total, Congreso y Senado reúnen 97 políticos que son socios de alguna empresa, la mitad de los políticos con estas inversiones de toda España. Mientras, los Parlamentos autonómicos compuestos con más diputados suelen tener unos quince cada uno.

Uno de los defectos que tienen las declaraciones de bienes es la difícil valoración de estos patrimonios. En algunos Parlamentos ni siquiera es necesario valorar estas acciones. En la mayoría de los casos, los políticos señalan solo el valor nominal de sus participaciones, muy por debajo de lo que valdrían realmente si se pusieran a la venta. Por otra parte, el retrato se completaría mucho mejor si se obligara a declarar la actividad de la empresa o algunos datos contables, como sus activos o sus ingresos.

Cuando se han descubierto casos de corrupción, a veces se ha dado la circunstancia de que las empresas en las que participaban algunos de los políticos implicados habían experimentado un incremento sustancial de sus ingresos. Sin embargo, este dato no se encuentra reflejado en las declaraciones de bienes, sino que hay que buscarlo en las cuentas depositadas en los registros mercantiles. Aun así, en la mayoría de los casos, el trapicheo no se ve reflejado en estas. A veces, como en el caso Gürtel, los implicados han ocultado que eran dueños de alguna empresa en particular.

Los políticos con una valoración más alta de sus participaciones empresariales se concentran en el PP. El primero de ellos es el diputado de la Asamblea de Madrid Luis Peral, con acciones en seis empresas que valora en 1,1 millones de euros. Sin embargo, el político con participaciones accionariales más altas es Oriol Amat, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y diputado por Junts pel Sí en el Parlamento catalán. Sus acciones en las empresas Profit Editorial Inmobiliaria, Bresca Editorial y Amat Gestió i Administració valen 3,5 millones de euros. Muy por debajo de esas cantidades se encuentra el socialista catalán Miquel Iceta. Las participaciones empresariales de este líder del PSC están valoradas en 132.645 euros, según ha confesado en el Parlamento de Cataluña. El resto de socialistas tienen acciones valoradas de forma mucho más modesta, de 24.000 euros hacia abajo. Por el contrario, la lista de los principales políticos del PP con mayores intereses empresariales se encuentra entre los 100.000 euros y 1,1 millones del primero de esta lista.

Los miembros de Ciudadanos, también tienen participaciones empresariales mejor valoradas que los socialistas. La diputada en la Asamblea de Madrid, Susana Solís, se lleva la palma, con intereses en tres empresas que suman más de 600.000 euros. Además, Ciudadanos tiene más diputados con intereses empresariales, a pesar de ser un grupo más pequeño que el PSOE o el que agrupa a Podemos y sus confluencias.

Los de este último grupo tienen acciones con una valoración muy por debajo de las anteriores. Gemma Lienas, diputada en el Parlamento catalán por Catalunya Sí que es Pot, supera los 154.000 euros por sus negocios en las empresas República de Cursiva y Xocolatíssim. En este grupo también destaca el caso de Pablo Soto. Este sirve como ejemplo de que los registros de bienes no ofrecen un retrato real sobre la valoración de las empresas de los políticos. Soto, concejal de Ahora Madrid en el ayuntamiento que preside Manuela Carmena, es mucho más conocido por ser el fundador de Torrent Software, entre otras sociedades. Torrent es una de las páginas de descargas más conocidas de Internet. Sin embargo, señala que el valor de sus acciones no llega a los 80.000 euros.

Entre los diputados que integraron la lista de Junts pel Sí en las elecciones al Parlamento de Cataluña, el primero es Oriol Amat, también el más importante en el ranking de toda España. En segundo lugar se encuentra el cantante Lluis Llach. Este confiesa participaciones en tres de sus empresas por casi 600.000 euros. En cuanto a los miembros de la CUP, Gabriela Serra y Anna Gabriel son socias de una cooperativa, la primera con unos 22.000 euros y la segunda con 19.000.

La participación en cooperativas se da también entre los políticos de Podemos y sus confluencias. El cambio político, con nuevas formaciones representadas en los Parlamentos, ha provocado un nuevo panorama en el tipo de empresas en las que los cargos electos han puesto su dinero. Antes era habitual ver de forma mayoritaria sociedades de bufetes de abogados o dueñas de farmacias. Ahora, el panorama es más variopinto. Los políticos tienen dinero en modestas aventuras empresariales en la mayoría de los casos. Cuando se trata de inversiones mayores, estas se dirigen a las asesorías, el turismo, las empresas relacionadas con el sector sanitario, pequeñas editoriales o empresas del sector de la comunicación, pero también a sociedades de mayor envergadura, como construcción o industriales. Los nuevos aires vienen a través de los políticos que han puesto su dinero en empresas de energía solar (quienes no habrán salido muy bien parados de las decisiones gubernamentales respecto a este sector), o relacionadas con Internet.

La ministra Isabel García Tejerina es el miembro del Gobierno que acumula acciones con un valor más alto. Se trata de participaciones en tres inmobiliarias de unos 370.000 euros. Javier Arenas, del PP, tiene un tercio de una empresa familiar, que valora en 33.000 euros. No señala su nombre, pero la única en la que tiene un cargo conocido, según el registro mercantil, es Anjacar, que se dedica al alquiler de inmuebles, y que tiene unos activos de 225.000 euros. José Ramón Bauzá da a conocer que tiene 15 acciones de Unión Farmacéutica Balear. El valor nominal de estas acciones es de 1.500 euros. Esta empresa de distribución de medicamentos tiene unos activos de 3,6 millones de euros. Otra cara conocida en el PP es el líder catalán Xavier García Albiol, con participaciones en la sociedad Incendo, con un valor muy modesto. El ministro Rafael Catalá valora en 6.000 euros su 7,79% de Bodegas Protos, aunque esta empresa tiene unos activos de 8,8 millones, ingresa 3,5 millones y cosecha unos beneficios de 900.000 euros aproximadamente. Sin embargo, valora en 91.200 el 49% de las acciones en su poder de la sociedad Pocat, que tiene unos activos de 545.000 euros y se encuentra en pérdidas. Otro ministro, Íñigo Méndez de Vigo, tiene la particularidad de valorar como una pérdida patrimonial sus acciones en la sociedad Feldstein. Una pérdida que cuantifica en 117.000 euros. También tiene participaciones en la sociedad Krainem, que valora en 71.000 euros. La diputada y exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez es otro de los miembros del PP con unos intereses en empresas más valorados, ya que sus participaciones en la Compañía Turística Santa María y Abaque Hotelera alcanzan los 524.000 euros. En otros casos, como el de la popular Celia Villalobos, no se conoce el valor de sus participaciones, pero confiesa tener acciones de la empresa de su marido, Pedro Arriola, en el Instituto de Estudios Sociales y Consultores de Investigación Social, aunque sea de forma “indirecta”, según señala en su declaración de bienes.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, tiene 13 participaciones en Heartelius, valoradas en “979 euros prima de emisión” según su apunte literal en esta declaración como concejala del Ayuntamiento de Madrid. La empresa está relacionada con la compraventa de obras de arte. Un caso llamativo es el de Pablo Cavero, el político con la fortuna más alta declarada ante las instituciones, que alcanza casi los siete millones de euros en inversiones financieras, incluidas dos Sicav. Además, Cavero señala que tiene el 10% de las empresas Asys e Interorgaz, así como 722.723 participaciones en Rantkaus, pero se desconoce su valor. Un caso más en el que no se declara ni el valor y ni tan siquiera el porcentaje de participación es el del Ayuntamiento de Valencia, donde sí podemos conocer que el alcalde Joan Ribó, de Compromís, es accionista de Hort Solar La Valcanera.