La trama que acabó con Esperanza Aguirre

28 / 04 / 2017 Javier Otero
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La detención y encarcelamiento de Ignacio González, el delfín de Esperanza Aguirre, ha llevado a esta a dimitir. Chivatazos, denuncias archivadas, redes familiares, comisiones millonarias y cuentas en Suiza van más allá del caso Lezo.

El expresidente de Madrid Ignacio González. Foto: Ballesteros/Efe

Se fue con lágrimas en los ojos, confesó sentirse traicionada en su confianza por Ignacio González, que le sucedió en la presidencia de la Comunidad de Madrid y detenido en el caso que ha supuesto la puntilla en la carrera política de la incombustible lideresa del PP.

Acaba así una carrera política en la que Esperanza Aguirre ha pasado de una muy discreta relevancia política a todo lo contrario. Comenzó a conocérsela como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, luego en el Ministerio de Cultura, donde fue conocida por algunas de sus lagunas culturales. En el Partido Popular le dieron salida hacia la presidencia del Senado, donde tampoco brilló. Su destino cambia ligado al momento en el que su partido la coloca como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El presidente hasta ese momento era Alberto Ruiz-Gallardón. El PP busca rentabilizar la buena imagen de este último para mantener la alcaldía de Madrid, un objetivo más difícil en principio que la misión encomendada a Aguirre, ya que en la comunidad autónoma el PP ganaba de largo. Pero no fue así, ya que en esas elecciones estuvo a punto de perder frente al candidato del PSOE. La traición de dos diputados socialistas, lo que se conoció como el tamayazo, lo evitó. Pero la decisión de Aguirre de no salir elegida gracias a la abstención de estos dos supuso un cambio de tendencia en su imagen, que mejoró sensiblemente. Se convocaron nuevas elecciones y las ganó. A partir de ahí comenzó a hacerse poderosa, primero en el PP de Madrid y luego en el nacional, en disputa tanto con Gallardón como con Rajoy. Y así hasta hoy.

Es la tercera dimisión (antes lo hizo como presidenta de la Comunidad de Madrid, como presidenta del PP madrileño y ahora como la lideresa del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital, como oposición a la alcaldesa Manuela Carmena) y todavía algunos dicen que no se sorprenderían si volviera. Regresó incluso tras una retirada por motivos de salud (un cáncer) que terminó curando. Su poder en Madrid y su carácter de referente ideológico le colocó en el mismo ascensor (literalmente, hubo una famosa escena) que Alberto Ruiz-Gallardón, otro de los que podrían haber optado al máximo poder en el PP. Pero una trama de corrupción que, según ella admitió, no vigiló, se la llevó por delante. Es la conocida como operación Lezo, la investigación alrededor de la empresa pública Canal de Isabel II. Pero no hay que olvidar que el caso estalló coincidiendo con la declaración de Aguirre como testigo en otro gran asunto de corrupción, el caso Gürtel.

Cuenta secreta

Todos sabían desde hace años que cuando se descubrieran los negocios que había alrededor del Canal de Isabel II el escándalo iba a ser mayúsculo. Todos sabían que existían. Una clave crucial fue la denuncia que hizo un diputado del PP, Jesús Gómez, que conoció los detalles de una cuenta de Ignacio González en Suiza. Informó de ello a Esperanza Aguirre, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera. En aquel momento era secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Algunas personas consultadas sostienen que también conoció el caso. La denuncia no tuvo consecuencias, salvo represalias contra Gómez, según su testimonio. Sin embargo, Tiempo ha sabido que los detalles de esta cuenta recalaron en la investigación del caso Gürtel, en concreto para comprobar si había tenido que ver con las comisiones pagadas por la adjudicación de una parcela de Arganda, la más importante de este caso. La información, por lo tanto, ya estaba siendo manejada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional.

También en Gürtel admitió Esperanza Aguirre su falta de vigilancia sobre sus hombres de confianza. A todo esto hay que añadir el caso Púnica, que tiene también entre rejas a Francisco Granados, que también fue su mano derecha. En una de sus vertientes se investigan los pagos a través del Canal de Isabel II a una empresa que se dedicaba a vigilar y mejorar la imagen pública de políticos del Partido Popular.

Hombre clave

El Canal, una empresa pública que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid, es un gigante que, además, se ha extendido a Hispanoamérica, en una expansión en la que ahora la investigación judicial certifica que corrieron millonarias comisiones ilegales. Presidir el Canal es, junto con Bankia, el destino político-empresarial más importante relacionado con el poder político en Madrid. En esta empresa han recalado familiares y conocidos de dirigentes del PP, incluidos un primo de Aguirre, Francisco Javier Aguirre Pemán, y familiares de Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, también salpicada en la operación Lezo. También la hija de Pedro Antonio Martín Marín (que fue secretario de Estado de Comunicación y presidente de Hispasat), sobre cuyos bienes ha pedido información el juez del caso Lezo.

Las posibilidades de negocio iban incluso a aprovecharse con la construcción de un campo de golf dentro de la ciudad de Madrid, sobre terrenos del Canal de Isabel II. Tal como publicó esta revista (ver recuadro en la página 17) y ahora confirman las investigaciones, en esta operación salieron beneficiados el hermano y el cuñado de Ignacio González y también estaría implicado el gerente del Canal de Isabel II, enviado a prisión provisional, Ildefonso de Miguel. Se trata del hombre clave de González en el Canal. Su esposa, Concepción Ruano, es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Una institución que, sorprendentemente, nunca ha revisado las cuentas de la principal empresa pública de esta comunidad. Fernando Ruano, hermano de Concepción y, por lo tanto, cuñado de Ildefonso de Miguel, tal como publicó TIEMPO en 2007, fue socio de las empresas de TDT cuyas licencias fueron adjudicadas por Ignacio González y está conectado con la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid sobre terrenos del Canal de Isabel II que benefició al hermano y al cuñado de González. Todo queda en familia también aquí. El reportaje de TIEMPO es citado en el auto en el que el juez Eloy Velasco envía a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid.

En el marco de la investigación del caso Púnica en el que se descubre que el Canal paga para mejorar la imagen de políticos del PP, esta revista adelantó el año pasado las pesquisas de la operación actual, que ha llevado a Ignacio González a la cárcel, y el decisivo papel de Ildefonso de Miguel, el hombre de González para beneficiarse de adjudicaciones públicas. A mediados del pasado mes de marzo, TIEMPO alertó de  que en el Partido Popular sospechaban que el juez Eloy Velasco tenía más información de la que aparentaba y que alguien habría cantado.

Los signos de riqueza también eran evidentes, como el polémico ático de Estepona de Ignacio González, cuya compra está llena de sombras. Ahora, con la operación Lezo, el juez ha ordenado el embargo de bienes como, por ejemplo, la casa en Aravaca a nombre de la mujer de González, Lourdes Cavero, de 447 metros cuadrados. También propiedades como las de Ildefonso de Miguel. Entre ellas se encuentra una mansión en Pozuelo (Madrid) de 634 metros cuadrados construidos junto a la urbanización La Finca, la más lujosa de Madrid, residencia de grandes fortunas y futbolistas, o dos viviendas en Las Rozas de 236 metros cada una.

Dancausa

Madrid es un campo de minas. En cualquier momento estalla una. Además, los descubrimientos tienen un efecto dominó, así lo relata el propio juez que lleva la investigación, aún bajo secreto, del caso Lezo, la operación del Canal de Isabel II que se ha llevado por delante al expresidente de Madrid. Los datos de otras investigaciones han servido para terminar de cuadrar sus pesquisas. Pero, además de estas conexiones que señala el juez, hay otras en los últimos casos que salen a la luz. Por ejemplo, en la misma semana  en que dimite Aguirre se conoce la denuncia presentada por la fiscalía contra la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, referida a una operación de la empresa Mercamadrid. Es un mazazo más tras la cascada de novedades sobre Rodrigo Rato, la declaración de Aguirre en el caso Gürtel, la citación a declarar a Mariano Rajoy ante el juez, el estallido de la operación Lezo y una querella de la fiscalía contra el despacho de abogados fundado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La denuncia contra Dancausa alcanza también a Pablo González, hermano del expresidente madrileño detenido en la operación Lezo. Pablo González se ha visto implicado en esta operación porque existen pinchazos telefónicos donde se habla de presuntas comisiones pagadas a través de Mercasa, empresa cabecera de Mercamadrid. Pero el caso que afecta a la delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid, Concepción Dancausa, va mucho más allá. La denuncia trata de una operación en la que habría salido beneficiado un empresario, José Domingo Rodríguez Losada.

Este fue suegro del exconsejero del Gobierno madrileño Juan José Güemes, quien a su vez mantenía una estrecha relación personal con Rodrigo Rato, del que ahora se destapan sus negocios mientras estaba en el Gobierno de José María Aznar.

Rodríguez Losada (cuya empresa, por lo demás, es conocida por ser la dueña del hotel de El Algarrobico, símbolo de la destrucción urbanística de la costa)  estuvo a punto de hacerse con una parcela en Majadahonda que tuvo una repercusión inimaginable entonces. Las disputas por ese suelo y las ventajosas condiciones para construir en él provocaron una guerra en el PP madrileño. El primer planeamiento de la parcela, aprobado desde la Comunidad de Madrid por Ignacio González, fue rectificado tras la intervención de Esperanza Aguirre, con lo que salió beneficiado otro constructor afín al PP. De ellas y las presuntas irregularidades sobre su adjudicación salió un dossier que le entregó a Aguirre quien luego se convirtió en el principal denunciante del caso Gürtel, el concejal José Luis Peñas. La ahora dimitida dirigente del PP se ha escabullido a la hora de reconocer que fue informada y recibió esta documentación. Por cierto, que la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, intentó que los que entregaron el dossier a Aguirre no lo hicieran, según Peñas. Cifuentes era entonces la responsable del Comité de Garantías del PP madrileño. En los aproximadamente 20 minutos en que intentó parar la iniciativa recordó que los denunciantes perjudicarían al partido y, según Peñas, les habría ofrecido un nuevo y cómodo destino político si olvidaban el tema. Cristina Cifuentes también estuvo en el consejo del Canal de Isabel II, aunque niega que tomara decisiones sobre las operaciones que ahora investiga la Justicia.

Pelotazo en 2001

Rodríguez Losada puede beneficiarse ahora de una suculenta operación en Boadilla del Monte, considerado el epicentro del caso Gürtel y cuyo ayuntamiento sigue en manos del Partido Popular. Un convenio con el consistorio le va a permitir la construcción de viviendas en un lugar atractivo urbanísticamente a cambio de un suelo donde pretendía la construcción de chalés con un precio superior al millón de euros, que actualmente no tienen salida en el mercado.

Otro detalle revelador de hasta qué punto Madrid es un auténtico campo de minas: antes de la llegada a la gerencia del Canal de Isabel II de Ildefonso de Miguel, hoy en prisión, su puesto estaba ocupado por Arturo Canalda entre 2001 y 2003. El expresidente madrileño Ignacio González afirma en una conversación telefónica intervenida que la operación que fue un auténtico pelotazo ocurrió en 2001. El juez instructor la identifica como la operación de la compra de Inassa. Se da la circunstancia de que Canalda también fue presidente de la Cámara de Cuentas madrileña, órgano que no ha fiscalizado nunca las actividades ni las cuentas del Canal. Pero no queda ahí la cosa, ya que Canalda aparece relacionado con la contratación de una empresa del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el sumario de este caso. El PSOE pidió que declarara ante el juez. Posteriormente, desde la Cámara de Cuentas, Canalda impulsó reiteradamente la fiscalización de las obras y la concesión del tranvía de Parla (ciudad gobernada por el PSOE), a pesar de que el asunto fue archivado varias veces por el Tribunal de Cuentas estatal y por la Justicia. Los socialistas están convencidos de que la postura de Canalda era una venganza por haber pedido que declarara en Gürtel. Las sombras sobre el tranvía de Parla fueron una de las principales razones de la defenestración del líder socialista madrileño Tomás Gómez, que había sido alcalde de esta ciudad. Gómez y Aguirre fueron adversarios políticos en la Comunidad de Madrid. La segunda como presidenta autonómica y Gómez en la oposición.

En el periodo en el que Canalda era gerente del Canal, en el que se produjo la hoy sospechosa expansión a Hispanoamérica y el presunto “pelotazo” que contaba Ignacio González, el presidente del Canal era Pedro Calvo y la Comunidad de Madrid estaba presidida por Alberto Ruiz-Gallardón. Calvo se vio envuelto en un turbio asunto en el Ayuntamiento de Madrid cuando era regido también por Gallardón, ya que, como publicó Tiempo, adjudicó los parquímetros a una Unión Temporal de Empresas entre Sufi, que pagaba sobornos en la trama Gürtel, y la sociedad Hixiene’s, una empresa sin actividad en este negocio que contaba con un informe falseado a su favor por el alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, que había sido compañero de candidatura del PP con un apoderado de Hixiene’s y con Pablo Crespo, uno de los principales cabecillas de la trama Gürtel. Calvo convenció a Gallardón de que no tenía nada que ver en el asunto.

Esta es la trama que acabó con Esperanza Aguirre y que destapa el lodazal de la corrupción. Ahora vendrán más sorpresas, con los papeles y ordenadores que se han requisado en las entradas y registros, las intervenciones telefónicas, la documentación contable y mercantil, los testimonios ante el juez o las comisiones rogatorias a la caza, de nuevo, de los millones en Suiza o en paraísos fiscales para esconder comisiones ilegales y lavados de dinero. Otros ya están temblando.

Pujol: prisión y registros

La agenda de acontecimientos relacionados con casos de corrupción de primer nivel en España no tiene huecos suficientes para las actuaciones que se van realizando. El conocido como caso Pujol, que investiga el origen de la fortuna del expresidente de la Generalitat y su familia, ha llegado a uno de sus puntos culminantes. El juez José de la Mata decidió el pasado martes 25 enviar a prisión a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident después de que se conociera que había canalizado fuera de España casi 30 millones de euros mientras estaba siendo investigado judicialmente.

La decisión del juez se produjo siguiendo la petición de la fiscalía. Al día siguiente de su entrada en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, el mismo juez De la Mata ordenó el registro policial de la vivienda y despacho del expresidente de la Generalitat en la avenida General Mitre de Barcelona, que ya había sido registrada dos años antes. Para estar presente en el registro el juez envió al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola a la capital catalana desde Madrid. Además del piso de Barcelona ha sido registrada la vivienda en el pueblo de Queralbs, en el Pirineo catalán.

Jordi Pujol Ferrusola tenía retirado el pasaporte desde febrero de 2016, pero esta medida no impidió que realizara las operaciones para ocultar su patrimonio descubiertas por el juez. Según el auto en el que ordena su ingreso en prisión, Pujol Ferrusola habría ido “convirtiendo y transformando en el tiempo las distintas inversiones realizadas, para continuar las operaciones de blanqueo de los capitales remitidos al exterior desde España o girados desde Andorra y otras jurisdicciones”.

De hecho, el juez De la Mata señala que incluso pocos días antes de ordenar su ingreso en prisión, la propia defensa de Pujol Ferrusola informaba de movimientos que el magistrado, sin embargo, considera una manera de ocultar las operaciones realizadas durante años como reconocimientos de deuda con uno de los testaferros del caso.

TIEMPO descubrió el pastel

Diez años antes de que explotara la operación Lezo que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Tiempo publicó varios reportajes sobre sus oscuros negocios y patrimonio. El principal, en abril de 2007, versaba sobre la adjudicación del campo de golf que se construyó sobre unos terrenos del Canal de Isabel II en el centro de Madrid.

La adjudicación benefició a empresas relacionadas con Pablo González, hermano del entonces vicepresidente madrileño, y Juan José Caballero, cuñado del político ahora encarcelado, según ha descubierto ahora la investigación judicial. Aquellos reportajes ya indicaban las relaciones societarias que llevaban a Pablo González y Juan José Caballero. Su empresa no tenía experiencia alguna en el sector y la concesión ascendió al doble el presupuesto de licitación pública. Hay que recordar que Ignacio González, además de vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidía el Canal de Isabel II, la empresa protagonista del actual escándalo.

Los beneficiarios no se limitaban a los ya citados. El reportaje destapó también que el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel (que también ha sido enviado a prisión ahora por el juez Eloy Velasco), estaba implicado. Su cuñado, Fernando Ruano, aparecía en una empresa que gestionaba la difusión de las emisiones de Televisión Digital Terrestre, cuyas licencias había aprobado Ignacio González. De Miguel era socio de su cuñado.

Las denuncias de estas adjudicaciones por parte de la plataforma contraria al proyecto del campo de golf del Canal de Isabel II cayeron en saco roto. El entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, decidió archivar la denuncia sin practicar diligencias clave. Precisamente Moix es ahora el fiscal jefe anticorrupción. En la operación Lezo su actuación ha sido controvertida. Además, en conversaciones intervenidas al expresidente Ignacio González este mostró su satisfacción cuando fue nombrado para el puesto de fiscal jefe anticorrupción. En otros pinchazos se pueden comprobar sus maniobras para conseguir este y otros nombramientos favorables a sus intereses.

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