La semana judicial más negra del PP

27 / 04 / 2017 Antonio Rodríguez
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Moncloa y los populares encajan sin solución de continuidad la detención de Ignacio González, el informe policial sobre los negocios de Rodrigo Rato, la citación como testigo de Mariano Rajoy en el primer juicio de la Gürtel y la declaración de Esperanza Aguirre en el mismo caso.

Esperanza Aguirre el día que dimitió como presidenta del PP madrileño, el 14 de febrero de 2016. Foto: Lucca Piergovanni/Efe

Un golpe tras otro y sin tiempo para tomar aire. Así han vivido esta semana en La Moncloa y Génova, la sede principal del PP, el rosario de actuaciones judiciales que han culminado para los populares con dos casos nuevos de corrupción –Lezo y Mercasa–, que se añaden a la larga lista de causas que han germinado a lo largo de la última década como los casos Gürtel, Púnica, Imelsa, Brugal, Palma Arena, Auditorio o De la Serna, entre otros.

La semana judicial más negra para el PP comenzó con el duro informe de la Guardia Civil contra Rodrigo Rato, que El Mundo sacó a la luz y en el que se le acusa de blanquear dinero procedente de paraísos fiscales durante su etapa de vicepresidente del Gobierno con José María Aznar y luego como director gerente del FMI, así como de presionar para que empresas familiares –caso de Cor Comunicación– se llevasen contratos públicos de comunicación de empresas que previamente habían sido privatizadas por el Ejecutivo cuando él dirigía el área económica. El prolijo informe de 321 páginas abarca un extenso periodo de 1997 hasta nuestro días y en él se fija un montante estimado de dicha facturación supuestamente delictiva en 83 millones de euros. La novedad de dicho documento es que ensombrece la etapa política de Rato, ya que los años como vicepresidente económico junto a Aznar habían quedado al margen de su trayectoria al frente de Bankia, que desde hace años está en entredicho. Sin embargo, Rato discrepa de todas las acusaciones y ha asegurado en un comunicado a varios medios que se trata de una “investigación política y sin pruebas”. Los jueces dirán quién tiene razón.

Este nuevo paso de Rato por el purgatorio quedó eclipsado por el anuncio de que Mariano Rajoy declarará, en calidad de testigo, en el primer juicio de la trama Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional. A la misma hora en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) daba al Gobierno una de las mayores alegrías del último año, al revisar al alza sus previsiones de crecimiento para España en 2017 hasta el 2,6%, tres décimas más de lo anticipado en enero, el presidente del tribunal que juzga los negocios de Gürtel entre 1999 y 2005, Ángel Hurtado, provocaba un terremoto al comunicar a las partes que el presidente del Gobierno testificará en dicha causa. 

Hurtado lo anunció con la boca pequeña, porque su posición siempre ha sido contraria a la petición de una de las acusaciones populares, concretamente la de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), pero esta vez quedó en minoría ante la determinación de sus compañeros de tribunal: el progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego, que hasta ahora se había alineado con Hurtado. Sin embargo, varias comparecencias habían dejado en mal lugar a Rajoy. Por ejemplo, Pedro Crespo, el número dos de la trama Gürtel, declaró ante los magistrados que los secretarios generales del PP “conocían perfectamente lo que hacía Bárcenas”. Rajoy ostentó este cargo de septiembre de 2003, cuando fue elegido por Aznar como su sucesor, hasta octubre de 2004, fecha del XV congreso del PP. Correa, por su parte, admitió en el juicio que una serie de empresas que conseguían grandes contratos con el Gobierno dejaban luego un 3% de comisiones en la sede del partido, aunque al presidente del Gobierno le beneficia que tanto Bárcenas como Correa reconocen que fue él quien decidió romper con las empresas de la Gürtel.

La citación de Rajoy como testigo no tiene precedentes, ningún presidente del Gobierno en ejercicio había comparecido hasta ahora ante un tribunal. Hay dos casos que sí se le acercan. Adolfo Suárez declaró como testigo en 1995 ante la Audiencia Nacional por el caso Banesto, en el que se enjuiciaba al banquero Mario Conde. El expresidente tuvo que responder sobre un préstamo de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) que la entidad entregó al Centro Democrático y Social cuando Suárez presidía esta formación. Más mediática fue la comparecencia de Felipe González en 1998 ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo por el caso Segundo Marey, la primera acción del grupo terrorista de los GAL en suelo francés. La declaración de González, cuando ya era expresidente y también en calidad de testigo, no cambió el signo del juicio. Al final, solo pasó a la historia por la imagen borrosa que El Mundo le hizo saliendo de la sala y con la que se sorteó la prohibición que los magistrados impusieron a los periodistas acreditados en el juicio para que no entrasen con cámaras o grabadoras.

Después de años bregando con la crisis económica, Rajoy disfrutaba de un momento dulce. Sin datos del paro que supusieran un suplicio mensual y con el FMI poniendo a España a la cabeza de los países desarrollados que más crecerán este año, los planes del presidente del Gobierno pasaban por seguir luciéndose en la escena internacional. No era para menos. Las previsiones económicas de España volvían a ir como un tiro y Rajoy ha pasado de ser aleccionado en Bruselas por sus colegas europeos, a ser mirado con envidia por líderes que temen perder Gobiernos o que ven cómo en sus países se hace fuerte una extrema derecha desconocida en la península ibérica.

Rajoy daba prioridad desde hace meses a su papel en la escena internacional y al mismo tiempo que cocinaba entre bambalinas un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, hacía de anfitrión en Madrid en una cumbre de los países del sur de Europa, a la que asistieron los dirigentes de Francia, Italia, Grecia, Portugal, Chipre y Malta; o recibía al ministro de Exteriores de Cuba y, a instancias de La Habana, se comprometía a visitar la isla antes de que Raúl Castro abandone el poder en febrero de 2018. Un gesto, unido al deseo del Gobierno de que España sea el primer país de la UE en aprobar el nuevo acuerdo político entre la Unión y Cuba, que a buen seguro habrá molestado a José María Aznar.

La primavera aparecía atareada fuera de España para Rajoy, que ha elegido Brasil y Uruguay para hacer su primera gira por Latinoamérica, del 24 al 26 de abril. Tres días después viajará a Bruselas para la primera reunión de líderes sobre la negociación de la salida del Reino Unido de la UE, el llamado brexit, y a finales de mayo volverá a subirse a un avión para viajar a China, donde participará en una cumbre económica y empresarial sobre la Ruta de la Seda. A mediados de junio tendrá que regresar a Bruselas para una nueva cumbre europea, así que el panorama se presentaba con cielo despejado para el jefe del Ejecutivo, hasta que los fantasmas de Gürtel que merodean a su alrededor desde hace ocho años con las primeras detenciones han regresado ahora para empañar su actividad política.

Rajoy se suma así a la lista de ex altos cargos del PP que tienen que declarar como testigos en este primer juicio de Gürtel. La primera fue Esperanza Aguirre el pasado jueves, por el fraccionamiento de las facturas de los servicios prestados por las empresas de Correa cuando ella presidís la Comunidad de Madrid, aunque hasta ahora tenían más relevancia mediática las citas fijadas para Francisco Álvarez Cascos el próximo 19 de junio o para los exdirigentes del PP Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas o Ángel Acebes, el 20 de ese mes. Si iban a desfilar como testigos ante el tribunal, más de uno se preguntaba por qué no ocurría lo mismo con Rajoy o, en última instancia, con Aznar.

De momento, la citación del presidente del Ejecutivo no se ha señalado en el calendario del juicio y La Moncloa aún no sabe el formato que empleará el jefe del Ejecutivo para testificar ante el tribunal. Las dos opciones que se barajan son la de acudir en persona a la Audiencia Nacional y someterse a las preguntas de la acusación popular, eso sí, con la incómoda presencia de Correa, Bárcenas y el resto de los enjuiciados a su espalda; o bien responder a las cuestiones mediante videoconferencia, una facultad que el tribunal puede autorizar en función de dos motivos que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1991. 

El primero de ellos es que lo aconsejen “razones de utilidad, seguridad o de orden público”, algo fácil de aplicar ante un caso como el de Rajoy. También se puede acordar si se estima que la comparecencia puede resultar “gravosa o perjudicial” para el testigo. El tribunal puede adoptar la medida por propia iniciativa o a petición de alguna de las partes, desde el propio PP a la Fiscalía o la Abogacía del Estado, tres partes que ya se opusieron a su comparecencia y que ahora seguramente vuelvan a hacer piña. Tanto en un caso (el de la declaración presencial) como en el otro (el uso de la videoconferencia), Rajoy tendrá que atenerse a decir la verdad, so pena de incurrir en un delito de falso testimonio y que alguna de las partes solicite al final del juicio que se le abra una pieza separada. Así que el presidente del Gobierno deberá medir sus palabras.

La reacción del PP a la citación a Rajoy no se hizo esperar y se produjo en términos mucho más duros que con los que sus portavoces suelen despachar los asuntos judiciales. El coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maíllo, fue el primero en censurar la decisión del tribunal y unas horas después, la dirección nacional del PP difundió un comunicado en el que consideraba que se trata de “un abuso de derecho (...) con clara intencionalidad política” y que dicha acción “se enmascara bajo un interés jurídico inexistente”. Además, los populares colocaron a Adade en la órbita del PSOE: “Está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista”. Esta nota fue objeto de debate en la sede de la calle Génova, hasta el punto de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, consideró que sus términos le parecían demasiado “agresivos”, aunque finalmente se optó por no rebajarlos.

A la sorpresa por la citación de Rajoy le siguió al día siguiente la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a quien el PP no puede acusar de partidista, pues fue director general de Justicia de los Gobiernos de la Generalitat valenciana entre 1995 y 2003 a las órdenes de Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

El caso Lezo se inició en 2015, aunque no fue hasta el año pasado cuando se aceleraron las pesquisas, a raíz de una denuncia del Gobierno que ahora preside Cristina Cifuentes, en el que se advertía de una serie de irregularidades en la compra de sociedades en el extranjero por parte del Canal de Isabel II. Precisamente, el juez Velasco citó a la presidenta madrileña a declarar como testigo sobre este caso aún en fase de instrucción, así como a su portavoz y actual presidente de la empresa regional que gestiona el agua, Ángel Garrido.

Junto a González, al que el PP suspendió de militancia, hubo otras once detenciones y una treintena de registros en Madrid y Valencia. A los arrestados se les acusó de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Entre ellos se encontraban su hermano Pablo González y su cuñado Juan Caballero, mientras que su esposa, Lourdes Cavero, quedó imputada. En esta presunta trama estarían también Edmundo Rodríguez, el hombre fuerte de González en Latinoamérica, e Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, a quien se atribuye el rol de lugarteniente del expresidente madrileño en las operaciones investigadas.

En paralelo, la Audiencia Nacional desarrolló una segunda operación judicial por operaciones irregulares del consorcio semipúblico Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) en Angola, en la que se imputó a diez personas por corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, aunque no hubo detenciones. Se da la circunstancia de que Pablo González es directivo de Mercasa. 

*Con información de Clara Pinar

El hombre clave del canal

Entre los negocios que se investigan en la operación Lezo, que han llevado a la detención del expresidente madrileño Ignacio González, se encuentran las adjudicaciones y contratos públicos que se realizaron (sobre todo, pero no únicamente) alrededor del Canal de Isabel II, la empresa de agua de Madrid. Los hilos que ha seguido esta investigación nacen de la instrucción judicial de otros casos. Entre ellos se encuentran los casos Gürtel, Púnica, o el que indaga sobre la compra del ático del expresidente en Estepona.

Estas pesquisas intentan reconstruir la presunta actividad de Ignacio González en torno a estas tramas. Y existen dos ramas de investigación. Una de ellas se refiere a las operaciones urbanísticas en las que habría participado presuntamente el expresidente madrileño, mientras que la otra es la de su posible relación con contrataciones públicas irregulares. En el urbanismo, la principal operación bajo sospecha ha sido la adjudicación de una macroparcela en Arganda del Rey (que dio a luz la mayor comisión ilegal conocida en el caso Gürtel: 15 millones de euros), adjudicada a la empresa Martinsa, sobre la que se investiga su relación con el ático de Estepona.

Quienes conocen las investigaciones y la trayectoria de González señalan la importancia de dos personajes clave, uno en los negocios urbanísticos (Pedro Pérez, expresidente de Vía Digital), y otro en las contrataciones públicas. En este segundo apartado se encontraría Ildefonso de Miguel, uno de los investigados en el caso Lezo y que ha sufrido el registro de la sede de sus empresas. De Miguel fue gerente del Canal de Isabel II y acompañó a Ignacio González al viaje a Colombia cuyas imágenes, tomadas clandestinamente (bajo estas líneas) les retrataban llevando a cabo extraños negocios o con un trajín con bolsas de plástico sobre cuyo contenido se ha especulado mucho. Junto a De Miguel y González se encontraba también en ese viaje el consejero delegado de Martinsa.

De Miguel fue también consejero de otra de las más importantes empresas madrileñas, Arpegio, relacionada con los suelos públicos, y que se vio salpicada por contrataciones investigadas en el caso Púnica, en el que el principal político implicado es también exconsejero madrileño Francisco Granados. Además, los nombres de De Miguel y González coinciden en el caso de la adjudicación de un campo de golf que se construyó sobre terrenos del Canal de Isabel II, mientras ambos eran gerente y vicepresidente del mismo. La contrata recayó en una empresa con vínculos familiares con González. Esta sociedad, a su vez, estaba relacionada con otra en la que aparecen familiares de Ildefonso de Miguel. Esta última, además, fue la adjudicataria de un concurso público relacionado con infraestructuras de la TDT, que estaba bajo la supervisión de Francisco González. Javier Otero

Los negocios de Rato pendientes de investigar

Dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria han sacado a la luz los contratos de comunicación que presuntamente negoció Rodrigo Rato en beneficio de empresas familiares en su etapa como vicepresidente del Gobierno y luego en los años en que estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 2004 a 2007. Los contratos con esas empresas ascendieron a 83 millones de euros y se habría defraudado cerca de 6,8 millones a Hacienda, aunque Rato niega las acusaciones mientras está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la condena a cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional le impuso por el uso de tarjetas opacas al fisco dentro de Bankia.

Entre las sociedades investigadas ahora se encuentra Muinmo, una compañía que ya apareció en el caso Gescartera. Durante la investigación de este escándalo financiero, con Rato de vicepresidente, se destapó que esta sociedad recibió del banco HSBC un préstamo de 525 millones de pesetas (3,1 millones de euros) a devolver en dos años. Muinmo no parecía poder avalar semejante crédito. HSBC había sido el banco clave para ocultar las operaciones irregulares realizadas por la agencia de valores Gescartera. Ya en aquel caso se produjo una polémica sobre la incompatibilidad, ya que los miembros del Gobierno no pueden tener actividad mercantil. El entonces vicepresidente económico se amparó en un informe jurídico oficial que concluía que no había incurrido en tal incompatibilidad. Tenía el 33% de las acciones y el Gobierno le había concedido licencias de radio.

Rato también negó disponer de patrimonio en el extranjero, ya que los socialistas creían que era este el que servía de garantía para el importante crédito concedido por HSBC. La actual investigación ha desvelado que, a diferencia de lo que sostuvo el entonces vicepresidente del Gobierno, tal patrimonio sí que existía. En aquellos años, los negocios de Rato y su familia eran analizados en dosieres que corrían por los más influyentes despachos de España.

Cuando Alfonso Guerra era vicepresidente del Gobierno, respondió a Rato en un debate parlamentario sobre el denominado casoJuan Guerra con referencias a los presuntos favores que Rato pidió o que recibieron sus empresas de los socialistas. Hay más. Rato aceleró su estrategia de ocultar su participación en las empresas en las que se sospechaba que participaba. En ellas interpuso a personas que ahora se han acreditado como testaferros.

Entre los asuntos que han destacado a lo largo de la investigación actual se encuentra, por ejemplo, la sicav Donald Inversiones, en la que apareció como presidente el marido de la exalcaldesa de Cádiz y diputada Teófila Martínez. La relación proviene de los inicios políticos de Rato, cuando era diputado por esta provincia. En Muinmo y otras empresas de la familia Rato también es habitual encontrar a Gonzalo Martín Borregón, apoderado de una empresa del marido de Cristina Cifuentes.

Uno de los negocios relacionados con la familia Rato menos conocidos se encontraba en la conocida como operación Chamartín a través de la empresa Urbanismo y Ciudad, que prometía en aquellos años importantes rendimientos. Aparcada durante años, la operación ha resurgido ahora y cuenta como uno de los cebos para intentar atraerse a las empresas de la City londinense tras el brexit. En ella fue representante durante años Álvaro Lapuerta Montoya, hijo del extesorero del PP al que sucedió Luis Bárcenas.

También con Rato de vicepresidente se modificó el sistema de concesión de las ITV que pedía la patronal Faconauto, presidida por su cuñado Francisco Salazar. J. Otero

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