La lucha por el control del legado de Lorca
31 / 05 / 2016 Javier Otero
Las deudas y la desconfianza pueden hacer que la familia pierda el control sobre los documentos del poeta.
El legado documental del poeta Federico García Lorca, en poder de su familia, vive una disputa cuyo último capítulo es la decisión del Gobierno de declararlo Bien de Interés Cultural. Cuando el PP tenía el control del Consorcio Federico García Lorca, que tendrá en el futuro estos documentos, dejó en nada el papel de la fundación controlada por la familia. Ahora, los socialistas tienen mayoría en el consorcio y es casi seguro que repondrán el protagonismo de los herederos del poeta. El Gobierno central ha contraatacado con la declaración de Bien de Interés Cultural que le quita de nuevo a la familia parte del poder sobre los que fueron papeles privados del autor de La casa de Bernarda Alba.
Las sospechas de que se fuera a producir la venta de estos documentos, las deudas tras un nuevo centro dedicado al poeta en Granada y el descubrimiento de graves irregularidades en la gestión del centro por parte de la Fundación Federico García Lorca, cuyo secretario llegó a huir de España, y una investigación judicial abierta debido a la querella presentada por la presidenta de esta institución y sobrina del poeta, Laura García Lorca, contra el que fuera cargo de su confianza, son acontecimientos que se han producido en los últimos meses antes de la decisión del Ejecutivo, que ha sido criticada por la propia presidenta de la Fundación Federico García Lorca.
Todo ello se produce cuando los derechos de autor que cobra la familia se extinguirán dentro de cuatro años. Estos derechos están vigentes durante ocho décadas tras la muerte del autor (que se produjo en 1936), fecha en que la obra pasará a ser de dominio público. El próximo mes de agosto se cumplen 80 años de la muerte de Lorca, pero realmente los derechos no caducarán hasta 2020, ya que cuentan a partir de la fecha en que se certificó legalmente su fallecimiento, en 1940.
Sobrina y presidenta
Otra cosa distinta es la propiedad de los documentos originales y personales del autor: manuscritos y obras mecanografiadas, cartas, dibujos, pinturas y fotografías donde se plasma físicamente la memoria del poeta. Este legado documental está depositado en la fundación que lleva su nombre, radicada en la antigua Residencia de Estudiantes de Madrid, símbolo de los aires de cambio en la educación en la época de Lorca, donde vivió durante un tiempo y conoció a artistas como Luis Buñuel o Salvador Dalí. La fundación es la dueña de los documentos, que fueron donados por la familia del poeta. Al frente de la fundación se encuentra su presidenta, Laura García Lorca, sobrina del poeta, que se cambió sus apellidos, que eran originalmente García de los Ríos. La presidenta de la fundación se ha mostrado muy molesta con la manera en que se ha producido la declaración de Bien de Interés Cultural de este legado documental. Mantiene que no fue informada de este trámite hasta que ya estaba tomada la decisión, contra la versión dada por el Ministerio de Cultura. Este suceso es el último capítulo en un relato en el que el Gobierno ha ido retirando a la fundación el protagonismo del que gozaba, por ejemplo, en el consorcio creado para la construcción del nuevo Centro Federico García Lorca en Granada, que debería ser el destino final del legado documental del poeta.
Detrás de ello se encuentran las graves irregularidades descubiertas en la gestión de la construcción de este centro. Esta gerencia estaba en manos de la fundación, que finalmente ha sido apartada por cambios en los estatutos del consorcio. Esta entidad está formada por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada. Ahora, la presidenta de la fundación pretende que se resuelva el conflicto con un acuerdo sobre los estatutos, que debería reponer a esta última en su papel anterior. La fundación, según los estatutos del consorcio, redactados bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, era la encargada de la gerencia de este y de la construcción del nuevo Centro García Lorca en Granada, adonde debían trasladarse finalmente los fondos documentales. El Gobierno de Mariano Rajoy dio un golpe de timón a los estatutos el pasado mes de julio. Estos, redactados en 2007, señalaban que el consorcio nacía por un convenio entre las citadas instituciones públicas y la Fundación Federico García Lorca. En la modificación de los estatutos realizada el pasado mes de julio, la fundación ha desaparecido como una de las entidades que crean el consorcio. Así, la Fundación Federico García Lorca, que se encargaba de la gerencia del consorcio, perdía además esta facultad y ni siquiera podrá nombrar, sino solo proponer, al coordinador del nuevo Centro García Lorca de Granada, donde tendría que ir a parar el fondo documental del poeta. La familia, de esta manera, perdería completamente el control del patrimonio que donó a la fundación cuando esta se constituyó hace 32 años. El coordinador, propuesto pero no nombrado por la fundación, ni siquiera tendrá voto en las sesiones de los órganos de gobierno del consorcio, sino solo voz, según los nuevo estatutos.
Laura García Lorca subraya que estos cambios, y la actuación de algunas administraciones integradas en el consorcio, han alterado los principios fundacionales para la difusión y proyección internacional de la figura del poeta y “han hecho imposible el traslado de los fondos porque desvirtúan la integridad de dicho legado y la finalidad del centro”, según un comunicado emitido tras la decisión de declarar Bien de Interés Cultural estos documentos. Curiosamente, la sobrina de García Lorca, a la hora de defender que este legado está en buenas manos, señala que los propietarios del legado son tanto la fundación como la familia del poeta, lo que se contradice con el hecho de que la familia donó los fondos a la fundación.
Con la declaración de Bien de Interés Cultural del legado documental de Federico García Lorca que se ha producido ahora, el Gobierno se asegura de que estos documentos no salen de España. La decisión se ha tomado con el Gobierno en funciones, como ha subrayado Laura García Lorca, lo que indicaría que había prisa en hacerlo, aunque esto no es admitido desde el Ejecutivo. Sobre estas prisas sobrevuela la sospecha de un intento de venta de este legado, valorado en 20 millones de euros en 2007 en una tasación realizada por la casa de subastas Christie’s. Esta intención también ha sido negada por la presidenta de la fundación, aunque admite que la Universidad de Austin, que compró el legado de Gabriel García Márquez, mostró interés por el del poeta granadino.
La deuda con La Caixa
Sin embargo, la declaración de Bien de Interés Cultural se produce en un momento clave. La mala situación económica consecuencia de la gestión del anterior gerente del consorcio y secretario de la Fundación García Lorca hizo que esta última se endeudara en más de cuatro millones de euros con La Caixa. Además, la gestión del anterior gerente ha dejado un agujero de 13 millones de euros. El único patrimonio de la fundación es el legado documental de Federico García Lorca. El impago del crédito podría hacer que La Caixa se convirtiera en la dueña de estos fondos. Sin embargo, Laura García Lorca ha declarado a TIEMPO que los fondos documentales “no han sido pignorados en garantía por el préstamo de La Caixa”.
Es en este contexto cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se apresura para declararlo Bien de Interés Cultural aun estando en funciones. El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, declaró, tras tomar la decisión, que se trataba de impedir que esta herencia se escapara o que se pusiera en riesgo su unidad por la venta de una parte por la fundación. Así que, tras décadas en las que este legado no ha contado con esta protección, a partir de ahora el Estado tiene derecho de tanteo en el caso de venta entre particulares, además de la consabida condición de que no podrá salir de España, ni de Madrid, sin permiso. El Gobierno y la Comunidad de Madrid han manifestado que no pondrán problemas al traslado de estos documentos al recién estrenado Centro García Lorca de Granada, pero también hay que destacar que es el único destino que han señalado.
Esta situación puede dejar a la familia Lorca limitada en cuanto a la gestión del legado del poeta. En el pasado, la familia de Federico García Lorca había vendido óleos de Salvador Dalí al Museo Reina Sofía con los que financiaron la fundación. Sin embargo, su papel en el consorcio puede revertirse, ya que la mayoría de este ha cambiado de color político y ahora es controlado por el PSOE.
