La justicia interna de Podemos no funciona
18 / 09 / 2017 Clara Pinar
El partido morado afronta demandas ante los tribunales por irregularidades en sus comisiones de garantías tras el estallido de la estatal este verano.
Juan Manuel Brito, exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, llevará a juicio a Podemos el 25 de septiembre. Foto: Ángel Medina/EFE
Acoso”, “brazo ejecutor” o “purga”. Estos calificativos, en boca de militantes y exdirigentes expedientados o expulsados de Podemos, se refieren a uno de los órganos internos con los que el partido morado irrumpía en 2015 no solo para limpiar el sistema, sino ser un partido ejemplar. En Vistalegre I se creó un partido de corte tradicional que, como novedad, se dotaba de un tribunal interno, independiente del poder político, para hacer cumplir los estatutos y su exigente código ético. Se llamó Comisión de Garantías Democráticas y se replicó en cada comunidad autónoma. Al menos la mitad de sus miembros tenían que ser juristas y estaban encargados de recibir quejas, instruir causas y emitir un fallo que podría dar lugar al expediente o la expulsión.
Frente a tal aspiración, la guerra en la Comisión de Garantías estatal de este verano muestra una cara distinta, que ya asomó en experiencias de cargos y excargos por toda España, con comisiones de garantías inexistentes –Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia–, otras que se disolvieron en el pasado –Comunidad Valenciana o Extremadura– y frecuentes dimisiones de sus miembros alegando “presiones”. También críticas por decisiones arbitrarias, motivadas en discrepancias políticas e incluso enfrentamientos personales que desde hace meses terminan ante la Justicia ordinaria. Juzgados de Madrid, Las Palmas y Santiago de Compostela tramitan hoy denuncias contra Podemos por “vulneración de derechos fundamentales” de exdirigentes que acuden a los tribunales tradicionales porque no encuentran amparo en los de Podemos. Asimismo, tras la destitución de la presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez, la dirección estatal se ha ofrecido a revisar al menos un expediente en el que intervino. Es el caso del diputado regional de La Rioja Germán Cantabrana, a quien algunos diputados del PP llaman “el comisionista” por su asidua asistencia a las comisiones del Parlamento de La Rioja, pero que tuvo que hacer frente a un expediente por no cumplir con sus obligaciones parlamentarias. La denuncia decayó, pero le siguieron otras por acusar en una reunión a un compañero de actuar igual que el PP o por no donar las cantidades debidas al partido. Cantabrana niega estas acusaciones, apunta a una persecución personal y espera indicaciones de Podemos para revisar unos expedientes que Jiménez tramitó con una inusitada velocidad.
A los juzgados
La última denuncia judicial la presentó hace unas semanas la corriente Profundización Democrática contra la modificación de los estatutos más allá de lo aprobado por las bases en Vistalegre II, que hizo estallar definitivamente la Comisión de Garantías estatal. Pero ha habido más. Un juzgado de Santiago de Compostela celebró esta semana una vista por la demanda contra Podemos por haber usurpado a las bases en Galicia su derecho a celebrar primarias para respaldar cualquier coalición electoral. Ante la posibilidad de que las bases rechazaran un acuerdo con En Marea, Iglesias anunció en agosto del año pasado, vía tuit, que tenían que ir juntas “sea cual sea la fórmula”. “Es contra En Marea y Podemos por infringir los estatutos de Podemos y anular las primarias abiertas que tiene obligación de convocar para elegir cargos”, explica Xosé Manuel Zapata, expedientado tras un reportaje en Interviú sobre los “críticos de Podemos”. Asegura que representantes de Legal de Podemos Galicia le habrían ofrecido un pacto para no llegar al juicio. “A cambio de cuestiones de nivel particular, para no tener una sentencia que diga que se han incumplido los estatutos”, dice sobre una oferta que “no consta” en el partido.
