La justicia interna de Podemos no funciona

21 / 09 / 2017 Clara Pinar
  • Valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tu valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¡Gracias!

El partido morado afronta demandas ante los tribunales por irregularidades en sus comisiones de garantías tras el estallido de la estatal este verano.

Juan Manuel Brito, exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, llevará a juicio a Podemos el 25 de septiembre. Foto: Ángel Medina/EFE

Acoso”, “brazo ejecutor” o “purga”. Estos calificativos, en boca de militantes y exdirigentes expedientados o expulsados de Podemos, se refieren a uno de los órganos internos con los que el partido morado irrumpía en 2015 no solo para limpiar el sistema, sino ser un partido ejemplar. En Vistalegre I se creó un partido de corte tradicional que, como novedad, se dotaba de un tribunal interno, independiente del poder político, para hacer cumplir los estatutos y su exigente código ético. Se llamó Comisión de Garantías Democráticas y se replicó en cada comunidad autónoma. Al menos la mitad de sus miembros tenían que ser juristas y estaban encargados de recibir quejas, instruir causas y emitir un fallo que podría dar lugar al expediente o la expulsión.

Frente a tal aspiración, la guerra en la Comisión de Garantías estatal de este verano muestra una cara distinta, que ya asomó en experiencias de cargos y excargos por toda España, con comisiones de garantías inexistentes –Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia–, otras que se disolvieron en el pasado –Comunidad Valenciana o Extremadura– y frecuentes dimisiones de sus miembros alegando “presiones”. También críticas por decisiones arbitrarias, motivadas en discrepancias políticas e incluso enfrentamientos personales que desde hace meses terminan ante la Justicia ordinaria. Juzgados de Madrid, Las Palmas y Santiago de Compostela tramitan hoy denuncias contra Podemos por “vulneración de derechos fundamentales” de exdirigentes que acuden a los tribunales tradicionales porque no encuentran amparo en los de Podemos. Asimismo, tras la destitución de la presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez, la dirección estatal se ha ofrecido a revisar al menos un expediente en el que intervino. Es el caso del diputado regional de La Rioja Germán Cantabrana, a quien algunos diputados del PP llaman “el comisionista” por su asidua asistencia a las comisiones del Parlamento de La Rioja, pero que tuvo que hacer frente a un expediente por no cumplir con sus obligaciones parlamentarias. La denuncia decayó, pero le siguieron otras por acusar en una reunión a un compañero de actuar igual que el PP o por no donar las cantidades debidas al partido. Cantabrana niega estas acusaciones, apunta a una persecución personal y espera indicaciones de Podemos para revisar unos expedientes que Jiménez tramitó con una inusitada velocidad. 

A los juzgados

La última denuncia judicial la presentó hace unas semanas la corriente Profundización Democrática contra la modificación de los estatutos más allá de lo aprobado por las bases en Vistalegre II, que hizo estallar definitivamente la Comisión de Garantías estatal. Pero ha habido más. Un juzgado de Santiago de Compostela celebró esta semana una vista por la demanda contra Podemos por haber usurpado a las bases en Galicia su derecho a celebrar primarias para respaldar cualquier coalición electoral. Ante la posibilidad de que las bases rechazaran un acuerdo con En Marea, Iglesias anunció en agosto del año pasado, vía tuit, que tenían que ir juntas “sea cual sea la fórmula”. “Es contra En Marea y Podemos por infringir los estatutos de Podemos y anular las primarias abiertas que tiene obligación de convocar para elegir cargos”, explica Xosé Manuel Zapata, expedientado tras un reportaje en Interviú sobre los “críticos de Podemos”. Asegura que representantes de Legal de Podemos Galicia le habrían ofrecido un pacto para no llegar al juicio. “A cambio de cuestiones de nivel particular, para no tener una sentencia que diga que se han incumplido los estatutos”, dice sobre una oferta que “no consta” en el partido.

Como en toda guerra, el enfrentamiento en la comisión estatal dio lugar a versiones opuestas, en este caso, sobre el papel de su entonces presidenta –hoy expedientada y apartada de su cargo, pero no de la comisión–, donde quedan al descubierto decisiones subjetivas y relaciones personales alejadas del carácter técnico de este órgano. Empezando por el sistema de voto, que hasta este verano reproducía el que había instaurado como una “autorregulación” la anterior Comisión de Garantías, que presidía la hoy vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, y de la que también era miembro su marido, Pablo Fernández, responsable jurídico de Podemos. Esta primera comisión suscitó muchas críticas por estar dominada por dos personas de la máxima confianza de Pablo Iglesias. Por ejemplo, de ella salió el permiso para que, tras ganar las primarias en la Comunidad de Madrid a la candidatura errejonista, Ramón Espinar pudiera acumular sus puestos de diputado regional y senador, aun cuando el documento ético decía que solo se podía ocupar un cargo institucional. Esto se vio como un claro exponente de algo fácilmente observable: la Comisión de Garantías no suele fallar en contra de los criterios de la dirección política, ya sea estatal o autonómica. “Es el brazo ejecutor del consejo, empieza a hacer lo que siempre hemos criticado del Partido Popular, perseguir a gente que no sea afín”, dice Cantabrana.

Modificación subjetiva

Aunque desde el principio las normas de Podemos decían que debía haber cinco miembros titulares y cinco suplentes, la primera comisión, presidida por Elizo, “funcionaba muy bien” y decidió motu propio que sus diez miembros tendrían el mismo derecho a voto. En Vistalegre II se intentó dar un aire de mayor independencia a este órgano eligiendo a sus miembros por primarias, cinco titulares y cinco suplentes que pronto decidieron mantener el sistema “autorregulado” anterior. Todo iba bien hasta que empezaron las diferencias con Jiménez. Sus detractores dicen que llegó a creerse “la reina del mambo”, haciendo y deshaciendo a su antojo en procedimientos en casos como uno en Podemos en Alcorcón, donde resultó ser la instructora de un caso contra uno de sus dirigentes al mismo tiempo que asesoraba a la parte contraria. Sus defensores marcan el origen de su defenestración en su oposición a los nuevos estatutos. La dirección de Podemos cortó por lo sano dictando, en una lectura rígida de los estatutos que no se había dado hasta entonces, que votaran solo los cinco titulares, y así perdió la mayoría.

El enfrentamiento en la comisión estatal es la punta del iceberg de otras situaciones polémicas a nivel autonómico. La voz de alarma la dio en Vistalegre II Fernando Barredo, hoy expedientado en Castilla-La Mancha, cuando subió al estrado a echar en cara a Pablo Echenique su mal funcionamiento. “Si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme qué coño funciona”, dijo. La andanada de Barredo, promotor de una candidatura alternativa a la del actual secretario general regional, fue calificada en las crónicas sobre la asamblea de “anécdota”. Meses después, se le abría un expediente por haber aceptado dinero de un empresario para su corriente, Imagina Podemos, a cambio de que su mujer fuera en las listas. Él lo niega y denuncia que nunca ha sido escuchado por una comisión que hoy ni existe.

El número de expedientes disciplinarios abiertos por Podemos contra sus miembros es un secreto bien guardado en la Secretaría de Organización. 

“La comisión no es imparcial”

Según algunos afectados, no para de crecer y superaría los 100.000. Ana Bayón, que hace meses defendió en Extremadura una candidatura alternativa a la de la actual dirección autonómica, explica que hacen el recuento de acuerdo al número de expediente de cada nuevo caso. El suyo de expulsión, junto a otros diez compañeros por denunciar irregularidades ante la prensa, también ha dado lugar a una denuncia, admitida a trámite y con vista prevista en julio de 2018. A pesar de que en Vistalegre II Carolina Bescansa se ofreció a revisar el caso, Bayón cree que nada ha mejorado. “Garantías no es imparcial”, dice y lamenta que ni han sido escuchados.

Juan Manuel Brito también tiene claro que la Comisión de Garantías decidió a través de su expulsión sobre las discrepancias políticas que a finales de 2016 existían sobre la política de pactos en Canarias. Él era vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y su expediente recayó en la comisión estatal porque la canaria estaba disuelta tras la denuncia de su presidenta por falsificación documental. Está trufado de denuncias por permitir una batida de cabras salvajes o no haber seguido la pauta del partido ante la huelga de trabajadores de la Orquesta Filarmónica. “Creo que las cuestiones de fondo no se corresponden con la sanción de la expulsión y no son hechos contrastados, ni con pruebas sólidas, solo con una serie de opiniones”, dice. El proceso empezó con una recogida de firmas contra él y terminó con su dimisión del Cabildo y su sustitución por un compañero que dos semanas después rompió el pacto de Gobierno con PSOE y Nueva Canarias. Brito también ha presentado una demanda ante un juzgado de Las Palmas, con un juicio para el 25 de septiembre que está “seguro” de que va a ganar. 

La dirección de Podemos rechaza las críticas. “Por supuesto, el ser humano tiende a controlar en donde manda, pero la Comisión de Garantías es algo bastante más serio de lo que he visto en otros partidos”, dicen en la sede de Princesa. En una entrevista, Iglesias aseguraba que “ni el secretario general ni ningún órgano puede posicionarse ante decisiones de la Comisión de Garantías. Lo que diga la Comisión de Garantías va a misa”.

A misa y, por lo que se ve, también a los juzgados.

297896_iglesiaselizof

Pablo Iglesias y Gloria Elizo

PABLO-OLMOS-01-(VIDEO)-f

Germán Cantabrana, diputado de La Rioja, denuncia una persecución personal

FERNANDO-BARREDO-01-(Youtube)f

Fernando Barredo clamó en Vistalegre II contra la Comisión de Garantías

olga-jimenez-pablo-iglesias-podemosf

Olga Jiménez, expresidenta de la Comisión de Garantías estatal

Podemos se rompe en Cataluña

Antes de una eventual desconexión de Cataluña, el procés está cerca de cobrarse una primera ruptura. No de España, sino de Podemos, donde las profundas diferencias que desde hace meses separan a su secretario general, Pablo Iglesias, y al líder catalán, Albano Dante Fachin, se acentúan a medida que se acerca el 1-O. Fachin fue elegido por las bases hace apenas un año y pronto empezaron las fracturas internas. Primero, porque rechazó integrarse en el partido de Ada Colau, hasta el punto de que dirigentes y militantes de Podemos sí decidieron hacerlo a título individual. Por su apoyo al referéndum independentista, sobre el que Iglesias es menos claro, Fachin decía este verano que Iglesias le había pedido que dimitiera pero que no pensaba hacerlo. Los dos actos convocados por Podemos en la Diada, uno de Iglesias con Colau y otro con Fachin, ponen difícil la reconciliación y parte de las bases han pedido públicamente la dimisión de la cúpula en Cataluña.

Iglesias-Fachinf

Diferencias: Iglesias y Fachin en Hospitalet del Llobregat en febrero de 2017. Foto: Marta Pérez/EFE

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

COMENTARIOS

No hay comentarios

ENVIA TU COMENTARIO

  • Los campos marcados con "*" son obligatorios

Grupo Zeta Nexica