La independencia, a piñón fijo

“El proceso ni se para ni se cambia. La constatación de ello es la agenda del president Carles Puigdemont de los últimos días, presentando el plan de Gobierno para esta legislatura y reuniéndose con Mariano Rajoy el 20 de abril. Además, en Junts pel Sí [JxS] hay sintonía total, por lo que la independencia avanza, y avanza a buen ritmo”. Quien así se expresa es Roger Torrent, portavoz adjunto de la formación independentista JxS, que engloba a Convergència Democràtica (CDC) y a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La estrategia de los independentistas catalanes sigue como si nada. “Aunque se repitan las elecciones generales, no vemos que pueda haber una mayoría lo suficientemente sólida y valiente como para proponer un referéndum. Hablar de eso hoy es política ficción. En el momento en que nos planteen un referéndum a la escocesa, hablaremos. Pero, mientras tanto, seguiremos nuestra hoja de ruta –dice Torrent–. Nosotros vamos a nuestro ritmo, con independencia de lo que pase en el Gobierno central”.

Esa hoja de ruta, desgranada por Puigdemont esta semana al hacer balance de sus primeros cien días de Gobierno y del trabajo que le resta para la legislatura, prevé dos escenarios principales. Por un lado, “recuperar la situación económica y revertir la crisis. Debemos salir de ella y que tenga repercusión directa sobre la ciudadanía. Llegamos a esta situación por los obligados recortes, pero no estamos dispuestos a recortar más aunque el déficit se dispare. Y, por otro lado, estamos inmersos en la construcción de estructuras de Estado que dejen a Cataluña, al final de la legislatura, a las puertas de la independencia”, dicen fuentes del Gobierno catalán a TIEMPO.

Herramientas

La prioridad del Gobierno de Puigdemont es aplicar un plan de choque social que había exigido la formación radical CUP a cambio de dar su apoyo y que el Gobierno de la Generalitat tenga mayoría en el Parlamento catalán. En los planes de medidas sociales, el Ejecutivo catalán ha introducido lo que considera las principales herramientas para construir el Estado propio: creación de la agencia catalana de protección social (germen de lo que será la futura Seguridad Social), la aplicación de la ley de educación de Cataluña en lugar de la Lomce, la consolidación de la agencia tributaria catalana, la preparación del Institut de Finances Català para que sea el próximo Banco Central de Cataluña, la ley de la Cataluña exterior (con la ampliación de la red de embajadas), la implantación de la sede judicial electrónica de Cataluña con un modelo organizativo propio y el plan general de seguridad 2016-2019.

Paralelamente, el Parlamento ha construido tres ponencias conjuntas para tener preparado el marco legal con el fin de proceder a la desconexión con España. Esas ponencias, en las que solo participan activamente JxS y la CUP, son las encargadas de elaborar los proyectos de ley de la Seguridad Social, de la Hacienda catalana y la ley de transitoriedad jurídica que teóricamente debe salvaguardar la sustitución de las leyes españolas por otras estrictamente catalanas.

Fuentes del Gobierno catalán señalan que “la transición hacia el Estado propio tiene una pata exclusivamente ejecutiva, que engloba los mecanismos y herramientas que debemos utilizar, como las configuraciones de la Seguridad Social, del fisco, de la Policía propia, de la Justicia propia, etcétera. Y otra pata legislativa que está ubicada en el ámbito parlamentario. Esa ahí donde se sitúan las tres ponencias conjuntas para las tres leyes fundamentales de construcción de la república catalana. Son iniciativas no propias del Gobierno, sino del Parlamento”.

Lo malo es que estas iniciativas pueden chocar con la legalidad vigente. Todas ellas provienen de una resolución aprobada por el Parlamento autonómico el pasado 9 de noviembre, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que pretendía ser el pistoletazo de salida de la desconexión y que llamaba incluso a desobedecer las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y las leyes españolas. Esa resolución fue anulada el 3 de diciembre por el Constitucional y los propios letrados del Parlamento catalán advirtieron a la presidenta de la Cámara, la independentista Carme Forcadell, de que cualquier iniciativa para desarrollar esa resolución podía tener unas consecuencias graves, ya que significaría desobedecer un fallo del TC.

“Mandato democrático”

Pero a los independentistas eso no les preocupa. “Nosotros vamos a construir nuestra legalidad. No renunciaremos a ello, mientras que por otro lado vamos creando las herramientas para dotar a la Administración de los servicios básicos. Tenemos muy claro que en esta legislatura seguiremos construyendo esta legalidad propia”, explica Roger Torrent. Y añade que las tres leyes que prepara el Parlamento catalán en las que no participan la mayoría de los grupos “son imprescindibles y básicas”. “Haremos nuestra propia transición mientras damos servicio a la ciudadanía. Todo lo que nos habíamos marcado el 9-N lo vamos cumpliendo. No sé cómo se leerá esto desde fuera, pero ese es nuestro mandato democrático”, termina.