La importancia de los Mossos d’Esquadra

19 / 06 / 2017 Antonio Fernández
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Llegado el caso, sería la Policía autonómica la que tendría que impedir el referéndum de independencia que pretende realizar Puigdemont en Cataluña.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester, en un acto por el referéndum organizado por la Asamblea Nacional Catalana. Foto: Emilio Morenatti

El proceso catalán ha puesto en la diana a un segmento de población sin el cual la realización del referéndum prometido por el presidente Carles Puigdemont será imposible de materializar: el funcionariado. Y, dentro de este, la clave está en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, un colectivo de 17.000 agentes que no solo deben garantizar el orden público: también serán los ejecutores de las órdenes de los políticos en los días clave. Su importancia queda de manifiesto cuando se pone como ejemplo de que sería precisamente este cuerpo policial el primero que tomaría bajo su control el Gobierno de Mariano Rajoy si se decide a intervenir de alguna manera en la autonomía catalana y antes de aplicar con todo rigor el artículo 155 de la Constitución. Solo con ese control, dicen, se aseguraría el Gobierno español la gobernabilidad de Cataluña aun en el caso de que el Ejecutivo de Puigdemont insista en desobedecer las leyes y las sentencias españolas. No es de extrañar, por ello, que el diputado independentista Lluís Llach llegase a amenazar públicamente a los funcionarios que no obedezcan la “legalidad vigente” en Cataluña después de la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ), que pretende cambiar la legislación española por una estrictamente catalana y subvertir el orden legal aboliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El aviso de Llach no se refería al resto de los funcionarios: iba dirigido específicamente a los Mossos d’Esquadra, que se convierten así en la pieza clave del éxito del referéndum.

“Las advertencias de Llach dan una idea del desconocimiento que tiene de cómo funciona el tema. No queremos darle más importancia, pero viniendo de una persona tan relevante, son unas declaraciones totalmente inoportunas y, en cierta manera, torpes. Da una cierta tristeza, porque el papel de los Mossos d’Esquadra está perfectamente definido en la ley”, explica a Tiempo Valentín Anadón, portavoz del Sindicat Autónom de Policia (SAP), el sindicato mayoritario de los Mossos. También se queja Toni Castejón, portavoz del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME): “A nosotros se nos ha puesto en medio. Llach advirtió de las consecuencias de no obedecer cuando se cambie la ley mientras un exministro del Gobierno español habla de intervenir los Mossos”, subraya, refiriéndose a las afirmaciones realizadas hace pocos días por Jorge Fernández Díaz. En cambio, desde la Generalitat se afirma que “no es este Gobierno el que infunde miedo”. En realidad, los cargos políticos catalanes no se han pronunciado nunca sobre el papel de los funcionarios y, mucho menos, de los Mossos, solo mantienen un preocupante silencio sobre el tema, ocultando qué utilización harán de ellos y rehuyendo el debate. 

“Ahora no se dejará hacer”

De lo que no hay duda es de que el papel de los Mossos será crucial. Fuentes del Gobierno español consultadas por este semanario aseguran que todavía no hay ninguna decisión tomada sobre la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las acciones que pueda tomar Puigdemont. Pero en determinados círculos se destaca que la ley permite tomar el control inmediato de los Mossos.

“El 9-N se dejó hacer, pero esta vez será diferente. No se llegará tan lejos y las urnas no se pondrán. Nadie puede garantizar un referéndum con garantías en las circunstancias actuales”, señala una fuente gubernamental. El 9-N fue la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014 y por la que Artur Mas y tres de sus consejeros han sido condenados a inhabilitación y multa. “Entonces ya sabíamos dónde se guardaban las urnas y es muy fácil interceptarlas antes de que lleguen a su destino”, añaden las fuentes. Así, para el 1 de octubre, si son los Mossos bajo el control del Ministerio del Interior quienes actúan para frenar el referéndum, se matan dos pájaros de un tiro: primero, se minimiza el riesgo de manipulación de la situación, ya que no habrá “Policía española” ni Ejército entrando por la Diagonal para garantizar el orden público. Y segundo, serán los propios policías autonómicos quienes actúen como Policía judicial, ya sea retirando urnas o cerrando colegios electorales. La foto de las “fuerzas de ocupación” actuando en territorio catalán queda, así desenfocada.

David Miquel, portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), reconoce que “el papel de los Mossos depende de muchas variables. Ya veremos qué órdenes se dan desde arriba. Y ya veremos también qué dice el Estado, porque hay quien dice que este puede tomar el control del cuerpo. Lo que parece seguro es que ni el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ni la Guardia Civil (GC) intervendrán en el proceso, con lo cual el camino que se deja libre es el de la recuperación de competencias y poner el cuerpo de los Mossos d’Esquadra bajo el mando del delegado del Gobierno, Enric Millo”.

Desde el Gobierno catalán se asegura, en cambio, que “ningún funcionario verá comprometida su actuación ni tendrá que dar explicaciones. Y mucho menos, los Mossos”. Es la máxima que ha repetido la portavoz del Ejecutivo autonómico, Neus Munté, y que reitera a este semanario un alto cargo de Presidencia, que asegura que “nadie pondrá en riesgo su tarea”. Y desde los partidos que apoyan a Puigdemont, la cosa está clara: los funcionarios recibirán órdenes y solo tendrán que ejecutarlas. Para Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), “el Parlamento aprobará la ley que dará cobertura legal a los trabajadores públicos y que hará efectivo el referéndum”. Los republicanos insisten en que no hay excusas: “O estamos a favor de la democracia o estamos a favor de los que la quieren impedir”. Claro que falta conocer exactamente el campo dialéctico que se aplica al término “democracia”.

Dentro del cuerpo policial, no obstante, existe inquietud y malestar. “Somos el reflejo de la sociedad: un colectivo muy transversal. Lo que nos diferencia de los otros colectivos de funcionarios es que tenemos un orden jerárquico muy estricto”, arguye Toni Castejón. David Miquel, en cambio, se queja de que “siempre se nos dijo que el proceso no nos iba a afectar y al final somos un elemento clave”. Rememora el dirigente sindical que “la utilización política de los Mossos se da desde siempre. Ha sido arma arrojadiza en el Parlamento catalán, entre el Gobierno [autonómico] y la oposición, y entre los Ejecutivos español y catalán. Lo hemos denunciado desde hace tiempo. Ahora estamos en el centro del huracán, pero la gente lo único que quiere es trabajar y punto”.

Desde algunos ámbitos de la Policía autonómica catalana se habla de desconcierto, aunque se subraya que “el Gobierno catalán tiene un punto de escenificación: nadie ha firmado nada todavía y solo hay declaraciones políticas, pero ningún documento que tenga validez jurídica. Parece como si lo que están haciendo fuesen lanzamiento de globos sonda para ver qué ocurre”.

Valentín Anadón, del SAP, asegura por su parte: “Estamos a la espera. En este momento, estamos tranquilos, aunque a la expectativa. Mantenemos una disciplinada y tranquila neutralidad, porque el tema del referéndum es un tema político y nosotros solo estamos para cumplir la ley y hacerla cumplir”. 

La incierta legalidad vigente

La clave, sin embargo, está en qué ley es la que se ha de cumplir. Llach, así como los dirigentes independentistas, hablan de que si se aprueba la LTJ, ésa será la “ley vigente”, obviando que puede ser suspendida por los tribunales. “No hay una legalidad vigente. Hay una legalidad o una ilegalidad. ¿En base a qué hablamos de la ‘legalidad vigente’?. Nosotros hemos jurado obedecer la Constitución y estamos sujetos a la Ley 10/1994. Ahí se explica cómo se vertebra el cuerpo”, aduce David Miquel. Pero Sabrià, de ERC, advierte que el paquete legislativo que prepara la Generalitat “se fundamenta en el Derecho Internacional”, por lo que será válido.

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El músico Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí en el Parlamento autonómico de Cataluña. Foto: Ferran Sendra 

El portavoz del SPC, destaca, sin embargo, que la ley indica que “el responsable final de los actos es el propio mosso, no el que da la orden, porque no tenemos obediencia debida. Así lo dice la ley y de esa ley no se ha tocado ni una coma”. Sin embargo, Castejón difiere de esa interpretación: “La cadena de mando es nuestro ADN y no hay discrecionalidad para actuar. Nuestra misión es cumplir órdenes. Quien decide es el Mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, o el director general, Albert Batlle. La decisión es de la cúpula. ¿Que la orden no es legal? Ya se lo comerán ellos. El agente de a pie no tiene la culpa. Que cada cual asuma sus responsabilidades”. Y detalla: “Si llega una orden del TC, irá a la cúpula del cuerpo, no se envía a los agentes. Por tanto, es obligación de esa cúpula dar las órdenes pertinentes. Si esa orden no se ejecuta, es que no se tramita y no es el agente básico el que tiene la culpa”.

Un comisario de los Mossos que pide que no se cite su nombre cree que “no se darán órdenes ilegales: tanto el Mayor como el director general han mantenido reuniones con mandos los últimos meses y el mensaje es muy directo: no se darán órdenes ilegales. Por tanto, podemos estar tranquilos. Yo, como comisario, por ejemplo, si recibo una orden sé muy bien si se me pide algo legal o ilegal, pero no puedo saber si lo que me dicen contraviene una orden judicial o no, puesto que la orden judicial irá a la cúpula de la consejería”. La incertidumbre, no obstante, sigue planeando sobre el colectivo clave para que el referéndum llegue a buen puerto.

El sospechoso silencio 

El Govern (en la foto, el presidente, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras) guarda silencio sobre el papel que reserva a los Mossos d’Esquadra. Desde el colectivo, se admite que “la situación es ambigua y extraña, nadie nos explica qué espera de nosotros”. Desde el Govern se justifica el secretismo por la cautela para no dar pistas al Ejecutivo español sobre sus futuros movimientos. Pero el verdadero motivo del silencio es que la Generalitat sabe que si intenta politizar el cuerpo policial, tendrá un conflicto laboral y social de primera magnitud.

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 Foto: Julio Carbo

Qué dice la ley 

La Ley 10/1994 dice en su artículo 4 que los agentes autonómicos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución y al Estatuto. El artículo 11 dice que los Mossos “cumplirán y harán cumplir (...) la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente”. Reconoce también este artículo en su párrafo c que “se sujetarán, en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y de subordinación; en ningún caso (...) la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos (...) contrarios a la Constitución o a las leyes”. Puigdemont debería derogar la ley antes del referéndum para evitar un grave problema jurídico. Para colmo, el apartado 2 del artículo 11 señala que los agentes “son responsables personal y directamente por los actos que lleven a cabo en su actuación profesional infringiendo o vulnerando las normas legales” (en la foto, una imagen del referéndum del 9-N.

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Foto: Ferran Nadeu

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