La guerra del impuesto de sucesiones

22 / 02 / 2017 Javier Otero
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Desde que algunas autonomías redujeron casi a cero lo que hay que pagar por heredar, los ciudadanos de las otras quieren lo mismo.

Manifestación en Asturias contra el impuesto de sucesiones.[Foto: Alba Eguiluz/La Nueva España]

El cruce de acusaciones entre las presidentas andaluza y madrileña, Susana Díaz y Cristina Cifuentes, respectivamente, sobre cómo gestionan el impuesto de sucesiones y donaciones se ha trasladado de escenario. Desde donde se discute la reforma de la financiación autonómica ha pasado al terreno de confrontación política básica entre PP y PSOE en aquellas comunidades en las que gobiernan. Los populares han comenzado a preparar la movilización en la calle de los contrarios a este impuesto.

Todo comenzó cuando la presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, se mostró crítica con aquellas comunidades autónomas que quieren más recursos y a la vez bajan impuestos. Díaz señaló concretamente el impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid, en el que en la práctica apenas se paga por una herencia. La presidenta andaluza utilizó este argumento en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebró el pasado mes de enero, y fue secundada por otras cinco comunidades autónomas gobernadas por los socialistas. Cristina Cifuentes, por su parte, defendió la capacidad de mantener la autonomía en las decisiones en materia fiscal que disfrutan actualmente las comunidades y se mostró contraria a subir este impuesto. La presidenta madrileña asoció el impuesto de sucesiones con una política fiscal que, dijo, algunos ven como confiscatoria.

La socialista Susana Díaz tiene una postura que se resume en varios puntos. El primero de ellos es que hay que relacionar los impuestos que las comunidades autónomas han aplicado en los últimos años con la financiación que reciben desde el Estado. A continuación, Díaz señala que el hecho de que Andalucía tenga una renta más baja que otras comunidades, le obliga a mantener algunos impuestos más altos que en otras regiones si quiere que sus ciudadanos disfruten de servicios en educación, sanidad o dependencia, en igualdad de condiciones a los del resto de España. Para Díaz, el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, que son “impuestos a la riqueza”, se hicieron “aprisa y corriendo”, lo que hizo posible una gran disparidad entre regiones. La presidenta andaluza quiere que se tengan en cuenta estas razones, por las que algunas regiones no pueden bajar tanto el impuesto de sucesiones como Madrid. En su opinión, las que aplican un impuesto de sucesiones más bajo “quizá sea porque estén muy bien financiadas”. Esto último es un aviso sobre los argumentos que utilizará en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que podría resumirse así: las que bajan los impuestos es porque no necesitan más recursos. Díaz ha acusado de falta de información y manipulación y sostiene que nadie debe pagar más o menos impuestos por vivir en diferentes lugares. Cristina Cifuentes le replica que Madrid no es un paraíso fiscal ni practica el dumping (competir aprovechando la ventaja de impuestos, en este caso, por debajo de lo normal). La misma acusación de Andalucía la ha realizado el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler. La popular reta a los socialistas a bajar los impuestos a los andaluces. Estos defienden que paguen más los que más tienen.

Las disparidades en este impuesto, efectivamente, se basan en la necesidad de obtener más fondos. Pero también es una forma de competencia fiscal que está produciendo una migración de las sucesiones y donaciones de una comunidad a otra para beneficiarse de menores tipos impositivos. Esto podría explicar, por ejemplo, la alta recaudación de Madrid en el impuesto de sucesiones, a pesar de que el tipo impositivo real esté muy cerca de cero. En esto influye, además, que las herencias en Madrid son más cuantiosas que en otras regiones más pobres, debido a la concentración de riqueza en esta y otras comunidades con rentas altas.

Las posibilidades de las comunidades autónomas de aplicar reducciones de la base imponible del impuesto de sucesiones y de bonificaciones sobre la cuota íntegra (la cantidad que debería pagarse) son innumerables. El Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) realiza todos los años un estudio sobre el “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral”. El resumen de estas reducciones y bonificaciones en todas las comunidades autónomas ocupa decenas de páginas. Los supuestos son innumerables y la mayoría de las veces diferentes entre unas regiones y otras.

En Asturias se celebró una manifestación el pasado mes de octubre en la que cientos de personas reclamaron la eliminación del impuesto de sucesiones en la comunidad. La iniciativa la han respaldado más de 87.000 firmas. Asturias aparece como la autonomía que paga impuestos más altos, tras Andalucía, en los ejemplos de herencias altas, como las que calcula el Registro de Economistas y Asesores Fiscales. En el que se publica en este reportaje, un soltero de 30 años que heredara de su padre 800.000 euros, de los que 200.000 correspondieran a una vivienda, pagaría en Asturias 162.618 euros aplicando las reducciones y bonificaciones del impuesto reguladas en esa comunidad. Los 162.618 euros contrastan con los 1.586 euros que pagaría en Madrid. En el caso de que recibiera 800.000 euros en dinero en efectivo y sin que el heredero tuviera ninguna discapacidad pagaría 205.920 euros, frente a los 2.000 de Madrid. Por su parte, en Extremadura han reunido 12.800 firmas contra el impuesto. Los responsables de la Hacienda extremeña subrayan que el 90% de los extremeños que heredan no tributa debido a las bonificaciones.

A pesar de que pagar el impuesto de sucesiones en Madrid salga tan barato, esta comunidad autónoma es la que recauda más dinero por este tributo. Según los datos del último informe del REAF, de 2013, Madrid recaudó 424 millones de euros, una cantidad muy superior, por ejemplo, a la de Cataluña, que consigue 298 millones de euros. Algunas comunidades que también han entrado en el debate señalan asimismo que Madrid se aprovecha de los efectos del centralismo, que concentra en la capital de España sedes empresariales y riqueza que también influyen en conseguir esa recaudación. En el debate de fondo se encuentra en cualquier caso si los recursos deben obtenerse de la riqueza acumulada, a través del impuesto de sucesiones y de patrimonio, o hacerlo, por ejemplo, de la renta de las personas. La tendencia de los últimos años ha ido en la línea de acercar a cero los tipos reales de los impuestos de patrimonio y sucesiones.

En lo que se refiere al impacto sobre los ciudadanos, existen muchas situaciones en las que la base imponible se reduce prácticamente a cero. Así por ejemplo, en Aragón se reduce en su totalidad en las herencias que corresponden a los hijos del fallecido menores de edad, aunque con un máximo de tres millones de euros. Es habitual que los parientes más lejanos paguen más que el cónyuge, hijos o ascendientes. También existen reducciones que solo se aplican para bajos patrimonios.

Un caso puede ser, como ilustra el cuadro que se publica en la página anterior, una herencia de 800.000 euros recibidos por un hijo, de los que 200.000 corresponden a una vivienda. La reducción de la base imponible por vivienda regulada por el Estado es de 122.606 euros, a los que la mayoría de las comunidades añaden las suyas propias. El resultado es que en Canarias y Cantabria, esta base sobre la vivienda de 200.000, se reduzca a 198.000 euros. Luego hay que añadir la reducción por parentesco de los 600.000 euros que no son de la vivienda. Entre ambas reducciones, la base liquidable se queda en 578.000 euros. A esta se le aplica un tipo impositivo del 29,75%, con lo que tendría que pagar (cuota íntegra) 134.234 euros. Sin embargo, Canarias aplica luego una bonificación casi por la totalidad de esta cantidad, lo que deja el pago del impuesto en solo 134 euros, cuando en Andalucía, con otras reducciones, pero sobre todo sin bonificación sobre la cuota definitiva a pagar (cuota líquida) alcanza los 164.049 euros.

En el ejemplo elegido se puede ver que Canarias y Cantabria aplican las mayores reducciones por vivienda, con 198.000 euros. En la reducción por parentesco sobre el resto del patrimonio, en la que muchas comunidades aplican reducciones que rondan los 16.000 euros, Galicia aplica 400.000 euros. Esto hace que en este caso sea la que tenga menor base liquidable. Galicia forma parte del club donde se paga, en este caso, mucho menos que en Andalucía. Galicia es también una de las que aplica un tipo impositivo más bajo, del 9% frente al 31,75% de Andalucía, pero no tanto como el 1% de Baleares. Esto la coloca en la autonomía con una base liquidable de 206.000 euros, la más baja de todas.

Sin embargo, a pesar de la reducción de 400.000 euros de Galicia y su bajo tipo impositivo, su cuota líquida no es tan baja como la de Madrid, Cantabria y Baleares, porque a diferencia de esta no aplica ninguna bonificación final. El resultado es que las que aplican fuertes bonificaciones sobre la cuota íntegra se convierten en las que menos impuestos se pagan.

Por su parte, que solo se aplique un tipo del 1% en Baleares no la convierte en el lugar en el que se paguen menos impuestos de sucesiones. Este queda en 5.950 euros, pero al no aplicarle ninguna bonificación no es donde menos impuestos se pagan, a pesar de ser la que su cuota íntegra en este caso es más baja, con solo 5.950 euros frente a los 164.049 de Andalucía. Esta comunidad se encuentra entre las que menos reducciones y bonificaciones aplica y, junto con Asturias, la que tiene un tipo impositivo más alto, del 31,75%.

Sin embargo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, llama la atención sobre el hecho de que los que heredan 800.000 euros o medio millón no llegan a mil personas en esta región.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y exvicedirector del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es un reconocido experto en financiación autonómica. Fue encargado de elaborar una metodología para el cálculo de las balanzas fiscales y ha analizado en varios estudios el impuesto de sucesiones en las distintas comunidades.

En cuanto a impuestos autonómicos, comenta a TIEMPO que la autonomía ha de aplicarse también a los ingresos y no solo al gasto y que, en general, “la competencia es sana”. No obstante, matiza que “es verdad que hay impuestos (y el de sucesiones es uno de ellos) que seguramente hubiera sido mejor no descentralizar para evitar problemas”. De la Fuente cree que se podría estudiar la posibilidad “de poner un tope inferior” para este impuesto, pero que ese tope debería en todo caso ser bastante bajo. También cree que antes convendría, seguramente, revisar los puntos de conexión del impuesto (quién tiene que pagar dónde) como forma alternativa de lidiar con algunos de estos problemas. Por su parte, Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica que el impuesto de sucesiones y donaciones está cedido parcialmente a las comunidades autónomas, que tienen potestad para regular determinados aspectos del impuesto, como las bonificaciones, tarifas o reducciones. Gimeno señala que “este hecho produce desigualdades a la hora de tributar según se realice en una u otra comunidad autónoma”. Por lo tanto, más allá del efecto que tiene en los recursos con que cuenta cada comunidad autónoma, Gimeno dice sobre las diferencias de trato de los contribuyentes que “no es lógico que un padre done a dos hijos y que uno de ellos no tribute si reside en Madrid y, en cambio, el otro hijo tribute si reside, por ejemplo, en Asturias o Extremadura”.

Entre las comunidades que han optado por desactivar casi totalmente el pago del impuesto de sucesiones de padres a hijos se encuentran Madrid o Canarias. Ambas se encuentran entre las tres en las que se paga menos cantidad por este tributo, como se puede ver en el ejemplo que se publica en este reportaje. En otras se tributa a tipos cercanos al 37%, según el patrimonio preexistente. En otro de los casos que se puede dar, Madrid y Canarias son las dos en las que se pagan menos impuestos. Así, si un hijo de 30 años recibe 800.000 euros en metálico sin un destino específico (con el que poder beneficiarse de deducciones o reducciones) y sin que tenga ningún grado de discapacidad, en Andalucía tendría que pagar 208.159 euros, mientras que en Madrid solo 2.000 y en Canarias 200 euros. Otro problema que se produce es que en ocasiones los herederos tienen que renunciar a la herencia, puesto que al heredar bienes que no son líquidos, no pueden hacer frente al pago del impuesto, por ejemplo si heredan inmuebles. Para Gimeno, “sería bueno una cierta armonización para evitar estas desigualdades, estableciendo un mínimo a pagar por las comunidades autónomas y dejándoles ciertos márgenes de maniobra sobre aspectos muy concretos”. 

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

COMENTARIOS

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