La guerra de los fiscales

Dos meses después de la llegada de Manuel Moix a la Fiscalía Anticorrupción, este organismo vive una de las crisis internas más convulsas que se han visto en la judicatura en los últimos años. Hasta el punto de que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes una reprobación sin precedentes y por partida triple contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; y el fiscal jefe anticorrupción, el citado Moix, con el argumento de que trataron de entorpecer la investigación de los casos de corrupción más mediáticos que ha habido en los últimos meses, en especial el caso Lezo.

El desembarco de Moix en la Fiscalía Anticorrupción se vio con recelo en círculos políticos y judiciales por sus años al frente de la Fiscalía de Madrid bajo los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Moix tuvo un papel relevante en la detención de Rodrigo Rato al saltarse, precisamente, a la Fiscalía Anticorrupción, que dirigía entonces Antonio Salinas. También fue el fiscal que acusó y consiguió la condena y posterior expulsión de la carrera del magistrado Elpidio Silva, quien había ordenado previamente el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Otros casos sonoros en los que ha estado implicado Moix fueron la negativa de la Fiscalía de Madrid a acusar al jefe de la Policía Local por el caso Madrid Arena o la petición de falta –en lugar de delito– en la causa abierta contra Esperanza Aguirre por el famoso incidente de circulación en la Gran Vía madrileña con su vehículo.

Nada más tomar posesión de su cargo a principios de marzo, el nuevo fiscal jefe anticorrupción ordenó investigar a tres fiscales de su unidad –José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa– a raíz de la denuncia de uno de los imputados en la investigación sobre las cuentas de los Pujol en Andorra. En la denuncia de Rafael Pallardó se apreciaban posibles delitos de coacciones que, de tener recorrido penal, deberían ser enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados los fiscales.

Este empresario sostuvo que los fiscales le habían presionado para declarar falsedades contra la familia del expresidente catalán. Moix tomó él mismo declaración al abogado de Pallardó y al propio denunciante sin el conocimiento de sus subordinados. Tras ello aparcó a Grinda y Bermejo del llamado caso 3%, en el que un juez de El Vendrell (Tarragona) investiga las presuntas comisiones ilegales de la antigua Convergència, con el argumento de que este caso debía ser investigado en Cataluña y no desde Madrid. Pero la doble pinza no surtió el efecto deseado en Moix y los fiscales se rebelaron contra su superior jerárquico.

Los tres fiscales rebatieron a Pallardó con el argumento de que el imputado les pidió dinero para declarar contra los Pujol y que la respuesta que le ofrecieron fue una eventual rebaja de pena por colaborar, pero nunca una recompensa pecuniaria. Además, Bermejo subrayó que era fiscal en Cataluña cuando comenzó con el caso 3% y que tanto él como Grinda habían pedido al juez de Tarragona que la investigación pasase a manos de la Audiencia Nacional. Tras ello pidieron amparo al Consejo Fiscal, el órgano que dirime las disputas internas en el seno de la Fiscalía, cuyos miembros desestimaron la iniciativa de los fiscales aunque los mantuvieron al frente del caso 3% mientras la Fiscalía Superior de Cataluña indaga en la denuncia de Pallardó. Este último se ratificó esta semana en su declaración contra Grinda y Bermejo. 

Más testigos

Lo previsible a partir de ahora es que el TSJC acuerde tomar declaración a los tres fiscales en presencia de sus respectivos abogados. Los afectados podrían, a su vez, solicitar diligencias como el interrogatorio a testigos, entre los que podrían estar el predecesor de Moix en la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, y el fiscal general cuando se produjeron los supuestos hechos, en marzo de 2015, Eduardo Torres Dulce. El encuentro de los tres fiscales con el imputado tuvo la autorización expresa de Salinas y Torres Dulce. En el caso de Grinda existe, además, una segunda denuncia presentada en Anticorrupción, esta vez por parte de un imputado en el caso Petrov, que investiga a la mafia rusa.

Los fiscales afectados relacionan ambas denuncias con maniobras de los hermanos andorranos Ramón e Higini Cierco, responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) –utilizada por los Pujol– hasta que el escándalo del blanqueo forzó la salida de ambos banqueros. Curiosamente, Pallardó estuvo imputado en el caso Emperador sobre supuesto blanqueo de capitales y colaboró con la Justicia confesando que se dedicaba a llevar dinero de la red de Gao Ping a la BPA.

Tanto Grinda como Bermejo son dos fiscales muy apreciados entre las Fuerzas de Seguridad tras haber liderado desde territorio catalán algunas de las operaciones contra la delincuencia organizada rusa y georgiana más importantes que se han desarrollado jamás en el mundo, caso de las operaciones Mármol Rojo, Avispa, Troika o el citado caso Petrov. Desde entonces, ambos fiscales cuentan con escolta policial tras haber sido amenazados de muerte en diversas ocasiones.

Grinda ha sido el más mediático de ellos dentro de un colectivo que guarda un escrupuloso silencio sobre sus indagaciones, con contadas excepciones. En 2012 provocó la indignación del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando aseguró en un coloquio organizado por el festival de novela negra BCNegra que Cataluña tenía un “serio problema de corrupción policial” en las comisarías de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Durante su intervención en una mesa redonda sobre las conexiones de la mafia rusa, el fiscal se refirió a los casos de corrupción policial vinculados a un robo de droga del puerto de Barcelona y a los prostíbulos Riviera y Saratoga, en que aparecieron implicados guardias civiles y policías nacionales. Grinda se refirió a los corruptos como “gentuza de mierda” y excluyó a los Mossos d’Esquadra de esas corruptelas, lo que le sirvió para recibir una reprimenda por parte del ministro del Interior.

Cable de Wikileaks

En 2010 apareció en uno de los cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados en Wikileaks. Durante un encuentro a puerta cerrada con colegas norteamericanos, Grinda admitió que España era “el brazo ejecutor del Gobierno de EEUU contra la mafia rusa”. Además, declaró que él consideraba a Rusia, Bielorrusia y Chechenia como “virtuales Estados mafiosos” tras participar en la captura del capo georgiano Zajar Kalashov, considerado en su momento ladrón de ley, el más alto grado entre la jefatura de las redes criminales rusas. Encarcelado en España en el verano de 2006, este fiscal le acusó en 2009 de ser uno de los tipos “con mayor influencia en la criminalidad gestada en la antigua URSS” y de blanquear en España “grandes sumas de dinero”. Kalashov fue deportado a Rusia en 2014 tras pasar ocho años en cárceles españolas y el año pasado fue detenido por el FSB ruso por sus tentáculos mafiosos.

Fernando Bermejo, por su parte, ha investigado otros casos relevantes en Cataluña como la operación Mercurio contra la corrupción urbanística en Sabadell, o la operación Clotilde sobre las turbias relaciones entre el alcalde de Lloret, Xavier Crespo, y la mafia rusa. Nombrado fiscal en 1988, uno de sus primeros destinos fue en la Audiencia Provincial de San Sebastián, donde trabajó en medio de un clima convulso por la actividad y las amenazas de la organización terrorista ETA. En 2004, fue destinado al partido judicial de Gavá (Barcelona) a petición propia para estar con su familia y fue allí donde se incorporó a la Fiscalía Anticorrupción. Su estreno fue con dos controvertidos casos, Riviera y Saratoga, contra redes de prostitución y corrupción policial, y que sirvieron de preludio de la investigación sobre el robo de un contenedor cargado de cocaína en el puerto de Barcelona, que hizo aflorar un episodio de corrupción en el seno de la Benemérita.

Mientras, Juan José Rosa ingresó en la carrera fiscal en 1986 y hasta 2010 estuvo de fiscal en la Fiscalía Provincial de Madrid, precisamente a las órdenes de Moix, de donde puede venir una posible animadversión personal entre ambos, según fuentes consultadas por TIEMPO. Él fue el tercer fiscal que estuvo presente en la reunión de Grinda y Bermejo con el imputado Pallardó.

Este episodio de Moix con los tres fiscales estalló a la par que la disputa del primero con los fiscales encargados de la operación Lezo: Carlos Iañez y Carmen García Cerdá. La polémica se produjo el día que se desencadenó la operación policial contra el expresidente madrileño Ignacio González. Esa mañana, Moix presentó una orden por escrito para retrasar el registro de la empresa Inassa, pieza clave en la investigación del presunto caso de corrupción del Canal de Isabel II con el argumento de que había que desligarlo de este caso, pero Iañez solicitó la convocatoria de la Junta de Fiscales de Anticorrupción, que se decantaron de forma mayoritaria por llevar a cabo ese registro.

Iañez es fiscal anticorrupción desde 2010, no pertenece a ninguna asociación corporativa y proviene de la Fiscalía de Granada, donde este año se postuló sin éxito para dirigirla. Intervino en el caso Majestic contra el crimen organizado ruso, pero fue en Marbella donde se labró su trayectoria de fiscal. Actuó contra la corrupción policial en esta localidad malagueña y sentó en el banquillo a José María del Nido. Pese a que el núcleo central del macrocaso Malaya lo llevó Juan Carlos López Caballero, a Iañez le tocó interponer numerosas querellas relacionadas con la fiscalización de cuentas del Ayuntamiento de Marbella entre 2002 y 2006. 

Al frente de Púnica

García Cerdá, por su parte, dirigió junto al juez Eloy Velasco la investigación de la operación Púnica que hoy en día sigue abierta y que inicialmente llevó a la detención del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Ha trabajado en Valencia y en Málaga ocupándose principalmente de procedimientos penales. Pasó después a la sección de Menores en la capital valenciana, donde compatibilizó esa tarea con investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La gran causa que García Cerdá había investigado hasta ahora era el caso Terra Mítica, el parque temático de Benidorm impulsado por el expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana. La Audiencia de Valencia condenó el año pasado a dos exdirectivos del parque temático y a otras 20 personas por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental. Las penas sumaron más de 300 años, aunque Zaplana quedó absuelto.

Esta fiscal fue delegada en Valencia de la Asociación de Fiscales, considerada la organización profesional conservadora, pero ello no ha sido óbice para que se haya enfrentado a Moix.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados. Foto:Emilio Naranjo/Efe