La extraña trama golpista de Severo Moto

Las armas, de funcionar, serían propias de un golpe de Estado de Gila, sólo faltaba el tirachinas”, afirma Francisco Fernández Goberna, abogado de Severo Moto. El líder opositor guineano se encuentra desde el pasado 16 de abril encarcelado en la prisión de Navalcarnero (Madrid). El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu lo acusa de un delito de tráfico de armas de guerra y él ha respondido con una huelga de hambre. Severo Moto, de 65 años, vivía como asilado político en Fuensalida (Toledo) hasta que ingresó en prisión once días después de que la Policía, alertada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hallara en un viejo vehículo marca Honda depositado en el puerto marítimo de Sagunto (Valencia) un fusil Cetme, un rifle alemán Mauser, diseñado en el siglo XIX, un revólver Colt y una treintena de cartuchos. El juez Andreu considera que Moto, utilizando a su jefe de seguridad personal y a un amigo de confianza, fue el impulsor de la operación de compra de estas armas para enviarlas a Guinea con la intención de derrocar al presidente Teodoro Obiang. A la cabeza del complot se sitúa Francisco Javier Roselló Sumoy, a quien el juez Andreu acusa de prestar ayuda financiera y logística a Moto para financiar el golpe de Estado contra el presidente Obiang.

A cambio, Moto ofreció a su amigo Ro- selló “un trato de favor en explotaciones empresariales en caso de llegar al poder en Guinea Ecuatorial”. Este empresario catalán figura como apoderado o administrador único de media docena de compañías repartidas por el País Vasco, Cataluña, Valencia y Palma de Mallorca (Añana SL, Gopequi, SL; Saldoce, Esproguix, Tarragona Industrial y Uniginsa Gestión Empresarial), que han atravesado problemas económicos en los últimos años. Todas ellas alegan un amplio objetivo social, desde la compraventa y explotación de fincas rústicas y urbanas hasta la explotación y venta de vehículos de todo tipo, pero los resultados financieros que exhiben en sus cuentas de resultados dejan muchas dudas sobre la solvencia del presunto financiero de Moto. Roselló utilizó, a su vez, a su hombre de confianza, Antonio Nogués, un jardinero de Riudoms (Tarragona), para que trasladase el vehículo del delito hasta el puerto marítimo de Sagunto (Valencia), desde donde debían salir las armas adquiridas por Damián Motu, Muti, jefe de seguridad del Partido del Progreso que lidera Moto y encargado de su protección personal, con destino a Malabo.

La primera víctima.

Este singular “arsenal de guerra”, según la expresión utilizada por los servicios secretos españoles, no llegó nunca a su destino. Sin embargo, la persona que tenía que recoger el vehículo en Malabo, Saturnino Nkogo, fue detenido por la Policía guineana y murió en la madrugada del 12 al 13 de marzo en la cárcel en extrañas circunstancias, que Amnistía Internacional ha pedido investigar. Los restantes miembros de la pintoresca trama golpista supuestamente liderada por Moto se encuentran también en prisión. El encarcelamiento de Antonio Nogués ha dejado mudos a los habitantes del pequeño pueblo tarraconense de Riudoms, donde sus vecinos viven bajo el síndrome del pinchazo del teléfono tras conocer que el CNI ha seguido los pasos de Moto y sus compinches a través de las conversaciones telefónicas interceptadas y en las que hablaban de sus planes, viajes y movimientos. El más sorprendido, dicen, ha sido su hermano Lluís, dedicado también al mantenimiento de jardines y viejo militante de ERC que se presentó de suplente en las listas de la formación para las elecciones municipales de 2007 en esta localidad. Sin embargo, a Antonio no le conocen afiliación política alguna. El abogado de Moto reconoce que su cliente, Motu, Roselló y Nogués se co nocían, pero niega que constituyan un grupo organizado. “Roselló y Nogués han sido utilizados por los servicios secretos españoles y mi cliente ha sido el primer sorprendido por el hallazgo de las armas”. Éstas iban a ser enviadas en el barco Crimichao, de la compañía Best Cargo Service SL. El responsable de esta naviera es José Luis García Taheño, un marino mercante ajeno al complot, que hace años participó en la creación del Sindicato Libre de la Marina Mercante. García Taheño asegura que no conoce ni a Moto, ni a sus presuntos colaboradores. Quien contrató sus servicios fue el guineano Damián Motu, aunque no puede asegurar si era la primera vez que acudía a su empresa. “Tenemos una media de doscientos clientes diferentes al año –asegura– y la mayoría son africanos, de Guinea o Nigeria principalmente”, a los que cobra entre 1.000 y 1.200 euros por coche, según el modelo. García Taheño nunca sospechó sobre el tipo de mercancia que iban a meter en su barco: “Cuando vi que el guineano quería trasladar un coche pequeño, viejo y feo y con documentación portuguesa, le advertí que la Guardia Civil de aduanas lo inspeccionaría como suele hacer con los vehículos con matrícula extranjera”.

Fama de golpista.

El encarcelamiento de Moto se produjo veinte días después de que el Tribunal Supremo anulase la decisión del Consejo de Ministros de retirarle su condición de asilado político. El Alto Tribunal, en una resolución demoledora para los servicios secretos españoles, afirmó que carecían de fundamentos los argumentos del CNI al considerar a Moto como “un peligro para la seguridad de España”, o sus afirmaciones de que comprometía la política exterior española con Guinea Ecuatorial, o de que tendría efectos negativos para la colonia española residente en ese país. Además, se llevó a cabo en plena campaña electoral para las elecciones parlamentarias y municipales celebradas el pasado día 4 en Guinea y que ha ganado por amplia mayoría el partido gubernamental. La detención de Moto desactivó al principal opositor de Obiang, quien en varias ocasiones ha puesto precio a su cabeza. Fernández Goberna reconoce que “Moto conoce a mucha gente que le ofrece ideas peregrinas, esperpénticas e irrealizables, y escucha propuestas de golpe de Estado unas siete veces al mes, pero a todos les dice: ‘Nada, cuando vayas allí, a ver si tienes suerte y triunfas en los negocios”. Pero se ha ganado a pulso la fama de pertinaz golpista. En febrero de 2004 se le acusó de reclutar setenta mercenarios que fueron detenidos en Zimbabue y de aliarse con un traficante de armas libanés, un mercenario y el hijo de Margaret Thatcher. Pese a la gravedad de la acusación y a las pruebas reunidas entonces por los servicios secretos, no fue detenido. Ahora, dos de sus hijos intentan viajar a Guinea Ecuatorial para mediar por su padre ante su mayor enemigo, el presidente Obiang.