La España de la corrupción

La corrupción ha golpeado de nuevo el corazón de nuestro sistema y amenaza con herirlo de muerte. Como ocurrió en Italia a principios de los años 90 del pasado siglo, el goteo constante de casos de corrupción empieza a convertirse en una enorme cascada capaz de llevarse por delante cualquier confianza de los ciudadanos en los partidos políticos. Los distintos portavoces señalan a los imputados de sus adversarios en las mismas ruedas de prensa en las que justifican a los propios. Prácticamente cada día los periódicos se llenan de nuevos detenidos e informes policiales. Los imputados empiezan a ser multitud. Se calcula que en torno a 300 políticos tienen cuentas pendientes con la Justicia, pero no son los únicos. A ellos hay que sumar empresarios y funcionarios. Y nadie dimite.

Esta misma semana la policía procedió a varias decenas de nuevas detenciones en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y registró una docena de locales por toda España. En total son ya más de un centenar de imputados y el fiscal ha pedido que Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, vuelva a prisión para evitar el riesgo de fuga.

Tampoco parecen dejar un solo día de respiro dos de los casos más mediáticos de nuestro país. El pasado martes, Esteban González Pons confesó al juez que cuando era consejero de la Generalitat valenciana, Iñaki Urdangarin le pidió que recalificara la Albufera de Valencia, un espacio protegido, para construir un puerto deportivo. El duque de Palma, que ha sido repudiado por la Casa Real, ve cada vez más cerca el banquillo. Esta semana el asesor jurídico de la Casa del Rey y conde de Fontao, José Manuel Romero, ha asegurado al juez que en 2006 pidió al duque que dejara sus actividades en el Instituto Nóos para evitar que nadie asociase sus beneficios con su título.

Mientras, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas sigue su periplo por los juzgados. Su caso mantiene enfrentados a los jueces Javier Gómez Bermúdez y Pablo Ruz. Ambos reclaman un proceso que promete convertirse en foco mediático durante años. La rivalidad ha llegado a provocar situaciones como las de este viernes, fecha en la que el extesorero está llamado a declarar por ambos juzgados con solo unas horas de diferencia. Además, el cruce de denuncias entre el extesorero y el PP ha añadido aún más elementos a una trama que tiene en jaque al propio presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.

35 años de ladrones.

Y mientras jueces y partidos se enfrentan, la preocupación de los españoles por la situación sigue creciendo. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sitúa ya la corrupción como el segundo mayor problema del país tras el paro, un puesto que nunca antes había alcanzado. La impresión generalizada es que nunca hemos visto desfilar semejante cantidad de pícaros por los juzgados. Sin embargo, no es la primera vez que las administraciones, los juzgados o las empresas sufren el latrocinio indiscriminado de unos pocos. Los últimos 35 años han servido para configurar poco a poco un extenso álbum de imputados.

Todos disfrutaron en su momento del máximo reconocimiento en sus respectivos sectores. El banquero Mario Conde fue aclamado como la personificación del éxito e incluso nombrado honoris causa; Jaume Matas, premiado con un ministerio durante el Gobierno de Aznar y dos presidencias de Baleares ganadas en las urnas; el tesorero Luis Bárcenas, respaldado con la fe ciega de sus compañeros de partido... Algunos incluso obligaron a la suerte a ponerse de su lado. Carlos Fabra acumuló un improbable número de premios de lotería que también investigan los juzgados. En todos hubo también una ambición sin medida que les hizo seguir apropiándose de lo que les rodeaba sin límite.

Pero todos ellos acabaron cayendo. Con los años, la Justicia les ha pedido explicaciones. Sus carreras, meteóricas en algunos casos, terminaron frente al juez y padecieron el desprecio y la condena de gran parte de la sociedad, incluso en los casos en los que resultaron absueltos.

Es una de las pocas consecuencias que tuvieron que asumir. En general, los condenados por corrupción salen bastante bien parados de sus delitos. Es cierto que muchos fueron condenados, e incluso algunos tuvieron que pasar por la cárcel, pero pocos fueron quienes devolvieron el dinero que habían robado. La Justicia española ha pecado siempre de lentitud y cuando quiere reaccionar el patrimonio suele haberse esfumado Miles de millones se diluyeron entre sociedades pantalla y paraísos fiscales, mientras los acusados hacían cola en los juzgados para presentar sus declaraciones de insolvencia.

Cantidades de vértigo.

Se calcula que solo desde el año 2000 unos 6.000 millones de euros han sido estafados entre dinero público, pequeños inversores o grandes grupos. Quizá el más representativo sea el empresario José María Ruiz-Mateos. Las participaciones que ofrecía, con un interés del 12%, consiguieron recaudar más de 385 millones. Antes de la quiebra de Nueva Rumasa solo había sido capaz de devolver algo menos de 100.

También Correa y su red de contactos consiguieron alcanzar cifras astronómicas. Se calcula que podrían haber conseguido contratos por valor de más de 200 millones de euros.

Hay también casos que, sin destacar por su cuantía, sí representan un hito en la corrupción. La fuga del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán en 1994 convirtió por primera vez en España a un ladrón en una celebridad, acaparando titulares hasta mucho después de entregarse a la Justicia. De la fortuna que robó apenas se ha podido recuperar una mínima parte y Roldán disfruta de su jubilación en Zaragoza.

Lo cierto es que por mucho que cambien las leyes los casos siguen llenando portadas. Los corruptos se han convertido con el tiempo en una parte oscura de nuestra historia, que, a la vista de los acontecimientos, amenaza con repetirse una y otra vez ante la mirada atónita de los ciudadanos.