La difícil segunda transición
23 / 10 / 2017 Antonio Rodríguez
Los grandes partidos se preparan para una reforma constitucional que se antoja más complicada que la de 1978.
Nueve padres. Los nueve ponentes de la Constitución de 1978. FOTO: MANUEL H. DE LEÓN/EFE
El pacto entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la noche que Carles Puigdemont declaró la independencia catalana para, de inmediato, dejarla en suspenso, incluyó el compromiso de los dos grandes partidos de crear dentro de seis meses una subcomisión parlamentaria, dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, en la que se aborde una reforma de la Carta Magna de 1978. Hasta que llegue ese momento, funcionará la recién creada comisión para la modernización del Estado autonómico, también por iniciativa del PSOE y a la que se sumó el PP, en la que se pretende poner a punto el sistema autonómico y encontrar una salida a la cuestión catalana con una serie de recomendaciones.
El desafío es enorme, porque cambiar la Carta Magna parece ahora más difícil que en 1978, cuando los partidos venían de la larga dictadura y todos los protagonistas eran conscientes de que el texto constitucional era la mejor forma de apuntalar la democracia y que el necesario consenso pasaba por asumir cesiones en la negociación. Los grandes partidos se disponen a abrir el melón de la Constitución con distinto entusiasmo y prioridades divergentes, aunque existe terreno para un amplio entendimiento. Todo ello sin olvidar que en la convulsa historia constitucional de España, en la que ha habido una decena de Constituciones desde la de Cádiz de 1812, nunca se reformaron los textos de acuerdo con los procedimientos de revisión que había en cada una de ellas. Así que se está ante un escenario ignoto en la historia del parlamentarismo español, aunque los constitucionalistas insisten en que nuestro país es una excepción entre las democracias avanzadas a la hora de reformar. Solo ha habido dos cambios puntuales desde 1978: el de 1992 para permitir el voto de los ciudadanos europeos y el de 2011 para limitar el déficit. La Constitución alemana acumula sesenta reformas desde 1949, mientras que la de Estados Unidos, de 1787, cuenta con 27 enmiendas.
El PP es cauto con esta reforma y dejó a Sánchez que anunciase el acuerdo. Acepta mejorar el Estado de las autonomías, pero manteniendo la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones, y ve con buenos ojos una delimitación en el reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Los populares solo estarían dispuestos a una mayor protección de las lenguas y culturas de las nacionalidades históricas, al tiempo que descartan la plurinacionalidad que defienden los socialistas.
El PSOE, por su lado, quiere una reforma federal con “aspiraciones nacionales” para Cataluña, en el que haya un reconocimiento “de la lengua, cultura y símbolos de Cataluña”. El propio líder del PSC, Miquel Iceta, ya ha advertido que “no puede haber líneas rojas, verdes o azules” y que los socialistas catalanes quieren que la reforma permita mayores cuotas de autogobierno para las comunidades autónomas, una mejora de la financiación y nuevos mecanismos para que las regiones participen en las políticas territoriales a través del Senado.
