Historia de una absolución

La absolución de la infanta en el juicio por el caso Nóos es un gran alivio para la hermana del rey Felipe. Han sido años de incertidumbre que alcanzaron sus peores momentos con la imputación de la infanta, su declaración ante el juez instructor José Castro y, finalmente, cuando tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados y efectuar su declaración, esta vez pública, en el juicio. La sentencia dice que se benefició de las cantidades que su marido, Iñaki Urdangarin, ingresó en las cuentas de la sociedad Aizóon, que ambos compartían, y le obliga a pagar solidariamente con él 265.000 euros. Sin embargo, Cristina de Borbón ha sido absuelta con todos los pronunciamientos favorables de los delitos contra la Hacienda Pública de los que también fue acusada.

El 17 de febrero, las magistradas de la Audiencia Provincial de Baleares firman la esperada sentencia del caso Nóos. Siete años después de que se abriera la instrucción del mismo, el tribunal compuesto por tres mujeres, la presidenta Samantha Romero y las magistradas Rocío Martín y Eleonor Moyá, absolvían a Cristina de Borbón de los delitos contra la Hacienda Pública de que estaba acusada.

Cuando los abogados que llevaron adelante su defensa, Pablo Molins y Jesús Silva, se lo comunicaron, la infanta se mostró “muy contenta”, según relata el primero. Cristina de Borbón les agradeció su trabajo para acabar con lo que ella había vivido como una pesadilla. La infanta tenía claro que era inocente y no comprendía cómo se podía sostener la acusación. Durante el proceso, Molins estaba seguro de que iba a ser absuelta, y así se encargó de transmitirlo. Según cuenta, hasta hizo todos los esfuerzos posibles para estar sonriente y que sus gestos se correspondieran con el optimismo por los resultados y no transmitieran preocupación, ya que le decían que estaba demasiado serio. La alegría de su absolución se mezclaba en la infanta con la pena por los seis años y tres meses de prisión a la que había sido condenado su marido, Iñaki Urdangarin.

Por otra parte, la infanta tendrá que responder, solidaria y conjuntamente con él, como responsable civil a título lucrativo, por la cantidad de 265.088 euros. Es una responsabilidad a la que ya hizo frente la infanta durante el proceso judicial. De hecho, ahora le tienen que devolver unos 800.000 euros. Esto es así porque Cristina de Borbón ya había pagado una cantidad mucho más alta para responder a las responsabilidades que le señaló en su momento el juez Castro.

Para la defensa, es importante la redacción de la sentencia en este punto. Pablo Molins subraya que la redacción de esta se ha cuidado mucho de utilizar en sus 742 folios la expresión “debemos condenar y condenamos” para la infanta Cristina, ni cuando se detalla la cantidad que tiene que pagar como responsable a título lucrativo. “No es una condena, es un pronunciamiento –señala Molins– que se podía haber ventilado sencillamente en un procedimiento administrativo tributario”.

El encargo del Rey

La alegría de Cristina de Borbón era el final de la operación para salvar a la infanta que tuvo su pistoletazo de salida hace casi cuatro años, cuando el 5 de abril de 2013 Miquel Roca anunció que había recibido el encargo del rey Juan Carlos de defender a su hija. Muy poco antes, el despacho del expolítico catalán había llegado a un acuerdo de colaboración profesional con el bufete Molins & Silva por el que este se convertía en el departamento de Penal de Roca Junyent. El acuerdo de enero no suponía la preparación de la estructura para defender a la infanta, según aclara Molins. De hecho, las negociaciones entre su bufete y el de Miquel Roca habían empezado aproximadamente un año antes. Molins y Silva se encuentran entre los más prestigiosos penalistas del país, pero el primero de los socios supone que el encargo a Roca se produjo por la amistad o confianza que el monarca tendría con él.

El despacho de los penalistas está compuesto por un equipo de 35 personas entre Barcelona y Madrid. Miquel Roca, que es a quien ha acudido el rey Juan Carlos, adopta desde ese momento un rol institucional o de portavocía de la defensa.

El equipo Molins & Silva se convierte en el último en incorporarse a una causa con una trascendencia pública sin precedentes. Al llegar los últimos, les caen encima los casi 50.000 folios de la instrucción. Ha sido “una macrocausa tremenda”, en palabras de Molins. Un equipo de seis personas tuvo que peinar con detalle esos folios, para cribar aquellos en los que pudieran encontrarse indicios y pruebas sobre la imputación de la infanta Cristina. Para Molins, en todo caso, “la cuestión técnica no era especialmente compleja” sino que “la mayor tensión fue la repercusión mediática y el juicio paralelo”. Una prueba de ello es, según el análisis de Molins, que en definitiva, en la sentencia de más de 700 folios, lo referente a la infanta se ventila en dos. “Al final, la conclusión es que respecto a la infanta había muy poco”, apostilla el abogado.

Las sesiones de trabajo de la infanta

La misión de salvar a la infanta será, seguramente, una de las más peculiares e importantes que hayan afrontado los abogados a los que se les encomendó. El destino de la hija de Juan Carlos I, para la que la acusación particular de Manos Limpias pedía ocho años de cárcel, estaba en sus manos. Fue Miquel Roca el encargado de realizar la labor más institucional, pero había que trabajar en el tema de fondo, en la defensa contra los argumentos que utilizaba la acusación. Para ello, los abogados trabajaron en tres sesiones con Cristina de Borbón durante la fase de instrucción del caso para preparar la declaración ante el juez Castro. Era una situación completamente inédita. La infanta también tuvo que trabajar con sus abogados en varias sesiones para organizar su declaración en el juicio oral, esta vez ya sentada en el banquillo de los acusados. La infanta no estuvo en nada ajena al trabajo de sus abogados. Fue una de las últimas personas en declarar en el juicio, así que como los abogados se encontraban en Palma, “nos vimos bastante y por las tardes aprovechábamos para comentar el contenido de su declaración”, relata Molins.

Para la infanta ha sido un proceso muy duro, según su abogado. No conseguía entender cómo era posible que se la sentara en el banquillo por algo que consideraba que no era culpable. “Estaba sorprendida y preocupada”, recuerda su abogado. Además, había que sumar el tener que soportar la situación de su marido, Iñaki Urdangarin. La infanta confiaba en su plena inocencia.

Un asunto importante es cuánto ha costado todo esto. La sentencia condena a Manos Limpias a pagar las costas en relación a la acusación que mantuvo contra la infanta Cristina. Esto sucede en el momento en que el principal responsable de Manos Limpias acaba de salir de prisión preventiva en la que se encontraba a consecuencia de la investigación sobre los presuntos chantajes realizados por Ausbanc y Manos Limpias utilizando demandas judiciales. Una de las cuestiones que queda por aclarar es el del ofrecimiento de retirar la acusación contra la infanta a cambio de tres millones de euros. Curiosamente, señalaron que es la cantidad necesaria para cubrir las costas. Si fuera cierto, tendría que ser lo que deberían de saldar ahora que han sido condenados a pagarlas.

El juez Pedraz, que investiga este caso de los presuntos chantajes, ha decidido no tener en cuenta un escrito que le envió el juez instructor del caso Nóos, José Castro, en el que relataba una petición por un emisario del despacho de Roca para reunirse en un lugar discreto. Roca ha negado que se haya producido tal petición. Molins se desmarca con rotundidad: “No tengo absolutamente nada que ver”, dice. Molins se extraña de este suceso porque considera que lo lógico sería que hubiera realizado el encargo alguien de su equipo, mientras que el juez Castro relata que fue un asociado a Roca en Palma el que realizó la gestión.

No cerrar en falso

A propósito de todo esto, Pablo Molins subraya que Manuel González Peeters, abogado del socio de Urdangarin, Diego Torres, pidió por este motivo la expulsión de Manos Limpias de la acusación popular y que, sin embargo, la defensa de la infanta se negó, a pesar de ser la parte que acusaba a la hija del rey Juan Carlos. Según Molins, no querían cerrar en falso el caso, sino llegar hasta el final para dejar clara la inocencia de la infanta.

Lo más probable es que Manos Limpias no tenga solvencia para pagar las costas, pero eso no significa que Molins & Silva no reciban su minuta de su cliente. ¿Paga el rey Juan Carlos o la infanta? La respuesta está limitada por el secreto profesional.

Si Molins no quiso cerrar en falso, el abogado González Peeters, defensor de Diego Torres, en conversación con esta revista, sostiene que la sentencia acredita que la actuación de su defendido no debería tener reproche penal alguno. Esto sería así porque la sentencia no condena a los implicados en las gestiones del Instituto Nóos, por ejemplo, en sus ramas madrileña o valenciana. Si esta tesis fuera admitida en los recursos, no solo libraría a Torres de su pena, sino también a Iñaki Urdangarin. También es cierto que el abogado de Torres también cree que la sentencia apoya sus argumentos respecto a que las actividades empresariales eran conocidas y contaban con el visto bueno de La Zarzuela. Uno de los aspectos más llamativos de la sentencia es que, finalmente, los correos electrónicos que usó para su defensa Diego Torres y que causaron tanto revuelo por sus referencias al rey Juan Carlos y la Casa Real, no han sido tenidos en cuenta. González Peeters solo declara, escueto, que “no me sorprende”. La infanta vivió el proceso como una pesadilla. Ahora debería terminar, pero la condena a seis años y tres meses de cárcel a su marido, Iñaki Urdangarin, pesará todavía sobre su ánimo. En el horizonte aparece como posible un escenario de dolorosas visitas a la cárcel si mantiene, como ha hecho hasta ahora durante la duración de todo el caso, su postura de estar al lado de su esposo.

Declaración inédita

El momento clave en el que la maquinaria para salvar a la infanta se puso en marcha a todo gas fue cuando iba a ser imputada definitivamente por el juez instructor José Castro. Esto suponía también que iba a tener que declarar como tal ante el magistrado. Una situación inédita para la monarquía que causó gran revuelo nacional e internacional.

Es el momento en que llega el encargo de su defensa al bufete de Miquel Roca, el veterano expolítico catalán. Era el día 5 del mes de abril del año 2013 cuando la operación Salvar a la infanta se pone oficialmente en marcha. Miquel Roca ponía el grueso del trabajo en manos de Jesús Silva y Pablo Molins, dos prestigiosos penalistas, ya que el bufete de Roca estaba dedicado a otras especialidades del Derecho. Precisamente tres meses antes de hacerse cargo de la defensa de Cristina de Borbón, los bufetes Molins & Silva y Roca Junyent firmaban un acuerdo de asociación para cubrir esta área.

El hombre que recibe el encargo del rey Juan Carlos para la defensa de su hija es, por lo tanto, Miquel Roca. Se apuntaron desde el principio las razones del prestigio de esta personalidad con gran experiencia política y uno de los que se consideran siete padres de la Constitución de 1978. El protagonismo político de Roca también alcanzó altas cotas durante su etapa de portavoz de la llamada entonces minoría catalana en el Congreso de los Diputados, ostentada por Convergència i Unió. Quizá pesaran sus dotes de negociación durante la etapa constituyente y mientras la coalición catalana fue decisiva en las votaciones de Congreso.

En el momento en el que afrontó la defensa de la infanta Cristina, algunos apuntaron que el rey Juan Carlos había escogido a una persona que había pasado a simpatizar con el independentismo catalán. Pero la personalidad de Miquel Roca es más que eso. Nació en Burdeos, en el exilio vivido por su padre en Francia. Cuentan que este, uno de los fundadores de Unió Democràtica de Catalunya, en una ocasión tuvo que saltar de un tren al ver que varios vagones por delante del suyo se había subido un miembro de la Gestapo alemana.

Roca fue un joven que comenzó participando en el Sindicato Español Universitario (SEU), el único legal en aquellos años sesenta en el franquismo. Su actividad le llevó a la expulsión en 1966 como profesor en la facultad de Derecho de Barcelona por sus actividades en favor del Sindicato Democrático de Estudiantes. Miquel Roca también participó en 1961 en el Front Obrer de Catalunya, un movimiento antifranquista. En este participaron y se conocieron Narcís Serra, Pasqual Maragall y Roca. Serra llegó años más tarde a ser vicepresidente del Gobierno con Felipe González. Antes fue alcalde de Barcelona, como Pasqual Maragall, precisamente el hombre que venció a Miquel Roca cuando ambos disputaron esta alcaldía.

En los años setenta, Roca y Serra compartieron de nuevo un proyecto. Fue un gabinete de estudios en representación de los grandes propietarios del Plan de la Ribera de Barcelona. Los intereses que representaban no prosperaron.

PSC y CiU

Existe una leyenda urbana que dice que Miquel Roca y Narcís Serra decidieron a suertes quién se iba al nacionalismo y quién al socialismo catalán. Lo cierto es que Roca fue secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya desde su constitución en 1974 y Serra se afilió en 1978 al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en 1978.

Su trayectoria en el partido la realizó con Jordi Pujol como máximo dirigente y presidente de la Generalitat.

El trabajo político que sin duda ha sido reconocido es el haber sido uno de los siete representantes de los partidos que negociaron la redacción de la Constitución Española de 1978. Se les ha considerado los padres de la Constitución, lo que confiere a Roca un prestigio único. A Miquel Roca se le atribuye haber elaborado el término de “nacionalidades” para dar salida a los sentimientos nacionalistas, pero sin que la Constitución pudiera hablar más que de España como nación.

Una de las descripciones más llamativas de Miquel Roca la ha hecho el que fuera diputado del PNV Iñaki Anasagasti. Para él, Roca, el hombre al que el rey Juan Carlos le confía el futuro de su hija, “más que un ser humano, parecía una nevera”. Si fuera cierto, quizá es una buena cualidad para ser un gran negociador.

Su carrera política alcanza uno de los momentos culminantes con la participación en 1986 en el proyecto de un partido que recupere el espacio del centro político, aglutinando a los nacionalistas. Esto se concretó en la creación del Partido Reformista. El intento fue bautizado como “operación Roca” y estuvo apoyado por Convergència. Cosechó un rotundo fracaso electoral. En la aventura, Roca estuvo acompañado por el empresario Florentino Pérez, de ACS, al que ha seguido ligado como consejero de esta sociedad que centra su negocio en la construcción y las concesiones públicas. En el mismo consejo de administración se han sentado Alberto Alcocer y Alberto Cortina, conocidos como los Albertos. A Alcocer se le atribuye una cercanía al rey Juan Carlos que remataría la cercanía de Roca con el monarca. Roca asesora a Florentino en una de las constructoras de las fracasadas autopistas radiales de Madrid, Accesos de Madrid, hoy en liquidación, participada por Abertis, donde también aparece Roca. El Estado ha tenido que rescatar las autopistas después de que no se cumplieran ni de lejos las previsiones de tráfico que llevaron a su construcción.

Roca abandona la primera línea política y en 1996 funda el despacho Roca Junyent, el bufete al que recurre el rey Juan Carlos para la delicada misión de salvar a la infanta. Cuando esto ocurre, Roca confía tan delicado encargo a sus penalistas, Pablo Molins y Jesús Silva. Se trata de unos reputados especialistas en Derecho Penal. Molins, miembro de la familia de la cementera del mismo nombre, con once hermanos, se forjó en el despacho de uno de los abogados más poderosos de Cataluña, Juan Piqué Vidal. Entre los casos más destacados que llevó se encuentra el de los inspectores de Hacienda Huguet y Aguiar, caso que acabó con la posibilidad de que Josep Borrell liderara el PSOE. También ha sido abogado defensor en el caso Palau. Por su parte, Jesús Silva había sido un prestigioso consultor jurídico y no fue hasta 2009 cuando decidió ponerse la toga y bajar a la arena de los juicios orales.