Guerra civil en el independentismo catalán

Malos tiempos para el independentismo. Por si fuera poco la presión del Gobierno central y del Tribunal Constitucional, el proceso catalán se enfrenta ahora a una grave crisis interna, a una verdadera guerra civil en el interior de las huestes secesionistas. Las cosas no están bien en la coalición Junts pel Sí (JxS), formada por la antigua Convergència Democràtica (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ni tampoco entre estos dos partidos y el tercer socio y aliado en la hoja de ruta separatista, la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Cada uno de ellos quiere dominar el proceso de ruptura, pero nadie ha tenido, hasta ahora, la capacidad para tomar las riendas sin necesitar a sus rivales.

En plena Semana Santa, el presidente catalán, Carles Puigdemont, lanzó una advertencia a su Gobierno: debían prometer lealtad para que el proceso independentista salga adelante. Pero, además, convocó de manera urgente a sus aliados y a la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, para insistir en sus consignas. Claro que apenas unas horas antes había trascendido que Forcadell, quien hasta hace dos años era presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), está muy molesta porque en los últimos meses, justamente cuando comenzaron a caerle querellas del Constitucional por desobediencia, los dos grandes partidos parlamentarios tomaban decisiones sin consultarle.

A esta situación de malestar se le suma la desautorización que tuvo que hacer la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, de la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, después de que esta afirmase públicamente que el Gobierno catalán estaba considerando utilizar a parados para poder organizar el referéndum independentista. Para colmo, a finales de Semana Santa, trascendió una grabación realizada a David Bonvehí, coordinador organizativo del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT), el nuevo nombre de Convergència. En esa grabación, realizada en un restaurante, el número dos del partido de Artur Mas admitía ante cuadros de su formación que debían estar atentos y preparar un candidato autonomista por si el referéndum secesionista no puede hacerse. La grabación fue realizada por dirigentes de ERC de la comarca del Bages, por lo que tras la Semana Santa, la teniente de alcalde de Manresa, Mireia Estefanell, fue relevada de sus funciones y despojada de todo cargo por parte del alcalde, Valentí Junyent (PDeCAT).

A esta guerra abierta entre Convergència y Esquerra, hay que añadir la incesante presión de la CUP para que Puigdemont convoque cuanto antes el referéndum independentista, sin esperar al mes de septiembre, que es la fecha tope para esa cuestión. “Nosotros nos fiamos de Puigdemont, porque ya ha dicho que no quería repetir como presidente, por lo que no está al frente del Gobierno por interés propio. Pero no nos fiamos nada de la gente que tiene alrededor. Sabemos de primera mano que, si por él fuese, convocaba el referéndum mañana mismo, con todas las consecuencias. Pero a su alrededor tiene gente que posiblemente no le dejará dar el paso”, afirma a TIEMPO una fuente de la CUP. 

Oriol Junqueras, en la diana

Desde la izquierda radical, quizá por el hecho de que ERC le disputa el segmento electoral, se afina la puntería de los dardos sobre el vicepresidente del Gobierno, el republicano Oriol Junqueras, a quien acusan a plegarse a los intereses del “gran capital” redactando unos presupuestos continuistas (aunque fueron aprobados también por la CUP) y poniendo en entredicho su voluntad de vulnerar la ley para celebrar el referéndum.

Ante este panorama, el portavoz adjunto de JxS, el republicano Roger Torrent, señala a TIEMPO que desde la formación radical “pueden hacer la valoración que quieran, pero no hay síntomas de desconfianza. Para el procés, necesitamos a todos... a la CUP, también. Todos debemos cumplir un mandato democrático que salió de las urnas el 27 de septiembre de 2015. Y ellos también tienen ese mandato, aunque mientras tanto cada uno ha de hacer el trabajo que le toca”.

Torrent niega, asimismo, que haya fricciones entre PDeCAT y ERC por el desarrollo del proceso y las grabaciones a Bonvehí. “No hay enfrentamientos ni en el Gobierno ni en el grupo parlamentario –asegura–. Lo que pasa es que se aprovecha cualquier cosa para hacer ruido y magnificar las disputas puntuales que pueda haber entre los dos partidos”.

Pero en realidad, la grabación a Bonvehí denota que no es precisamente el Gobierno central (o el Estado, como les gusta decir a los independentistas) quien está jugando sucio. De hecho, el propio Bonvehí anunció que iba a denunciar ante la Fiscalía la grabación, ya que la consideraba ilegal. Una reunión entre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general de PDeCAT, Marta Pascal, limó asperezas y Bonvehí no llegó a llevar el tema a los tribunales porque, aseguró, “no me siento cómodo judicializando la política”, aunque sí reclama “explicaciones y responsabilidades políticas a ERC”. Para reforzar su tesis de no denunciar (la renuncia a acudir a la Fiscalía era una de las exigencias de ERC para depurar responsabilidades), aduce que la grabación “es un tema que me afecta a mí personalmente y no al PDeCAT o a JxS”.

Con el pacto de las Martas, pues, los independentistas esperan apaciguar un poco las aguas y centrarse en el proceso, que ahora comienza una etapa decisiva que debería culminar en la consulta. “El referéndum será, como muy tarde, a finales del mes de septiembre y nada hace pensar que no sea así. Trabajamos con esa referencia”, enfatiza Roger Torrent.

En el Gobierno autonómico, en cambio, hay reticencias a insistir en ello. Entre otras cosas, porque, como afirman en la CUP, “sin vulnerar la ley, no se puede convocar el referéndum. Buscar subterfugios es absurdo. Nosotros apostamos por ello y al Gobierno se le tiene que exigir valentía política”. Pero desde las posiciones moderadas del PDeCAT se avisa: “Si incumplimos la ley, nadie nos hará caso. Habremos perdido la guerra de la internacionalización del proceso, que es la que nos hubiera dado la victoria”. Incluso en los círculos políticos de la cúpula de esta formación y de Esquerra se citan nombres de consejeros posicionados en contra de vulnerar la ley. De ahí el llamamiento de Puigdemont a la lealtad de sus consejeros. Necesita que el Gobierno de la Generalitat sea más piña que nunca. Y, de momento, el president no las tiene todas consigo. Fuentes internas gubernamentales consultadas por TIEMPO reconocen que Carles Puigdemont se negó a firmar él solo el decreto de convocatoria del referéndum, exigiendo a Oriol Junqueras también su firma. Pero el republicano le contestó que no estaba dispuesto: o lo firman todos los consejeros colectivamente o él no firma. Es un síntoma más de que en la actual situación nadie se fía de nadie en el mundo independentista.

Callejón sin salida

“Es todo un sinsentido. Cuando se convocó la consulta del 9-N, Artur Mas especificó una solemne firma en un salón del palacio de la Generalitat, con todo el Gobierno catalán presente y las autoridades de los principales organismos de Cataluña. ¿Y ahora pretenden que esa firma solemne se convierta en una firma colectiva con todos los consejeros haciendo fila y pasando por la mesa para firmar? No tiene sentido”, explica a este semanario Eva Granados, portavoz parlamentaria del Partido de los Socialistas de Cataluña.

Para la socialista, los independentistas han llegado a un callejón sin salida. “No hay una mayoría social. Han querido construir de manera artificial lo que socialmente no existe y por eso están donde están”, añade Granados. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, es de la misma opinión y también advierte de tensiones en el seno del grupo mayoritario del Parlamento.

“Da la sensación de que se les ha escapado el tema de las manos”, subraya Carrizosa, que detecta, asimismo, “desconfianza” entre los socios del Govern. Santi Rodríguez, secretario general del PP catalán, señala que “con tanta tensión en el Gobierno y en el grupo parlamentario, intuimos que están en campaña de elecciones, no de referéndum. Lo que están disputando es el día después del fracaso. Pero de lo que pueden estar seguros es de que no habrá referéndum. Otra cosa es que realicen una performance, que no será otra cosa que la constatación de su fracaso”.

Ante ello, Torrent asegura que “la convocatoria del referéndum es una potestad del Gobierno catalán. Lo hemos acordado políticamente y se hará. La clave está en cómo piensan impedirlo. Dejo esa pregunta en el aire, a ver si me la contestan. Porque en JxS estamos comprometidos y decididos a materializar el referéndum”. Santi Rodríguez, en cambio, mantiene que “es muy difícil que lo lleven a cabo” y destaca que ya hay muchos funcionarios y cargos políticos “que empiezan a saber qué se están jugando, porque pueden ser acusados de delitos que conllevan penas de cárcel. Lo cierto es que al referéndum no hace falta oponerle nada, porque los propios independentistas se lo están cargando ellos solitos”.

Maquiavelo republicano

Desde algunos sectores de ERC, sin embargo, sí admiten tensión en las filas independentistas. “De hecho, las conferencias a todo lo largo y ancho de Cataluña de Santi Vidal sobre ilegalidades cometidas por el Gobierno ya habían caldeado el ambiente. Y ahora, recientemente, Marta Rovira metió la pata anunciando la medida de que el Gobierno preparaba a parados para que se hiciesen cargo de la organización del referéndum. Pero la guinda ha sido la pelea por la grabación a Bonvehí. No se puede decir que las cosas están como si no hubiera pasado nada, porque la tensión se palpa en el ambiente”, dice a TIEMPO un dirigente independentista que pide permanecer en el anonimato.

Esta fuente afirma que “en estos momentos, Convergència está mal. Y si se rompe el Gobierno, en Esquerra existe la impresión de que se ganarían de calle unas eventuales elecciones. Es más: existe el convencimiento de que estamos en el punto más álgido para sacar el mejor resultado”. Por ello, no se debe descartar que haya una ruptura definitiva del Gobierno de la Generalitat antes del referéndum. Es más: los extremadamente malévolos llegan a insinuar que la estrategia de Junqueras es dejar la nave del Gobierno catalán a la deriva para hacerla naufragar y que no haya más remedio que convocar elecciones... que él ganaría, por supuesto.

Estas fuentes subrayan que, en estos momentos, “a Mariano Rajoy le interesa zanjar definitivamente el tema de Cataluña. Y tiene razón Xavier García Albiol [actual presidente del PP catalán] cuando comenta que Madrid tiene ganas de arreglar el asunto. ¡Vaya si tiene ganas! Y en algunos sectores de ERC se comenta que hay conversaciones con el Gobierno central, aunque estas no sean estrictamente unas negociaciones. Es de sentido común”.

Oficialmente, en cambio, el procés sigue su rumbo. “A partir de ahora, vienen unas semanas decisivas y sin unidad y sin el conocimiento de qué hacemos y por qué lo hacemos, no haremos nada. Todos remamos en la misma dirección”, asegura Roger Torrent. Sin embargo, queda en el aire una pregunta que podría parecer retórica. Si, por cualquier causa, no se pudiese celebrar el referéndum, ¿qué pasará? Los republicanos tienen una carta en la manga: se realizaría una declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlamento catalán.

“Eso figura en nuestro programa electoral –admite Torrent–. Pero, en cualquier caso, estamos convencidos de que habrá referéndum porque lo convocaremos y lo organizaremos. Y será, como muy tarde, a finales de septiembre”.

La madre de todas las batallas

En la fase final del proceso independentista se pondrán en marcha dos comisiones que serán un escaparate de la lucha política en Cataluña. En ellas se escenificará la madre de todas las batallas políticas. Una, presidida por la independentista Alba Vergés, es de investigación sobre la operación Cataluña. En ella, los independentistas tratarán de demostrar que el Gobierno central realizó investigaciones sobre líderes soberanistas para abortar el procés. Por ello, los independentistas pedirán la comparecencia en la misma de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; del jefe del gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; de la expresidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho; y de varios comisarios que, supuestamente, investigaron presuntos delitos de la familia Pujol o de dirigentes de CDC.

La segunda comisión tiene su origen después de que el exjuez Santi Vidal denunciase que el Gobierno catalán estaba cometiendo ilegalidades para realizar el referéndum (como un censo propio de la población, la obtención ilegal de datos fiscales de los ciudadanos, la negociación secreta con fondos internacionales para el apoyo económico o pactos secretos con Gobiernos europeos para que Cataluña sea reconocida como Estado tras la consulta). Su nombre, no obstante, será más generalista, para evitar que los independentistas bloqueen cualquier cuestión que no afecte estrictamente al juez. Así, esta comisión será de investigación sobre los preparativos del Govern ante una eventual secesión. En ella podrían saltar sorpresas, como preparativos y maniobras del Gobierno catalán para contaminar y anular algunos de los sumarios abiertos sobre escándalos económicos, como el del caso Pujol.

El desmarque de la nueva Convergència

Durante las próximas semanas, el Parlamento catalán vivirá una situación algo más insólita que la actual: el grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxS), que engloba a Convergència y a Esquerra, podría votar dividido en algunas cuestiones, a pesar de que ambos partidos forman parte del Gobierno. Hasta el momento, el voto diferente solo se había producido en cuestiones muy puntuales y sin importancia. Pero a partir de ahora, los representantes de Convergència (o del PDeCAT, como se llama ahora) quieren marcar un perfil más propio y desmarcarse de los republicanos en algunas cuestiones. Desde algunos sectores convergentes, se acusa a ERC de “traicionar” a Convergència dejando que sean los dirigentes de esta última formación los que se quemen públicamente. Pero también la acusan de “no respetar los pactos” y de ir “a por ellos”, intentando sacar provecho electoral del descalabro convergente.