Frenar a los partidos en los tribunales

Rodrigo Rato a la salida de la Audiencia Nacional. Foto: José Luis Roca

IU se ha unido a varias asociaciones en una querella criminal contra el desfalco del Canal de Isabel II que pide más imputaciones a políticos, y PSOE y Podemos han anunciado que también se personarán en el procedimiento por la operación Lezo. Lo harán como acusación en virtud de la potestad que otorga la Constitución a los ciudadanos para ejercer la acción popular. Sin embargo, de prosperar los planes que comparten PP y PSOE para acotar la figura de la acusación popular –la de aquellos que no son directamente perjudicados por un hecho judicializado–, estos tres casos no podrían darse, porque una de las pocas cosas que en este momento de las conversaciones parece clara es que debería revisarse la posibilidad que hoy tienen los partidos de ser acusación en procedimientos donde esté implicada otra formación política, señalan fuentes del PP.

Ejemplos ha habido. Así, durante años, el Partido Socialista del País Valenciano fue acusación popular contra el Gobierno valenciano (del PP) en la causa de la Gürtel o también está el caso más reciente, y paradigma del poder de la acusación popular, de la demanda de UPD contra la cúpula de Bankia. Sin embargo, ahora PP y PSOE consideran que este tipo de litigios ante los tribunales pueden buscar influir en la acción política, más aún si se une a la supresión de los aforamientos y la exigencia de dimitir en el momento de la imputación. Así, una acusación popular podría conseguir apartar a un cargo público, advierten en el PP, donde son partidarios de combinar los cambios que se den en estos tres aspectos. Podemos, que es acusación popular en procesos vinculados con la política como el de los Pujol o el del pequeño Nicolás, destaca que esta figura “ha sido responsable del inicio e instrucción de muchos procesos de corrupción y crimen organizado” y está a favor de mantenerla, “tanto en su naturaleza jurídica como política”.

La acusación popular, consagrada en el artículo 125 de la Constitución, hoy solo existe en España. Su origen está en el Derecho Romano, que, en ausencia de un Ministerio Fiscal, suplía la acusación y equilibraba así las partes en un proceso. Pero en el siglo XIX, ya con fiscales, en España y otros países se dio el debate sobre si mantenerla o no y el ordenamiento jurídico español fue el único que la preservó. Hoy un ciudadano particular, una asociación de consumidores, un partido o un sindicato pueden ejercer la acusación en procesos que no le afecten directamente, y así aparece la sospecha de “manipulación” y de perseguir objetivos ajenos al proceso penal. Hay casos recientes, como las acusaciones de Ausbank o Manos Limpias. En 2013, un juez impidió que Mario Conde se personase contra el PP en el caso Gürtel. Hace unas semanas, el PP reprochaba a la asociación que ha conseguido que Mariano Rajoy testifique en el juicio de la trama Gürtel de seguir los dictados del PSOE.

Algo no funciona

Julio Pérez Gil, profesor de Derecho Procesal e investigador sobre la acusación popular, dice que funciona en muchos casos. En el PP destacan las acusaciones dirigidas por “asociaciones de consumidores”. Sin embargo, el profesor cree que “cuando funciona bien es porque algo está funcionando mal y ese algo es el Ministerio Fiscal, obligado a hacer eso que los particulares no deberían hacer”. El debate de qué hacer con la acusación popular continuará en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde los grupos acordaron tratar una cuestión que, hoy más que nunca, está ligada a las sospechas que recaen sobre la fiscalía, “el verdadero debate”, en opinión de Pérez Gil, para que la acusación esté debidamente garantizada.