Estalla la rama urbanística de Gürtel

La caja de Pandora del urbanismo madrileño se ha abierto en el caso Gürtel. La investigación judicial de esta trama de corrupción relaciona al arquitecto Leopoldo Arnáiz con operaciones de empresas del entramado de Francisco Correa. Arnáiz es el redactor de la mayoría de los planes urbanísticos de los municipios madrileños y declaró en la comisión de investigación sobre el Tamayazo, el caso de transfuguismo que impidió al socialista Rafael Simancas ser elegido presidente de la Comunidad de Madrid en beneficio de la líder del PP Esperanza Aguirre.

Todo se ha destapado a partir del análisis de la agenda de Pablo Crespo, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel. Cinco años después de que estallara este caso, la policía aún está destripando los papeles de los principales protagonistas. Estos apuntes describen operaciones accionariales con la sociedad Narcisos 22. Esta empresa, según la investigación, es clave para destapar los negocios urbanísticos de la trama, y existen operaciones en las que participa Leopoldo Arnáiz, el hombre que redacta los planes urbanísticos de 46 municipios de Madrid gobernados por el PP, el urbanista preferido del Partido Popular.

Arnáiz, según el informe de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, aparece en los apuntes de la agenda de Pablo Crespo, uno de los principales cabecillas de Gürtel. Pero lo más llamativo es que aparecen operaciones en las que Arnáiz es el redactor de los planes urbanísticos y además compra y vende terrenos en los mismos lugares a través de sociedades a nombre de testaferros que forman parte de una larga lista de sociedades controladas por Arnáiz, según ha salido a la luz en un caso diferente que lleva el juzgado mercantil número 4 de Madrid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal destapa una operación clave en la que Leopoldo Arnáiz compra suelo en Boadilla a la sociedad Narcisos 22, controlada por Francisco Correa. Arnáiz realiza esta operación por medio de las sociedades que controla a través de testaferros, Centros Comerciales Raíces 3.0000 y Beltraex Nexo. El informe policial no cita que esas sociedades están en manos de Arnáiz a través de hombres de paja, pero, sin embargo, así aparece en el que se lleva en el juzgado mercantil número 4 de Madrid, en el que un testaferro de Arnáiz ha sacado a la luz la red de al menos 33 sociedades del urbanista ocultas a través de hombres de paja. Además, el informe policial señala que la compra es de “una parcela de resultado del Proyecto de Reparcelación del Sector Sur-11” de Boadilla. Leopoldo Arnáiz fue el urbanista que redactó ese proyecto de reparcelación para el Ayuntamiento de Boadilla, entre otros, aunque la policía aún no lo señale en su informe.

La parcela es propiedad de dos de las empresas de Arnáiz, junto con una de Correa, Narcisos 22. Al final de la operación, Narcisos 22 vende a la empresa Invercantil, administrada por Carlos Serrano Altamiras, otro de los administradores de empresas detrás de las que se encuentra el urbanista Leopoldo Arnáiz. Además, se da la circunstancia de que Beltraex Nexo, de Arnáiz, tiene su sede en el mismo edificio de la calle Velázquez de Madrid donde, a su vez, la tiene una empresa de Tomás Martín Morales, Free Consulting. Tomas Martín es uno de los imputados en el caso Gürtel y fue director general de Urbanismo de Boadilla del Monte.

Comisiones urbanísticas.

El informe policial sobre las anotaciones en la agenda de Pablo Crespo, sostiene que Narcisos 22 debe considerarse una de las empresas que constituyen el núcleo duro del entramado societario de Gürtel. Esta se convierte en el instrumento para cobrar comisiones mediante operaciones urbanísticas irregulares. Francisco Correa, el principal responsable de la trama Gürtel, la controlaba mediante sus testaferros habituales a su vez a través de algunas de sus sociedades instrumentales como Lujeca y Paddington y sirve para canalizar inversiones desde sociedades de Correa radicadas en el exterior. Según la policía, Narcisos 22 era una empresa que se beneficiaba de “su colocación como gestor de las juntas de compensación de los proyectos de reparcelación”.

La policía ha encontrado unos correos electrónicos sobre la entrada de Correa en la empresa Narcisos 22 para tomar el control de la misma. Se trata de un e-mail enviado a Jacobo Gordon, amigo de Alejandro Agag, el yerno del expresidente del Gobierno, José María Aznar.

En el accionariado de estas empresas aparecen los principales imputados en el caso Gürtel y en la documentación revelada ahora aparecen operaciones entre ellos, como una en la que venden acciones de algunas de estas empresas a una sociedad representada por Jacobo Gordon, Real Estate Quity Portfolio, en la que Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, invirtió 150.000 euros en un proyecto de construcción de una promoción inmobiliaria. Alguna de estas operaciones de compraventa de acciones alcanzaban los 4,3 millones de euros.

Las adjudicaciones de suelo a la sociedad Narcisos 22 se realizaban con contratos falsos de gestión urbanística, con las comisiones gestoras de los sectores urbanísticos, tal como se desprende del informe policial.

La UDEF ya ha tomado declaración a varias personas sobre estas operaciones y ha requerido información a varias entidades financieras. En una de estas averiguaciones sale a la superficie una operación en la que un abogado compra suelo a Narcisos 22, la empresa beneficiada por estas operaciones presuntamente irregulares, gracias a que esta empresa le debía dinero por servicios profesionales. El abogado detalla en una declaración ante la policía que, entre los servicios que prestó se encuentra el asesoramiento legal en el mismo caso Gürtel. Es decir, es la prueba de que con los fondos obtenidos por operaciones presuntamente irregulares, los imputados en el caso Gürtel están pagando su asesoramiento legal.

En estas operaciones aparecen otros nombres relevantes, como una venta de suelo de Narcisos a la sociedad Aquiles e Hijos, propiedad de Aquiles Aparicio. Se trata de un exalcalde de Boadilla del Monte, en Madrid, del Partido Popular, que fue expulsado a los diez días de ocupar el cargo por recalificar terrenos de personas allegadas.

La policía ha encontrado otras notas manuscritas en la agenda con un guion sobre algunas de las operaciones urbanísticas que realizó la trama. En el punto cuarto de ese guion aparece escrito: “Plan. El Trompas pide a Leo”. El Trompas es el apodo por el que llaman a Francisco Díaz Latorre, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La policía afirma que la anotación sobre Leo “se está refiriendo a Leopoldo Arnáiz, arquitecto responsable del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla”. En otras anotaciones, bajo el epígrafe de “temas pendientes” aparece anotado “Fax Leopoldo” junto con un número. La policía considera que este nombre puede referirse a Leopoldo Arnáiz. El número, efectivamente, se corresponde con uno de las oficinas de este arquitecto. También se encuentra otra nota en la que junto al nombre Leopoldo aparece “cifra el informe” y dos líneas más abajo “equipo redactor” y la abreviatura “Alc”. La policía cree que “hace referencia a un alcalde de algún municipio donde la organización ha tenido intereses”.

Querella de la fiscalía.

Las operaciones inmobiliarias particulares de las que se beneficiaba Leopoldo Arnáiz en los terrenos en los que participaba como redactor de planes urbanísticos municipales que se conocían hasta ahora, y que eran ajenas al caso Gürtel, habían quedado a menudo limitadas a los trabajos que realizaba posteriormente a los promotores y en raras ocasiones se le ha relacionado con la propiedad de suelos en esas zonas. Uno de estos casos fue el de una recalificación urbanística en Alcorcón (Madrid) en la que salían beneficiados dos empresarios que pagaron la habitación del hotel donde se alojó el tránsfuga Eduardo Tamayo en los días en que evitó que los socialistas alcanzaran el Gobierno en la Comunidad de Madrid. Leopoldo Arnáiz fue el redactor de esta modificación urbanística y fue contratado también por los promotores privados, lo que provocó una querella de la fiscalía y le costó una imputación por el presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.