¿España cuenta con más naciones?

21 / 09 / 2017 Javier Otero y Antonio Rodríguez
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La plurinacionalidad que defiende el PSOE para contrarrestar el separatismo divide a los constitucionalistas, aunque toda modificación de estatus pasa por reformar la Carta Magna.

Reacción. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha salido al paso de las declaraciones de Sánchez. Foto: Raúl Caro/EFE

En pleno auge secesionista en Cataluña, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó su idea de la plurinacionalidad como alternativa al referéndum de la Generalitat catalana, con España como nación y la novedad de que dentro de ella hay “al menos” tres naciones más. El líder socialista aclaró a renglón seguido que “todas las naciones son España”.

Los socialistas defienden en los últimos años una reforma constitucional que vaya hacia un Estado federal, pero la exposición de Sánchez contó con la respuesta inmediata de la presidenta de la Junta de Andalucía, la también socialista Susana Díaz. La dirigente andaluza enfatizó que su región “no es menos” que Cataluña, el País Vasco o Galicia, las  tres naciones a las que se referiría Sánchez y que se suelen calificar de “nacionalidades históricas” porque habían conseguido sus estatutos de autonomía durante la Segunda República, si bien el actual Estatuto de autonomía de Andalucía recuerda que la Guerra Civil abortó un Estatuto andaluz que estaba listo para comenzar su tramitación parlamentaria, argumento con el que basa su consideración también de nacionalidad histórica.

Ya en la Transición, el PSOE abordó el concepto de las nacionalidades desde una tesis que hoy en día sería sorprendente: “El partido propugnará el ejercicio libre del derecho de autodeterminación por la totalidad de las naciones y regionalidades, las cuales compondrán, en pie de igualdad, el Estado federal que preconizamos”, aprobó en su congreso de 1976, el primero tras la dictadura. Un texto que aceptarían de sumo agrado los actuales secesionistas catalanes y que los socialistas guardaron en el cajón de los olvidos tras la aprobación de la Constitución en 1978. El debate terminológico sobre el concepto de nación lo reabrió José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 con la tramitación de la reforma del Estatuto catalán que preconizó Pasqual Maragall. “Si hay un concepto discutible y discutido en la teoría política y en la ciencia constitucional es precisamente el de nación”, señaló en una entrevista. En realidad, el término “nación” no es un concepto unívoco. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional (TC) indicó en su sentencia de 2010 sobre el Estatut que dicha acepción es “extraordinariamente proteica en razón de muy distintos contextos en los que acostumbra a desenvolverse”.

Pueblos originarios

La nación puede conferirse, según los magistrados, “como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa, pero la nación que aquí importa es exclusivamente la nación en sentido jurídico constitucional”. Y en este sentido, “la Constitución no conoce otra que la nación española”, sentenció el Alto Tribunal. Si bien los jueces del TC sugirieron que hay pueblos o nacionalidades originarias que pueden esgrimir aspectos culturales, históricos o lingüísticos para aspirar a cotas mayores de autogobierno, también fueron taxativos a la hora de subrayar que la Carta Magna de 1978 solo reconoce la nación española.

José Manuel García-Margallo pide en su último libro, Por una convivencia democrática, que no se traspasen los límites de la actual Carta Magna porque no se sabe cuántas naciones históricas hay en España. “¿Lo es el Principado de Asturias?, ¿el Reino de León?, ¿el de Castilla?, ¿el de Aragón?, ¿el de Valencia?”, se pregunta el exministro. “Mi recomendación es que nos centremos en el reconocimiento y gestión de la España plurilingüe y multicultural, y abandonemos la cuestión de la plurinacionalidad”, añade Margallo antes de ofrecer su particular receta. “Sabemos lo que es una lengua y, más o menos, lo que es una cultura. Pero no sabemos bien si cuando hablamos de nación estamos hablando de la nación originaria o de la nación política; y, sobre todo, no nos pondremos de acuerdo en qué consecuencias trae ser una nación”.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los fundadores de Ciudadanos, esgrime a esta revista que desde el punto de vista jurídico “solo hay una nación, la española” y que el conjunto de los españoles son los depositarios de este poder constituyente. Otra cosa es el punto de vista cultural, “mucho más impreciso” y que depende del enfoque que se escoja. “Si una nación está constituida por una lengua, etnia, religión, cultura, tradición puede haber desde varias naciones a infinitas”, señala antes de poner en duda que esta concepción, “más propia de los siglos XVIII y XIX”, tenga relevancia hoy en día.

Por su parte, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, recuerda a TIEMPO que “nacionalidades y naciones” eran “sinónimos” en los debates parlamentarios de 1978. De ahí que no le importe decir que España es un “Estado plurinacional”. Otra cosa es el alcance de ello. La propia Constitución no señala cuáles son las nacionalidades y cuáles las regiones, aunque en la segunda disposición se cita a Cataluña, País Vasco y Galicia como las regiones que podían disponer de Estatutos por la vía rápida.

La polémica entre Sánchez y Díaz resucita los agravios que ya se dieron durante la Transición. Con la elección del término “nacionalidad”, los diputados constituyentes descartaron que ninguna región se definiera como nación, ni tuviera derecho a constituirse como Estado independiente. Para el entonces diputado y después presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, con este término se reconocía el “hecho nacional de Cataluña”. Miquel Roca quiso tranquilizar a sus correligionarios con el argumento de que en la Constitución “no se definen dos clases de españoles […]. No hay distinción en cuanto al contenido sustantivo de lo que va a ser la autonomía; está a la merced […] de los habitantes de estas comunidades autónomas […]; unas serán ‘nacionalidades’, porque así se sienten, y otras serán ‘regiones’, porque así querrán serlo”.

A pesar de que se negó que las nacionalidades tuvieran un trato privilegiado, varias regiones reaccionaron reivindicando el mismo nivel de competencias autonómicas e incluso en su denominación. Así ocurrió con Andalucía, que consiguió que su Estatuto siguiera la misma vía que el catalán, vasco y gallego. Lo logró a través de un referéndum en 1980 que pilló a contrapié al Ejecutivo centrista de Adolfo Suárez, tras el cual Andalucía se declaró también como nacionalidad histórica en su artículo primero.

Otros estatutos se han basado en la tradición y la historia para los mismos fines. En la actualidad, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Aragón y Canarias se definen también como nacionalidades históricas, aunque el verdadero salto hacia delante lo ha dado el Gobierno catalán con su empeño por lograr la independencia. 

El debate más complicado

El debate territorial en las Cortes Constituyentes fue el más complicado que abordaron los diputados. En nombre de la mayoría de UCD, José María Martín Oviedo subrayó que “la inclusión del término ‘nacionalidades” significaba la concepción de España “como una comunidad política y soberana indivisible (...), una organización regional del Estado articulada sobre la base del reconocimiento a la autonomía (...) y la imposibilidad de que las comunidades autónomas puedan realizar actos de soberanía que deberán proceder siempre del Estado”. En términos parecidos se pronunció Gregorio Peces-Barba en nombre del PSOE, al decir que la estructura política de España estaba construida “en un equilibrio racional y complejo que desaparecería si se suprime alguno de ellos”. El primer aspecto era el concepto “España-nación, cuya unidad se afirma vigorosamente”. El segundo, el estrato autonómico, respecto del cual “se predica y se garantiza el derecho a la autonomía”. Y el tercero, la “necesaria solidaridad entre todas estas nacionalidades y regiones”.

Aquel fue el momento en el que los constituyentes se decantaron por el “café para todos”, aunque el camino estuvo lleno de obstáculos. Varios diputados reivindicaron una autonomía específica para Segovia. Incluso el portavoz de UCD, Antonio Jiménez Blanco, sugirió rescatar el pasado nazarí del Reino de Granada para justificar la creación de una comunidad autónoma que se llamase “Andalucía Oriental”. 

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Iniciativa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llegando a la sede del partido en Madrid. Foto: J.P. Gandul/EFE

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