¿Es efectiva la castración química?

21 / 11 / 2008 0:00 Marcos Martín de la Piedra
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El Gobierno estudia su aplicación voluntaria para violadores reincidentes. Los expertos señalan que es un método con contraindicaciones.

Los tratamientos farmacológicos utilizados desde hace años en países como Alemania, Suecia o Dinamarca podrían servir de modelo en España, después de que el ministro de Justicia haya dejado la puerta abierta a su implantación. En plena polémica por el caso Mari Luz, la llamada castración química voluntaria es barajada por el Gobierno en su anunciada reforma del Código Penal, como una de las opciones para evitar la reincidencia de este tipo de delincuentes. Consiste en la administración de compuestos que reducen los niveles de testosterona, la hormona que regula el deseo sexual. Se puede administrar en forma de pastilla o inyecciones y, a diferencia de la castración física, no es irreversible. Sin embargo, los expertos insisten en que este tipo de tratamientos implican una serie de efectos secundarios que han de ser advertidos. El psicólogo y forense Javier Urra señala algunos de ellos: “Los inhibidores sexuales pueden trastornar el organismo, causando problemas hepáticos, circulatorios, feminización y complicaciones homeopáticas”. Otra de las razones que provoca escepticismo entre los especialistas es la efi cacia de este tipo de terapia, ya que cuando se interrumpe el tratamiento, el efecto desaparece. No es, por tanto, una panacea para frenar los delitos sexuales. Sin embargo, en otros países occidentales el empleo de fármacos para reducir la libido en agresores sexuales cuenta con muchos años de experiencia y resultados positivos cuando se mantiene la medicación. Alemania fue uno de los pioneros en ofrecer a los violadores presos la posibilidad de aceptar voluntariamente el tratamiento que se conoce como castración química, ya en 1969. Dos décadas después, Dinamarca decidió ofrecer a los agresores sexuales este tratamiento y consiguió reducir de manera abrumadora las tasas de reincidencia. La doctora danesa Birgit Jessen Petersen, directora de una prisión en su país, ofrece una idea sobre la aplicación del método: “Aproximadamente la mitad de los violadores reincidentes deciden someterse de forma voluntaria a terapias para reducir los niveles de testosterona”. El mismo tipo de tratamiento llegó en 1996 a Estados Unidos, pero con una diferencia fundamental: California fue el primer Estado donde los agresores sexuales fueron obligados a someterse al tratamiento cuando reincidían en su delito contra menores de 13 años, algo que no se había dado hasta entonces.

Su implantación en España.

La posibilidad de medicar con inhibidores sexuales en nuestro país sólo se plantea, de momento, contando con el consentimiento del recluso. Sin embargo, en otros países se empieza a pensar en la opción de obligar a los violadores a someterse a este tipo de terapias. El ejemplo más reciente es Polonia, donde, tras los últimos casos de violaciones, la ministra de Sanidad, Ewa Kopacz, ha anunciado que su Gobierno presentará un proyecto de ley para imponer la castración química obligatoria. En Suecia, donde se practica este método de manera voluntaria desde 1993, el Parlamento rechazó hace un año una moción para legislar sobre la castración química forzada. El sistema penitenciario español no ofrece estos tratamientos a sus presos por considerarlo contrario al artículo 15 de la Constitución, en el que se garantiza la “integridad física” de todos los ciudadanos. Fuentes penitenciarias explican que la legislación impide los castigos físicos y la ley de autonomía del paciente exige el consentimiento de la persona que vaya a ser tratada, una vez haya sido informada previamente sobre sus efectos. Además, indican que los fármacos inhibidores son un tratamiento personal, que no se incluye en la terapia psicológica a la que se someten los violadores en las cárceles españolas. De este modo, los fármacos pueden ser recetados por un médico, pero no se han introducido nunca dentro del programa dedicado a rehabilitar agresores sexuales en las prisiones. Durante su última comparecencia conjunta, los ministros de Interior, Alfredo Rubalcaba; y Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no descartaron la aplicación de la castración química en los presos que lo soliciten. Para ello, sería necesaria una reforma del Código Penal que habilitase la inclusión de los inhibidores como una medida de seguridad, nunca como pena. Pero la voluntariedad de los violadores no basta para recetar la medicación. Según Urra, “un equipo compuesto por médicos y psicólogos tiene que decidir sobre la conveniencia de la aplicación del tratamiento en los pacientes”. Un reciente estudio de los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya concluyó que sólo el 4% de los presos por delitos sexuales que se someten a este tipo de tratamiento reinciden, mientras que si no optan por los inhibidores sexuales, la tasa de reincidencia se mantiene en torno a un 18%. Pese a ello, la comisión de expertos creada por la Fiscalía y la Generalitat, formada por forenses, magistrados, policías y abogados, rechazó la imposición de la castración química, tras comprobar que al dejar la medicación sus efectos desaparecen por completo. Por ello, Javier Urra insiste en que los pacientes que sigan estos tratamientos deben continuar con la medicación a la salida de la cárcel, como sucede en Dinamarca. La doctora Jessen indica que cuando los reincidentes aceptan la medicación, se establece que han de seguir con ella tras salir de prisión al menos ocho años. No se trata, por tanto, de una solución defi nitiva. El profesor forense de la universidad Complutense José Antonio García Andrade lo justifi ca hablando de la medicación como un complemento: “Las inyecciones o pastillas deben ir acompañadas de terapia psicológica para que sus efectos no se vean reducidos”.

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