Entre el expolio y el pacto fiscal

27 / 09 / 2012 17:40 Javier Otero
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La ruptura con las pretensiones económicas de Cataluña ha hecho estallar el conflicto soberanista.

Expolio, pacto fiscal, concierto económico, nueva reforma de la financiación autonómica... Los argumentos económicos son uno de los componentes más importantes de las reivindicaciones del Gobierno de la Generalitat que respaldan el camino hacia la independencia catalana, o por lo menos hacia un modelo federal.

Convergència i Unió, de la mano de Artur Mas, había pactado con el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los últimos cabos del sistema de financiación de Cataluña en la reforma de su Estatuto de Autonomía, cuando CiU estaba en la oposición en el Parlamento catalán. Después de que el Tribunal Constitucional corrigiera esta reforma, CiU ganó las elecciones catalanas con el pacto fiscal como uno de los principales argumentos de su campaña electoral. Se trata de un sistema prácticamente calcado del concierto económico del País Vasco.

Poco antes de la Diada del último 11 de septiembre, una fundación nacionalista insistió en el argumento del déficit fiscal catalán y extendió la interpretación de que Cataluña sufre un expolio fiscal. La idea tuvo un eco importante en la Diada. Tras esa manifestación, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ofreció de nuevo a Rajoy en La Moncloa el pacto fiscal, que fue rechazado por el presidente del Gobierno. Pero, ¿qué significa cada uno de los términos y qué implicaciones tienen en las posiciones políticas de cada una de las partes?

Déficit fiscal.

Es la diferencia entre los impuestos que recauda el Estado en Cataluña y el gasto que realiza en esta comunidad. Esta diferencia es interpretada por los nacionalistas como una prueba de que Cataluña no es tratada justamente. Es lo que consideran algunos un expolio fiscal. Para Ramón Tremosa, uno de los expertos que sostiene que existe un expolio, el déficit fiscal se traduce en menos inversión de capital público en Cataluña y que, por lo tanto, no esté tan bien dotada como otras regiones. Además, sostiene que el déficit fiscal influye negativamente en la evolución del PIB de Cataluña. Tremosa subraya que se debe calcular el déficit fiscal según el presupuesto ejecutado, lo que realmente se gasta, ya que, según sus datos, en Cataluña es habitual que se ejecuten cantidades menores a las presupuestadas, a diferencia de otras regiones como Madrid donde, por el contrario, se termina ejecutando más de lo que se había presupuestado. Para autores como Tremosa, si el déficit fiscal catalán se redujera al 5% de su PIB, en lugar del 9% actual, la riqueza por habitante en Cataluña subiría hasta colocarse entre un 35% y un 59% por encima de la media de la Europa del euro.

Financiación autonómica.

Quienes no están de acuerdo con esta interpretación recuerdan que los impuestos los pagan las personas, y no los territorios. De esta manera, como el nivel de riqueza en Cataluña es superior, se recaudan más impuestos. Ángel de la Fuente, del Instituto de Estudios Económicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno de los expertos contrarios a la idea del expolio fiscal, explica en uno de sus estudios que los saldos fiscales regionales “no son más que una consecuencia natural de la necesaria redistribución de la renta a nivel individual”. Ningún país, destaca De la Fuente, tiene un límite legal sobre los saldos fiscales regionales.

Otros, como el exministro Jordi Sevilla, recuerdan que los estudios prueban que las diferencias en cuanto a riqueza entre las comunidades más ricas y las más pobres se han mantenido durante años, por lo que duda de que realmente esté sobrefinanciada la solidaridad.

El argumento del déficit fiscal ha sido usado en la reforma del sistema de financiación autonómica y ahora en la propuesta de pacto fiscal que presenta el Gobierno de Artur Mas. Durante la negociación del sistema de financiación en la reforma del Estatut catalán se encargó al Instituto de Estudios Fiscales que publicara las balanzas fiscales, en las que se calculan los déficits o superávits fiscales. Un grupo de expertos ofreció cálculos precisos sobre ellas, pero también subrayó que no tienen que ver con la financiación autonómica. Ante la petición de Mas a Rajoy de acordar el llamado pacto fiscal, el PP amagó con estudiar una reforma del sistema de financiación autonómica en su totalidad, aunque luego rectificó y lo descartó por completo.

Aunque en los gobiernos de la Generalitat se suelen usar como argumento de agravio los recursos con los que cuentan regiones como Extremadura, lo cierto es que confiesan que consideran que el verdadero efecto discriminatorio se produce respecto al sistema del que disfruta el País Vasco. Por eso se ha manejado a menudo en las negociaciones que, al menos, el sistema de financiación autonómica ofreciera a Cataluña unos resultados semejantes a la financiación por habitante en el País Vasco.

Pacto fiscal y concierto económico.

El pacto fiscal que pide el actual Gobierno de la Generalitat de CiU es prácticamente igual al Concierto Económico Vasco. No todas las comunidades autónomas tienen el mismo sistema de financiación. El País Vasco y Navarra no se rigen por el régimen común de financiación ya que, según la Constitución, tienen un sistema de financiación aparte y diferente. En el País Vasco este régimen se llama concierto económico. Básicamente, este sistema de concierto consiste en que las diputaciones vascas recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado el coste de los servicios que presta este y que no son competencia del País Vasco. A esta cantidad se le llama cupo. El cálculo de este cupo es motivo de frecuentes discrepancias. El resultado es que estas comunidades autónomas disfrutan de más recursos por habitante, y con ello se colocan a la cabeza de las clasificaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la organización de los países más desarrollados, en cuanto a gasto en educación o sanidad, por ejemplo.

Según los cálculos realizados por Ángel de la Fuente, el sistema de concierto le ofrece al País Vasco una ventaja de 4.500 millones de euros, casi un 7% de su PIB al año. Esto es debido a que no aporta recursos al sistema de nivelación entre autonomías para que todas puedan prestar servicios similares, a que la valoración de las competencias estatales por las que se paga el cupo está sesgada a la baja y a cálculos sobre el reparto del IVA entre el País Vasco y la Administración central realizados con valores desfasados. Esto les permite a Euskadi y a Navarra disfrutar de una  financiación por habitante un 60% superior a la media de las regiones de régimen común.

El pacto fiscal que defiende Convergència i Unió pretende, igualmente, que la Generalitat se quede con todos los impuestos que se recaudan en Cataluña y pague por los servicios que aún presta el Estado en su territorio. Así, Cataluña decide qué hace con los impuestos que se pagan allí. La diferencia con el Concierto Económico Vasco es que el sistema propuesto incluye una aportación a la solidaridad entre regiones, que podría tener como límite el 4% del PIB catalán.

El referente que se suele usar es que en Alemania el sistema de financiación estipula que los Estados más ricos no pueden quedar por debajo de la media en recursos financieros por habitante. Es decir, que su aportación a la solidaridad entre regiones está limitada. Este fue uno de los puntos de mayor discrepancia en el modelo de financiación que contenía la reforma del Estatut catalán debido al modelo que se quería introducir para limitar esta aportación a la solidaridad. Al principio, la Generalitat pretendía que Cataluña no empeorara su situación en la clasificación de riqueza per cápita después de la acción niveladora de las políticas estatales. Los expertos y los negociadores discutieron sobre la idea de que la financiación autonómica y la riqueza por habitante no estaban relacionados y que quizá habría que asociarla a la financiación por habitante, como en Alemania. En cualquier caso, según un estudio de los profesores Alfonso Utrilla y Ana Herrero, si se aplicara un sistema como el alemán, serían las regiones más ricas las más beneficiadas. Con un sistema como el que pretende ahora el Gobierno de la Generalitat de CiU el objetivo de intentar una igualdad en los servicios en todas las comunidades autónomas quedaría aparcado.

Coste del pacto fiscal.

Ángel de la Fuente, experto en el sistema de financiación autonómica, ha calculado que el hecho de que Cataluña tuviera un sistema que les ofreciera una equiparación con el País Vasco en cuanto a financiación por habitante, supondría que el resto de comunidades autónomas tuvieran 16.000 millones de euros menos. Esta cantidad supone tanto como reducir un 12% la financiación por habitante del resto de comunidades. Pero como el nivel de renta catalán es inferior al vasco, el incremento de la financiación de Cataluña sería realmente de unos 11.000 millones y una reducción del 8% de la financiación del resto de las regiones.

Sin embargo, considera que si se valoraran correctamente (no como en el País Vasco) las competencias estatales, la ganancia de financiación en Cataluña se reduciría a unos 1.000 millones de euros. En cualquier caso, De la Fuente cree que la presión política produciría efectos en los cálculos como en el País Vasco, y por lo tanto el coste para las demás regiones sería de 11.000 millones. Este experto considera que, como en el caso del concierto vasco, “se produciría la paradoja de que una comunidad con un promedio de renta superior al español recibiría una subvención neta del resto del país”.

La reforma del sistema de financiación autonómica a la que empujó la última reforma del Estatut catalán dio como resultado que Cataluña pasara de encontrarse algo por debajo de la media en recursos por habitante, a colocarse algo por encima de la media. Según los primeros cálculos, Cataluña sería la tercera comunidad autónoma, detrás de Baleares y de la Comunidad de Madrid, que más habría mejorado respecto al anterior sistema, y conseguiría colocarse un punto y medio sobre la media de financiación por habitante. Así lo ha calculado Ángel de la Fuente en un estudio sobre los resultados del nuevo sistema de financiación cuando alcance su velocidad de crucero.

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