Ellas también mandan en la Audiencia Nacional

Veinte años después de que Josefi na Triguero se convirtiera en la primera jueza de España, Ángela Murillo Bordallo, una extremeña de Almendralejo (Badajoz), ha logrado conquistar por primera vez la presidencia de una sección de la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional, donde se juzgan el crimen organizado, el terrorismo, los delitos contra la Corona o el narcotráfi co. En ese mismo tribunal sólo una mujer, Teresa Palacios Criado, ha ocupado uno de los todopoderosos juzgados centrales de instrucción, por donde han desfilado en los últimos años no sólo terroristas y narcos, sino políticos, banqueros, empresarios y delincuentes de cuello blanco. Desde el pasado día 21, Palacios dirige el macrojuicio de Gestoras, las organizaciones que dan apoyo a los presos de ETA. En España las mujeres tuvieron prohibido el acceso a la carrera judicial hasta 1966 y pasaron otros once años hasta que pudieron ponerse la toga. La Audiencia Nacional fue creada en 1977 y durante quince años fue un coto reservado para hombres. Hoy, en cambio, el 40% de los miembros de sus salas son féminas. Una cifra muy superior a otros tribunales como el Supremo, donde sólo el 8,7% de sus magistrados son mujeres.

Trayectoria.

Ángela Murillo aterrizó en la Audiencia Nacional junto con su compañera Manuela Fernández de Prado en 1993. Murillo ingresó en la carrera en 1980 y se fogueó como jueza en San Sebastián y Onteniente. Durante unos años ejerció como inspectora delegada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero pronto sintió mono por dictar sentencias y pidió traslado a la Audiencia Nacional. “El crimen organizado, el narcotráfi co a gran escala y el terrorismo me parecían asuntos apasionantes”, confi esa. Nadie trató de disuadirla dado su carácter terco e independiente. Cuando se incorporó a su nuevo destino, Siro García era el presidente de la Sala de lo Penal y allí se encontró a los magistrados José Antonio Jiménez Alfaro, José Antonio Marañón Chávarri y Ricardo de Prada Solaesa. Murillo ha dirigido con mano de hierro el macroproceso contra el entramado civil de ETA, el llamado caso Ekin. Durante tres meses afrontó con un temple admirable las maniobras procesales de los abogados de los 56 encausados para intentar parar el juicio. Como presidenta del tribunal, no se amilanó cuando los encausados boicotearon la lectura de la sentencia: “¡Fuera, fuera, fuera!”, ordenó para que los expulsaran de la sala. Murillo asegura que no ha encontrado trabas en su carrera por razón de su sexo, porque los peldaños que ha subido han sido a través del escalafón. “Yo estoy aquí por el carné de identidad, sin otras connotaciones”. Por eso, dice que no sueña con el Supremo: “Aquí me siento totalmente libre y quiero permanecer así”. Aunque no está casada ni tiene hijos, su puesto le ha obligado a conciliar su vida personal y laboral en difíciles circunstancias. “Un proceso como el de Ekin te absorbe la mente todo el día, incluso llegas a soñar con él. Te obliga a llevar una vida casi de opositor ”. En pleno juicio, Ángela perdió a Emilio, “el amor de mi vida”. Durante mucho tiempo “salía de la Audiencia Nacional y me iba a la clínica, a mí me apetecía estar más tiempo con él, pero tenía que sacar el juicio adelante”, confiesa. Enterró a su compañero el domingo y el lunes estaba de nuevo al frente de la vista oral. No fue el único lance que vivió en esos meses. También se rompió una pierna y le mordió un alacrán en una casa rural donde se fue a descansar un fi n de semana. Afortunadamente, de estos trances salió airosa, eso sí, después de que le colocaran una escayola y superara un gran susto. El juicio contra el entorno civil de ETA y el de la célula española de Al Qaeda, del que fue ponente, han sido sus mayores retos profesionales. Pero no han sido, sin embargo, los únicos asuntos de gran calado que han pasado por sus manos. Antes se enfrentó al caso de la desaparecida Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (Ucifa), donde se vieron implicados altos mandos de la Guardia Civil, al de las operaciones Nécora y Temple y al del clan de los Charlines, estos tres últimos contra grandes redes del narcotráfi co. Asegura que nunca le ha temblado el pulso cuando se ha enfrentado con los grandes capos de la droga o del terror:“¡Ni pizca! El juez al que le tiemble el pulso –afi rma con rotundidad– debe colgar la toga y dedicarse a otra cosa”. En 1997, cuatro años después de aterrizar en la Audiencia Nacional, ETA intentó matarla. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le alertó de que la organización terrorista planeaba acabar con su vida tres días después en una cafetería donde ella iba a desayunar todas las mañanas. “Esa primera noticia me impresionó mucho, pero después he aparecido en otros papeles de ETA, y he recibido amenazas directas de etarras durante los juicios, que no me han afectado lo más mínimo”. Disfruta con su trabajo por la función social que realiza con “tantas víctimas y perjudicados que se merecen una buena sentencia”. Hace dos años algunos de sus colegas la propusieron como candidata para presidir la Sala de lo Penal. Pero a ella lo que de verdad le gusta es poner sentencias sólidas: “El mayor placer para un juez se produce cuando acaba de redactar una sentencia de envergadura y te quedas con la conciencia tranquila de haber aplicado la ley como debe ser”.

Poderosos.

Felisa Atienza lleva veintinueve años en la carrera judicial y siete como magistrada de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional. Un puesto rodeado de mucho poder. Allí recalan pleitos que afectan a las mayores empresas y fortunas del país y se ventilan grandes cantidades de dinero. Por su despacho desfi lan los abogados de los mejores despachos del país. “A veces yo misma y mis compa- ñeros de sala nos asombramos cuando vemos –como hace unos días– que estamos dilucidando sobre 42.000 millones de euros de una importante empresa española”. Pese a ese poder de decisión que tiene, dice que “nunca he recibido presiones o sugerencias desde ningún ámbito o estamento”. Felisa Atienza, que está especializada en Derecho Tributario, fue la instructora del caso Lola Flores, la primera querella por delito fi scal que hubo en España. Es posible que el destino le tenga preparado pronto un nuevo destino. No en vano es una de las candidatas de la Asociación Profesional de la Magistratura –a la que se afi lió cuando no había otra organización judicial– al nuevo Consejo General del Poder Judicial. No será un salto en el vacío, porque esta veterana magistrada conoce bien esa casa. En ella trabajó durante cinco años como asesora del ex presidente del CGPJ Javier Delgado Barrio, su preparador, y otros cinco en sus órganos técnicos. Cree que “se pueden hacer muchas cosas por el gobierno de los jueces, por los jueces y por la Justicia en general”. Felisa Atienza ha sido una mujer pionera en muchas cosas. Se casó muy joven, opositó para la judicatura con una hija de corta edad y se sacó el carné de piloto estando embarazada. “Lo de que la ministra de Defensa se suba a un avión embarazada me parece algo normal –dice–. Es incómodo, desde luego, pero no pasa nada si tienes un embarazo normal”. Su primer destino fue el País Vasco en los inicios de los ochenta, los años duros de ETA, que llevaron a muchos jueces veteranos a abandonar aquel destino que se convirtió en casi obligado para los recién salidos de la Escuela Judicial. Felisa Atienza pidió de forma voluntaria Vitoria por la cercanía con Burgos, donde trabajaba su marido. Cuando se quedó embarazada de su segundo hijo se vio casi obligada a pedir un año de excedencia. “Mi jefe, que era el presidente de la Audiencia Territorial de Burgos, me puso una cara malísima. Fue horrible. Y decidí ausentarme durante un año”. Luego se incorporó a un juzgado de Haro, mucho más tranquilo. Atienza considera “estupendo” que Zapatero haya nombrado un Gobierno con mayoría de mujeres, aunque no es partidaria de las cuotas. “Si las ha nombrado, seguro que serán muy competentes, aunque habrá que juz- garlas por sus resultados”. Cree que las mujeres deben llegar a los destinos por sus méritos y capacidad. “En la administración y en nuestra carrera existe igualdad, los sueldos y los destinos son idénticos, aunque es posible que en los nombramientos discrecionales hayan estado discriminadas”, reconoce. Teresa Palacios es otra jueza que ha hecho historia. Ha sido la primera mujer que ha dirigido un juzgado central de la Audiencia Nacional. Desde el primer día tuvo un reto nada fácil: concluir los numerosos y complejos sumarios que dejó pendientes el controvertido juez Miguel Moreiras cuando fue expulsado durante un año de la carrera judicial. Entre ellos, los del caso KIO, las cesiones de créditos del Banco de Santander o la estafa de la cooperativa de viviendas PSV. También ha sido instructora del caso Gescartera y del sumario del etarra Iñaki Bilbao, quien la acusó de ser la causante de la sangre derramada en Euskal Herria y la amenazó directamente: “Tú vas a ser la siguiente”. Estaba de guardia el día en que los siete islamistas del 11-M se suicidaron en el piso de Leganés. Y peleó duro con su compañero Juan del Olmo por quedarse con ese sumario, pero fi nalmente perdió la batalla. Desde el pasado día 21 dirige el macroproceso contra Gestoras Pro Amnistía.

Referentes.

Hija de un conocido magistrado cordobés, Diego Palacios Luque, que fue vocal del primer Consejo General del Poder Judicial, su padre es su referente. Entre sus compañeros se ha ganado a pulso su fama de trabajadora, simpática y alegre. Pero es una mujer que huye de los focos. Su aspecto juvenil ha sorprendido a más de un justiciable. Hace años, un abogado le preguntó: “¿Dónde está el juez?”. Con toda naturalidad, ella lo invitó a seguirla. Ya sentada frente a él en su despacho, le dijo: “Dígame, ¿qué desea?”, ante la sorpresa de su interlocutor que le respondió: “¡Ah, es usted la jueza!”. Manuela Fernández de Prado es fi scal excedente. Fue ponente en el caso Lasa y Zabala, por el que fue condenado el que fuera jefe de la lucha antiterrorista en el País Vaco, el ex general Enrique Rodríguez Galindo. También llevó la instrucción de la segunda parte del sumario de la colza, así como la operación Sokoa, contra ETA, el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara y, más recientemente, el polémico caso del etarra De Juana Chaos. Fernández de Prado, a quien sus compañeros llaman cariñosamente Lena, mantiene muy buenas relaciones con sus colegas masculinos de la judicatura. Recientemente rechazó la recusación de la AVT contra Garzón por el supuesto chivatazo a ETA en el Bar Faisán, en el que presuntamente se pagaba el impuesto revolucionario. Fue una de las pocas magistradas que arropó al presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, en la presentación del polémico libro de su mujer, Elisa Beni. La mayoría de las juezas destinadas en la Audiencia Nacional coinciden en que cuando priman los criterios de antigüedad, las mujeres llegan a los puestos más altos que les corresponden por escalafón: “Si no ocurre así en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional es porque priman otros criterios discrecionales ante los que los hombres juegan siempre con ventaja”.