El último privilegio de la iglesia
11 / 07 / 2017 Javier Otero
El episcopado teme que la polémica sobre la exención que disfruta en el impuesto de obras presione hacia la revisión de los acuerdos con la Santa Sede.
Obras: Trabajos de rehabilitación del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. Foto: Lavandeira/EFE
La polémica sobre si la Iglesia católica debe pagar tributos como el impuesto sobre construcciones y obras (ICIO) se suma a las anteriores sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la exención del primero podría ser contraria al derecho comunitario. Sin embargo, el auténtico problema del cuestionamiento del pago del ICIO no es tanto el coste real que podría tener para las arcas de la Iglesia católica en España (incluyendo congregaciones religiosas, colegios, hospitales...) como el hecho de que, de seguir adelante, tendría que desembocar en una modificación de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.
Los citados acuerdos incluyen uno relacionado con los asuntos económicos. Las peticiones para la modificación o anulación de estos acuerdos son recurrentes a lo largo del tiempo por parte de algunos partidos políticos y han sido desechadas por los diferentes Gobiernos, incluido el socialista. Ahora, el nuevo secretario de Justicia y Libertades del PSOE, Andrés Perelló, se ha declarado partidario de denunciar los acuerdos con la Santa Sede, que considera “obsoletos”. El cuestionamiento de la exención del impuesto sobre construcciones de que disfruta la Iglesia podría abrir un melón que la jerarquía eclesiástica intenta evitar.
En el episcopado no ha sentado bien la apertura de este nuevo frente. Los obispos habían tenido que responder antes a los que criticaban las exenciones que disfrutan sobre el IBI. El ICIO era hasta el momento un asunto marginal en comparación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sin embargo, una obra en un salón de actos en un colegio de los Escolapios en Getafe (Madrid) ha provocado que tenga que lidiar de nuevo con los que argumentan que la Iglesia católica disfruta de privilegios económicos.
Esta situación llevó al episcopado a recomendar a los Escolapios que zanjaran el asunto pagando el impuesto y abandonando la petición de exención del mismo, del que disfrutan las obras realizadas por la Iglesia. Efectivamente, así lo hicieron y pagaron los 23.730 euros de ICIO sobre los que se basaba la controversia. Sin embargo, el juez español que llevaba el litigio sobre si tenían que pagar el impuesto, siguió adelante y presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea. Lo hizo a pesar de que no existía caso desde el momento en que la orden religiosa pagó el impuesto. Sin embargo, se acogió a una figura jurídica, lo que se llama “en interés de ley”, para llevar el asunto a Europa.
