El último delirio del procés

05 / 10 / 2017 Antonio Fernández
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Los Mossos y la Policía creen que el presidente de la Generalitat intenta provocar su detención.

Miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos se saludan antes de una reunión en la Delegación del Gobierno. Foto: Julio Carbo

La hoja de ruta se hará tal y como estaba planeada. “El presidente [de la Generalitat de Cataluña], Carles Puigdemont, tenía muy asumido que esto es un referéndum de autodeterminación: desde hace semanas solo tiene en la cabeza la declaración de independencia. Y si el Estado o alguien en el PDeCAT cree que no es así, llevará las cosas al límite”. De este modo tan drástico se expresa un estrecho colaborador de Puigdemont en declaraciones a TIEMPO.

El independentismo no las tiene todas consigo. Aún no alcanza a saber hasta dónde puede llegar el Gobierno central y espera que las próximas semanas haya procesamientos, inhabilitaciones o incluso actuaciones más severas. “El Estado español conoce sus limitaciones y lo único que puede hacer es meter miedo. Y nosotros, a pesar de los eslóganes, sí tenemos miedo, pero lo cierto es que les hemos ido perdiendo el respeto”, añade este colaborador, en alusión a las consignas coreadas en concentraciones, que usurparon el “No tinc por” (No tengo miedo) de las manifestaciones antiterroristas para aplicarlo a la causa independentista.

En realidad, la ofensiva de Madrid, asumiendo el control de las cuentas de la Generalitat y el de los Mossos d’Esquadra para todos los temas referentes al referéndum, ha dejado muy maltrecha la logística del procés. En otras palabras: dinamitó los planes secesionistas. Puigdemont y los principales dirigentes independentistas, como Oriol Junqueras, siempre han reiterado que el plan era votar o votar el 1-O y que no tienen un plan B. Pero eso es incierto. El plan B es sencillo: realizar una declaración de independencia y convocar unas “elecciones constituyentes” a medio plazo. Las fuentes citadas afirman que Puigdemont “parte de la base de que la legalidad catalana ahora es otra. No es la que era hace unos meses, ya que hemos aprobado unas leyes en el Parlament que, aunque han sido anuladas por el Constitucional, se considera desde la Generalitat que continúan en vigor”.

Se trata de una situación ficticia. Ningún presidente puede obviar una sentencia de un órgano judicial porque no le interesa. El Gobierno catalán vive en un universo paralelo desde septiembre, fecha en que se aprobaron las leyes del referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, ambas suspendidas por el TC. “Puigdemont solo acata las leyes aprobadas por el Parlament porque son las leyes que emanan del órgano de la soberanía del pueblo catalán y por eso son las únicas válidas, diga lo que diga el TC”, advierten las fuentes para justificar la huida hacia delante del mandatario. ¿Delirio de un megalómano? Un dirigente de la CUP retrata la situación: “La Generalitat no ha dado un paso atrás. Tenemos a un kamikaze al frente del Gobierno, pactado entre un sector de la CUP y otro de Convergència. Y ha hecho lo que había prometido, manteniendo el tirón”. Ahora se avecina “un duro proceso constituyente, hasta que haya unas elecciones constituyentes”. 

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Representantes del bloque secesionista participan en un debate electoral a favor del referéndum sin participantes de la oposición. Foto: Toni Albir/EFE

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Punto de información en Barcelona en el que voluntarios de la consulta informan sobre los puntos de votación que habrá el 1 de octubre. Foto: Quique García/EFE

Aberración jurídica

Para los constitucionalistas, la estrategia de Puigdemont y de su Gobierno es una aberración jurídica: “Es de locos basar la construcción de un Estado en una ilegalidad manifiesta. La cúpula independentista ha perdido el norte y vive en una realidad paralela. Lo único que se le puede pedir a Puigdemont es que recapacite y frene la escalada de tensión política y social”. Y el propio líder del PSC, Miquel Iceta, en una conferencia a cuatro días del referéndum advertía que “infringir la ley conscientemente comporta consecuencias”. Y subrayaba: “Si el TC suspende la convocatoria de un referéndum, el referéndum no se puede celebrar. Y si alguien se empeña en hacerlo, puede incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de recursos públicos. O los que la Justicia aprecie”. Y recordó que “cuando John Fitzgerald Kennedy hizo cumplir las leyes a los Estados del Sur, dijo: ‘Los norteamericanos son libres de estar en desacuerdo con una ley, pero no pueden desobedecerla. En un Gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre,  por destacado o poderoso que sea, y ninguna multitud, por rebelde o tumultuosa que sea, tiene derecho a desobedecer a un tribunal de justicia”. Terminó el líder socialista con una sentencia demoledora: “No nos merecemos un presidente y un vicepresidente que piensan que están por encima de la ley y que solo aceptan las sentencias cuando les dan la razón”.

Un empresario catalán también critica la tensión y aporta un dato nuevo en pleno choque de trenes: “Lo mejor que nos podía pasar es que alguien ponga sensatez en esto y se convoquen elecciones inmediatamente. De esa manera, se aclararía el panorama político”. ¿Y qué pasaría si los resultados vuelven a ser los mismos? “Eso es política-ficción, porque habría que saber en primer lugar qué listas se presentan y cómo podría quedar la correlación de fuerzas”.

Desde algunos sectores, se acusa al president de tensar tanto la cuerda que parece buscar que le metan en la cárcel. “No tiene nada que perder, porque no tiene ambiciones políticas”, subrayan desde la CUP. Y desde algunos círculos cercanos a él se limitan a señalar que “está cumpliendo un mandato popular, que es permitir votar y que el pueblo de Cataluña decida su futuro en las urnas”. 

Un gobierno entre rejas

Él mismo ha dejado caer que no le importaría ir a la cárcel. “Quiere ser el nuevo Companys, pero las cosas pueden torcérsele. La situación no es la misma. Él no puede justificar ante nadie que ha vulnerado la ley porque está por encima de la misma. No tiene credibilidad un Gobierno ni un presidente que llama a desobedecer las leyes democráticas de una sociedad democrática. ¿Con qué legitimidad pedirá luego que un ciudadano acate las leyes de su República?”, dicen desde la oposición. Y añaden: “¿Cómo ha de interpretarse su posicionamiento, insistiendo en publicitar desde su cuenta personal de Twitter los enlaces a las webs que iba cerrando la Justicia? ¿A qué viene tanta chulería? ¿Qué busca con este reto?”. Le echan en cara incluso que busca la foto del Gobierno entre rejas, emulando la famosa fotografía de Companys y sus consejeros en 1934, tras la proclamación de la República catalana.

“Lo que busca es ser otro presidente mártir. El proceso necesita mártires porque está acabado”, subrayan los opositores. En las filas del independentismo, de todos modos, se da por acabada una etapa política. “La hoja de ruta está escrita en las leyes de desconexión: proclamación de la República y luego, elecciones constituyentes. Es evidente que tanto el Gobierno como el Parlamento están obligados a declarar la independencia y poner en marcha el procedimiento establecido”, dice a este semanario un portavoz de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que ha llevado la mayor parte del peso político y organizativo en las movilizaciones del último lustro.

El razonamiento de los independentistas es que un referéndum con una pregunta binaria es un plebiscito muy fácil de solventar: gana el posicionamiento que obtenga un voto más que el contrario. “Y si una parte del electorado no acude a las urnas, es su problema. Gobierno, instituciones, partidos y entidades sociales han venido advirtiendo en los últimos meses del carácter vinculante de la consulta, por lo que la población ya estaba advertida”, razona un dirigente de ERC. En la ley del referéndum se especifica, en su artículo cuarto, que si hay más votos afirmativos que negativos, “el resultado implica la independencia de Cataluña. A este efecto, el Parlamento, en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la sindicatura electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”.

Claro que la sindicatura electoral ha sido disuelta y nadie puede garantizar la solvencia de la consulta. Además, existe el problema del censo: todo indica que los datos han sido obtenidos ilegalmente, por lo que el Gobierno catalán puede arriesgarse a problemas jurídicos en un futuro cercano. 

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Los diputados del PDeCat abandonan el Congreso de los Diputados la semana pasada. Foto: José Luis Roca

Periodo de negociación

Para la ANC, se abre ahora un periodo de seis meses, para ir a elecciones constituyentes. “Cualquiera entiende que hay que dar un plazo razonable para consolidar la situación. Hay que nombrar jueces, abrir un proceso de reconocimiento de la independencia con España, repartir activos y pasivos... el Gobierno catalán ha de tener las manos libres, necesita un poco de tiempo. Seis meses son un plazo razonable y políticamente asumible de transitoriedad”.

Desde la CUP son más flexibles y afirman que la Ley de Transitoriedad tiene una vigencia de un año. “Damos ese plazo para unas elecciones constituyentes, porque no sabemos con lo que nos podemos encontrar. De hecho, queda mucho trabajo por hacer y no sabemos si habrá boicot a la independencia o si habrá mayor o menor reticencia al reconocimiento internacional”. Sí recalcan, no obstante, que “Europa se juega más con el caso catalán que con el brexit, porque nunca se ha visto en una coyuntura igual. En el momento en que se acepta que se cierren webs, queda abierta la puerta a que otros países hagan lo mismo, como Polonia, donde la extrema derecha ha dado un espectacular salto”. Y ello, añaden, puede soliviantar a determinadas regiones, lo que provocaría que se rebelen ante estas “injusticias” y conviertan Europa “en un queso gruyère”.

Tras el 1-O

Las competencias de la desconexión

¿Quién ha de proclamar la República, el Gobierno catalán o el Parlamento? Carme Forcadell (abajo), que asistió en Bruselas a la concesión de un premio (que le otorgaba la Fundación Josep Irla, de ERC, su partido), alegó que la declaración de independencia corresponde al Gobierno catalán, no al órgano legislativo que ella preside. En la ley del referéndum se especifica que debería ser el Parlamento. La CUP puso en la mesa la posibilidad de que sea el Parla-
 mento a propuesta del Gobierno. El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que la declaración es un disparate.

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Dudas en el secesionismo

¿Elecciones replebiscitarias?

Desde sectores del PDeCAT, el partido heredero de Convergència, se apuesta por volver a plantear los comicios de la misma manera que los de las últimas autonómicas, el 27 de septiembre de 2015. La CUP admitió que el independentismo “ha perdido el plebiscito y así no hay posibilidad de proclamar la independencia”. La razón era que el bloque secesionista había obtenido menos votos que el constitucionalista, a pesar de que obtuvo la mayoría absoluta en escaños gracias a la ley electoral. Algunos sectores abogan por hacer un frente independentista único en esas elecciones “y la CUP podría entrar aliada con el PDeCAT y Esquerra Republicana”. La nueva palabra de replebiscito ya ha hecho fortuna en algunos círculos políticos catalanes. Pero Esquerra quiere unas “elecciones constituyentes” y concurrir en solitario, sabedora de que las encuestas la dan como ganadora. Los sectores convergentes partidarios de la lista única forzarían un frente común de Ciudadanos-PSC-PP, aunque ese argumento esconde el temor a un hundimiento histórico. Y es que las encuestas vaticinan a los herederos de Convergència la quinta posición en votos y la tercera o cuarta en escaños. Un varapalo histórico del que nadie quiere responsabilizarse.

Controversia legal

Un resquicio para la independencia

Tras el 1-O, una proclamación de la independencia de Cataluña sería difícil de perseguir por la vía penal. En los últimos días circula un texto entre constitucionalistas, al que ha tenido acceso TIEMPO, en el que se subrayan una serie de lagunas legales ante un anuncio de secesión desde esta región. Primero, no constituiría delito de traición porque todas sus modalidades, previstas en los artículos 581 y siguientes del Código Penal, se basan en el supuesto de un conflicto bélico entre España y una “potencia enemiga”. Tampoco sería delito de sedición, porque este se tipifica en los artículos 544 y siguientes sobre la base de un alzamiento “público y tumultuario”.

Este es el punto clave: si una declaración secesionista no afecta al orden público ni comporta tumulto, no cabría hablar de sedición. Tampoco habría rebelión, porque su esencia está en que ha de implicar un alzamiento para las finalidades señaladas en el artículo 472 del Código Penal y, aunque todas ellas se refieren a gravísimos ataques al orden constitucional, la norma exige que ese alzamiento, además de público, sea “violento”. Esta controvertida situación se debe al llamado “Código Penal de la democracia” que el PSOE sacó adelante en 1995 con CiU. 

En el texto anterior sí que se incluía la declaración de independencia entre los fines del alzamiento rebelde (artículo 214), sin exigir el requisito de violencia. Además, el 217 castigaba igualmente como rebeldes a quienes cometieran “por astucia o por cualquier medio contrario a las leyes” algunos de los delitos contemplados en el 214, por ejemplo, la declaración de independencia de una parte de España. También se penaba con 6 a 12 años de prisión a quienes “atentaren contra la integridad de la nación española o persiguieran la independencia de todo o parte del territorio”, pero todos estos supuestos se suprimieron hace 22 años. – Por Antonio Rodríguez

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JxSí y la CUP cantan el himno catalán en el Parlament

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