El TC seguirá siendo cosa de PP y PSOE

La renovación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) seguirá siendo cosa del PP y el PSOE.  

En enero expira el mandato de nueve años del presidente y la vicepresidenta, Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa, ya que fueron designados en 2010, pero con tres años de retraso por el bloqueo que provocó el empeño del PP de designar a Enrique López y el del PSOE en rechazarlo. En esta ocasión, no se espera tanta dificultad, aunque el plazo de designación se ha retrasado ya una vez y podría postergarse de nuevo. Junto a Pérez de los Cobos y Asúa, se renovará la plaza de Ricardo Enríquez, que en 2014 sustituyó a Francisco Herrero tras su fallecimiento y se ocupará una plaza vacante desde la muerte en abril de 2015 de otro magistrado, Luis Ortega.

En esta ocasión, el trámite corresponde al Senado, de acuerdo con los candidatos que, en teoría, deben presentar los Parlamentos autonómicos. Pero a pesar de que en algunos de ellos Podemos tiene por primera vez una presencia relevante, como en las Cortes valencianas, las Cortes de Aragón o el Parlamento de Andalucía, tanto partidos como asociaciones de jueces asumen que, a pesar de ello, la designación de un tercio de los magistrados del Constitucional seguirá siendo algo que negociarán PP y PSOE.

La razón más evidente es que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Allí, la Mesa recibirá las candidaturas y eliminará las que no cumplan los requisitos técnicos como ser españoles y  magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados de reconocida competencia durante un ejercicio profesional de al menos 15 años. Una vez pasada esta primera criba, los candidatos pasarán a la Comisión de Nombramientos del Senado y desde allí al Pleno, donde los 265 senadores del PP superan con mucho la mayoría de tres quintos para ganar las votaciones.

Acercamiento de PP y PSOE

Fuentes jurídicas y políticas consideran muy posible que, “en el tiempo político de acercamiento de los dos grandes partidos”, el PP admita al menos una de las candidaturas que presente el PSOE. Entre los primeros nombres que han aparecido como posibles candidatos a magistrados está el del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gerardo Martínez Tristán, cuya candidatura, según la publicación on line Confilegal, estaría promoviendo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que tuvo a su esposa como consejera de Fomento cuando gobernaba Castilla-La Mancha. Otro nombre es el del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que lo sería a propuesta del PSOE.

De momento, PP y PSOE aseguran que no se ha entrado en materia sobre la designación de unos candidatos que deberían haberse presentado al Senado a mitad de diciembre. El plazo se pospuso al 13 de enero y, según fuentes de la Cámara Alta, podría volver a retrasarse.

Además de la cuestión “numérica” de la mayoría más que suficiente del PP, las acusaciones de politización del Tribunal Constitucional y el cuestionamiento de sus resoluciones en esta ocasión afectarán también a su renovación. Así, el PNV ha renunciado a proponer un candidato y el Parlamento vasco no enviará ningún nombre al Senado. No salen los números, pero además los nacionalistas vascos quieren enviar una señal política de “cuestionamiento” del Constitucional. En Cataluña, el grupo mayoritario del Parlament, Junts Pel Sí, también ha comunicado que no piensa participar en la renovación de un tribunal que sistemáticamente echa por tierra sus leyes hacia la desconexión con España. Por su parte, Podemos se limita a pedir, igual que la asociación progresista Jueces para la Democracia, que se camine hacia la paridad, algo que no sucedería ni con el nombramiento ahora de cuatro magistradas.