El regreso de Eligio Hernández

Ha sido gobernador civil y delegado del gobierno en Canarias, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), diputado autonómico, y uno de los titulares más controvertidos que ha tenido la Fiscalía General del Estado. Seis años después de que el CGPJ le concediera la excedencia voluntaria para dedicarse a la abogacía, quiere retomar su ejercicio como juez. Eligio Hernández, que está especializado en Derecho Administrativo, deberá reincorporarse a la judicatura antes del 17 de julio de 2012, fecha en que expira la excedencia de diez años que solicitó en julio de 2002. En caso contrario, para volver al servicio activo, tendrá que someterse a una prueba de aptitud. A sus 61 años, no parece dispuesto a pasar por ese trance. Por ello, ha decidido solicitar ya su reingreso en la carrera. Como la ley le impide ejercer de juez en Canarias, donde ha trabajado como abogado en los últimos años, pedirá plaza en Madrid, por ser ésta la ciudad mejor comunicada con las islas. “Me gustaría ir a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional”, confiesa a ‘Tiempo’. Un destino que solicitará en cuanto se produzca una vacante en dicho tribunal. Será, por tanto, el próximo CGPJ ya renovado, el que deberá decidir sobre el futuro destino del ex político canario, viejo militante socialista y amigo personal del actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien él mismo nombró, cuando estaba al frente de la fiscalía general, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Eligio Hernández ha pasado por los tres poderes del Estado. Por eso, tal vez, dice con rotundidad: “Tengo mis aspiraciones políticas colmadas y ni loco volvería a la actividad pública. En política, debes saber que tienes tu momento y el mío ya se cerró”. Asegura que tras su vuelta no se esconde ningún tipo de oferta para ocupar un puesto en alguno de los órganos constitucionales pendientes de renovación, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

Destino poco apetecible

Eligio asegura que podría aspirar a una plaza en el Tribunal Supremo ya que tiene los años de ejercicio requeridos para ese puesto. No parece, sin embargo, que el Alto Tribunal suponga un reclamo para él. No en vano, su nombramiento en abril de 1992 como fiscal general del Estado por un Consejo de Ministros presidido por Felipe González, y siendo biministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, fue declarado ilegal por la Sala Tercera del Supremo en junio de 1996. Sólo habían pasado 20 años desde que el Ejecutivo socialista lo hubiese cesado. El Supremo declaró que su nombramiento había sido ilegal porque se le había computado como tiempo efectivo en la carrera judicial sus años de mandato como gobernador civil de Tenerife.

Eligio Hernández sólo había ejercido nueve años como juez magistrado y vocal del CGPJ, y no los 15 que exige la ley para dirigir el Ministerio Público, pero se le sumaron otros siete como gobernador civil y delegado del Gobierno en Canarias en situación de servicios especiales. Dos organizaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Unión Judicial Independiente, y una de fiscales, la Unión de Fiscales, recurrieron su nombramiento. El 17 de junio de 1996, el Supremo les dio la razón y afirmó que su nombramiento había sido ilegal.

Después de su agitado paso por la política, Eligio regresó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ). Pero pronto volvió a colgar la toga para dirigir un boyante despacho de abogados que hoy tiene oficinas abiertas en Tenerife y las Palmas de Gran Canarias. En ese bufete ha llevado asuntos que han tenido gran repercusión mediática. Aunque es experto en Derecho Administrativo, últimamente se había adentrado en el área de los derechos alimentarios, farmacéuticos y sanitarios. Un campo que le dio un cliente notorio: el doctor Meléndez-Hevia, director del Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, famoso por unos polvos que toman miles de enfermos de artrosis, osteoporosis y diabetes y que el Gobierno canario ordenó retirar –aunque luego rectificó– por considerarlos peligrosos para la salud.

Dice que cuando vuelva a colocarse la toga de magistrado, “dejaré el despacho en manos de mis familiares” , a los que ya ha ido entrenando para cuando se produzca el traspaso de funciones.

El ex fiscal general asegura que durante la etapa que ha permanecido alejado de la vida pública, ha compaginado la abogacía con “múltiples actividades derivadas de mi paso por la política”. Hernández ocupa la vicepresidencia de la Fundación Negrín, puesto desde el que ha hecho incursiones en temas de la Memoria Histórica. Además, es miembro de la Academia Canaria de la Lengua y asesor de la Federación Canaria de Luchas, una tradición guanche que Hernández cultivó en su juventud con el apodo de El pollo del Pinar.

Su nombre ha estado siempre rodeado por la polémica. Cuando dirigía el Ministerio Público, fue criticado por recibir en su despacho al ex policía José Amedo Fouce, condenado a 108 años de cárcel por su implicación en los GAL. Hernández confirmó el encuentro, aunque desmintió la versión del policía de que le había ofrecido el indulto. En julio de 1997, declaró como testigo en el juicio contra el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, quien le acusó de ser el promotor de camuflar como fondos reservados los cerca de 1.600 millones de pesetas que el jefe de la Benemérita mantenía en bancos suizos, extremo que Eligio también negó. Un año después declaró en el juicio seguido en el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey a cargo de la organización de los GAL.

La última controversia que ha protagonizado lo ha puesto en el punto de mira de sus colegas. En una reciente conferencia, La Justicia, ¿ciega y amordazada?, dijo: “Todo abogado que se haga rico ejerciendo la abogacía es porque ha robado”. Y armó el follón.