El referéndum que nunca se celebrará
14 / 03 / 2017 Antonio Fernández
Nadie, salvo los más radicales independentistas, confía ya en que el referéndum catalán sea un referéndum de verdad. Incluso desde la Generalitat y el partido de Artur Mas y Carles Puigdemont se juega a convocarlo, esperar que el Estado lo prohíba y convocar entonces elecciones anticipadas con más posibilidades de aumentar sus votos.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, trata de mantener una postura diferenciada con el partido heredero de Convergència. Foto: Ferrán Sendra
La larga marcha hacia la independencia de Cataluña se está convirtiendo en un infierno para algunos. Los problemas entre las fuerzas soberanistas afloran periódicamente y ponen en peligro la hoja de ruta rupturista provocando fricciones entre sus protagonistas, hasta el punto de que incluso en algunos círculos independentistas ya se aprecian signos de cansancio. Ante ello, las entidades cívicas partidarias de romper con España llaman a la movilización constante en la última fase del procés.
La consigna independentista es movilizarse y apostar el todo al referéndum. El Gobierno catalán afirma que la consulta se llevará a cabo y así lo expone, siempre que la ocasión lo requiere, la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Neus Munté: “Tenemos un compromiso claro, explícito, nítido e irrenunciable en hacer el referéndum”, explicó en su última comparecencia ante la prensa tras la reunión del Gobierno catalán.
Sus socios de la CUP no acaban de creerse del todo la disposición. “Nosotros apostamos por la desobediencia y eso es lo que hemos puesto sobre la mesa de Junts pel Sí (JxS, la plataforma que forman la antigua Convergència y ERC) y del Gobierno. Por tanto, ya saben nuestra postura. Otra cosa es que el Gobierno acepte la desobediencia. Alrededor de ese concepto pivota el juego político de la secesión”, afirma a TIEMPO una fuente de la formación anticapitalista.
En la CUP saben que el Estado recurrirá cualquier ley rupturista que apruebe el Parlamento catalán. “Es una estrategia normal. Con ello, pretenden anular la legalidad paralela. Y ante ello, solo nos queda la de-sobediencia”, añade la fuente de la CUP. Y ese concepto es, precisamente, el que no gusta en el Gobierno. “Para hacer el referéndum, será preciso desobedecer impedimentos, mandatos judiciales o sentencias del Estado, ya que no hay otra manera de hacerlo”, explicita un documento aprobado por la CUP el pasado 4 de marzo.
Desde JxS se intentan salvar los muebles y no desvelar la estrategia. Prefieren no hablar de desobediencia, sino de tácticas, aunque un dirigente del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDECat), heredero de la antigua Convergència, reconoce a TIEMPO que en el partido se ha tratado el tema en profundidad: “En un principio, se quedó en que Puigdemont convoque el referéndum y, si finalmente no puede realizarse porque es prohibido por los tribunales, se convocarían inmediatamente elecciones. Y eso es facultad exclusiva del president. Pero las cosas y las estrategias cambian a gran velocidad y aquí falta ver la reacción del Gobierno central”. De momento ese es el verdadero plan del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, que cuenta con dificultades dentro y fuera.
La pregunta del millón, pues, es conocer si habrá o no referéndum. David Pérez, diputado socialista y miembro de la Mesa del Parlamento catalán es rotundo: “Se hará algo, un referéndum o lo que sea, aunque sea otro 9-N [la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014] y luego se convocarán elecciones”. Pérez advierte a este semanario que “en los últimos tiempos ha habido un cambio de discurso de los partidarios de la secesión y solo se habla de referéndum. Creo que eso es, en primer lugar, para ganar tiempo; luego, para justificarse ante la CUP, sin cuyo apoyo el Gobierno estaría en minoría”.
El portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Santi Rodríguez, es más contundente: “Se especula mucho sobre un adelanto electoral. Pero deben tener en cuenta una cosa: no habrá ningún referéndum legal en Cataluña. Otra cosa es la escenificación que quieran realizar, pero lo que se haga no será un referéndum. Le pueden llamar como quieran menos eso. ¿Que intentarán escenificar otro 9-N? Seguro. Pero lo cierto es que ya se vislumbran elecciones en el horizonte, pase lo que pase”.
Joan Giner, secretario político de Podemos en Cataluña, señala también a TIEMPO que “lo que hay en estos momentos es una lucha por la hegemonía en el Gobierno de la Generalitat. Es una lucha de élites, con posturas diferenciadas de ERC y de la antigua Convergència. Los cuadros convergentes son más reacios a la desobediencia, son más gente de orden, mientras que ERC trata de marcar perfil propio y la CUP presiona y amenaza”.
Podemos se encuadra dentro de la plataforma Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), una formación que está a favor de celebrar la consulta, pero quiere que sea legal. “Se puede hacer una consulta, pero si al día siguiente no la reconoce nadie, eso es malo incluso para el mundo independentista. Eso no es un referéndum. De ahí que suenen campanas de que se pueden adelantar las elecciones”.
Podemos está a favor de consultar a la ciudadanía sobre la relación de Cataluña con España, pero con determinados condicionantes. “Podemos apuesta por un referéndum de verdad –explica Giner–. Y eso requiere, en primer lugar, un reconocimiento internacional, lo que se conseguiría con un pacto con el Estado. En segundo lugar, debe participar en él al menos el 80% de la ciudadanía. Y, en tercer lugar, debe tener unos efectos jurídicos claros”. Fuera de esos parámetros, el fracaso.
El dirigente de Podemos recuerda que “en las elecciones del 27 de septiembre prometieron la independencia en 18 meses y el plazo expira este mes de marzo. Pero aquí estamos todavía. Lo que está claro es que la vía unilateral empieza a hacer agua y necesita sumar a los soberanistas que no queremos salir de España pero que estamos a favor de que los ciudadanos decidan”.
La triquiñuela parlamentaria
En esta coyuntura, por otra parte, juegan un papel importante las organizaciones cívicas que movilizan a la ciudadanía al margen de las instituciones y los partidos. Son ellas las que le dan un cariz de transversalidad al independentismo: la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI). De ellas, la ANC es la que lleva la voz cantante. “No nos planteamos un escenario donde no haya un referéndum, creemos que las urnas se pondrán y los ciudadanos podrán ir a votar. Es decir, que solo nos planteamos el futuro con un referéndum que sea efectivo y políticamente vinculante. Solo si el Estado recurre a una violencia desmesurada no se celebrará, pero esa circunstancia no la podemos controlar”, admite a TIEMPO una fuente de la dirección de la ANC.
Pero la decisión de la ANC de avanzar contra viento y marea para celebrar el referéndum entra ahora en terreno inestable. ¿Cómo lo puede hacer el Gobierno catalán para no caer en la desobediencia y convocar la consulta? El día 7 de marzo, JxS solicitó a la Mesa del Parlamento catalán la constitución de una ponencia para cambiar el reglamento y que se puedan aprobar leyes exprés propuestas por un grupo político. La jugada es clara: las leyes de desconexión con España no serán presentadas por el Gobierno, sino por JxS y la CUP y, acto seguido, aprobadas por la Cámara. De ese modo, la Generalitat recibe pasivamente un “mandato democrático” del Parlament para aplicar las leyes y espera soslayar así la ofensiva jurídica del Gobierno central.
Para Roger Torrent, portavoz adjunto de JxS, la propuesta de reforma es “absolutamente legítima, reglamentaria y legal”. Y recuerda que PP y PSOE pactaron una reforma exprés de la Constitución en el Congreso de los Diputados y son esos partidos, precisamente, los más beligerantes con la reforma que pretende JxS. “Entendemos que, en lógica consecuencia, promoverán una reforma en el Congreso para eliminar esta potestad que tienen los grupos parlamentarios”, ironiza.
La medida levanta críticas de toda la oposición, que no participará en la ponencia. “No prevemos que haya más de dos grupos en la ponencia, JxS y la CUP. Lo que pretenden es poner al Parlament como pantalla del Gobierno catalán y aprobar así las leyes rupturistas sin que el Govern intervenga, porque la modificación es para poder llevarlas a la Cámara y que nos priven del derecho a debatirlas o a presentar enmiendas. Con eso se cargan la democracia. Además, no tiene sentido que, por ejemplo, para aprobar cualquier ley que emane del desarrollo del Estatuto se necesita como mínimo una mayoría absoluta y, en muchos casos, como la elección de los consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), los dos tercios, o incluso para elegir al director de la Oficina Antifraude se necesiten las tres quintas partes de los diputados y para aprobar una ley de ruptura de gran calado baste con mayoría simple”, explica Santi Rodríguez (PP). El portavoz de Ciudadanos, Fernando de Páramo, también es muy crítico: “Lo que han hecho es pasar el rodillo sin tener una mayoría social. En democracia, hay que escuchar a la oposición y dejar que participe también. Lo que van a hacer es reformar el reglamento para proclamar la independencia”.
La aprobación de esas leyes, por otra parte, es crucial, ya que la principal de ellas, la Ley de Transitoriedad Jurídica, es vital para poder convocar el referéndum, puesto que es la que le da esa potestad al presidente de la Generalitat, cuando la actual legislación reserva esa iniciativa al Gobierno central.
