El referéndum que nunca se celebrará

16 / 03 / 2017 Antonio Fernández
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Nadie, salvo los más radicales independentistas, confía ya en que el referéndum catalán sea un referéndum de verdad. Incluso desde la Generalitat y el partido de Artur Mas y Carles Puigdemont se juega a convocarlo, esperar que el Estado lo prohíba y convocar entonces elecciones anticipadas con más posibilidades de aumentar sus votos.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, trata de mantener una postura diferenciada con el partido heredero de Convergència. Foto: Ferrán Sendra

La larga marcha hacia la independencia de Cataluña se está convirtiendo en un infierno para algunos. Los problemas entre las fuerzas soberanistas afloran periódicamente y ponen en peligro la hoja de ruta rupturista provocando fricciones entre sus protagonistas, hasta el punto de que incluso en algunos círculos independentistas ya se aprecian signos de cansancio. Ante ello, las entidades cívicas partidarias de romper con España llaman a la movilización constante en la última fase del procés.

La consigna independentista es movilizarse y apostar el todo al referéndum. El Gobierno catalán afirma que la consulta se llevará a cabo y así lo expone, siempre que la ocasión lo requiere, la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Neus Munté: “Tenemos un compromiso claro, explícito, nítido e irrenunciable en hacer el referéndum”, explicó en su última comparecencia ante la prensa tras la reunión del Gobierno catalán.

Sus socios de la CUP no acaban de creerse del todo la disposición. “Nosotros apostamos por la desobediencia y eso es lo que hemos puesto sobre la mesa de Junts pel Sí (JxS, la plataforma que forman la antigua Convergència y ERC) y del Gobierno. Por tanto, ya saben nuestra postura. Otra cosa es que el Gobierno acepte la desobediencia. Alrededor de ese concepto pivota el juego político de la secesión”, afirma a TIEMPO una fuente de la formación anticapitalista.

En la CUP saben que el Estado recurrirá cualquier ley rupturista que apruebe el Parlamento catalán. “Es una estrategia normal. Con ello, pretenden anular la legalidad paralela. Y ante ello, solo nos queda la de-sobediencia”, añade la fuente de la CUP. Y ese concepto es, precisamente, el que no gusta en el Gobierno. “Para hacer el referéndum, será preciso desobedecer impedimentos, mandatos judiciales o sentencias del Estado, ya que no hay otra manera de hacerlo”, explicita un documento aprobado por la CUP el pasado 4 de marzo.

Desde JxS se intentan salvar los muebles y no desvelar la estrategia. Prefieren no hablar de desobediencia, sino de tácticas, aunque un dirigente del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDECat), heredero de la antigua Convergència, reconoce a TIEMPO que en el partido se ha tratado el tema en profundidad: “En un principio, se quedó en que Puigdemont convoque el referéndum y, si finalmente no puede realizarse porque es prohibido por los tribunales, se convocarían inmediatamente elecciones. Y eso es facultad exclusiva del president. Pero las cosas y las estrategias cambian a gran velocidad y aquí falta ver la reacción del Gobierno central”. De momento ese es el verdadero plan del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, que cuenta con dificultades dentro y fuera.

La pregunta del millón, pues, es conocer si habrá o no referéndum. David Pérez, diputado socialista y miembro de la Mesa del Parlamento catalán es rotundo: “Se hará algo, un referéndum o lo que sea, aunque sea otro 9-N [la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014] y luego se convocarán elecciones”. Pérez advierte a este semanario que “en los últimos tiempos ha habido un cambio de discurso de los partidarios de la secesión y solo se habla de referéndum. Creo que eso es, en primer lugar, para ganar tiempo; luego, para justificarse ante la CUP, sin cuyo apoyo el Gobierno estaría en minoría”.

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Santi Rodríguez, es más contundente: “Se especula mucho sobre un adelanto electoral. Pero deben tener en cuenta una cosa: no habrá ningún referéndum legal en Cataluña. Otra cosa es la escenificación que quieran realizar, pero lo que se haga no será un referéndum. Le pueden llamar como quieran menos eso. ¿Que intentarán escenificar otro 9-N? Seguro. Pero lo cierto es que ya se vislumbran elecciones en el horizonte, pase lo que pase”.

Joan Giner, secretario político de Podemos en Cataluña, señala también a TIEMPO que “lo que hay en estos momentos es una lucha por la hegemonía en el Gobierno de la Generalitat. Es una lucha de élites, con posturas diferenciadas de ERC y de la antigua Convergència. Los cuadros convergentes son más reacios a la desobediencia, son más gente de orden, mientras que ERC trata de marcar perfil propio y la CUP presiona y amenaza”.

Podemos se encuadra dentro de la plataforma Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), una formación que está a favor de celebrar la consulta, pero quiere que sea legal. “Se puede hacer una consulta, pero si al día siguiente no la reconoce nadie, eso es malo incluso para el mundo independentista. Eso no es un referéndum. De ahí que suenen campanas de que se pueden adelantar las elecciones”.

Podemos está a favor de consultar a la ciudadanía sobre la relación de Cataluña con España, pero con determinados condicionantes. “Podemos apuesta por un referéndum de verdad –explica Giner–. Y eso requiere, en primer lugar, un reconocimiento internacional, lo que se conseguiría con un pacto con el Estado. En segundo lugar, debe participar en él al menos el 80% de la ciudadanía. Y, en tercer lugar, debe tener unos efectos jurídicos claros”. Fuera de esos parámetros, el fracaso.

El dirigente de Podemos recuerda que “en las elecciones del 27 de septiembre prometieron la independencia en 18 meses y el plazo expira este mes de marzo. Pero aquí estamos todavía. Lo que está claro es que la vía unilateral empieza a hacer agua y necesita sumar a los soberanistas que no queremos salir de España pero que estamos a favor de que los ciudadanos decidan”.

La triquiñuela parlamentaria

En esta coyuntura, por otra parte, juegan un papel importante las organizaciones cívicas que movilizan a la ciudadanía al margen de las instituciones y los partidos. Son ellas las que le dan un cariz de transversalidad al independentismo: la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI). De ellas, la ANC es la que lleva la voz cantante. “No nos planteamos un escenario donde no haya un referéndum, creemos que las urnas se pondrán y los ciudadanos podrán ir a votar. Es decir, que solo nos planteamos el futuro con un referéndum que sea efectivo y políticamente vinculante. Solo si el Estado recurre a una violencia desmesurada no se celebrará, pero esa circunstancia no la podemos controlar”, admite a TIEMPO una fuente de la dirección de la ANC.

Pero la decisión de la ANC de avanzar contra viento y marea para celebrar el referéndum entra ahora en terreno inestable. ¿Cómo lo puede hacer el Gobierno catalán para no caer en la desobediencia y convocar la consulta? El día 7 de marzo, JxS solicitó a la Mesa del Parlamento catalán la constitución de una ponencia para cambiar el reglamento y que se puedan aprobar leyes exprés propuestas por un grupo político. La jugada es clara: las leyes de desconexión con España no serán presentadas por el Gobierno, sino por JxS y la CUP y, acto seguido, aprobadas por la Cámara. De ese modo, la Generalitat recibe pasivamente un “mandato democrático” del Parlament para aplicar las leyes y espera soslayar así la ofensiva jurídica del Gobierno central.

Para Roger Torrent, portavoz adjunto de JxS, la propuesta de reforma es “absolutamente legítima, reglamentaria y legal”. Y recuerda que PP y PSOE pactaron una reforma exprés de la Constitución en el Congreso de los Diputados y son esos partidos, precisamente, los más beligerantes con la reforma que pretende JxS. “Entendemos que, en lógica consecuencia, promoverán una reforma en el Congreso para eliminar esta potestad que tienen los grupos parlamentarios”, ironiza.

La medida levanta críticas de toda la oposición, que no participará en la ponencia. “No prevemos que haya más de dos grupos en la ponencia, JxS y la CUP. Lo que pretenden es poner al Parlament como pantalla del Gobierno catalán y aprobar así las leyes rupturistas sin que el Govern intervenga, porque la modificación es para poder llevarlas a la Cámara y que nos priven del derecho a debatirlas o a presentar enmiendas. Con eso se cargan la democracia. Además, no tiene sentido que, por ejemplo, para aprobar cualquier ley que emane del desarrollo del Estatuto se necesita como mínimo una mayoría absoluta y, en muchos casos, como la elección de los consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), los dos tercios, o incluso para elegir al director de la Oficina Antifraude se necesiten las tres quintas partes de los diputados y para aprobar una ley de ruptura de gran calado baste con mayoría simple”, explica Santi Rodríguez (PP). El portavoz de Ciudadanos, Fernando de Páramo, también es muy crítico: “Lo que han hecho es pasar el rodillo sin tener una mayoría social. En democracia, hay que escuchar a la oposición y dejar que participe también. Lo que van a hacer es reformar el reglamento para proclamar la independencia”.

La aprobación de esas leyes, por otra parte, es crucial, ya que la principal de ellas, la Ley de Transitoriedad Jurídica, es vital para poder convocar el referéndum, puesto que es la que le da esa potestad al presidente de la Generalitat, cuando la actual legislación reserva esa iniciativa al Gobierno central.

Convergència en el banquillo

Y hay además otra cuestión: de aquí a comienzos de verano habrá en los tribunales tres juicios por corrupción que pueden sacudir la política catalana. Y en los tres el nexo común es el nombre de Convergència o de sus dirigentes. Otro palo para el partido de Artur Mas, que ahora intenta envolverse en la bandera catalana para esquivar los asuntos espinosos.

El primero es el juicio por el denominado caso Palau. Los principales implicados son el antiguo presidente de la institución, Fèlix Millet, su hombre de confianza y director administrativo, Jordi Montull, la hija de este, Gemma Montull (directora financiera) y el extesorero de Convergència Daniel Osàcar. Durante años, Millet cobró a través del Palau el 4% de las adjudicaciones de algunas obras públicas que otorgaba la Generalitat. Las mayores mordidas correspondieron a las obras de la línea 9 del metro y a la propia Ciudad de la Justicia, donde desde este mes de marzo (y hasta finales de junio) se sentarán los acusados. De las dádivas (esencialmente de Ferrovial) Millet reconoció en su comparecencia ante el tribunal que, efectivamente, desviaba a sus bolsillos el 1,5%, un 0,5% era para Montull y el 2,5% iba a parar a Convergència. Así se desviaron presuntamente 6,6 millones de euros. El partido tiene embargadas 15 sedes en concepto de responsabilidad civil.

El juicio por el caso Pretoria sentará en el banquillo a partir de mediados de este mes de marzo a dos prohombres convergentes: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, junto al exdiputado socialista Luis García, alias Luigi. Esta trama trataba de influir en las diferentes administraciones para lograr recalificaciones de terrenos y llenarse los bolsillos con pelotazos inmobiliarios. Además, a raíz de su desarticulación, se descubrió que Alavedra, que en su tiempo había sido el hombre fuerte del Gobierno de Jordi Pujol e incluso había sonado para sucederle como líder de CDC, tenía cuenta cifrada en Andorra mientras era consejero de Economía. Su esposa tenía otra cuenta. Tras las detenciones, en 2009, los responsables de CDC iniciaron una campaña denunciando que todo era un ataque del Estado español contra Cataluña y calificando a los acusados de “patriotas”.

Y en mayo comienza otro juicio no menos mediático: el del caso Adigsa, que juzga el 3% de comisiones que cobraban supuestamente dirigentes de CDC y que fue denunciado por Pascual Maragall en el Parlament en 2005. El principal testigo de cargo es el empresario Juan Antonio Salguero, que declaró ante la fiscalía y el juez que llegó a pagar hasta el 20% de las obras de rehabilitación que le adjudicaba la empresa pública Adigsa. Quien hacía las labores de intermediario era un primo lejano del entonces consejero Felip Puig. El presidente de Adigsa en aquella época, Ferran Falcó, fue exonerado en 2014 por la magistrada Núria Bassols, del TSJC. Poco después, esta magistrada fue fichada por Artur Mas para su Gobierno como responsable de políticas de transparencia con un salario de 108.000 euros anuales. Su marido, Josep Manuel Bassols, es uno de los empresarios detenidos recientemente con motivo de otro escándalo similar: el caso 3% que investiga el juez de El Vendrell Josep Bosch.

Ante los tres grandes asuntos judiciales en ciernes, desde el Gobierno catalán se intenta poner distancia. “Las situaciones juzgadas son de hace mucho tiempo y no tienen nada que ver con este Gobierno. No nos preocupan”, aduce la portavoz Neus Munté. Y desde el PDECat también se pone distancia. “De la actual cúpula, nadie ha tenido nada que ver con ninguno de los hechos investigados”, afirma a TIEMPO un dirigente convergente. Todos excepto Artur Mas, claro, que es presidente de honor del partido. Bajo su liderazgo ocurrieron la mayoría de los hechos juzgados. Y el veterano político no descarta volver a primera línea... si los tribunales se lo permiten y no es, finalmente, condenado a inhabilitación.

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