El plan B del independentismo

La política catalana se convierte cada día más en un auténtico laberinto que deja en el aire multitud de incógnitas que nadie se atreve a desvelar. Cuanto el 28 de agosto, y por sorpresa, los grupos independentistas de Junts pel Sí (JxS) y la CUP presentaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, evitaron despejar las dudas sobre el propio texto, su contenido, su tramitación y sobre el mismísimo referéndum. Desde el Gobierno autonómico y los partidos que lo apoyan, se asegura que la consulta del 1 de octubre se celebrará sí o sí. “Ese es el plan A, el B y el C. El único plan que hay es el referéndum. Es nuestro compromiso electoral. Dijimos que haríamos una declaración unilateral de independencia (DUI) si ganábamos con suficiente holgura en las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Y como no fue así, optamos por la vía del referéndum con el objetivo de que la gente diga qué hemos de hacer. O sea, no estábamos legitimados para una DUI, pero sí para convocar un referéndum, precisamente para salir de dudas”, explica a Tiempo Josep Lluís Clèries, portavoz del Partido Democrático Europeo de Cataluña (PDeCAT, uno de los partidos que componen Junts pel Sí, junto a ERC) en el Senado.

La oposición no lo tiene tan claro. “Lo cierto es que han cambiado de plan treinta veces y ahora estamos viviendo este vodevil de hacer un referéndum para el que resulta que no existe censo. Un ciudadano no puede saber si está en el censo que se va a utilizar o si sus datos son correctos. Esto es una comedia. Si no hay censo ni nadie que lo vigile, no discutamos más”, critica David Pérez, diputado del PSC y miembro de la Mesa del Parlamento autonómico. Ante ello, Clèries responde que “el Gobierno de la Generalitat intenta hacer las cosas con la máxima normalidad en un tiempo récord. Nuestra intención es que el censo se conozca, pero miramos los tempos al milímetro, porque el Gobierno del Estado está encima nuestro. Hay un tiempo mínimo indispensable para dar todas las garantías. Lo único que queremos es votar. Es nuestra obsesión y la del presidente Puigdemont”.

Los independentistas se aferran a las leyes presentadas para subrayar que van en serio y que el único plan es realizar un referéndum con resultado vinculante. De ahí que un mes después de presentar a trámite la ley del referéndum presentasen una nueva Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. “No hemos hecho nada que no hubiésemos anunciado antes. Que nadie se sorprenda”, dice Clèries. Y Pérez subraya que “no es que no quieran decir en qué consiste su plan B. Es que dudo incluso que lo tengan, porque no saben lo que van a hacer al día siguiente”.

En privado, no obstante, tanto dirigentes del PDeCAT como de ERC reconocen que en caso de que sea un fracaso la consulta hay que articular alguna contramedida. Por ejemplo, la convocatoria de unas elecciones que obliguen a aprobar una declaración de independencia. “Se ha discutido por parte de las fuerzas soberanistas. Una alternativa sería forzar unas elecciones constituyentes. ¿Cómo? Presentándose todas las fuerzas independentistas en un solo bloque con la consigna de declarar la independencia en caso de ganar las elecciones. Se trataría de reconvertir las elecciones autonómicas que convocaría Puigdemont en un auténtico referéndum. De ese modo, al día siguiente de los comicios, el mandato popular y democrático de las urnas sería proclamar la República Catalana”, dice a Tiempo un alto dirigente independentista. 

La transición según la nueva ley

En ese caso, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República no tendría sentido. Es más: si el TC la anula, esa anulación caería en saco roto. Pero, mientras tanto, se aferran a la ley presentada ahora: según ese texto, que los radicales de la CUP quieren aprobar antes del 11 de septiembre (fecha de la Diada) para desafiar al Estado español, el proceso constituyente derivado del referéndum tendría tres fases sucesivas: “Una primera de proceso participativo; una segunda de elecciones constituyentes y de elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea Constituyente; y una tercera de ratificación de la Constitución por medio de un referéndum”.

En el primero de esos tramos, habrá un Foro Social Constituyente que tendrá un “consejo asesor” nombrado por el Gobierno catalán y formado por “expertos académicos, a nivel nacional e internacional, para asesorar en la fase deliberativa constituyente, liderado por la sociedad civil organizada”.

La intención es disolver el Parlamento una vez se acabe ese “proceso participativo” y convocar elecciones, de las que saldrá una Asamblea Constituyente (cuya composición es exactamente igual que la del Parlament). Esta Asamblea debe aprobar por una mayoría de tres quintos una propuesta de Constitución. Una vez aprobada (puede salir adelante por mayoría absoluta en segunda votación si no se consiguen los tres quintos en la primera), se somete a votación por referéndum esa Constitución y, si es aprobada por la ciudadanía, se disuelve la Asamblea y se convocan elecciones.

Para el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, esta ley “es un efectivo golpe de Estado institucional y eso no lo permitirá el Gobierno español. Si continúan así, al PP de Cataluña nos parece plenamente justificable que se aplique el artículo 155 de la Constitución”. El dirigente popular es particularmente crítico con la deriva independentista del Gobierno catalán: “Les gusta incendiar socialmente Cataluña. Son plenamente conscientes de que estas leyes no tirarán adelante. Lo malo es que estamos asistiendo continuamente a un esperpéntico espectáculo”. El portavoz convergente Josep Lluís Clèries le responde con firmeza: “Un golpe de Estado es cuando el PP recogía firmas contra el Estatuto. A Cataluña le tienen puesto el ojo. Que no nos venga a dar lecciones de democracia”. Además, enfatiza que “el Estado no respetó el resultado del referéndum del Estatuto y el Tribunal Constitucional pasó por encima de lo que manda en democracia, que es el voto de los ciudadanos”. Se refiere a que, tras ser aprobado en consulta popular el último Estatuto, el órgano competencial anuló algunos artículos que, en cambio, no anuló en otros Estatutos de autonomía. De ahí que Clèries señale también: “yo voté, en su día, la Constitución y ahora no la reconozco. Como votante, me siento defraudado porque no se está aplicando lo que yo voté”.

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, señala por su parte a este semanario que la ley “es una absoluta chapuza jurídica, incompatible con los países de nuestro entorno. Por ejemplo, establece que el poder judicial está gobernado por una comisión mixta del Tribunal Supremo y el propio Gobierno catalán, lo que dinamita la separación de poderes. Y resulta que se puede aprobar con mayoría absoluta, pero para reformarla son necesarias las tres quintas partes del Pleno parlamentario. Esos despropósitos jurídicos repugnan a quien tenga algo de respeto por la democracia”.

David Pérez, del PSC, pone el acento en denunciar que los independentistas engañan a sus votantes. “Estamos fuera de plazo para aprobar todas las leyes rupturistas antes del referéndum previsto. Cualquier trámite parlamentario, incluso los de extrema urgencia, tienen unos plazos. Y la ley del referéndum, por ejemplo, ya no puede ser aprobada en tiempo, puesto que ha de pasar el trámite del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Ahora dicen que quieren aprobar las leyes mediante decreto, pero obvian que eso también tiene sus plazos: los decretos han de pasar igualmente el filtro del Consejo, que debe dictaminar en el plazo de un mes. Por tanto, no hay tiempo material para poner en vigor ni leyes ni decretos”.

Del mismo parecer es Carrizosa. “Conociendo cómo trabajan, no es de extrañar que quieran cometer una ilegalidad más y pasen olímpicamente del CGE. De todos modos, desde Ciudadanos, tenemos preparado un recurso para pedir inmediatamente el dictamen del Consejo, lo que oficialmente debería paralizar el trámite. Habrá que ver si ignoran esa medida”. 

Mucho ruido y pocas nueces

Pérez subraya que los independentistas gesticulan mucho, hacen muchos anuncios y muchas ruedas de prensa, pero no van más allá, porque temen que al presentar los textos a trámite queden anulados. “De momento, tenemos dos leyes en el limbo, la del referéndum y la de transitoriedad. Pero aún no se ha iniciado el trámite para discutirlas en el Parlament”. Y García Albiol, tras la presentación de la última ley, también criticó que “hacen muchos anuncios y amenazas, pero luego no se mueven. Si fuesen serios, no les importaría lo que dijese el Constitucional: presentarían las leyes y no les importaría lo que dice un tribunal que no sería suyo [el TC]. Pero han de contentar a su parroquia, a la que engañan. Se han convertido en trileros, pero saben que dentro de tres meses o dentro de tres años, Cataluña, mal que les pese, no será independiente: seguirá siendo España”. Lo curioso es que el diputado de la CUP, Benet Salellas ya advirtió que “una participación altísima sería una garantía del resultado vinculante del referéndum”. Claro que para aceptar esa tesis solo hace falta saber qué se entiende por participación “altísima”. ¿Es más del 40%? ¿O más del 50%? ¿O más de dos tercios del censo? Nadie quiere mojarse con este asunto. El convergente Clèries admite que nada está claro hasta que no se conozcan los resultados. “No se habla de participación mínima, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Venecia”, subraya. Pero ese es el único punto que los independentistas toman de dicha comisión, que establece también que cualquier referéndum no puede vulnerar una legalidad vigente o que la ley del referéndum debe llevar como mínimo un año aprobada para realizar la consulta. Esos puntos, en cambio, son desechados por los independentistas y ocultados a la opinión pública. 

La clave está en el No

La gran preocupación soberanista, en estos momentos, se centra en la participación. Todo apunta a que los partidarios del No se quedarán en sus casas y no acudirán a las urnas al considerar que no hay garantías y que se están cometiendo delitos graves al vulnerar leyes vigentes por parte de las instituciones catalanas. El cupero Benet Salellas advirtió que “todas las personas que no quieran que nazca la República Catalana también están interpeladas a votar No”. Y el convergente Clèries redunda en ello: “Es necesario que toda la población vaya a votar. Es la forma de solucionar esta situación. No son unas elecciones, sino el referéndum, para que todos puedan decir en libertad lo que quieren”. Pero si no consiguen una gran movilización de los partidarios del No, los soberanistas pueden comenzar a pensar en otro procés, porque el actual estará muerto y enterrado el 2 de octubre. Y deberán comenzar a poner en marcha el plan B, el que oficialmente dicen que no existe.

El Pleno del Parlamento autonómico catalán durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado. Foto: Jordi Bedmar 

Un aspecto de la manifestación de la Diada que recorrió las calles de Barcelona el pasado 11 de septiembre. Foto: Joan Castro/ICONNA

Diálogo con el Estado

“No habrá choque de trenes”

El portavoz en el Senado del PDeCAT, Josep Lluís Clèries, afirma en declaraciones a Tiempo que a pesar de que se ha presentado la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional, “se sigue hablando de diálogo con el Estado dentro del texto de la misma ley. O sea, la voluntad de diálogo, por parte de nosotros, existe”. Y vaticina que “por nuestra parte, no habrá choque de trenes institucional. Al menos, no lo deseamos”. Eso sí, critica que “nos acusan desde algunas instancias de que unos cuantos estamos intentando decidir por todos. Pero, en todo caso, son el PP, el PSOE y Ciudadanos los que no dejan hacer y quieren decidir por todos los catalanes. Nosotros no tenemos ningún problema con España ni con los españoles, sino con el Gobierno del Estado español, que ha ido aplicando unas políticas determinadas a lo largo de décadas”. 

Dolor: Flores, velas, carteles y diversos objetos en homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona. Foto: Carlos Montañés

La taquilla

Los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils aplicaron una nueva técnica yihadista consistente en cometer pequeños pecados para pasar desapercibidos en su entorno.

El comando yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils practicaba lo que se conoce como la taquilla. “Es una técnica de disimulo. Saben que las mezquitas están supercontroladas y, por eso, los integristas ya no realizan sus labores de captación y de radicalización a través de las mismas, sino a través de redes sociales y en grupos muy cerrados, evitando que se les detecte”, indican a Tiempo fuentes de los Mossos d’Esquadra que desarticularon la célula terrorista.

El nuevo modus operandi descubierto por los investigadores consiste en que “el activista realiza acciones haram, es decir, pecados, para integrarse en la sociedad donde viven y pasar desapercibidos. Así, entre sus costumbres figuran beber alcohol, no comer comida halal, comer cerdo, ir con mujeres, etcétera. Se trata de dar a entender que no son musulmanes y aparecer a los ojos de la sociedad como miembros integrados”. Las fuentes subrayan también que en los centros religiosos “ya no se hace proselitismo, porque es fácilmente detectable. Los discursos de los imanes ya no son un indicador y los discursos incendiarios han pasado a la historia. Ahora se aplica la técnica del disimulo, conocida como la taquilla”.

Es cierto que los miembros de la célula eran muy jóvenes y sin antecedentes penales, lo que dificultaba su detección, pero los antecedentes del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, hacían a este merecedor de un seguimiento especial. ¿Por qué no se hizo ese seguimiento? Los responsables policiales de los Mossos son los que deben contestar a esta pregunta, ya que también pasaron por alto su viaje a Vilvoorde, cerca de Bruselas, la cuna del yihadismo europeo, a comienzos de 2016. Los responsables de la Policía autonómica admitieron que un agente belga preguntó a un colega de los Mossos sobre el imán debido a la visita a aquel país, pero “fue una comunicación no oficial”. Sea como fuere, ese viaje no se tuvo en cuenta, lo que arroja sombras sobre el modo de funcionar de la Policía catalana: en Bélgica detectaron en solo dos meses comportamientos sospechosos y mensajes extremistas de Es Satty, mientras que en Ripoll había pasado desapercibido.

Tras las primeras pesquisas, los Mossos descubrieron también que no solo cambió la técnica de captación y adiestramiento. “Hasta hace relativamente poco tiempo, se había detectado que los imanes del sur de Cataluña ofrecían adiestramiento, adoctrinamiento a los miembros de las células, mientras que los del norte se dedicaban más a conseguir financiación. Con este tema, en cambio, se evidenció un cambio en sus métodos, ya que el imán de Ripoll, un pueblo del norte, estaba metido de lleno en el adiestramiento”, dicen a este semanario fuentes de la Policía autonómica catalana. 

Control desde Marruecos

A la falta de antecedentes de los terroristas y al cambio de métodos hay que añadir otra dificultad: el gran volumen de la población musulmana de Cataluña: en esta comunidad hay más de 270 centros religiosos islámicos y 425.000 musulmanes, de los que unos 70.000 son de origen español. Y en ese berenjenal, solo un pequeño grupo de exaltados son los que despiertan el interés no solo de los Mossos d’Esquadra, sino de los servicios de información de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un miembro de la comunidad musulmana apunta a Tiempo que hay una corriente salafista dirigida desde Marruecos que es la que controla a los elementos más radicales del islamismo en la península ibérica. El imán que controlaba esta facción murió hace cuatro años, pero ahora es su hija (que ha visitado España en varias ocasiones) la que ha tomado las riendas del movimiento. “El salafismo entró con fuerza en Cataluña en los últimos años, cuando antes su punto fuerte se situaba al sur de Valencia”, subrayan las fuentes.

Un informe del Ministerio del Interior redactado hace tres años subrayaba que el 40% de las mezquitas catalanas son salafistas. En dicho informe se señalaba que había casi 250 mezquitas legales y un puñado más de centros que se escapaban al control oficial pero que también disponían de sus propios imanes. “Es en esos centros donde se concentraban algunos de los imanes que podrían considerarse peligrosos”, dice una fuente del Ministerio del Interior. Pero a estos centros salafistas (los salafistas son suníes que dependen esencialmente de la zona del Magreb) hay que añadir varios centros más wahabitas, es decir, los que son sufragados por los gobiernos de Arabia Saudí y Qatar. 

Barcelona, objetivo prioritario

Todo ello hace del universo musulmán catalán una zona de especial peligrosidad y difícil de controlar en su totalidad. Entre 2012 y 2016 hubo más de 60 detenidos por supuestas vinculaciones con el terrorismo de carácter islamista. La importancia de Cataluña en la cruzada islamista está fuera de toda duda. Desde hace dos años, el nombre de Barcelona se ha colado en algunas de las arengas de los líderes de Al Queda y del Estado Islámico como objetivo prioritario. En la primavera de 2016 se desarticuló una de las células yihadistas más importantes de los últimos tiempos, que tenía vídeos de vigilancias realizadas sobre monumentos y el centro comercial Las arenas, ubicado en la plaza de España de Barcelona. Desde hace algunos años, el consulado general de Estados Unidos aumentó ostensiblemente la plantilla de su personal de seguridad, algunos de cuyos miembros no tuvieron ningún reparo en colocarse a la entrada de las mezquitas barcelonesas y repartir tarjetas de visita a los musulmanes que acudían a orar.

Mientras, las entidades cívicas musulmanas tratan de controlar a los radicales. Un análisis realizado por la Junta Islámica a finales de este mes de agosto resaltaba: “No tenemos miedo porque los autores de los atentados no son musulmanes y no practican el islam. Cualquier persona que rompe la doctrina ética de nuestro Profeta Muhammad [sic] y malinterpreta la revelación coránica, no es musulmana”. Estos principios dan una idea del posicionamiento de las organizaciones musulmanas. En el mismo documento, la Junta Islámica añade que “ninguna ideología extrema que ataque la libertad personal debería ser tolerada no solo legal, sino socialmente”. Y, por si fuera poco, arengaba a los imanes: reclamaba “un debate teológico islámico desde las comunidades españolas para dejar claro que no cabe propaganda religiosa que sonría veladamente al radicalismo en ninguna mezquita ni comunidad. Los líderes religiosos islámicos deben ser quienes adviertan de estos contenidos y enseñen una doctrina correcta”.

Terror: Varias víctimas yacen en el suelo tras el atentado perpetrado en las Ramblas de Barcelona. Foto: David Armengou