El oasis catalán hace aguas

El 31 de enero de 1994, Lluís Prenafeta Garrusta, hasta poco antes uno de los hombres más poderosos de Cataluña, hipotecaba su lujoso piso en la zona alta de Barcelona, junto con cuatro plazas de aparcamiento, a cambio de un préstamo de 47 millones de pesetas de La Caixa. El 23 de marzo del mismo año, era Banca Catalana la que otorgaba otro préstamo de 36 millones sobre los mismos inmuebles. La economía del que había sido la mano derecha del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, hacía aguas. Los negocios ruinosos emprendidos en los emergentes países del Este resultaron fallidos, lo mismo que la puesta en marcha de un diario proconvergente al que llamó El Observador. Y Prenafeta tuvo que echar mano de su patrimonio para hacer frente a las múltiples deudas.

La situación ha cambiado. En la actualidad, Prenafeta había rehecho los puentes empresariales internacionales con los que había hecho fortuna a finales de los años 70 y volvía a frecuentar los reservados de los restaurantes más selectos de Barcelona, según cuentan a Tiempo fuentes empresariales. Todo iba bien... hasta que el juez Baltasar Garzón se cruzó en su camino.

Prenafeta es uno de los prohombres detenidos el pasado 27 de octubre bajo la acusación de blanqueo de capitales, soborno y tráfico de influencias. Junto a él eran detenidos su amigo Macià Alavedra, ex consejero de Gobernación, de Industria y de Economía de la Generalitat en tiempos de Pujol; el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz; el concejal de urbanismo y el gerente de este ayuntamiento, Manuel Dobarco y Pascual Vela, respectivamente; el ex diputado socialista Luis García Sáez y los empresarios Josep Singla y Lluís Casamitjana, presidentes de las compañías Proinosa y Espais.

La sociedad catalana bebía así, nuevamente, del amargo cáliz de ver a sus prohombres bajo la sombra de la corrupción cuando aún no había digerido el brebaje que supuso el escándalo del Palau de la Música, donde Fèlix Millet vació de forma vergonzosa la caja fuerte de esta institución.

Íntimos de Pujol

Baltasar Garzón es el artífice de la llamada operación Pretoria, que ha permitido la detención de dos de los más íntimos colaboradores de Pujol: Prenafeta y Alavedra, los máximos exponentes del llamado sector de los negocios de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El primero ha sido uno de los hombres más temidos y odiados de Cataluña. Integrante de la familia propietaria de las peleterías Tipel, una de las mayores firmas del sector en España, dio cobijo en la empresa familiar a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat, y nombró gerente, en 1988, a Artur Mas, entonces un técnico poco avezado en política, que estuvo en la dirección de Tipel cuatro años. A finales de los 80 esta empresa recibió 400 millones de pesetas en avales públicos, lo que contribuyó a que durante años sus cuentas estuviesen saneadas.

El sector de los negocios de CDC ya estaba en marcha: en 1986, Prenafeta había creado la compañía FARC, dedicada a la realización de estudios, junto a Jordi Pujol Ferrusola y Pere Esteve Abad, que acabaría siendo secretario general de CDC. En la empresa constaba como accionista la esposa de Prenafeta, Lluïsa Mas. En 1989, la sociedad amplió capital y entró como socio mayoritario Control y Aplicaciones (CAE), que en aquellos momentos comenzaba a obtener grandes adjudicaciones de la Generalitat. Paralelamente, Lluís participaba en Preba, Barcelonesa de Obras y Contratas, Vilassar Internacional, Nasa o Geset Afers, donde compartía intereses con la familia de Pujol, o Inversiones C, donde también participaba José Jané Solá, presidente de Bankpime.

Su esposa, mientras, se asoció con el presidente de Chupa Chups, Enrique Bernat, y el dueño de los casinos catalanes, Artur Suqué, para crear la sociedad Juspi, dedicada a la compraventa internacional de productos y a estudios de mercado. El holding empresarial se cierra con las sociedades Arroz Unión, dedicada a la toma de participaciones en terceras compañías, y Poliafers, asesoría medioambiental y estudios de mercado, ambas activas en la actualidad. Tras dimitir como secretario general del Gobierno de Pujol en febrero de 1990, Prenafeta entró en el consejo de Iberia de Seguros y fue elegido consejero de Petrocat y de Túnel del Cadí, un cargo dependiente de la Generalitat con una suculenta remuneración.

Interlocutor de De la Rosa

Por su parte, Alavedra era también un emprendedor. En 1966 creó la compañía Clover, dedicada a la instalación de antenas de radio y televisión. Ya en los 80, su empresa Metrelec era la única cuyos contadores eléctricos estaban homologados por la Generalitat. Alavedra era no sólo administrador de la sociedad, sino también consejero de Industria, de quien dependía el control del sector. En esa época, Metrelec absorbió la compañía Ega, del diputado de CiU Josep Garrell, y pasó a denominarse Metrega. Poco antes de la fusión, Ega recibió un aval de 100 millones de pesetas de la época, que no fue devuelto, con el consiguiente escándalo. En los 90, su nombre se vio envuelto en varios escándalos: era el interlocutor del polémico financiero Javier de la Rosa e intercedió ante el juez Luis Pascual Estevill, condenado por prevaricación, cohecho y fraude fiscal, a favor del Banco Central y del empresario John Rosillo, huido tras un escándalo financiero. Rosillo era un coleccionista de cuadros de Doris Malfeito, esposa de Alavedra.

En el año 2000, Alavedra recaló como presidente de la sociedad Webline Invest, dedicada a la tenencia y administración de valores mobiliarios, que pretende ser el buque insignia de las inversiones de las principales fortunas catalanas. Prueba de ello son los miembros de su consejo: Fèlix Millet (el ya ex presidente del Palau de la Música), Rafael Español (también ex presidente de La Seda y contra el que su antigua compañía ha emprendido acciones legales por la desaparición de 86 millones de euros), Rafael Tous Godia, José Crehueras (Inversiones Hemisferio), Javier Ferrero (Nutrexpa), Antonio Vila Casas, Javier Juncadella... Al mismo tiempo, ocupó diversos cargos en empresas como Abertis, Aucat o Indukern, además de negociar en los últimos tiempos contratos para la compra de gas en el norte de África.

En paralelo, Prenafeta y Alavedra dieron lustre con su presencia a la Fundació Catalunya Oberta, un think tank convergente que cuenta, entre otros, con los también ex consejeros de Pujol Joan Guitart, Joan Vallvé y Andreu Mas- Colell, o destacados militantes de CDC como Joaquim Tosas, Roger Albinyana, Arcadi Calzada (ex presidente de Caixa Girona), Daniel Clivillé, Alfons López Tena y Joaquim Maluquer.

Al lado de estos dos exponentes del sector de los negocios de Convergència, aparece Luis García, al que en ambientes empresariales se conoce como Luigi y que podría definirse como un exponente clásico del sector de los negocios socialista. Este avispado intermediario comenzó sus negocios particulares hace más de 20 años con un despacho en el céntrico Paseo de Gracia junto a otro diputado socialista: en 1987 crearon la sociedad Centre d’Estudis i Assessorament, pero la aventura acabó mal y la sociedad, disuelta en los 90.

Sus intermediaciones con las administraciones durante los últimos 20 años le granjearon la enemistad de la cúpula socialista y fue expulsado del PSC a principios de esta década. “Es un tipo tramposo y déspota”, resume un empresario que hizo negocios con García. Luigi también fue denunciado en el año 1999 por ocho empresarios a quienes había subcontratado por 240 millones obras públicas que le habían adjudicado a él diversos ayuntamientos. Tres años después, fue absuelto del delito de estafa. Pero los tiempos de apreturas económicas ya habían pasado y el futuro le sonreía nuevamente... hasta que Garzón también se cruzó en su camino.

El hilo que permitió desentrañar los actuales intereses ocultos de esta trama corrupta parte de la investigación de la Audiencia Nacional sobre cuentas secretas del BBV en paraísos fiscales, especialmente en la isla de Jersey, a través de la banca Privanza. Con motivo de estas pesquisas, se registró la sede del despacho Petrus de Barcelona, una familia de letrados especialistas en crear empresas en el extranjero. Los hermanos Petrus salieron vinculados a una gran operación urbanística en Santa Coloma de Gramanet a través de la sociedad Centre Comercial Gramanet.

La operación se inició a principios de esta década, cuando el ayuntamiento subastó unos terrenos en los que acabó fraguando un proyecto que pretende convertir la zona en un área privilegiada de alto standing: 65.000 metros cuadrados urbanizados con 150 pisos a precios de más de 800.000 euros, un centenar más de protección oficial, el mayor parque de la ciudad, un hotel de 146 habitaciones y un multicine con 12 salas.

Sociedad en Madeira

El despacho de Petrus también fue clave para encontrar pistas que llevaban a empresas de Prenafeta y Alavedra, que intermediaron con los promotores de Proinosa y Espais. Un socio del primero señaló a Tiempo que “Lluís opera con una sociedad radicada en la isla de Madeira”. En realidad, la Fiscalía ya había intentado vincularle a una empresa de Funchal llamada Plutao Investimentos, que controlaba otra compañía denominada Kujal. Esta sociedad fue utilizada a finales de 1991 para la compra a Erkimia de dos centrales hidroeléctricas. El mismo día de la compra, Kujal las vendió a un tercero con unas ganancias de más de 600 millones de pesetas que no fueron declaradas a Hacienda.

La Fiscalía comenzó a investigar el tema en el año 2000 y en el juicio posterior Prenafeta declaró que no recordaba tener ninguna sociedad de nombre Kujal ni Plutao, por lo que fue condenado el administrador de la primera. De nuevo, igual que había ocurrido con el caso De la Rosa, donde estuvo imputado, o el caso Casino (de financiación ilegal de CDC), la suerte le sonrió... hasta esta semana, en que Garzón le atrapó.