El ministro que defendió el artículo 155

El referéndum de independencia que quiere organizar la Generalitat catalana el próximo 1 de octubre tiene su precedente en el “proceso participativo” que se desarrolló el 9 de noviembre de 2014 y que provocó más roces dentro del Ejecutivo central de los que se conocían hasta ahora, según desvela José Manuel García-Margallo en su libro Por una convivencia democrática, recién publicado. El exministro de Exteriores incluye en el texto la reforma de la Constitución que entregó en mano a Mariano Rajoy a finales de 2013 y que tanto dio que hablar al ser una de las poquísimas voces dentro del PP que defiende cambiar la Carta Magna. Dentro de esta reforma se incluyen varias recetas para embridar el desafío secesionista una vez pasado el 1-O.

A Margallo se le acusó en su etapa de ministro de entrometerse en la política interna con sus continuas declaraciones sobre Cataluña. Pero la cuestión catalana no era nueva para él. Cuando el socialista Pasqual Maragall puso en marcha la reforma del Estatut en 2004, él, entonces eurodiputado, ayudó a su partido con propuestas alternativas. La reacción del PP a aquella reforma catalana por la vía legal fue responder con “toda la artillería”, aunque hubo dudas sobre la estrategia a seguir.

“Yo me incliné entonces por presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo”, subraya Margallo. En una de las cartas dirigidas a Rajoy le indicó que una vez abierto el proceso de revisión del Estatuto se tenía que presentar “una alternativa propia” desde el principal partido de la oposición. “Igual que creo que es importante tener una idea de España, considero importante tener una idea de Cataluña. Creo también que el no no gana elecciones. Y creo, finalmente, que con un texto alternativo en la mano podremos participar en la negociación del Estatuto intentando limar los aspectos más escandalosamente inconstitucionales”, recomendó Margallo a su superior.

Siguiendo las indicaciones de Rajoy, Margallo envió sus recomendaciones a las personas que le indicó, pero el trabajo de meses cayó en saco roto. El PP se limitó a presentar el recurso de constitucionalidad sin ofrecer nada a cambio. “Nunca llegué a saber por qué no acabó de volar aquel texto alternativo”, se lamenta el exministro una década después.

Del actual presidente del Gobierno subraya que “ni el ruido mediático ni la vorágine de la política han logrado traicionar una amistad de años”, que es el líder político “que España necesita en estos momentos” y que tiene “una rara virtud en los tiempos que corren: el temple”. Margallo reconoce que sus posiciones sobre Cataluña “disonaron a veces” con las de algunos miembros del Ejecutivo. “Creo que el presidente Rajoy —con quien mantuve largas conversaciones sobre estos temas— en cierto modo, lo aceptó. Me conocía de sobra, desde mucho antes de vestir la toga presidencial, y me sabía firmemente anclado en ese extremo centro del que no me he separado un ápice. También sabía que mi capacidad de diálogo —una de mis pocas virtudes— solo era igualada, en intensidad, por mi vehemencia y mi temperamento a la hora de defender lo que me importa”, hace hincapié.

El artículo 155

Uno de estos momentos de tensión dentro del Consejo de Ministros fue por culpa del 9-N. Aquel día, los locales de votaciones abrieron sin incidencias y se produjo el recuento de votos como en cualquier otra consulta. “El despliegue informativo de medios nacionales y extranjeros fue impresionante, y la repercusión en el extranjero, importante”, reconoce Margallo, para quien no resultó “nada fácil” en los meses siguientes explicar a sus interlocutores extranjeros “las sutilísimas diferencias entre referéndum, consulta y proceso participativo”.

Margallo sostiene que la consulta del 9-N no debería haberse celebrado y recuerda que, dos meses antes de la misma, se le preguntó si estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución para evitarlo. “Sin la menor duda, contesté: ‘Sí’. Y cuando me preguntaron cómo podría hacerse, señalé que ordenando a la Generalitat la requisa y destrucción de las urnas de cartón y de las papeletas que se estaban haciendo en una cárcel de Lérida”. Ante la eventualidad de que el entonces Gobierno de Artur Mas no atendiese la orden, Margallo asegura que “los Mossos d’Esquadra se deberían poner a las órdenes del Gobierno de la nación para hacer cumplir unas obligaciones a las que la Generalitat se niega”. Para contrarrestar la aplicación del artículo 155, el ministro argumentó la necesidad de abrir “conversaciones” con la Generalitat sobre una reforma constitucional para “atender los motivos de insatisfacción” que propiciaban aquel “clima de crispación”. Margallo resume su posición de entonces de la siguiente forma: “Firmeza en el cumplimiento de la ley, flexibilidad en el diálogo dentro de la ley”. Algo que considera válido a día de hoy.

Tras el revuelo mediático de sus palabras, el encargado de darle el “correspondiente zasca” desde dentro del Gobierno fue Jorge Fernández Díaz, probablemente por su condición de catalán a la par que “entrañable amigo” de Margallo. El titular de Interior declaró que “jamás había oído al presidente [Rajoy] hablar de la aplicación del artículo 155”. En cuanto el ministro de Exteriores leyó sus declaraciones le envió un lacónico SMS a su compañero en el Ejecutivo: “Mensaje recibido y en primer tiempo de saludo”. Más tarde, Fernández Díaz le confesó que la celebración de la consulta “supuso un serio revés en la opinión pública para los populares, y  un balón de oxígeno para Ciudadanos en Cataluña”.

Margallo indica en el libro que no se arrepiente de haber dicho lo que pensaba, ni de haber acatado la posición del Gobierno al que pertenecía. “No me corresponden la estrategia ni la táctica, pero no puedo renunciar ni a la voz ni a la opinión”, esgrime. Es más, insiste en que no se trata de discutir con los separatistas sobre la soberanía del pueblo español, la unidad de España, la igualdad de los españoles o la solidaridad interterritorial; pero sí de todo lo que quepa dentro del marco de la ley.

La enmienda rebelde

La reforma de la Carta Magna que propugna Margallo es bastante amplia, seguramente fruto del hecho de que participó como diputado en las Cortes Constituyentes de 1977 dentro de las filas de la UCD. Fue entonces cuando cometió su “primer acto de rebeldía parlamentaria” al presentar una enmienda al artículo 2 en el que pedía la inclusión del siguiente redactado: “La nación española no enajena ninguna parte de su territorio, único e indivisible, ni ninguno de los derechos de soberanía que en él ejerce”. El grupo parlamentario de UCD consideró que una declaración tan explícita podía encrespar los ánimos de las minorías nacionalistas, pero la ponencia se sirvió de la misma para introducir la “indivisibilidad” en el articulado.

“La Constitución no es un ídolo al que adoramos supersticiosamente, pero encarna lo mejor que hemos hecho juntos en nuestra historia reciente y cualquier reforma debe plantearse con extraordinaria cautela”, subraya el exministro, quien anima a cambiar los “defectos de diseño, funcionamiento y sobrevenidos” que ha ido acumulando la Carta Magna. Por ello, reconoce la necesidad de abordar una “reforma constituyente” limitada, con el apoyo de los cuatro grandes partidos a ser posible, en la que previamente se sepa qué artículos modificar. No es partidario de abrir un “proceso constituyente nuevo” en el que se cuestione la Carta Magna en su totalidad o se introduzcan elementos como el de la plurinacionalidad –“No nos pondremos de acuerdo en qué consecuencias trae ser una nación”, avisa–.

Margallo desglosa una reforma de la organización territorial con una delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas (21 áreas serían “exclusivas” del Gobierno central), la inclusión de los principios básicos de la financiación autonómica, un profundo cambio en el Senado (ver recuadro en la página 29), así como un nuevo catálogo de derechos fundamentales como el de asilo, la prohibición de expulsiones colectivas y la trata. Además, pide referenciar los límites en el marco de la biomedicina; garantizar la protección de datos; velar por la imparcialidad de los jueces y recoger el derecho a la doble instancia judicial y actualizar, por ejemplo, la definición jurídica de matrimonio, un guiño a la izquierda tras la implantación del matrimonio homosexual. Incluso, modifica el artículo de la sucesión a la Corona en línea con las recomendaciones del Consejo de Estado.

Para el caso específico de Cataluña, una opción que plantea Margallo es incluir una disposición adicional en la que se diga expresamente que la Constitución “ampara y respeta” los derechos históricos de esta región, haciendo especial referencia a la “dimensión lingüística y cultural”. Este enfoque, unido a las reformas propuestas del título VIII y del régimen de financiación autonómica, “podría dar lugar a un nuevo marco constitucional renovado en el que Cataluña pudiera sentirse más cómoda sin por ello alterar los equilibrios internos precisos en todo Estado descentralizado”, finaliza.

Foto: David García-Amaya

Reforma de la Cámara Alta

Un Senado con 175 escaños

La propuesta de García-Margallo incluye una novedosa reforma de la Cámara Alta que la acercaría al Bundesrat alemán. Allí los senadores son elegidos por los Estados federales o Länder. El exministro defiende una variante del modelo germano: que los senadores sean elegidos por los Parlamentos autonómicos mediante un sistema mayoritario de listas completas y voto limitado. Así, los partidos dominantes tendrían el mayor número de representantes sin por ello privar a las fuerzas minoritarias de estar en el Senado. Se fijaría un mínimo de cinco senadores por cada comunidad autónoma y se añadiría uno más por provincia en el caso de las regiones pluriprovinciales –dos en el caso de Canarias por su especificidad– y otro por cada millón de habitantes. Ceuta y Melilla mantendrían los dos puestos cada una. Con ello se reduciría el número de escaños de los 266 actuales a 175. 

Margallo propone que la Cámara Alta quede al margen de la duración de cada legislatura –el presidente del Gobierno solo disolvería la Cámara Baja-, si bien sus sesiones quedarían “en suspenso” hasta la constitución del nuevo Congreso. Además, los proyectos de ley que afectasen a cuestiones territoriales llegarían primero al Senado para su tramitación y en caso de desacuerdo con el Congreso, prevalecería la voluntad de este último con un voto por mayoría absoluta.