El largo brazo empresarial de los ayuntamientos

Ayuntamientos y diputaciones provinciales comenzaron a recibir el pasado verano una carta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige Cristóbal Montoro, que revolucionó a sus gobernantes. El 1 de diciembre tendrían que disolverse aquellas entidades dependientes de los municipios en situación de desequilibrio financiero.

Algunos de estos entes o empresas municipales se dedican a prestar servicios básicos, por lo que la alarma saltó en los ayuntamientos, que vieron cómo el punto de mira estaba colocado en empresas responsables, por ejemplo, de las líneas de autobuses urbanos. Con el revuelo, el ministerio ha aclarado que todavía queda revisar las alegaciones que presenten los municipios, pero la amenaza sigue ahí. La realidad es que en España hay casi 1.500 sociedades mercantiles que dependen de ayuntamientos y diputaciones y 1.800 entes bajo la forma de consorcios, agencias, fundaciones u organismos autónomos. El terremoto, anunciado pero no previsto por muchos ayuntamientos, también saca a la luz a qué se dedican estas empresas municipales. Entre ellas hay casinos, aeropuertos, hipódromos y circuitos de velocidad, y también se descubre que una gran cantidad son medios de comunicación locales.

Con la amenaza de hacer cumplir la previsión de cerrar empresas municipales en desequilibrio financiero, el Gobierno calcula que se pueden ahorrar 813 millones de euros entre 2016 y 2017. El problema se agrava en el caso de aquellas empresas que mantienen una elevada deuda, que tendrían que asumir los ayuntamientos. El desconcierto provocado por la posible liquidación de entes y sociedades se incrementó cuando el Ministerio de Hacienda señaló los que deberían cerrarse. En el caso de Madrid, por ejemplo, instó al cierre de la Agencia para el Empleo, la Agencia de Actividades y Madrid Salud. Se trata de organismos autónomos administrativos, a los que, según el ayuntamiento, no afecta la norma que señala el cierre de aquellos que se encuentran en desequilibrio, ya que esta se refiere a aquellos que desarrollen actividades económicas. Las entidades que se encuentran en solfa pueden tener en sus manos servicios fundamentales, pero existe una antología de casos de empresas del ámbito local que nacieron con propósitos de promoción o de fomento de la actividad económica que no culminaron con éxito. Llama también la atención que solo aparecen 34 sociedades mercantiles relacionadas con el suministro de agua en el inventario oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Del mismo modo, solo 32 llevan en su nombre las palabras “limpieza”, “basuras” o “residuos”. Destacan las 14 dedicadas a congresos y exposiciones y que solo 18 son cementerios o funerarias. Entre las sociedades mercantiles que dependen de los municipios destacan por su número las referidas a medios de comunicación, ya que hay unas 160 empresas que se engloban en este sector. De ellas, 109 son radios locales.

Esta práctica llevó a embarcarse en proyectos como la construcción de aeropuertos. A las diputaciones también les afecta la amenaza de liquidar las empresas en desequilibrio presupuestario, así que cabe recordar que la Diputación de Ciudad Real participó en el aeropuerto que se ha convertido en el emblema de las grandes infraestructuras que se convirtieron en fantasmas. Por si el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no lo tuviera ya en su punto de mira, esta sociedad, hoy en liquidación, es uno de los mayores morosos con Hacienda en España, a la que debe siete millones de euros. Hay otros proyectos fallidos, como el aeropuerto de Burgos, del ayuntamiento y la diputación, que ya no cuenta con vuelos comerciales regulares. Solo la construcción de las instalaciones costó 45 millones de euros. Por su parte, Aeronáutica del Guadarrama es la empresa en la que participan la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia, junto con bancos y otros accionistas. Es la titular del aeródromo de Fuentemilanos, pero se trata de una instalación dedicada a los pequeños aviones y planeadores recreativos.

Entre las empresas municipales, las hay también dedicadas a la agricultura. Algunas, como la Agrícola Municipal de Don Benito (Agrimusa) han ampliado además sus trabajos a los de limpieza.

En Ceuta hay incluso una empresa de acuicultura, que está en liquidación. Intentó poner en marcha una piscifactoría cuyas instalaciones vendió hace un mes por 2,4 millones de euros. En Punta Umbría, Salinas del Astur es a la vez piscifactoría y zona de recreo.

Una de las áreas de gestión propias de los ayuntamientos es la de urbanismo. Las empresas municipales de suelo y vivienda se han visto envueltas, como también ocurrió con las concejalías de urbanismo de los ayuntamientos, en investigaciones sobre presuntas corrupciones. Estas han ido desde las irregularidades encontradas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en la sociedad Azkoitia Lantzen por la venta de suelo por valor de diez millones de euros sin expediente administrativo, informe ni valoración, a la Empresa de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, uno de los grandes protagonistas del caso Gürtel y cuyo responsable, Tomás Martín Morales, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 39 años de cárcel.

Las incursiones urbanísticas de los ayuntamientos van a veces más allá de sus empresas de suelo y vivienda, sino que participan directamente de sus desarrollos urbanos. Uno de estos casos es el de Alboraya Marina Nova, una empresa mixta en la que el ayuntamiento participa en un proyecto que comenzó incluyendo, además de viviendas, hotel, cientos de amarres y un auditorio en esta localidad valenciana.

Aunque el sector público local creció sin pausa desde 1996, desde 2010 a 2015 se ha producido una bajada de un 27,4% del número de entes. Con esto, su número se ha colocado a los niveles de 1999. Según los datos del Ministerio de Hacienda, los entes suprimidos entre 2013 y 2015 suponían un gasto de 490 millones de euros. Según los datos disponibles, algo menos de la mitad tenían pérdidas. La suma de estos resultados negativos fue de 41 millones de euros. Una tendencia contraria es la protagonizada por los ayuntamientos que comienzan a remunicipalizar empresas o servicios que habían sido privatizados, un fenómeno que se ha dado desde los cambios en sus Gobiernos en las elecciones municipales de 2015.

Existen actividades realmente singulares entre las empresas del sector local. Por ejemplo, el Ayuntamiento del municipio sevillano de Dos Hermanas es el propietario de Apuesta Mutua Andaluza. La empresa es la dueña del Gran Hipódromo de Andalucía. Como ocurre en otras ocasiones, la sociedad pública local deja en manos de una empresa concesionaria privada la gestión del negocio o parte de él. También hay otras empresas del ámbito municipal relacionadas con el juego. En concreto, varios casinos. Es el caso del Casino Playa Las Américas, del Cabildo Insular de Tenerife, que también controla el Casino Santa Cruz y Casino Taoro. Estos casinos obtuvieron un beneficio de algo menos del millón de euros en 2015. Dos de ellos, los casinos Taoro y Santa Cruz, sufrieron pérdidas en años anteriores. La posibilidad de que esto condujera a su liquidación ha llevado a los responsables políticos a plantearse su privatización. El Ayuntamiento de Santander también tiene una participación del 50% en el Gran Casino del Sardinero, junto con la comunidad autónoma de Cantabria.

Los grandes acontecimientos también dejan su rastro en las empresas municipales. ZGZ Arroba Desarrollo Expo es una sociedad del Ayuntamiento de Zaragoza creada a rebufo de la Expo del Agua que se celebró en la capital aragonesa en 2008. El pasado verano, el ayuntamiento decidió rescindir el contrato con el que otra empresa explotaba la navegación fluvial en el Ebro. Esta decisión le ahorra 1,2 millones de euros que tendría que desembolsar para un mantenimiento adecuado del río que hiciera posible su navegación. Otro exponente de los grandes proyectos habituales antes de la crisis económica es el de la empresa municipal Xerez 21 Speed Festival. Esta sociedad nació con el objeto de crear un proyecto de ocio, la Ciudad del Motor, al calor de su circuito de velocidad. Hoy, sin embargo, el proyecto está olvidado y la empresa arrastra una deuda de 3,4 millones de euros. Cuenta con un solo empleado. El Circuito de Jerez también depende del ayuntamiento de esta ciudad. Pero para relación con el deporte, llama la atención que el Ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid, sea dueño del 60% del club de fútbol Club Deportivo Las Rozas SAD, ahora en liquidación. La participación de una u otra manera de administraciones públicas en clubes de fútbol también se ha realizado por parte de algunas comunidades autónomas.

La proliferación de campos de golf en España no ha dejado de lado a los que fueron promovidos desde el ámbito local, como Buenavista Golf, del Cabildo de Tenerife, que salió de sus apuros económicos tras encomendar su gestión a una empresa privada. Relacionada con el deporte y el turismo, esta vez el de la nieve, también está la empresa La Pinilla, del Ayuntamiento de Riaza (Segovia).

En Madrid también está relacionado con el ocio el Club de Campo, que protagonizó en 2013 una polémica por el reparto de pases preferentes a políticos y empresarios o el regalo de clases de golf al matrimonio Aznar-Botella por valor de 11.706 euros. Algunos ayuntamientos se han lanzado a la producción de energías renovables. Hay cinco empresas eólicas municipales, cuatro en Canarias y otra en Teruel. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, cuenta con varias sociedades que gestionan huertos solares. Las empresas están participadas por la gran empresa municipal Abastecimientos y Saneamientos Aguas de Sevilla (Aussa). Esta sociedad cuenta con la curiosidad de que participa en una empresa de aparcamientos que ha llegado a concursar en la adjudicación de un servicio público de aparcamiento en Cáceres.

Las entidades municipales que están más claramente afectadas por los requerimientos del Ministerio de Hacienda sobre su liquidación si se encuentran en desequilibrio presupuestario son las sociedades mercantiles. Estas proliferan de forma muy diferente en los ayuntamientos españoles. Estas diferencias pueden deberse no solo a que en algunos lugares haya más entidades municipales con actividad económica, sino también a que se haya optado por esta forma jurídica antes que por otras como la de organismos autónomos, pero también a maniobras para evitar imputar deudas a los presupuestos municipales. En cualquier caso, llama la atención que la provincia de Cádiz acumule más sociedades mercantiles municipales que Madrid. En el extremo contrario, en las provincias de Palencia y Soria no existe ni una sola sociedad mercantil municipal. Barcelona es la provincia que más tiene, 149. Además de las 1.560 sociedades mercantiles, hay otras figuras como los 416 consorcios y agencias, las 55 entidades públicas y empresariales, 314 fundaciones y los 1.042 organismos autónomos.