El laberinto de Fernando Peña

En el año 2000, Fernando Peña Álvarez (1948) publicó su último artículo en el diario El País. Por aquel entonces se presentaba como profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares. Su texto lo tituló Devoluciones de vértigo y en él abordaba la reforma del IRPF que había aprobado el año anterior José María Aznar, una de las personas a las que había preparado a finales de los setenta para que se sacase la oposición de inspector de Hacienda.

“En reforma fiscal, la historia nos muestra que la audacia es rentable”, inició Peña aquella tribuna en la que recomendaba a los lectores “sortear aquellos caminos que impidan la unidad en el tratamiento de los datos” ya que “complicará aún más el laberinto fiscal con el que se encuentran los contribuyentes”. Dicho laberinto lo comparaba con la obra del “mismo Dédalo”, el famoso arquitecto de la mitología griega que había construido el laberinto de Creta en el que fue encerrado el minotauro.

Peña saltó a los titulares a finales de mayo, cuando la Fiscalía Anticorrupción anunció una querella contra su bufete de abogados, llamado Nummaria, por un presunto delito fiscal de 15 millones de euros. Fue la denominada operación City, que ha terminado salpicando a Imanol Arias y Ana Duato, las dos estrellas de la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, cuya trama se benefició de empresas opacas en el extranjero, fundamentalmente en Reino Unido y Costa Rica.

Tras pedir la excedencia como inspector de Finanzas del Estado, este experto en cuestiones tributarias decidió compaginar su actividad profesional con la docencia. En la citada Universidad de Alcalá de Henares fue profesor y luego director del departamento de Economía Aplicada durante muchos años. Entre 1978 y 2009 publicó un total de 24 libros. Unos en solitario y otros en colaboración con otros investigadores. Y en todos ellos lució su excelente trayectoria curricular: jefe de asesoramiento técnico del Ministerio de Hacienda en 1980; vocal asesor en Presidencia de Gobierno en 1981 a las órdenes de Adolfo Suárez y más tarde, Leopoldo Calvo-Sotelo; auditor del Tribunal de Cuentas en 1982; censor jurado de Cuentas... Aparte de ello, fue miembro del consejo editorial de Crónica Tributaria y del consejo de redacción de la revista Gaceta Fiscal, una publicación para especialistas del gremio. Con el paso de los años se convirtió en presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales y director del máster de Asesoría Fiscal de la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

Su don de gentes y campechanía le permitieron entrar en la Academia de la Televisión en calidad de secretario. Lo hizo desde la fundación de la misma en 1997, con el beneplácito de su primer presidente, el fallecido Ignacio Salas. Casado en febrero de 2015 con la periodista Almudena Bermejo, actual directora de Acción Cultural en la Fundación Telefónica, Peña era una de las pocas personas que cobraba dentro de la academia a diferencia de los miembros de la junta directiva, que no reciben retribución alguna por el trabajo altruista que realizan en este organismo. Su bufete Nummaria pasaba una minuta por los servicios de redacción y custodia de las actas de las reuniones, una documentación que ahora la Academia de la Televisión tendrá que reclamar a dicho bufete cuando se calmen las aguas
 judiciales.

Peña ha estado, por tanto, casi 20 años dentro de la Academia de la Televisión, a pesar de que en 2002 fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de Madrid por apropiación indebida de 483.000 euros que cuatro clientes le habían confiado para ser invertidos en una firma de inversión que él mismo creó en 1987 y que fue cambiando de nombre dentro de un particular laberinto de sociedades: primero Gestores del Mercado de Valores, después Fibanc y finalmente Gestesor Inversiones SL.

La sentencia fue inclemente con Fernando Peña y detalló cuál era el modus operandi de este inspector de Hacienda en excedencia: “El acusado ideó, dirigió y controló la transmisión de dinero de los clientes a una sociedad extranjera para su posterior vuelta a España a nombre de otra sociedad como si se tratara de inversión extranjera. Solo el acusado tenía la disponibilidad del dinero de los clientes”, lo que le permitió, “a lo largo de varios años”, realizar “diversas acciones constitutivas de delito”, distrayendo el casi medio millón de euros que pertenecía a los cuatro perjudicados.

Dos años más tarde, en 2004, el Tribunal Supremo confirmó la pena a la que se le condenó, pero Peña esquivó la cárcel tras una petición de indulto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue resuelta en julio de 2009. El Ejecutivo socialista accedió entonces, a la vista de los informes del tribunal sentenciador y de la fiscalía, a conmutarle la pena por otra de dos años, lo que le permitía eludir la cárcel al no tener antecedentes penales, aunque a condición de que no volviera a “cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del Real Decreto”.

De confirmarse la investigación que ha entregado la fiscalía a la Audiencia Nacional, Peña estaría en un callejón de difícil salida, pues las pesquisas por fraude fiscal, blanqueo e insolvencia punible (alzamiento de bienes) se refieren a hechos cometidos entre 2010 y 2014, cuando el plazo para no volver a delinquir finalizaba en julio de 2013.

Este hecho fue muy comentado el día que se desencadenó la operación City, por la que fueron imputadas 12 empresas y 34 personas, pues Peña fue el único de los investigados en esta presunta trama defraudatoria al que no se pudo localizar el 27 de abril al encontrarse de viaje con su familia en Etiopía. Los otros responsables del despacho Nummaria bajo la lupa de la Audiencia Nacional son Francisco Javier Gómez, José Luis Álvarez y Pedro Mena Regodón, quienes constaban como “administradores y autorizados en cuentas de las principales entidades del grupo” junto a Peña. Los tres fueron detenidos ese día y posteriormente el juez Ismael Moreno les dejó en libertad con medidas cautelares.

Mientras esto ocurría, Peña llamó por teléfono a la Academia de la Televisión para presentar la dimisión del cargo de secretario que ostentaba desde 1997. El equipo de Manuel Campo Vidal aceptó de inmediato la renuncia y está pendiente de decidir quién le sustituirá. En el edificio de esta asociación apenas se le veía una vez al mes, casi siempre coincidiendo con los días en los que se reunía la junta directiva.

Cuando la actriz Ana Duato acudió a recoger en la Audiencia Nacional el auto de admisión de la querella, dijo sentirse “muy traicionada” por Peña ya que confiaba “plenamente en él”, en su calidad de secretario de la Academia de la Televisión e inspector de Hacienda, y era cliente “de buena voluntad” del bufete Nummaria. La Fiscalía Anticorrupción le acusó a ella y a Imanol Arias de defraudar un total de 2,98 millones de euros procedentes principalmente de su trabajo en Cuéntame.

En concreto, Arias habría ocultado al fisco 2,18 millones de euros entre 2010 y 2014, y Duato no habría tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012, si bien Peña les exculpó el pasado miércoles en su primera declaración en sede judicial. “No entiendo por qué se les investiga”, aseguró a preguntas de su abogado, José Ramón García, en presencia del juez Ismael Moreno. En este sentido, indicó que su despacho se encargaba de tramitar las declaraciones de la renta de Arias y Duato, y que ambos estaban “al corriente” de todos los pagos obligados.

En la querella también se encuentran la hermana del protagonista de la serie, Ana Isabel Arias, y el marido de la intérprete, el productor Miguel Ángel Bernadeu, que fueron nombrados administradores de sociedades que utilizaron al testaferro costarricense Bernal Zamora Arce, implicado también en la trama Púnica del exdirigente popular Francisco Granados.

En el caso de Arias, el fiscal afirmó que el actor ocultó al fisco parte de sus rentas con la estructura Leitmotif Projects AIE. Las irregularidades en concepto de IRPF fueron las siguientes: 317.356 euros en 2010, 541.084 euros en 2011, 515.884 en 2012, 317.339 en 2013 y 497.046 en 2014, lo que supone un total de 2.188.709 euros en cinco años.

Para la presunta trama defraudatoria se utilizó a la empresa Rosedale Limited, participada por Aljayma Holding Investments y Landon Corporation y con domicilio en Londres, aunque nunca declaró ventas, compras ni trabajadores. “En la escritura de constitución de Leitmotif Projects AIE, de 10 de marzo de 2010, actuó Ana Isabel Arias en representación de Rosedale Limited en virtud de un poder otorgado en su favor el 26 de febrero de ese año por Bernal Zamora y Kingston Management ACX, como directores de la sociedad”, explicó la fiscalía.

En relación con la actriz Ana Duato, el fiscal sostiene que con la estructura Gaumukh AEIE ocultó a Hacienda parte de las rentas obtenidas en su mayoría de su actuación en la serie protagonizada por los Alcántara. En concreto, defraudó en concepto de IRPF 141.440 euros en 2010, 311.370 euros en 2011 y 341.578 en 2012. La querella también destaca la participación de su marido, Miguel Ángel Bernadeu, quien ostenta el cargo de socio (40%) y es administrador de la productora de la serie de televisión, Ganga Producciones.

Si bien no se incluye a esta compañía en la operativa, sí se subraya que el matrimonio Bernadeu-Duato utilizó Ganga Proyectos SL para sus presuntos fines ilícitos. Además, Bernadeu manifestó ante notario ser el dueño de Gaumuk AEIE, empresa en la que confluyó Nevington Limited, cuyo administrador era, de nuevo, el costarricense Bernal Zamora.

Los actores se valieron, en teoría guiados por Fernando Peña, de las llamadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), un tipo de empresas ideadas por la UE que se asemeja a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) españolas y que busca la alianza de empresas de diferentes países para llevar a cabo un proyecto común.

Nummaria usó para el fraude, en este caso, un total de 104 sociedades del Reino Unido que compartían domicilios en Londres y administradores. Estas empresas británicas se aliaban con sociedades españolas de los querellados formando una AEIE presuntamente fraudulenta: mientras que las empresas españolas aportaban todo el capital a la AEIE, las inglesas no ingresaban nada, pero luego los “beneficios” de una actividad que no existía se repartían en torno a un 80% para la empresa del Reino Unido y un 20% para la española, consiguiendo así evadir impuestos en España. Los investigadores detectaron en las cuentas de Nummaria un incremento de 5,4 millones de euros en esos cuatro años. Por todo ello, la Agencia Tributaria calculó, de manera muy inicial, un fraude del IVA de unos dos millones. Un laberinto de ingeniería fiscal del que solo Fernando Peña sabía salir.