El Gobierno reta al prior del Valle de los Caídos
17 / 05 / 2017 Antonio Rodríguez
Patrimonio desoye una prohibición del religioso y entrará en una cripta para intentar dos exhumaciones.
Mientras el Pleno del Congreso discutía esta semana una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Gobierno a que exhuma los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, en Patrimonio Nacional se aceleraban los preparativos para entrar en uno de los columbarios que albergan los restos de 33.847 muertos de la Guerra Civil, de los que unos 12.000 corresponden a republicanos sin identificar. Esta intervención solo cuenta con un precedente en los años noventa y en aquella ocasión se comprobó que el osario analizado era una montaña de cajas de madera y restos cadavéricos, que se encontraban desparramados y mezclados por culpa del paso del tiempo y las filtraciones de agua que soporta el lugar.
En esta ocasión, existe desde hace un año un auto judicial en el que se reclama la exhumación de los hermanos Lapeña, dos combatientes republicanos cuyos cadáveres fueron llevados desde Calatayud (Zaragoza) al Valle sin el consentimiento de sus familiares. Los trabajos preliminares de Patrimonio Nacional quedaron paralizados en octubre, cuando el prior benedictino, Santiago Cantera, negó el paso a varios técnicos y les impidió la colocación de una microcámara con la que se quería comprobar cuál era el estado del columbario. Al mismo tiempo, envió una carta a Patrimonio en la que vetaba la entrada de los funcionarios de ahí en adelante, al considerar que la zona de los enterramientos formaba parte de la basílica.
El conflicto entre la Iglesia y el Estado surge porque el segundo gestiona el conjunto monumental franquista y tiene la jurisdicción del mismo, salvo la zona de la basílica, que es propiedad de la Iglesia y es inviolable a menos que los religiosos den el permiso de entrada en virtud de los acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de acuerdo internacional. Sin embargo, Patrimonio determinó a finales de abril que los cadáveres de los hermanos Lapeña yacen en fosas que forman parte de un “cementerio público” y, por tanto, son de jurisdicción estatal. De ahí que haya comunicado a las partes que se va a entrar “a la mayor brevedad posible” en el citado columbario, que se encuentra en la tercera planta de la cripta.
