El Gobierno aplaza el acuerdo con ETA

No habrá ningún tipo de acuerdo este año entre el Gobierno y ETA para la entrega de las armas, la disolución de la banda terrorista y la búsqueda de una solución para los presos. Lo dan por seguro en la izquierda aberzale, que ha confirmado que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, no se va a mover un ápice de su postura de exigir la previa disolución de la banda para comenzar a hablar de los presos.

Esta certeza ha movido a la izquierda aberzale a adoptar una nueva estrategia fundamentada en que Rajoy puede perder las próximas elecciones generales y en la esperanza de que un nuevo Gobierno se avenga a negociar de una forma más flexible con ellos. Aunque las últimas encuestas electorales publicadas en el País Vasco pronostican una caída de votos de Sortu en beneficio de Podemos, tienen la esperanza de que la irrupción de la fuerza de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados modifique el panorama política y favorezca la salida de los presos.

A falta de menos de un año para las generales, el Partido Popular no va a ceder ante ETA cuando no lo ha hecho en el resto de la legislatura. La postura del presidente ha sido clara desde el primer momento: ETA debe disolverse y dejar de tratar de influir en la política vasca permaneciendo en la sombra. No es suficiente el cese indefinido de la actividad violenta, debe entregar las armas y anunciar públicamente su disolución. Solo en ese caso estudiará medidas que comenzarían con la aplicación del reglamento penitenciario, que permitiría el acceso de muchos presos a beneficios como la salida los fines de semana o el tercer grado, siempre que cumplan condiciones como el reconocimiento del daño causado.

Para apoyar su postura, en las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes. El primero fue la redada llevada a cabo por la Guardia Civil el 12 de enero, que supuso la detención de 16 personas, entre los cuales se encontraban 12 abogados de los presos de ETA acusados de integración en organización terrorista y de diversos problemas relacionados con el delito de fraude a la hacienda pública.

El segundo ha sido su reacción a la liberación, entre otros, del sanguinario exjefe de ETA Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, a quien la Audiencia Nacional dejó en libertad al sumar el tiempo de prisión que había pasado en Francia al que había cumplido en España. Ya hay una sentencia posterior en un caso similar que acaba con esa interpretación legal y era cuestión de tiempo su reingreso en la cárcel. No obstante, la Audiencia Nacional ordenó su detención el pasado día 19 de enero por su vinculación con el atentado cometido en 1987 en Barcelona en el que murió un civil y por la preparación de otro contra Luis Antonio Burón Barba, exfiscal general del Estado, que no llegó a ejecutarse.

Dos demostraciones de dureza del Gobierno que han sido interpretadas por la izquierda aberzale en la línea crítica señalada. Piensan que la manifestación celebrada en Bilbao en apoyo de los presos fue contestada con las detenciones. Y opinan que el objetivo también pretendía enviar un mensaje de firmeza a las víctimas del terrorismo, molestas con diversas medidas de la política del Gobierno. También destacan el contexto de los atentados yihadistas en Francia, que exigían una demostración de mano dura contra el terrorismo.

Los partidos políticos vascos tachan de victimista la reacción del presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, que manifestó tras las detenciones de los abogados: “Es el momento de que este pueblo dé jaque mate a la Guardia Civil, es el momento de que se vayan de Euskal Herria”. Una declaración que demuestra que la operación antiterrorista les ha desestabilizado.

Postura del pnv.

El lendakari Íñigo Urkullu lleva más de un año intentando mediar en la situación, aunque sin resultado. En noviembre de 2013 su Gobierno ya anunció su voluntad de impulsar un programa propio para reintegrar a los presos de ETA, dirigido a los que asumieran su responsabilidad por los delitos perpetrados. En el llamado Plan de Paz y Convivencia, Urkullu intentaba conseguir el fin definitivo del terrorismo, que pasaba por el trámite de que los presos reconocieran el “daño injusto causado”.

El PNV buscaba con este plan consolidar la paz y especialmente la convivencia, que llevara a una reconciliación de la sociedad vasca. Para conseguirlo, intentó convencer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que cambiara la política penitenciaria.

En los dos últimos años Rajoy y Urkullu se han reunido en cinco ocasiones, a veces de forma discreta, de forma que no trascendió hasta días después. La última vez fue el 15 de septiembre de 2014 y durante tres horas los dos mandatarios dialogaron sobre varios temas, pero especialmente sobre el final del terrorismo. El diálogo no ha supuesto avances destacados. El presidente vasco le ha explicado reiteradamente que tres años después del anunciado fin de la actividad de la banda ha quedado constatada la “irreversibilidad” de la decisión. Pero el muro siempre ha sido el mismo: ETA debía ejecutar un desarme definitivo y verificado, antes de aplicar cualquier plan para la reinserción de presos.

El Gobierno vasco ha transmitido a los mediadores internacionales que están en contacto con ETA que debían cumplir esa condición. ETA hizo un paripé de entrega simbólica de armas, cuyas imágenes fueron difundidas por la BBC el 22 de febrero de 2014, ante el presidente de los verificadores, Ram Manikkalingam. Todo el mundo pudo asistir a una teatralización en la que encapuchados de ETA simulaban entregar unas pocas armas supuestamente desactivadas, que luego se llevaban. El malestar de Ajuria Enea fue tremendo.

Posteriormente, los verificadores han reiterado que ETA les ha asegurado que estaban sellando el armamento y elaborando un inventario de su arsenal. Han explicado también que no desean facilitar un mapa con la ubicación de los zulos donde esconden el armamento para evitar que la Guardia Civil lo analice para resolver causas pendientes o que obtengan huellas dactilares que puedan incriminar a alguno de sus miembros.

Con el paso de los meses, el Gobierno vasco ha llegado a la conclusión de que ETA no tiene la mínima voluntad de desarmarse de una forma que pueda ser verificada por los mediadores internacionales y mucho menos por las policías española o francesa.

No obstante, sigue defendiendo una vía de solución al conflicto, que presentó el pasado mes de diciembre. Una vía vasca que trata de distanciarse del Gobierno de Rajoy y de ETA, y que facilite poner fin al problema, aunque sospechando que no hay posibilidades de que llegue a buen puerto. En esta última propuesta, detrás de la cual está el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, el Ejecutivo vasco plantea la creación de un Comité para el Desarme con representación vasca y agentes internacionales como la Comisión Internacional de Verificación de Manikkalingam. Una idea que no solo jamás aceptará Rajoy, sino que ni siquiera lo hará la propia ETA.

Las críticas han sido generalizadas. El Partido Socialista de Euskadi opina que buscar vías alternativas para la entrega de armas supone dar oxígeno para que ETA tarde aún más en disolverse. El Partido Popular del País Vasco es aún más duro. Defiende que la última iniciativa de Urkullu es un balón de oxígeno para los etarras y exige que entreguen de una vez las armas a la Policía, que pueda utilizarlas para aclarar muchos crímenes que están sin resolver.

Ni siquiera EH Bildu ha apoyado el plan, más bien al contrario. Critica a los Gobiernos español y francés por evitar el fin del proceso de paz y defiende la vía de los verificadores internacionales que está siguiendo ETA.

Este galimatías es el que ha llevado a la izquierda aberzale a convencerse de que la única forma de llegar a un acuerdo beneficioso para ellos es confiar en que Rajoy pierda las próximas elecciones generales e intentarlo con un nuevo Gobierno de distinto signo.