El futuro judicial de los líderes del procés
03 / 11 / 2017 Antonio Rodríguez
Los 20 imputados por el desafío independentista en Cataluña afrontan un futuro judicial incierto pese a la gravedad de los delitos atribuidos por la Fiscalía.
Carles Puigdemont en la rueda de prensa en Bruselas de esta semana. Foto: Olivier Matthys/AFP
Rebelión, sedición y fianza de 6,2 millones de euros por presunta malversación de caudales públicos. Al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, solo le faltó dar un puñetazo en la mesa. La querella contra 20 figuras del catalanismo independentista es la más grave presentada en España desde el golpe de Estado del 23-F y está dirigida contra aquellos que han producido “una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia” del pasado 27 de octubre, realizada “con total desprecio a nuestra Constitución”. Una de las novedades de este caso es que el Ministerio Público ha enviado sendas querellas a la Audiencia Nacional y al Supremo. Aunque el grueso de los escritos se centra en los acontecimientos de las últimas semanas, al final abarca todo el procés, desde la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 a la declaración de independencia del 27-O. En la Audiencia se interpuso la querella contra los miembros del Govern de Junts pel Sí (JxS) que ya no gozan de aforamiento: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret. Mientras, la del Supremo se presentó contra los miembros de la Mesa de Parlament que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia el 27-O. Los afectados son Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet –todos ellos de JxS–, junto a Joan Josep Nuet, representante de Catalunya Sí que es Pot (CSQP, la rama de Podemos en Cataluña). Pese a estar disuelto el Parlament, forman parte de la Diputación Permanente y mantienen por tanto el aforamiento del que disfrutan los diputados, a excepción de Nuet. Todos ellos fueron llamados a declarar al Supremo esta semana como investigados en compañía de un abogado.
Maza no pidió medidas cautelares contra los 20 querellados, pero se reservó el hacerlo cuando se les cite “en atención a la gravedad de los hechos imputados”. Eso sí, solicitó que se cursen las comparecencias de manera “urgente” debido “a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. En caso de incomparecencia, algo que puede ocurrir con Puigdemont y los cinco exconsejeros que viajaron a Bélgica, el fiscal general ya advirtió que reclamaría su “inmediata detención” en ese caso.
La sentencia del 23-F
Según el escrito del fiscal, el 1 de octubre se quiso llevar a término el referéndum ilegal “desobedeciendo los autos judiciales mediante la presión intimidatoria de la multitud, impidiendo la actuación de las fuerzas del orden público”. A juicio de Maza, la “violencia que requiere el tipo –de rebelión– no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas” y se apoya en la sentencia de abril de 1983 contra Tejero y el resto de golpistas del 23-F. “La concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden, sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes tornará el alzamiento en violento y belicoso”, argumentó.
