El fracaso de las desalinizadoras

El plan agua (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) fue el nombre que el Gobierno Socialista puso en 2004 a su alternativa al Plan Hidrológico Nacional, que tantas ampollas había levantado debido al proyecto del trasvase del Ebro. Presentaba la desalación de agua, hasta entonces reservada a las islas Canarias y Baleares, como solución para paliar la sequía de algunas zonas del sur y el levante peninsular. Sin embargo, siete años después, y tras una inversión millonaria, el plan parece que hace agua; tanto que el nuevo Ejecutivo ya se plantea retomar la antigua idea de los trasvases.

El programa impulsado por Cristina Narbona, por aquel entonces ministra de Medio Ambiente, que sobre el papel parecía una salida sostenible, se ha convertido en un calvario de obras paralizadas y proyectos que nunca terminan de ponerse en marcha. Según un listado al que ha tenido acceso Tiempo, desde 2004 se han licitado más de 30 proyectos por un importe de casi 2.000 millones de euros. De las más de 50 desalinizadoras previstas en el plan inicial, solo se han terminado 17, y 15 más están aún en construcción. Además, las ya construidas funcionan de media al 10% de su capacidad.

El principal problema radica en el alto coste del agua desalada, que alcanza aproximadamente el triple del precio habitual. La mayoría de las plantas incluidas en el Plan Agua se proyectaron para dar suministro a los agricultores, que se niegan a consumir un agua tan cara para regar sus cultivos. “Las contrataciones se hicieron entendiendo que a las empresas adjudicatarias habría que pagarles el sobrecoste que supondría la producción del agua”, explica José María Benlliure, director general del Agua de la Generalitat valenciana. Y por ello señala que se habría previsto un sistema de subvenciones para poder vender el agua a precios competitivos. De hecho, según ha podido saber esta revista, en la mayoría de los casos los contratos para construir desalinizadoras incluían un acuerdo para la explotación de las plantas durante los primeros años. De esta manera, algunas fuentes vinculadas a los proyectos señalan que en algunos casos se trató de compensar las pérdidas que supondría la venta del agua desalada, inflando los precios de la ejecución de las obras. Una cuestión económica sobre la que Acuamed, empresa estatal encargada de adjudicar las obras, no ha querido pronunciarse, al alegar que solo son de su competencia las cuestiones técnicas de las mismas.

Uso electoral.

Quizá el caso más paradigmático del fracaso del Plan Agua sea la desalinizadora de Torrevieja, la segunda más grande de Europa. Su construcción ha costado 370 millones de euros y entrará en funcionamiento próximamente, para lo que, según Benlliure, serán necesarios unos 20 millones de euros al año. Sin embargo, Hugo Morán, responsable de la Secretaría de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, asegura que “es necesario contemplar los beneficios de estas plantas a largo plazo”.

Desde el Partido Socialista no dudan además en criticar el uso “electoralista” que ha hecho el PP de la política del agua. Según Morán, los populares optaron desde un principio por “boicotear” el Plan Agua. “El 80% de los proyectos han estado paralizados por los procesos burocráticos de las comunidades autónomas”, asegura. Desde el PP lo niegan. Benlliure añade además que los socialistas deberían estar agradecidos por ese retraso, ya que de otra manera “el fracaso de su plan de desalación hubiera sido mucho más evidente”. El mayor problema ahora es qué hacer con los proyectos que ya están en marcha. De momento muchos ayuntamientos no quieren hacerse cargo de las desalinizadoras ya terminadas, por no poder asumir los costes de explotación.